Recientemente, el país conoció el registro del audiovisualista José Luis Martínez sobre el momento exacto en el que el joven Gustavo Gatica resultó herido por perdigones, perdiendo la vista en ambos ojos. La aparición de este material coincide con la publicación de la declaración del general Rozas ante la Fiscalía, donde muestra un total desconocimiento de la institución que dirige, y del sumario de Carabineros, donde no se establecen responsabilidades e incluso se plantea la hipótesis de que el joven hubiera sido herido por los propios manifestantes.

El registro es desolador y reabre una herida profunda en el alma del país. Porque, aunque no logra captar a los autores del disparo, sí muestra la decisión de atacar directamente a una muchedumbre que se manifestaba. El daño potencial del arma utilizada, a todas luces, no parece corresponder con los protocolos institucionales, por lo que simplemente se figura como una agresión criminal contra un grupo de manifestantes.

La indignación crece tal como en el caso de Fabiola Campillai, quien también quedó ciega por el impacto de una bomba lacrimógena mientras esperaba la locomoción colectiva, luego de su trabajo. Hoy se conocieron las contradicciones en la declaración realizada por 17 funcionarios policiales, en contraste con el dramático relato de la hermana de la víctima. Según afirma, cuando Fabiola cae herida corrió a pedir ayuda a los propios carabineros, pero fue ignorada. Peor aún, uno de ellos le habría lanzado una granada en los pies.

En ambos casos, lo que aparece ante el país es una voluntad de injusticia, lo cual es al mismo tiempo una voluntad de que no se llegue a la verdad, de que haya impunidad, todo lo cual es doloroso e inaceptable proviniendo de una institución de la República.

Debemos recordar que, en los sucesivos informes sobre Derechos Humanos publicados desde el 18 de octubre, no solo se subraya la extensión y gravedad de las aberraciones cometidas por agentes del Estado uniformados contra el pueblo, sino que se entrega sucesivos antecedentes en la dirección de responsabilizar a las autoridades políticas por su comisión. Como dijo en su momento la representante de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, “la responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”.

La referencia de la dignataria a “tolerar” escala hasta los más altos cargos de la República. Cuando esperábamos que La Moneda se refiriera a los decepcionantes antecedentes publicados sobre el desempeño del general Rozas, primó el silencio o más bien, la decisión político-comunicacional de convertir al COVID-19 en el único tema país. La extensión de la impunidad frente a los graves crímenes cometidos por funcionarios policiales no solo exaspera, sino que recuerda el periodo más oscuro de la historia de Chile. Tal como entonces, se hace necesario decir con toda la fuerza posible la exigencia de Verdad y Justicia.