En el Instituto Nacional de Derechos Humanos no han dejado pasar las oportunidades de enfatizar en la importancia de tomar medidas concretas y efectivas para proteger a la población penal en el contexto de la pandemia del COVID-19.

En la última semana se dispararon las denuncias de la institución en torno a las precarias condiciones en que se encuentran tanto internos como funcionarios públicos, y así también respecto de las responsabilidades que tienen los administradores de las cárceles concesionadas. Incumplimiento de contratos administrativos, escasez de elementos de protección personal y nulas medidas de prevención son sólo algunas de las situaciones que preocupan al INDH, las que se acrecentaron tras la reunión que sostuvo el director del organismo, Sergio Micco, con la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, luego de que esta última diera a conocer un lapidario informe sobre las condiciones carcelarias del país en el que se concluye que “no es posible garantizar que las cárceles cumplan con las exigencias para evitar el contagio”.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, invitó a funcionarios a participar de una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad comunal, en donde se comprometió a oficiar al ministro de Justicia ante las denuncias manifestadas por la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (ANSOG). Foto: Municipalidad de Valparaíso.

“En los centros penitenciarios está controlada la posibilidad de que haya más contagios por coronavirus, pero nos preocupa muchísimo la situación de los gendarmes y el personal de Gendarmería que entran y salen, pero no cuentan con las medidas de seguridad del caso. Es indispensable que la sociedad chilena ponga atención en el enorme compromiso que está desarrollando Gendarmería de Chile y que hay que cuidarla”, fue el llamado de Micco tras la cita con la fiscal judicial.

Pero hoy nuevas complicaciones se suman a las manifestadas por el INDH y esta vez desde adentro del sistema penitenciario. Esto, porque el pasado miércoles comenzó un operativo que encendió inmediatamente las alarmas de los funcionarios de Gendarmería. Más de 30 internos juveniles que se encontraban cumpliendo distintas condenas en el Centro Penitenciario de Puente Alto fueron trasladados a diferentes unidades a lo largo y ancho del país. Puerto Montt, Concepción, Valparaíso y La Serena fueron algunos de los destinos a los que llegaron los jóvenes que desataron la preocupación de los trabajadores penitenciarios de estos centros porque provenían de la que ellos mismos denominan actualmente como la “Unidad Cero”.

Con un brote de COVID-19 que ya tiene a 23 internos y 43 funcionarios contagiados, la cárcel de Puente Alto se ha convertido en el rostro de la precariedad y la improvisación a la que se ve enfrentada la población penal en medio de la pandemia. Falta de insumos para el autocuidado, medidas administrativas insuficientes y protocolos sanitarios poco efectivos son sólo algunos de los problemas que ha evidenciado la crisis en las cárceles, los que se han visto acrecentados por una respuesta escuálida por parte de las autoridades.

Los funcionarios y funcionarias de Gendarmería a lo largo del país han tenido que organizarse para intentar satisfacer las necesidades sanitarias que requiere la atención de los internos. Foto: ANSOG.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el sargento segundo de Gendarmería y dirigente nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (ANSOG), Carlos Fernández, expresó el sentir de los más de 20 mil funcionarios que actualmente componen la planta de la institución penitenciaria y -como funcionario del Centro Penitenciario de Valparaíso- de los trabajadores de regiones que cuestionan las medidas que permitieron la llegada de internos de la Región Metropolitana a unidades libres de contagio.

“Nos preocupa de manera inmensa porque entendemos que el punto cero del COVID-19, al menos en Gendarmería, se inicia en la unidad de Puente Alto y es ahí la preocupación por parte del personal de regiones, ya que, también de forma cierta se quiebran normas de cuarentena que se establecieron en la capital”, sostuvo el sargento segundo.

“Nosotros como servicio debiésemos buscar el autocuidado y es en ese punto donde estos traslados rayan en lo ilógico dentro del discurso de un gobierno”, señaló Fernández a nuestro medio.

Entre los afectados por el explosivo brote en Puente Alto, estuvo un dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios y funcionario de la cárcel que antes de realizarse el examen compartió incluso con los ministros de Justicia y de Salud. Luego de enterarse de su resultado positivo por coronavirus, hizo un sentido llamado al gobierno de Sebastián Piñera para que se extremen las medidas y se aumenten los recursos en los centros penitenciarios.

Con un brote de COVID-19 que ya tiene a 23 internos y 43 funcionarios contagiados, la cárcel de Puente Alto se ha convertido en el rostro de la precariedad y la improvisación a la que se ve enfrentada la población penal en medio de la pandemia. Foto: Archivo.

Antes de esto, el pasado 7 de abril, parlamentarios del distrito y el alcalde Germán Codina enviaron una carta a los ministerios de Salud y Justicia. En ésta, solicitaban que se tomaran en cuenta a la brevedad posible las recomendaciones que había hecho el Colegio Médico y el INDH tras su visita al penal de Puente Alto. “Hemos monitoreado la situación e insistido en que se debe actuar con mayor determinación. Sin embargo, pasan los días y los infectados siguen aumentando”, sostuvo el diputado RD por el distrito, Miguel Crispi.

 Y la preocupación de los funcionarios está justificada. Actualmente, según las últimas cifras de la autoridad sanitaria, son 36 las personas privadas de libertad que han sido notificadas como positivos por COVID-19 -de los cuales 23 están en el C.P. de Puente Alto-, cifra que aumenta notoriamente si se habla de los gendarmes y personal civil de Gendarmería, que ya totalizan más de 130 trabajadores contagiados por el coronavirus. Es decir, del total de personas afectadas dentro del sistema penal, un 75 por ciento corresponde a funcionarios y funcionarias de la institución penitenciaria.

“La primera línea de la justicia penitenciaria hoy día la estamos enfrentando los gendarmes”, aseguró el sargento segundo Carlos Fernández. “De una u otra forma somos la primera línea, y una primera línea que no está solamente un rato, sino que estamos 24/7”, agregó el funcionario y dirigente de Gendarmería.

“No cualquiera hace nuestra labor, no cualquiera toma el sable en sus manos para ingresar a una población penal y trabajar con ella. Pero ahí estamos, dando la lucha, a diario y la vamos a seguir dando”, prometió.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, junto al sargento segundo y dirigente nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (ANSOG), Carlos Fernández. Foto: ANSOG.