Trabajadores del retail llaman a no firmar pacto de Ley de Protección al Empleo
Sindicatos de las empresas Ripley y Paris han acusado medidas de hostigamiento a sus trabajadores para que firmen estos pactos. Desde la Defensoría Popular de las y los Trabajadores señalan que, si no hay acuerdo, las relaciones laborales debiesen mantenerse igual.
Diario Uchile
Lunes 20 de abril 2020 19:05 hrs.
Compartir en
Este lunes los sindicatos de las multitiendas Ripley y Paris de Cencosud, dos de las principales empresas del retail, y dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se refirieron al polémico uso que las grandes empresas del país les han dado a la Ley de Protección al Empleo para suspender las relaciones laborales con sus trabajadores.
“Hoy vemos el uso y abuso de este instrumento por parte de las grandes empresas del comercio y, frente a esto, son sus sindicatos los que se unen y levantan su voz a lo largo del país. El lema ‘Si estamos juntos venceremos al coronavirus’ no aplica a las y los trabajadores, pues siguen siendo estos los que pagan los costos frente a un empresariado ávido de ganancias por el bienestar de ellos”, dijo en referencia a la cadena nacional de Sebastián Piñera, el presidente de la Confederación de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros, Manuel Díaz.
Por su parte, desde las federaciones de ambas empresas hicieron un llamado a no firmar dicho pacto con sus empleadores.
“Nuestra federación ha decidido no tomar este pacto que crea el Gobierno, con el afán de proteger más a los empresarios que a los trabajadores. No vamos a firmar por el simple hecho de que nosotros no decidimos no venir a trabajar, no fue la autoridad la que decidió cerrar los centros comerciales, han sido los empresarios y ellos deben hacerse cargo de nuestros sueldos. Nosotros les hemos hecho sus fortunas”, lamentó el presidente de la Federación de Trabajadores París, Roberto Pacheco.
De la misma forma, la Federación FDT Ripley, se adscribió al llamado acusando que sus empleadores han realizado una campaña de desinformación para generar terror en los trabajadores para que se vean forzados a firmar dicho pacto. Además, acusaron que se les ofrecía el pago de un bono de $150.000 con el fin de firmar el pacto que suspendería sus contratos laborales.
“Este es un abuso, un hostigamiento que están haciendo a todos los trabajadores en base a esta ley. No puede ser que estas empresas que siguen vendiendo por sus páginas virtuales se estén aprovechando de los trabajadores. Las empresas están lucrando a base de nosotros, necesitamos que se fiscalice ahora”, expresó la presidente del Sindicato Autónomo de Ripley Costanera Center, Priscilla Astudillo.
En la instancia, también habló la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien rechazó el uso del proyecto de ley y condenó el actuar de las empresas grandes, pues las autoridades no han ordenado el cierre de estas empresas y tienen los recursos suficientes para mantenerse.
“No debía operar, aquí tenía que hacerse esto en el marco de un dialogo colectivo, donde hay sindicatos y federaciones, con organizaciones sindicales. Y si no las hubiese, había que buscar los mecanismos para fiscalizar y garantizar que ningún trabajador iba a ser sometido al abuso del empleador de exigirle firmar un pacto, sin contar con las condiciones”, dijo Figueroa.
Desde la Defensoría Popular de las y los Trabajadores, su director, Axel Gottschalk, afirma que el pacto debe darse en dos contextos: el primero de ellos es que la empresa esté sujeta a alguna medida restrictiva que no le permita su funcionamiento; en segundo lugar, la empresa podría pactar esta suspensión con sus trabajadores, pero no decidirlo de manera unilateral.
“Si no existe un pacto, el empleador está obligado a continuar otorgando el trabajo, por ende, seguir con la empresa en funcionamiento, obligándola a seguir pagando las remuneraciones. Por lo tanto, no debería haber ninguna consecuencia. Si el empleador presionase a los trabajadores a firmar de cualquier forma, ello sería una cuestión al margen de la ley porque el contrato es una cuestión esencialmente bilateral”, explicó Gottschalk.
El experto asegura que es importante que exista una labor de información desde las agrupaciones sindicales y que una respuesta de manera colectiva, considerando todas las voces de los trabajadores, para negarse ante estos pactos.
Hasta el momento existen un variado número de empresas grandes, incluso multinacionales, que se han acogido a la ley. Entre ellas: H&M, Paris, Johnson, La Polar, Hites, Burger King, Ripley, entre otros.
Este lunes los sindicatos de las multitiendas Ripley y Paris de Cencosud, dos de las principales empresas del retail, y dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se refirieron al polémico uso que las grandes empresas del país les han dado a la Ley de Protección al Empleo para suspender las relaciones laborales con sus trabajadores.
“Hoy vemos el uso y abuso de este instrumento por parte de las grandes empresas del comercio y, frente a esto, son sus sindicatos los que se unen y levantan su voz a lo largo del país. El lema ‘Si estamos juntos venceremos al coronavirus’ no aplica a las y los trabajadores, pues siguen siendo estos los que pagan los costos frente a un empresariado ávido de ganancias por el bienestar de ellos”, dijo en referencia a la cadena nacional de Sebastián Piñera, el presidente de la Confederación de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros, Manuel Díaz.
Por su parte, desde las federaciones de ambas empresas hicieron un llamado a no firmar dicho pacto con sus empleadores.
“Nuestra federación ha decidido no tomar este pacto que crea el Gobierno, con el afán de proteger más a los empresarios que a los trabajadores. No vamos a firmar por el simple hecho de que nosotros no decidimos no venir a trabajar, no fue la autoridad la que decidió cerrar los centros comerciales, han sido los empresarios y ellos deben hacerse cargo de nuestros sueldos. Nosotros les hemos hecho sus fortunas”, lamentó el presidente de la Federación de Trabajadores París, Roberto Pacheco.
De la misma forma, la Federación FDT Ripley, se adscribió al llamado acusando que sus empleadores han realizado una campaña de desinformación para generar terror en los trabajadores para que se vean forzados a firmar dicho pacto. Además, acusaron que se les ofrecía el pago de un bono de $150.000 con el fin de firmar el pacto que suspendería sus contratos laborales.
“Este es un abuso, un hostigamiento que están haciendo a todos los trabajadores en base a esta ley. No puede ser que estas empresas que siguen vendiendo por sus páginas virtuales se estén aprovechando de los trabajadores. Las empresas están lucrando a base de nosotros, necesitamos que se fiscalice ahora”, expresó la presidente del Sindicato Autónomo de Ripley Costanera Center, Priscilla Astudillo.
En la instancia, también habló la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien rechazó el uso del proyecto de ley y condenó el actuar de las empresas grandes, pues las autoridades no han ordenado el cierre de estas empresas y tienen los recursos suficientes para mantenerse.
“No debía operar, aquí tenía que hacerse esto en el marco de un dialogo colectivo, donde hay sindicatos y federaciones, con organizaciones sindicales. Y si no las hubiese, había que buscar los mecanismos para fiscalizar y garantizar que ningún trabajador iba a ser sometido al abuso del empleador de exigirle firmar un pacto, sin contar con las condiciones”, dijo Figueroa.
Desde la Defensoría Popular de las y los Trabajadores, su director, Axel Gottschalk, afirma que el pacto debe darse en dos contextos: el primero de ellos es que la empresa esté sujeta a alguna medida restrictiva que no le permita su funcionamiento; en segundo lugar, la empresa podría pactar esta suspensión con sus trabajadores, pero no decidirlo de manera unilateral.
“Si no existe un pacto, el empleador está obligado a continuar otorgando el trabajo, por ende, seguir con la empresa en funcionamiento, obligándola a seguir pagando las remuneraciones. Por lo tanto, no debería haber ninguna consecuencia. Si el empleador presionase a los trabajadores a firmar de cualquier forma, ello sería una cuestión al margen de la ley porque el contrato es una cuestión esencialmente bilateral”, explicó Gottschalk.
El experto asegura que es importante que exista una labor de información desde las agrupaciones sindicales y que una respuesta de manera colectiva, considerando todas las voces de los trabajadores, para negarse ante estos pactos.
Hasta el momento existen un variado número de empresas grandes, incluso multinacionales, que se han acogido a la ley. Entre ellas: H&M, Paris, Johnson, La Polar, Hites, Burger King, Ripley, entre otros.
Este lunes los sindicatos de las multitiendas Ripley y Paris de Cencosud, dos de las principales empresas del retail, y dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se refirieron al polémico uso que las grandes empresas del país les han dado a la Ley de Protección al Empleo para suspender las relaciones laborales con sus trabajadores.
“Hoy vemos el uso y abuso de este instrumento por parte de las grandes empresas del comercio y, frente a esto, son sus sindicatos los que se unen y levantan su voz a lo largo del país. El lema ‘Si estamos juntos venceremos al coronavirus’ no aplica a las y los trabajadores, pues siguen siendo estos los que pagan los costos frente a un empresariado ávido de ganancias por el bienestar de ellos”, dijo en referencia a la cadena nacional de Sebastián Piñera, el presidente de la Confederación de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros, Manuel Díaz.
Por su parte, desde las federaciones de ambas empresas hicieron un llamado a no firmar dicho pacto con sus empleadores.
“Nuestra federación ha decidido no tomar este pacto que crea el Gobierno, con el afán de proteger más a los empresarios que a los trabajadores. No vamos a firmar por el simple hecho de que nosotros no decidimos no venir a trabajar, no fue la autoridad la que decidió cerrar los centros comerciales, han sido los empresarios y ellos deben hacerse cargo de nuestros sueldos. Nosotros les hemos hecho sus fortunas”, lamentó el presidente de la Federación de Trabajadores París, Roberto Pacheco.
De la misma forma, la Federación FDT Ripley, se adscribió al llamado acusando que sus empleadores han realizado una campaña de desinformación para generar terror en los trabajadores para que se vean forzados a firmar dicho pacto. Además, acusaron que se les ofrecía el pago de un bono de $150.000 con el fin de firmar el pacto que suspendería sus contratos laborales.
“Este es un abuso, un hostigamiento que están haciendo a todos los trabajadores en base a esta ley. No puede ser que estas empresas que siguen vendiendo por sus páginas virtuales se estén aprovechando de los trabajadores. Las empresas están lucrando a base de nosotros, necesitamos que se fiscalice ahora”, expresó la presidente del Sindicato Autónomo de Ripley Costanera Center, Priscilla Astudillo.
En la instancia, también habló la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien rechazó el uso del proyecto de ley y condenó el actuar de las empresas grandes, pues las autoridades no han ordenado el cierre de estas empresas y tienen los recursos suficientes para mantenerse.
“No debía operar, aquí tenía que hacerse esto en el marco de un dialogo colectivo, donde hay sindicatos y federaciones, con organizaciones sindicales. Y si no las hubiese, había que buscar los mecanismos para fiscalizar y garantizar que ningún trabajador iba a ser sometido al abuso del empleador de exigirle firmar un pacto, sin contar con las condiciones”, dijo Figueroa.
Desde la Defensoría Popular de las y los Trabajadores, su director, Axel Gottschalk, afirma que el pacto debe darse en dos contextos: el primero de ellos es que la empresa esté sujeta a alguna medida restrictiva que no le permita su funcionamiento; en segundo lugar, la empresa podría pactar esta suspensión con sus trabajadores, pero no decidirlo de manera unilateral.
“Si no existe un pacto, el empleador está obligado a continuar otorgando el trabajo, por ende, seguir con la empresa en funcionamiento, obligándola a seguir pagando las remuneraciones. Por lo tanto, no debería haber ninguna consecuencia. Si el empleador presionase a los trabajadores a firmar de cualquier forma, ello sería una cuestión al margen de la ley porque el contrato es una cuestión esencialmente bilateral”, explicó Gottschalk.
El experto asegura que es importante que exista una labor de información desde las agrupaciones sindicales y que una respuesta de manera colectiva, considerando todas las voces de los trabajadores, para negarse ante estos pactos.
Hasta el momento existen un variado número de empresas grandes, incluso multinacionales, que se han acogido a la ley. Entre ellas: H&M, Paris, Johnson, La Polar, Hites, Burger King, Ripley, entre otros.
