No pasó desapercibido el 26 de abril. El Covid-19 y el confinamiento no hicieron olvidar en Chile que, después de trabajosos y largos años por abrir la discusión constitucional, un consenso amplio de fuerzas políticas trazó el itinerario para que, por primera vez en la historia del país, la ciudadanía se pronunciara sobre la carta fundamental. Ayer, a través de las redes sociales, las ventanas, los balcones e incluso en una acción acotada en la Plaza Baquedano, las ciudadanas y ciudadanos se pronunciaron como si el 26 de abril fuera el día que originalmente iba a ser.

En un contexto donde es cierta la incertidumbre sobre el futuro, los actores de distinto signo político fueron aterrizando en esta coyuntura. Despejado el punto sobre el consenso generalizado de que la consideración sanitaria debe prevalecer, algunos actores del Gobierno y el oficialismo, de manera más explícita o sutil, han venido planteando la idea de prorrogar la realización del plebiscito el próximo 25 de octubre. Ya lo había hecho el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, en una ciber-reunión de Libertad y Desarrollo ante 60 personas a mediados de semana, en lo que supuso el retorno de uno de los líderes fundacionales de la UDI luego de tres meses de ostracismo. El propio Gobierno ha venido siendo ambiguo con sus opiniones y este domingo, mientras la ministra Karla Rubilar decía en Canal 13 que el Gobierno quería que se realizara la consulta en la fecha señalada, en La Tercera el ministro Gonzalo Blumel hablaba de “racionalizar el cronograma electoral” y que la consulta estaba condicionada a “la realidad sanitaria del país”.

Quizás para referirse a esta suerte de globos sonda que buscan tomar el pulso al clima político, habría que decir algunas obviedades. Primero, que es evidente que cualquier decisión que se tome en el futuro próximo debe estar condicionada a lo sanitario, incluyendo el retorno a las actividades presenciales; segundo, que nadie está hoy en la facultad de decir cuáles serán las condiciones en octubre, por lo que cualquier mención al respecto resulta extemporánea; y tercero, que hay un sector político que, con toda legitimidad, ha expresado durante las últimas décadas su conformidad con el orden constitucional vigente. Recordemos que ése es, por ejemplo, el ADN fundacional de la UDI, un partido que fue concebido por Jaime Guzmán como contra-mayoritario, doctrinariamente muy cohesionado y cuya principal tarea fuese la de defender el legado institucional heredado por la Dictadura. En ese entendido, no es de extrañar que haya quienes confundan los deseos con la realidad.

La realización de estas declaraciones coincide, además, con un pase a la ofensiva del Gobierno, muy influida por la desarticulación y el silencio de las oposiciones. La instalación del término de “Nueva Normalidad”, relevado ahora por el “Retorno Seguro”, no solo recoge un concepto que se ha venido utilizando en varios países para referirse a la post-crisis sanitaria, sino que además se monta encima de una de las ideas del estallido social, cuando se respondía que no se trataba de volver a la normalidad, sino de construir una nueva normalidad. La idea, además, ha sido capaz de conciliar las dimensiones sanitaria y económica, como no lo han logrado los adversarios políticos.

La alusión no es casual porque, para efectos de instalar la llamada nueva normalidad, el Gobierno se ha reunido con dirigentes políticos y gremios empresariales, pero no con sindicatos, organizaciones sociales ni, en general, con los sectores que han estado movilizados durante el estallido social. Una instancia para tal efecto podría ser la Mesa Social del Covid-19, que en general ha planteado acertadamente la necesidad de contribuir a las autoridades y propiciar que se confíe en ellas, pero que, por ejemplo, no fue consultada sobre el retorno de los funcionarios públicos a sus labores. En resumen: las referencias del Gobierno para la nueva normalidad se parecen más a las del 17 que a las del 19 de octubre.

¿Podría eventualmente encapsularse el estallido social, si alguien lo quisiera? ¿Hacer una suerte de puente que atraviese desde el día previo al 18 de octubre a esta crisis sanitaria, para que nada cambie demasiado? A la luz de la gran cantidad de acciones que se hicieron ayer en favor y defensa del proceso de consulta constitucional, parece que no. 

Hay que sincerar que el Chile posterior a la pandemia está en disputa, dentro de lo cual el proceso constitucional es cardinal. En contextos de crisis, cuando las estructuras previas tambalean, toda salida es también una forma de refundación. Y las autoridades tenderán a promover la que sea más afín a su modelo de sociedad, tal como para otros actores políticos y sociales la obligación será posicionar la propia. Una hipótesis que circula es que, en estas circunstancias, las precariedades propias del Estado subsidiario, íntimamente vinculado con la constitución de 1980, evidenciarán que para cautelar derechos económicos y sociales es imprescindible hacer cambios a la Carta Fundamental. Vemos las enormes dificultades para enfrentar una pandemia con un gasto público en salud comparativamente menor, con una frágil red de protección social y con un Estado que tiene pocas atribuciones para realizar intervenciones más vigorosas. Ya ven que, a pesar de que parece que estamos hablando de otras cosas, seguimos una y otra vez hablando de la Constitución Política de la República.