Con la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, el Gobierno, con acuerdo del Congreso, ha implementado una serie de medidas para –supuestamente– proteger el empleo ante la paralización productiva y, sin embargo, al mismo tiempo sostiene la necesidad de avanzar hacia una “nueva normalidad”. ¿Por qué se implementan medidas laborales para tiempos de paralización, pero se llama a seguir funcionando? Para responder esta aparente contradicción, hay que volver un poco más atrás.

El sistema económico chileno hace años viene mostrando un agotamiento estructural. De acuerdo a cifras del Banco Mundial, el crecimiento en Chile ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos años, luego del boom de los commodities (cobre). Si entre los años 1991 a 1998, Chile creció anualmente en promedio un 7,25%; entre los años 2000 y 2008, creció en promedio anual de 4.83%; y entre los años 2009 y 2018 en un 3.25%.

Ante esta situación, el Gobierno de Piñera al asumir impulsó una serie de medidas para flexibilizar la jornada y la remuneración laboral, entre ellas, el denominado “Estatuto Joven”, revivir el proyecto del “Estatuto del Trabajador Agrícola” (Boletín 7976-13), el proyecto para flexibilizar la jornada de trabajo (Boletín 12618-13), proyecto para regular el trabajo a distancia (Boletín 12008-13) y la propuesta de modificar la indemnización por años de servicio.

En general, la agenda no tuvo una implementación efectiva, por la gran resistencia política y social que produjo. Menos aún con el fortalecimiento de las organizaciones sociales, producto del período de movilizaciones de octubre de 2019. Este período afectó las ganancias de los empresarios, tema que produjo más preocupación en el Gobierno que las legítimas y necesarias demandas sociales. Para lo cual, la respuesta del Gobierno fue presentar un proyecto con fecha 6 de enero, una vez que disminuyeron en parte las movilizaciones, que permitía reducir la jornada hasta en un 50%, y que los trabajadores y trabajadoras se pagaran con su seguro de cesantía (Boletín 13175-13); y proponer un ingreso mínimo garantizado a cargo del Estado.

Nuevamente, esta agenda no se pudo implementar, pues el movimiento social aún presentaba mucha fuerza. Fue entonces cuando apareció en nuestro país la contingencia sanitaria producida por el COVID-19, generando una debilitamiento el proceso movilizatorio impulsado por las protestas sociales y una profundización de la fragmentación de las organizaciones sindicales.

El Gobierno fue ágil y pensó rápidamente una estrategia que le permitiera implementar parte de su agenda. De esta forma, el día 25 de marzo anuncia cuarentena obligatoria en 7 comunas de la Región Metropolitana. El día 26 de marzo publica la Ley de Trabajo a Distancia (Ley 21.220) y luego aparece el dictamen 1283/006 de la Dirección del Trabajo, que permite a los empleadores suspender el pago de remuneraciones en caso de cierres por orden de la autoridad. Esto tornaba sumamente compleja la situación, porque el Gobierno creó un estado de cuarentena y, además, dictaminó que los trabajadores y trabajadoras no recibirían remuneración por ese mismo estado.

Sin embargo, el día antes a que se emitiera este dictamen, el Gobierno había ingresado al Senado el proyecto de “protección al empleo” (Boletín 13352-13), que permitía suspender el contrato de trabajo o reducir la jornada, y que los trabajadores y trabajadoras recibieran un subsidio de su seguro de cesantía. En el caso de la trabajadoras de casa particular, que no tienen acceso a dicho fondo, la situación propuesta era aún más precaria, haciendo que se pagaran con el fondo que les permite tener alguna indeminización al momento del despido, y que no alcanza para cubrir un sueldo digno. 

Este proyecto, con todas las críticas se se alzaron en su contra de diversos sectores, se presentó como la única solución ante la situación crítica que, sin embargo, el propio Gobierno creó. Ello, pues la comunidad jurídica había calificado de impropio y sin fundamentos jurídicos el dictamen, señalando que con la legislación de ese momento, los empleadores tendrían que haber pagado igualmente la remuneración. De esta forma, la Ley de “protección al empleo”, vino a modificar la situación legal existente y liberar a los empleadores de ser responsables de pagar las remuneraciones. 

Este proyecto fue aprobado el día 31 de marzo por el Congreso, y fue publicada en el Diario Oficial con fecha 6 de abril (Ley 21.227). Para sorpresa, el Gobierno una semana después, es decir, el lunes 13 de abril, a las 5 de la mañana, levanta la cuarentena en varias comunas de la Región Metropolitana (salvo el caso aparte de Puente Alto), a pesar de haber legislado una ley para una situación de paralización. El resultado fue que grandes empresas, locales e internacionales, se acogieron a dicha ley, no teniendo que pagar un solo peso para las remuneraciones. Y es que a pesar de representar el 1,3% de las empresas que se acogieron a la ley, casi el 30% de los trabajadores y trabajadoras afectadas pertenecen a grandes empresas. Tampoco se puso limitaciones a los despidos (salvo la aplicación de fuerza mayor, que ya se había descartado como causa legal para despedir en la contingencia), lo que se tradujo en que, en marzo, a pesar de que el proyecto ya había sido anunciado, se produjeron casi 300 mil despidos, 100 mil más que en febrero. Y ello tan solo pensando en el trabajo formal, pues el golpe al trabajo informal y la absoluta insuficiencia de un sistema de seguridad social que permita proteger a quienes no tengan fuentes de ingreso.

El Gobierno y el Congreso han aprovechado la situación de debilitamiento de las organizaciones sindicales para implementar una agenda de flexibilidad y precarización, que se venía fraguando mucho antes de las contingencias, para hacer frente al agotamiento estructural del sistema económico chileno. Por esto, sostenemos que estas medidas no son para enfrentar la pandemia, son para mantener la tasa de ganancia de las grandes empresas. 

Este 1 de mayo, si bien es distinto, guarda una similitud con los otros años: por un día el capital se paraliza totalmente, y los trabajadores y trabajadoras puedan reunirse y encontrarse como una sola unidad. Esa unidad que ha sido fragmentada por la contingencia sanitaria como no ocurría hace mucho tiempo, pero se mantiene la certeza que tan solo la solidaridad y la organización de la propia clase trabajadora será la que le permitirá salir de este momento crítico fortalicida. Este 1 de mayo, y más que los otros años, requiere que nos encontremos como trabajadoras y trabajadores, que nos reunamos aunque sea a la distancia, para reflexionar, debatir y generar propuestas para este nuevo momento, que se vienen tiempos en que tendremos que salir a luchar nuevamente por nuestros derechos, y ha quedado demostrado que ante la ofensiva de un Gobierno empresarial y un Congreso cómplice, solo nos tenemos a nosotras y nosotros. Para ello, requerimos fortalecer nuestra organización y unirnos para construir ese camino de mayor dignidad que tanto ha exigido nuestro pueblo. 

Los autores son directores de la Fundación Defensoría Popular de las y los Trabajadores.