Cencosud y quiénes empiezan a pagar los costos de la crisis

  • 05-05-2020

El paso de los días y semanas ha ido demostrando que la llamada Ley de Protección al Empleo, a diferencia de la promesa inicial de que favorecería a las pequeñas y medianas empresas, en realidad ha sido usada por empresas de todo tipo, incluyendo a las más grandes, en la misma proporción en la que participan en la sociedad chilena. El economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, nos advertía que induce a error que las autoridades digan que solo el 3 por ciento de las grandes empresas se han acogido a esta ley, puesto que precisamente ese es el porcentaje de empresas de ese tamaño en Chile. Al revés, planteaba que el 30 por ciento de los trabajadores afectados -sí, más afectados que beneficiados- pertenecen precisamente a ese grupo.

El conocimiento de la decisión de Cencosud de repartir más de 90 mil millones de pesos en utilidades, días después de haber acogido a 7.731 trabajadores a la Ley de Protección al Empleo, ha generado indignación en la ciudadanía, pero llamativamente también a quienes promovieron, discutieron y aprobaron ese cuerpo legal. Ahora se aprecia en toda su magnitud la decisión de promover un proyecto sobre los trabajadores, pero sin conversarlo con ninguna organización de trabajadores. Según la propia Fundación Sol, el Holding Cencosud repartió dividendos por casi el triple de lo que exige la ley. Con ese 50% extra se podrían, según afirma, pagar sueldos de $600.000 por 5 meses a casi 40.000 trabajadores o por 2 años a los 7.731 trabajadores suspendidos de Paris, Johnson y Eurofashion. De tal magnitud entonces es la situación, que mientras el ministro Briones consideró “inentendible” la medida y el senador Insulza la tildó de “escandalosa”, el senador Felipe Kast afirmó que “uno esperaría que un elemento central en el sistema capitalista sea el uso de la ética”.

La verdad es que nunca la ética ha sido central en el sistema capitalista. Todo lo que existe de ética proviene de la regulación del sistema capitalista, a través de la acción de los poderes del Estado y de las leyes, y no de su libre albedrío. No es necesario siquiera en este punto entrar en juicios de valor: el objetivo de las empresas es el lucro y cualquier otra idea, como la de la Responsabilidad Social Empresarial que se puso muy de moda en algún momento, confunde respecto a cuál es rol de lo público y cuál el de lo privado en las sociedades.

Cencosud es inocente y está actuando estrictamente dentro de la ley. Aunque la afirmación parezca provocadora, alude a que la responsabilidad principal para impedir que estas situaciones suceden, proviene del adecuado diseño e implementación de leyes y políticas públicas. La ley que promovió el Gobierno contenía esta posibilidad y el Parlamento, muy especialmente las fuerzas de oposición, no opuso resistencia política ni intelectual que hiciera posible abrir el debate antes de las votaciones y no ahora, cuando todo lamento se parece a la figura de “llorar sobre la leche derramada”.

El temor de que los costos sociales y económicos de la pandemia iban a ser pagados por los sectores más precarizados de la población comienza a hacerse lamentable realidad. Si bien es cierto que esto suele suceder con los colapsos macroeconómicos, uno esperaría que al menos las legislaciones ad hoc no agudicen la tendencia, sino que la atenúen. Debemos tener especial atención porque, como hemos dicho, las medidas que se toman crisis son también refundacionales y no son solo son formas de salir de un problema, sino también de dibujar el país del futuro ¿Queremos que Chile sea así?

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.

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