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Año XII, 15 de agosto de 2020

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Retiro de utilidades: el debate que abrió la Ley de Protección del Empleo

Para el diputado Gabriel Silber, las condenas del Gobierno al retiro de utilidades de Cencosud se contraponen a la indicación discutida hoy en comisión mixta.

Diario UChile

  Martes 5 de mayo 2020 20:45 hrs. 
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El rechazo por el reparto del 80 por ciento de las utilidades de una de las facciones de Cencosud ha sido transversal. Incluso basta con revisar las declaraciones que algunos representantes del Gobierno hicieron al respecto para entender que, en la práctica, la ley de protección del empleo tenía fallas graves que debían resolverse quizás a través de nuevas indicaciones a la normativa impulsada por el Ejecutivo.

Sobre esto, durante la jornada de este martes, la comisión mixta que debate el proyecto recibió una indicación del Gobierno que dice relación con la posibilidad de reducir el retiro a solo un 30 por ciento de las utilidades para las empresas que se acojan a la ley de protección del empleo.

Esta indicación, sin embargo, no prosperó en dicha instancia y, por el contrario, sus miembros aprobaron la indicación de la diputada Gael Yeomans, que propuso imposibilitar el retiro de dichas utilidades para las empresas acogidas a la mencionada ley.

Gabriel Silber.

Gabriel Silber.

Al respecto, el diputado demócrata cristiano, Gabriel Silber, valoró la indicación aprobada, pero cuestionó el doble estándar mantenido por el Gobierno respecto de este tema.

“Para nosotros ya había sido una ganancia de la comisión mixta anterior, que las empresas que quieran acogerse a esta ley no puedan retirar utilidades como condición para la aplicación de esta ley, y el Ejecutivo, a través de esta indicación, quería relativizar esta medida”, señaló Silber.

Asimismo, el diputado integrante de la comisión mixta agregó que “no se entienden las condenas públicas que ha hecho el ministro Briones, la ministra del Trabajo, o el propio Gobierno respecto del retiro de utilidades, como en el caso de Cencosud, con la indicación presentada hoy y que afortunadamente no prosperó”.

Antes de este debate, diversos expertos en materia laboral y económica ya se habían pronunciado críticamente por la acción propiciada por Cencosud, sobre todo porque ésta se efectuaba al alero de la suspensión laboral de más de 150 mil trabajadores pertenecientes a empresas grandes.

Para la Fundación Sol, por ejemplo, esta cifra representa que al menos un 30 por ciento de las personas que se vieron afectadas por la suspensión de sus empleos no provienen de las pymes para las cuales, según el Gobierno, fue diseñada la ley.

Marco Kremerman.

Marco Kremerman.

De esta forma, el investigador de dicha entidad, Marco Kremerman, cuestionó la repartición de dividendos protagonizada por Cencosud, dado la magnitud de esta empresa a nivel latinoamericano.

Cuando estas empresas se acogen a la ley de protección del empleo, aduciendo de que tienen problemas, no explican que problemas tienen. Una cosa es tener algún problema circunstancial de caja, porque tengo muchos pasivos de corto plazo y tengo que responder a muchos acreedores en corto plazo, y otra cosa es no tener las espaldas de un grupo económico importante para poder endeudarse en el corto plazo”, señaló Kremerman.

Por su parte, aunque valoró la intención de la ley de protección al empleo, el director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile, Luis Lizama, criticó el monto de utilidades repartidas por Cencosud y que no fue previsto por la ley.

Luis Lizama.

Luis Lizama.

Cómo va a ser entendible que una empresa haga uso del beneficio que el Estado está entregando para una emergencia sanitaria y que, en vez de haber distribuido las utilidades al porcentaje legal, el 30 por ciento, lo suben al ochenta por ciento, eso es inexplicable. Definitivamente está hablando mal del modo en que los directivos de las empresas entienden el momento en que estamos viviendo”, subrayó.

Lizama agregó, además, que la ley de protección al empleo establece responsabilidades que puedan traducirse no solo en el pago de una multa, sino que en penas privativas de libertad. “Van a ser los tribunales los que van a decidir si en este paso en particular, la conducta de los administradores, gerentes, está o no ajustada a la regla y si merecen una sanción penal”, agregó.

Hay que recordar, finalmente, que pese al revés que sufrió hoy la indicación del Gobierno en la comisión mixta, esto mismo podría producir un debate constitucional, dado que algunos parlamentarios del oficialismo han recalcado la legitimidad del retiro de las utilidades, algo que podría resolverse incluso en el Tribunal Constitucional.