COVID-19 en Bolivia: la crisis sanitaria agrava la desconfianza ciudadana
El gobierno interino de Jeanine Añez enfrenta un duro momento, al aumento de casos de contagio se agrega un creciente descontento social. Las medidas sanitarias sin soluciones económicas para la población, son un problema que se vive a diario. En un país donde el 70 por ciento de los trabajadores son informales, el confinamiento aumenta el riesgo de la pobreza y el hambre.
Diario y Radio
Jueves 14 de mayo 2020 19:52 hrs.
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En Bolivia la crisis sanitaria presente en todo el mundo ha tomado un cariz social y político más crudo que en otros países. El martes y miércoles por la noche, las fuerzas policiales dispersaron con gases lacrimógenos a los manifestantes que protestaban contra la decisión del Gobierno interino de Jeanine Añez de prolongar el confinamiento total hasta el 31 de mayo. La medida sanitaria impide a gran parte de la ciudadanía trabajar cuando la población ya no tiene recursos para seguir subsistiendo y el Estado no entrega ayudas suficientes para, efectivamente, respetar las cuarentenas.
“Es muy lamentable que el gobierno de facto de Jeanine Añez no escuche al pueblo boliviano y decida ampliar el confinamiento obligatorio en Bolivia, condenando, de esa forma, a nuestro pueblo a pagar el costo de la ineptitud del Ejecutivo que no ha estado a la altura de afrontar la crisis humanitaria que atraviesa Bolivia y sentenciarlo a seguir pasando hambre, a seguir soportando la represión policial y militar que se vive todos los días en todo el país”, explica Ronald Montecinos, ciudadano boliviano que reside en Iquique.
Ronald Montecinos
El Ejecutivo boliviano había asegurado a la población que la cuarentena obligatoria finalizaría este 11 de mayo, sin embargo, la medida debió prolongarse ante el aumento de los contagios que ya llegan a los 3.148 con 142 fallecidos.
Los reclamos no se restringen solo a los alimentos y ayudas que la población requiere, sino también atacan la gestión sanitaria del gobierno interino ante la escasez de pruebas de diagnóstico PCR y de ventiladores mecánicos, cuya falta ha sido atribuida por el Gobierno a la alta demanda mundial. Pero, a la vez, el creciente movimiento social reclama el incumplimiento del compromiso del gobierno para celebrar elecciones “lo más pronto posible”. Esto, porque el Ejecutivo anunció la impugnación de la ley aprobada por la Asamblea Legislativa que fija los comicios para julio y las razones argüidas dicen relación con que la prioridad gubernamental es atacar la pandemia.
Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, señala que la movilización en Bolivia tiene que ver con que gran parte de la población vive de la economía informal y requiere salir a trabajar para tener ingresos.
Profesor Gilberto Aranda
“Los países que tienen un grado de informalización de su economía mayor, presentan mayores vulnerabilidades para responder al bienestar y necesidades de su población, aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen un contrato formal y que deben salir a buscar su sustento a las calles, en estos casos se ven particularmente golpeados y afectados por la pandemia y es probable que eso es lo que esté pasando en parte en Bolivia. La sociedad, en las últimas décadas, ha experimentado un proceso muy importante de concientización, de reflexión respecto de su propia situación y cuenta también con una capacidad enorme para movilizarse y exigir al sistema político, en esta coyuntura, donde se juntan ambas cuestiones, es que vemos estas explosiones y hay que seguirlas con mucha atención porque es posible que se repliquen en otras latitudes en distintos momentos, particularmente en aquellos países que tienen un porcentaje más alto de trabajadores y trabajadoras operando en la economía informal y que básicamente los recursos para vivir los obtienen en la calle. Si esas personas están haciendo cuarentenas indefinidas y el Estado no les proporciona lo indipsensable para sobrevivir de manera directa o indirecta, veremos estallidos no solo en Bolivia, sino en otras partes de Sudamérica”.
El gobierno interino boliviano, sin embargo, ha responsabilizado a Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) como instigadores de las protestas. El ministro Arturo Murilloculpó directamente al ex presidente de estar detrás del “llamado a crear violencia política en Bolivia”. A través de una carta enviada a Morales, acusa que tanto para él como para el candidato a la presidencia del MAS, Luis Arce, “las prioridades no son la salud ni la economía de las familias, sino “recuperar el poder y defender el negocio de la coca en el Chapare”.
Arturo Murillo. Foto@Abya Yala Digital
En ese mismo sentido se pronuncia el abogado constitucionalista boliviano Williams Bascope, quien considera que las medidas sanitarias gubernamentales son las apropiadas, pero critica duramente el rol que ha jugado el ex presidente Morales en la desobediencia ciudadana.
“La presidenta Jeanine Añez ha hecho el mayor esfuerzo de controlar esta situación declarando una cuarentena parcial y luego una total. La mayor cantidad de los bolivianos, un 70 por ciento aproximadamente vive del aspecto informal, del autoempleo, de una pequeña inversión y el restante 30 por ciento tiene un empleo formal, asalariado con seguro social. Al entrar en cuarentena, los sectores más vulnerables son los que tienen el propio empleo, desde un lustrabotas a un abogado, que tienen su propia forma de generar recursos con el autoempleo, y hay sectores que han pedido que se levante la cuarentena. Pero la movilización, más que por lo económico, es por los intereses políticos de Evo Morales y el MAS, que desde un principio sabotearon el tema de la cuarentena, llamando a la desobediencia a sus adherentes”.
El decreto de la discordia
Entre las medidas que el Gobierno boliviano ha tomado, hay una que particularmente ha causado polémica. Se trata de un decreto que estipula que quienes inciten al incumplimiento de la cuarentena “o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento, que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
Lo anterior ha levantado críticas incluso a nivel internacional. Desde Human Rights Watch, el director para Américas de tal organismo, José Miguel Vivanco, ha puesto el acento en que la ambigüedad de esa nueva normativa es atentatoria contra el derecho humano de la libre expresión y habilitaría la comisión de abusos por parte del Estado boliviano. “El Gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren incorrecta y esto viola el derecho a la libertad de expresión”.
Así también la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno interino a recordar “que la respuesta penal al ejercicio de la libertad de expresión, como medio para combatir la desinformación en el marco de la pandemia del COVIDー19, resulta excesiva” e instó a la modificación del Decreto Supremo “para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”.
El propio Evo Morales ha usado activamente su cuenta de Twitter para denunciar al gobierno de Añez de querer mantenerse en el poder y de utilizar la pandemia como excusa para no llamar a elecciones y vulnerar los derechos fundamentales de los bolivianos.
Vulneraciones a DD.HH. y atentados contra la libertad de expresión se multiplican en #Bolivia pese a condenas internas y a las recomendaciones de organismos internacionales que caen en oídos sordos del gobierno de facto.
En el país, libertad de expresión es sinónimo de sedición. pic.twitter.com/v6m5QjyBMV
Para Gilberto Aranda la situación boliviana responde a la de una sociedad profundamente polarizada y en que existe una crisis de confianza desde hace meses. “Las críticas de Evo Morales han apuntado principalmente a la presencia de los militares en las calles para el resguardo de la cuarentena. Como Bolivia tiene unas Fuerzas Armadas que recientemente actuaron con todos su nombres en la política, hay ciertos sectores que ven, a partir de esa experiencia, con cierto resquemor el rol de los militares en las medidas sanitarias y una cuestión que en muchos países forma parte del estado de catástrofe, es contemplada con desconfianza por los movimientos sociales y el MAS. A ello se agrega que el grado de desconfianza que hay actualmente en Bolivia es tan alto que cualquier movimiento de uno y otro lado puede ser interpretado como para sacar provecho político de la situación”.
En cuanto al cuestionado decreto, el Doctor en Estudios Latinoamericanos señaló que es justamente debido a esa crisis de confianza que enfrente la sociedad boliviana que esta normativa es tan criticada, pues en otros países se han dictado normas aún más duras sin que haya habido mayor controversia. “En Bolivia hay una polarización suma y ni siquiera la pandemia ha logrado bajar ese nivel de polaridad, por lo tanto unas y otras cuestiones son interpretables como forma de sacar réditos políticos. Me parece que la libertad de expresión es un derecho fundamental pero se han hecho cosas más fuertes en otros lados que han producido menos escándalo interno porque hay consensos mínimos que en Bolivia no existen, porque el país está fracturado”.
Por su parte, Williams Bascope, señala que el polémico decreto emanado del gobierno interino no es más que una respuesta a la campaña de desinformación iniciada por la oposición. “Tal vez en su esfuerzo de evitar el avance del COVID-19, la Presidenta ha dictado ese decreto con el fin de evitar la desinformación que está en redes sociales y que proviene de dirigentes del MAS. Es una suerte de política tomada para evitar el sabotaje y se puede entender porque mucha gente del socialismo está en una situación de apronte y de desestabilización del Gobierno, pero la Constitución es clara, la libertad de expresión, de palabra y de información está totalmente garantizada y no existen mayores restricciones. La sociedad boliviana se está enfrentando a esta situación de desinformación y ni siquiera se está valorando el esfuerzo de los cuerpos médicos, de policías y de militares que todos los días se están exponiendo por gente que está desobedeciendo. El MAS menosprecia el esfuerzo que está haciendo todo ese personal y eso es muy triste, por eso creo que la Presidenta ha emitido ese decreto, aunque esas conductas ya estén inmersas en el Código Penal y según mi criterio personal, se puede activar directamente ya que propagar esa desinformación afecta la salud pública”.
Williams Bascope
En la otra vereda, la Central Obrera Boliviana (COB) exige la derogación de la controversial normativa dictada en el marco de la pandemia. “El gobierno central no puede crear por decreto nuevos tipos penales que solamente generan zozobra y malestar en la ciudadanía, los mismos que son actos propios de una dictadura”, señala el comunicado de la COB que solicita al Ejecutivo, a nombre de los trabajadores, el generar de manera urgente políticas económicas para los más humildes e instan por respuestas concretas a la brevedad.
El miércoles, las autoridades bolivianas optaron por convocar a una mesa de diálogo con organizaciones sociales e instituciones, de modo de bajar la intensidad del conflicto y buscar soluciones a las demandas. Paralelamente, la Central Obrera Boliviana(COB) denunció el cierre de empresas y despido de trabajadores públicos y privados en medio de la pandemia, lo que agrava la situación social en un país fracturado política y socialmente.
Imagen @eldeber.co.bo
En Bolivia la crisis sanitaria presente en todo el mundo ha tomado un cariz social y político más crudo que en otros países. El martes y miércoles por la noche, las fuerzas policiales dispersaron con gases lacrimógenos a los manifestantes que protestaban contra la decisión del Gobierno interino de Jeanine Añez de prolongar el confinamiento total hasta el 31 de mayo. La medida sanitaria impide a gran parte de la ciudadanía trabajar cuando la población ya no tiene recursos para seguir subsistiendo y el Estado no entrega ayudas suficientes para, efectivamente, respetar las cuarentenas.
“Es muy lamentable que el gobierno de facto de Jeanine Añez no escuche al pueblo boliviano y decida ampliar el confinamiento obligatorio en Bolivia, condenando, de esa forma, a nuestro pueblo a pagar el costo de la ineptitud del Ejecutivo que no ha estado a la altura de afrontar la crisis humanitaria que atraviesa Bolivia y sentenciarlo a seguir pasando hambre, a seguir soportando la represión policial y militar que se vive todos los días en todo el país”, explica Ronald Montecinos, ciudadano boliviano que reside en Iquique.
Ronald Montecinos
El Ejecutivo boliviano había asegurado a la población que la cuarentena obligatoria finalizaría este 11 de mayo, sin embargo, la medida debió prolongarse ante el aumento de los contagios que ya llegan a los 3.148 con 142 fallecidos.
Los reclamos no se restringen solo a los alimentos y ayudas que la población requiere, sino también atacan la gestión sanitaria del gobierno interino ante la escasez de pruebas de diagnóstico PCR y de ventiladores mecánicos, cuya falta ha sido atribuida por el Gobierno a la alta demanda mundial. Pero, a la vez, el creciente movimiento social reclama el incumplimiento del compromiso del gobierno para celebrar elecciones “lo más pronto posible”. Esto, porque el Ejecutivo anunció la impugnación de la ley aprobada por la Asamblea Legislativa que fija los comicios para julio y las razones argüidas dicen relación con que la prioridad gubernamental es atacar la pandemia.
Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, señala que la movilización en Bolivia tiene que ver con que gran parte de la población vive de la economía informal y requiere salir a trabajar para tener ingresos.
Profesor Gilberto Aranda
“Los países que tienen un grado de informalización de su economía mayor, presentan mayores vulnerabilidades para responder al bienestar y necesidades de su población, aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen un contrato formal y que deben salir a buscar su sustento a las calles, en estos casos se ven particularmente golpeados y afectados por la pandemia y es probable que eso es lo que esté pasando en parte en Bolivia. La sociedad, en las últimas décadas, ha experimentado un proceso muy importante de concientización, de reflexión respecto de su propia situación y cuenta también con una capacidad enorme para movilizarse y exigir al sistema político, en esta coyuntura, donde se juntan ambas cuestiones, es que vemos estas explosiones y hay que seguirlas con mucha atención porque es posible que se repliquen en otras latitudes en distintos momentos, particularmente en aquellos países que tienen un porcentaje más alto de trabajadores y trabajadoras operando en la economía informal y que básicamente los recursos para vivir los obtienen en la calle. Si esas personas están haciendo cuarentenas indefinidas y el Estado no les proporciona lo indipsensable para sobrevivir de manera directa o indirecta, veremos estallidos no solo en Bolivia, sino en otras partes de Sudamérica”.
El gobierno interino boliviano, sin embargo, ha responsabilizado a Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) como instigadores de las protestas. El ministro Arturo Murilloculpó directamente al ex presidente de estar detrás del “llamado a crear violencia política en Bolivia”. A través de una carta enviada a Morales, acusa que tanto para él como para el candidato a la presidencia del MAS, Luis Arce, “las prioridades no son la salud ni la economía de las familias, sino “recuperar el poder y defender el negocio de la coca en el Chapare”.
Arturo Murillo. Foto@Abya Yala Digital
En ese mismo sentido se pronuncia el abogado constitucionalista boliviano Williams Bascope, quien considera que las medidas sanitarias gubernamentales son las apropiadas, pero critica duramente el rol que ha jugado el ex presidente Morales en la desobediencia ciudadana.
“La presidenta Jeanine Añez ha hecho el mayor esfuerzo de controlar esta situación declarando una cuarentena parcial y luego una total. La mayor cantidad de los bolivianos, un 70 por ciento aproximadamente vive del aspecto informal, del autoempleo, de una pequeña inversión y el restante 30 por ciento tiene un empleo formal, asalariado con seguro social. Al entrar en cuarentena, los sectores más vulnerables son los que tienen el propio empleo, desde un lustrabotas a un abogado, que tienen su propia forma de generar recursos con el autoempleo, y hay sectores que han pedido que se levante la cuarentena. Pero la movilización, más que por lo económico, es por los intereses políticos de Evo Morales y el MAS, que desde un principio sabotearon el tema de la cuarentena, llamando a la desobediencia a sus adherentes”.
El decreto de la discordia
Entre las medidas que el Gobierno boliviano ha tomado, hay una que particularmente ha causado polémica. Se trata de un decreto que estipula que quienes inciten al incumplimiento de la cuarentena “o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento, que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
Lo anterior ha levantado críticas incluso a nivel internacional. Desde Human Rights Watch, el director para Américas de tal organismo, José Miguel Vivanco, ha puesto el acento en que la ambigüedad de esa nueva normativa es atentatoria contra el derecho humano de la libre expresión y habilitaría la comisión de abusos por parte del Estado boliviano. “El Gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren incorrecta y esto viola el derecho a la libertad de expresión”.
Así también la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno interino a recordar “que la respuesta penal al ejercicio de la libertad de expresión, como medio para combatir la desinformación en el marco de la pandemia del COVIDー19, resulta excesiva” e instó a la modificación del Decreto Supremo “para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”.
El propio Evo Morales ha usado activamente su cuenta de Twitter para denunciar al gobierno de Añez de querer mantenerse en el poder y de utilizar la pandemia como excusa para no llamar a elecciones y vulnerar los derechos fundamentales de los bolivianos.
Vulneraciones a DD.HH. y atentados contra la libertad de expresión se multiplican en #Bolivia pese a condenas internas y a las recomendaciones de organismos internacionales que caen en oídos sordos del gobierno de facto.
En el país, libertad de expresión es sinónimo de sedición. pic.twitter.com/v6m5QjyBMV
Para Gilberto Aranda la situación boliviana responde a la de una sociedad profundamente polarizada y en que existe una crisis de confianza desde hace meses. “Las críticas de Evo Morales han apuntado principalmente a la presencia de los militares en las calles para el resguardo de la cuarentena. Como Bolivia tiene unas Fuerzas Armadas que recientemente actuaron con todos su nombres en la política, hay ciertos sectores que ven, a partir de esa experiencia, con cierto resquemor el rol de los militares en las medidas sanitarias y una cuestión que en muchos países forma parte del estado de catástrofe, es contemplada con desconfianza por los movimientos sociales y el MAS. A ello se agrega que el grado de desconfianza que hay actualmente en Bolivia es tan alto que cualquier movimiento de uno y otro lado puede ser interpretado como para sacar provecho político de la situación”.
En cuanto al cuestionado decreto, el Doctor en Estudios Latinoamericanos señaló que es justamente debido a esa crisis de confianza que enfrente la sociedad boliviana que esta normativa es tan criticada, pues en otros países se han dictado normas aún más duras sin que haya habido mayor controversia. “En Bolivia hay una polarización suma y ni siquiera la pandemia ha logrado bajar ese nivel de polaridad, por lo tanto unas y otras cuestiones son interpretables como forma de sacar réditos políticos. Me parece que la libertad de expresión es un derecho fundamental pero se han hecho cosas más fuertes en otros lados que han producido menos escándalo interno porque hay consensos mínimos que en Bolivia no existen, porque el país está fracturado”.
Por su parte, Williams Bascope, señala que el polémico decreto emanado del gobierno interino no es más que una respuesta a la campaña de desinformación iniciada por la oposición. “Tal vez en su esfuerzo de evitar el avance del COVID-19, la Presidenta ha dictado ese decreto con el fin de evitar la desinformación que está en redes sociales y que proviene de dirigentes del MAS. Es una suerte de política tomada para evitar el sabotaje y se puede entender porque mucha gente del socialismo está en una situación de apronte y de desestabilización del Gobierno, pero la Constitución es clara, la libertad de expresión, de palabra y de información está totalmente garantizada y no existen mayores restricciones. La sociedad boliviana se está enfrentando a esta situación de desinformación y ni siquiera se está valorando el esfuerzo de los cuerpos médicos, de policías y de militares que todos los días se están exponiendo por gente que está desobedeciendo. El MAS menosprecia el esfuerzo que está haciendo todo ese personal y eso es muy triste, por eso creo que la Presidenta ha emitido ese decreto, aunque esas conductas ya estén inmersas en el Código Penal y según mi criterio personal, se puede activar directamente ya que propagar esa desinformación afecta la salud pública”.
Williams Bascope
En la otra vereda, la Central Obrera Boliviana (COB) exige la derogación de la controversial normativa dictada en el marco de la pandemia. “El gobierno central no puede crear por decreto nuevos tipos penales que solamente generan zozobra y malestar en la ciudadanía, los mismos que son actos propios de una dictadura”, señala el comunicado de la COB que solicita al Ejecutivo, a nombre de los trabajadores, el generar de manera urgente políticas económicas para los más humildes e instan por respuestas concretas a la brevedad.
El miércoles, las autoridades bolivianas optaron por convocar a una mesa de diálogo con organizaciones sociales e instituciones, de modo de bajar la intensidad del conflicto y buscar soluciones a las demandas. Paralelamente, la Central Obrera Boliviana(COB) denunció el cierre de empresas y despido de trabajadores públicos y privados en medio de la pandemia, lo que agrava la situación social en un país fracturado política y socialmente.
Imagen @eldeber.co.bo
En Bolivia la crisis sanitaria presente en todo el mundo ha tomado un cariz social y político más crudo que en otros países. El martes y miércoles por la noche, las fuerzas policiales dispersaron con gases lacrimógenos a los manifestantes que protestaban contra la decisión del Gobierno interino de Jeanine Añez de prolongar el confinamiento total hasta el 31 de mayo. La medida sanitaria impide a gran parte de la ciudadanía trabajar cuando la población ya no tiene recursos para seguir subsistiendo y el Estado no entrega ayudas suficientes para, efectivamente, respetar las cuarentenas.
“Es muy lamentable que el gobierno de facto de Jeanine Añez no escuche al pueblo boliviano y decida ampliar el confinamiento obligatorio en Bolivia, condenando, de esa forma, a nuestro pueblo a pagar el costo de la ineptitud del Ejecutivo que no ha estado a la altura de afrontar la crisis humanitaria que atraviesa Bolivia y sentenciarlo a seguir pasando hambre, a seguir soportando la represión policial y militar que se vive todos los días en todo el país”, explica Ronald Montecinos, ciudadano boliviano que reside en Iquique.
Ronald Montecinos
El Ejecutivo boliviano había asegurado a la población que la cuarentena obligatoria finalizaría este 11 de mayo, sin embargo, la medida debió prolongarse ante el aumento de los contagios que ya llegan a los 3.148 con 142 fallecidos.
Los reclamos no se restringen solo a los alimentos y ayudas que la población requiere, sino también atacan la gestión sanitaria del gobierno interino ante la escasez de pruebas de diagnóstico PCR y de ventiladores mecánicos, cuya falta ha sido atribuida por el Gobierno a la alta demanda mundial. Pero, a la vez, el creciente movimiento social reclama el incumplimiento del compromiso del gobierno para celebrar elecciones “lo más pronto posible”. Esto, porque el Ejecutivo anunció la impugnación de la ley aprobada por la Asamblea Legislativa que fija los comicios para julio y las razones argüidas dicen relación con que la prioridad gubernamental es atacar la pandemia.
Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, señala que la movilización en Bolivia tiene que ver con que gran parte de la población vive de la economía informal y requiere salir a trabajar para tener ingresos.
Profesor Gilberto Aranda
“Los países que tienen un grado de informalización de su economía mayor, presentan mayores vulnerabilidades para responder al bienestar y necesidades de su población, aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen un contrato formal y que deben salir a buscar su sustento a las calles, en estos casos se ven particularmente golpeados y afectados por la pandemia y es probable que eso es lo que esté pasando en parte en Bolivia. La sociedad, en las últimas décadas, ha experimentado un proceso muy importante de concientización, de reflexión respecto de su propia situación y cuenta también con una capacidad enorme para movilizarse y exigir al sistema político, en esta coyuntura, donde se juntan ambas cuestiones, es que vemos estas explosiones y hay que seguirlas con mucha atención porque es posible que se repliquen en otras latitudes en distintos momentos, particularmente en aquellos países que tienen un porcentaje más alto de trabajadores y trabajadoras operando en la economía informal y que básicamente los recursos para vivir los obtienen en la calle. Si esas personas están haciendo cuarentenas indefinidas y el Estado no les proporciona lo indipsensable para sobrevivir de manera directa o indirecta, veremos estallidos no solo en Bolivia, sino en otras partes de Sudamérica”.
El gobierno interino boliviano, sin embargo, ha responsabilizado a Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) como instigadores de las protestas. El ministro Arturo Murilloculpó directamente al ex presidente de estar detrás del “llamado a crear violencia política en Bolivia”. A través de una carta enviada a Morales, acusa que tanto para él como para el candidato a la presidencia del MAS, Luis Arce, “las prioridades no son la salud ni la economía de las familias, sino “recuperar el poder y defender el negocio de la coca en el Chapare”.
Arturo Murillo. Foto@Abya Yala Digital
En ese mismo sentido se pronuncia el abogado constitucionalista boliviano Williams Bascope, quien considera que las medidas sanitarias gubernamentales son las apropiadas, pero critica duramente el rol que ha jugado el ex presidente Morales en la desobediencia ciudadana.
“La presidenta Jeanine Añez ha hecho el mayor esfuerzo de controlar esta situación declarando una cuarentena parcial y luego una total. La mayor cantidad de los bolivianos, un 70 por ciento aproximadamente vive del aspecto informal, del autoempleo, de una pequeña inversión y el restante 30 por ciento tiene un empleo formal, asalariado con seguro social. Al entrar en cuarentena, los sectores más vulnerables son los que tienen el propio empleo, desde un lustrabotas a un abogado, que tienen su propia forma de generar recursos con el autoempleo, y hay sectores que han pedido que se levante la cuarentena. Pero la movilización, más que por lo económico, es por los intereses políticos de Evo Morales y el MAS, que desde un principio sabotearon el tema de la cuarentena, llamando a la desobediencia a sus adherentes”.
El decreto de la discordia
Entre las medidas que el Gobierno boliviano ha tomado, hay una que particularmente ha causado polémica. Se trata de un decreto que estipula que quienes inciten al incumplimiento de la cuarentena “o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento, que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
Lo anterior ha levantado críticas incluso a nivel internacional. Desde Human Rights Watch, el director para Américas de tal organismo, José Miguel Vivanco, ha puesto el acento en que la ambigüedad de esa nueva normativa es atentatoria contra el derecho humano de la libre expresión y habilitaría la comisión de abusos por parte del Estado boliviano. “El Gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren incorrecta y esto viola el derecho a la libertad de expresión”.
Así también la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno interino a recordar “que la respuesta penal al ejercicio de la libertad de expresión, como medio para combatir la desinformación en el marco de la pandemia del COVIDー19, resulta excesiva” e instó a la modificación del Decreto Supremo “para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”.
El propio Evo Morales ha usado activamente su cuenta de Twitter para denunciar al gobierno de Añez de querer mantenerse en el poder y de utilizar la pandemia como excusa para no llamar a elecciones y vulnerar los derechos fundamentales de los bolivianos.
Vulneraciones a DD.HH. y atentados contra la libertad de expresión se multiplican en #Bolivia pese a condenas internas y a las recomendaciones de organismos internacionales que caen en oídos sordos del gobierno de facto.
En el país, libertad de expresión es sinónimo de sedición. pic.twitter.com/v6m5QjyBMV
Para Gilberto Aranda la situación boliviana responde a la de una sociedad profundamente polarizada y en que existe una crisis de confianza desde hace meses. “Las críticas de Evo Morales han apuntado principalmente a la presencia de los militares en las calles para el resguardo de la cuarentena. Como Bolivia tiene unas Fuerzas Armadas que recientemente actuaron con todos su nombres en la política, hay ciertos sectores que ven, a partir de esa experiencia, con cierto resquemor el rol de los militares en las medidas sanitarias y una cuestión que en muchos países forma parte del estado de catástrofe, es contemplada con desconfianza por los movimientos sociales y el MAS. A ello se agrega que el grado de desconfianza que hay actualmente en Bolivia es tan alto que cualquier movimiento de uno y otro lado puede ser interpretado como para sacar provecho político de la situación”.
En cuanto al cuestionado decreto, el Doctor en Estudios Latinoamericanos señaló que es justamente debido a esa crisis de confianza que enfrente la sociedad boliviana que esta normativa es tan criticada, pues en otros países se han dictado normas aún más duras sin que haya habido mayor controversia. “En Bolivia hay una polarización suma y ni siquiera la pandemia ha logrado bajar ese nivel de polaridad, por lo tanto unas y otras cuestiones son interpretables como forma de sacar réditos políticos. Me parece que la libertad de expresión es un derecho fundamental pero se han hecho cosas más fuertes en otros lados que han producido menos escándalo interno porque hay consensos mínimos que en Bolivia no existen, porque el país está fracturado”.
Por su parte, Williams Bascope, señala que el polémico decreto emanado del gobierno interino no es más que una respuesta a la campaña de desinformación iniciada por la oposición. “Tal vez en su esfuerzo de evitar el avance del COVID-19, la Presidenta ha dictado ese decreto con el fin de evitar la desinformación que está en redes sociales y que proviene de dirigentes del MAS. Es una suerte de política tomada para evitar el sabotaje y se puede entender porque mucha gente del socialismo está en una situación de apronte y de desestabilización del Gobierno, pero la Constitución es clara, la libertad de expresión, de palabra y de información está totalmente garantizada y no existen mayores restricciones. La sociedad boliviana se está enfrentando a esta situación de desinformación y ni siquiera se está valorando el esfuerzo de los cuerpos médicos, de policías y de militares que todos los días se están exponiendo por gente que está desobedeciendo. El MAS menosprecia el esfuerzo que está haciendo todo ese personal y eso es muy triste, por eso creo que la Presidenta ha emitido ese decreto, aunque esas conductas ya estén inmersas en el Código Penal y según mi criterio personal, se puede activar directamente ya que propagar esa desinformación afecta la salud pública”.
Williams Bascope
En la otra vereda, la Central Obrera Boliviana (COB) exige la derogación de la controversial normativa dictada en el marco de la pandemia. “El gobierno central no puede crear por decreto nuevos tipos penales que solamente generan zozobra y malestar en la ciudadanía, los mismos que son actos propios de una dictadura”, señala el comunicado de la COB que solicita al Ejecutivo, a nombre de los trabajadores, el generar de manera urgente políticas económicas para los más humildes e instan por respuestas concretas a la brevedad.
El miércoles, las autoridades bolivianas optaron por convocar a una mesa de diálogo con organizaciones sociales e instituciones, de modo de bajar la intensidad del conflicto y buscar soluciones a las demandas. Paralelamente, la Central Obrera Boliviana(COB) denunció el cierre de empresas y despido de trabajadores públicos y privados en medio de la pandemia, lo que agrava la situación social en un país fracturado política y socialmente.
