De “urgente” a “secundario”: el arduo camino que cursa la nueva protección patrimonial
Este 29 de mayo inicia la celebración de un nuevo Día del Patrimonio. En ese contexto, el debate sobre el proyecto que modifica la actual normativa vuelve a tomar fuerza.
Abril Becerra
Miércoles 27 de mayo 2020 17:00 hrs.
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En junio de 2019, el Ejecutivo puso en discusión uno de los proyecto que figuraba como uno de los puntos prioritarios de la agenda cultural: la modificación a la ley de Monumentos Nacionales que se originó en 1925 ycuya última actualización fue realizada en 1970.
Con suma urgencia y con un contenido que expandía la idea patrimonial respecto de la legislación vigente, abarcando temas como la dimensión inmaterial y la memoria, la normativa se instalaba en el Congreso como un tema apremiante: el debate no debía pasar de este Gobierno.
Sin embargo, la discusión se fue dilatando con el transcurso de las sesiones, lo que llevó a las autoridades a retroceder, quitando la urgencia establecida en un primer momento y pasando a una fase en la que surgieron observaciones que hablaban de un proyecto elaborado “de espaldas a la ciudadanía”.
Más tarde se sumaron cuestionamientos que indicaban que la iniciativa que no se hacía cargo, completamente, de la dimensión inmaterial y que incluso el proceso había eludido uno de los puntos claves del Convenio 169 de la OIT, es decir, la participación de los pueblos indígenas en la construcción del proyecto.
De esa manera, el debate llegó a enero de 2020 sin mayores avances. Luego, con la crisis sanitaria la discusión quedó en suspenso, transformándose en un tema secundario e instalando nuevas dudas respecto de cómo debería retomarse el proceso.
En la imagen, el Presidente Sebastián Piñera firma junto a la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural.
“Ha sido una discusión fuerte. Los principales puntos críticos que esperamos resolver son la composición del Consejo Nacional, Regional, la consulta indígena, el fortalecimiento del resguardo del patrimonio cultural inmaterial y las sanciones patrimoniales, entre otros. Han surgido varios inconvenientes desde el principio de la discusión del proyecto”, explica Amaro Labra, presidente de la comisión de cultura de la Cámara de Diputados.
“La queja siempre ha sido que la participación es poca o casi nula y eso es lo que hemos ido recogiendo. (…) Además, la consulta indígena es algo que tenemos que resolver, pero con la pandemia se vuelve mucho más complicado, porque no hay cómo físicamente consultarle a las comunidades”, comenta el parlamentario, indicando que previo a la crisis sanitaria, se dio la posibilidad de generar un acuerdo sobre una eventual modificación del proyecto. Aún así, sostiene que los esfuerzos quedaron congelados frente a la contingencia.
Los ejes del proyecto
En el proyecto elaborado por el Ejecutivo propone un cambio de paradigma respecto de la actual normativa. En ese sentido, establece nuevas categorías de protección, entre ellas, el patrimonio mueble, inmueble, inmaterial, paisajes, monumentos públicos, sitios de memoria y memoriales, y zonas de interés cultural. En esta última figuran “poblaciones, barrios, centros históricos, sectores antiguos o modernos, conjuntos urbanos o rurales, así como también los lugares donde existieren materiales arqueológicos y/o paleontológicos”.
Asimismo, modifica la orgánica del Consejo de Monumentos Nacionales creando dos nuevas divisiones: el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural y el Consejo Regional del Patrimonio Cultural que, a su vez, contarían con secretarías técnicas.
“Una de las cosas que uno podría advertir como positiva es que ha cambiado la forma de concebir las cosas. Lo primero es transformar una ley muy decimonónica, centrada en lo monumental y en lo físico, en una idea de patrimonio basada en las dinámicas culturales. En ese sentido, una de las críticas importantes es el nivel de participación que involucra una normativa patrimonial sobre todo pensando en la diversidad de conciencias respecto de lo que es lo patrimonial y qué es lo valioso en términos culturales”, dice Mauricio Uribe, académico del departamento de Antropología de la Universidad de Chile.
“Por supuesto los pueblos indígenas se sienten bastante vinculados a estos problemas, entonces, ahí hay un punto que no es fácil de resolver, aún cuando uno tenga las mejores intenciones. Lo patrimonial también convoca a una heterogeneidad muy grande”, añade el también integrante del Consejo de Monumentos Nacionales.
Para el antropólogo es importante que esta discusión no quede archivada, sino que vuelva a retomarse una vez superada la crisis: “Ojalá sea llevada adelante, tratando de incorporar el máximo posible de opiniones, intereses, reflexiones y debates. Esta ley es muy necesaria y tiene un efecto enorme en la población, en proceso de desarrollo económicos y culturales, en relación a las poblaciones indígenas, los cultores. Tiene un efecto real en la vida del país. No podemos seguir dependiendo de una ley creada en 1925”.
“Bajar el debate”
A mediados de mayo, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció que presentará una indicación sustitutiva con el fin de reemplazar el proyecto de ley original. Del mismo modo, lanzó una encuesta para recoger las observaciones ciudadanas respecto de la iniciativa.
Sin embargo, para quienes han visto de cerca el proceso, la medida no puede ser sino una señal de “improvisación”: “Es un simulacro de participación”, comenta Óscar Peñafiel, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Anatrap) e integrante del Frente por una Ley de Patrimonio.
“Lo que hemos puesto sobre la mesa es que esta es una ley que no se puede hacer sin las comunidades, sin los trabajadores. Entonces, esta encuesta viene a ser más de lo mismo. Lo que lo que corresponde ahora es bajar el debate. Siempre hemos planteado la urgente necesidad de una nueva ley del patrimonio, pero hoy el proyecto debe bajar el ritmo, porque para que avance necesitamos espacios reales de participación que no se pueden desarrollar en este contexto”, advierte el dirigente.
“Se necesita una consulta indígena que, bien realizada, puede durar por lo menos un año. Se necesitan canales de diálogo con la sociedad civil. Incluso, ahora se podría empezar a trabajar en estas condiciones”, agrega.
En la imagen, el Frente por una ley de Patrimonio.
La discusión sobre la Ley del Patrimonio es un tema que, pese a su necesidad, apenas comienza. Por lo mismo, hay quienes señalan que, pese a las expectativas del Gobierno, éste será un debate que será heredado a la próxima administración. Las incertidumbres son muchas como para poder vislumbrar una nueva normativa en un corto plazo por lo que el patrimonio, pese a su conmemoración, continuará a la deriva.
En junio de 2019, el Ejecutivo puso en discusión uno de los proyecto que figuraba como uno de los puntos prioritarios de la agenda cultural: la modificación a la ley de Monumentos Nacionales que se originó en 1925 ycuya última actualización fue realizada en 1970.
Con suma urgencia y con un contenido que expandía la idea patrimonial respecto de la legislación vigente, abarcando temas como la dimensión inmaterial y la memoria, la normativa se instalaba en el Congreso como un tema apremiante: el debate no debía pasar de este Gobierno.
Sin embargo, la discusión se fue dilatando con el transcurso de las sesiones, lo que llevó a las autoridades a retroceder, quitando la urgencia establecida en un primer momento y pasando a una fase en la que surgieron observaciones que hablaban de un proyecto elaborado “de espaldas a la ciudadanía”.
Más tarde se sumaron cuestionamientos que indicaban que la iniciativa que no se hacía cargo, completamente, de la dimensión inmaterial y que incluso el proceso había eludido uno de los puntos claves del Convenio 169 de la OIT, es decir, la participación de los pueblos indígenas en la construcción del proyecto.
De esa manera, el debate llegó a enero de 2020 sin mayores avances. Luego, con la crisis sanitaria la discusión quedó en suspenso, transformándose en un tema secundario e instalando nuevas dudas respecto de cómo debería retomarse el proceso.
En la imagen, el Presidente Sebastián Piñera firma junto a la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural.
“Ha sido una discusión fuerte. Los principales puntos críticos que esperamos resolver son la composición del Consejo Nacional, Regional, la consulta indígena, el fortalecimiento del resguardo del patrimonio cultural inmaterial y las sanciones patrimoniales, entre otros. Han surgido varios inconvenientes desde el principio de la discusión del proyecto”, explica Amaro Labra, presidente de la comisión de cultura de la Cámara de Diputados.
“La queja siempre ha sido que la participación es poca o casi nula y eso es lo que hemos ido recogiendo. (…) Además, la consulta indígena es algo que tenemos que resolver, pero con la pandemia se vuelve mucho más complicado, porque no hay cómo físicamente consultarle a las comunidades”, comenta el parlamentario, indicando que previo a la crisis sanitaria, se dio la posibilidad de generar un acuerdo sobre una eventual modificación del proyecto. Aún así, sostiene que los esfuerzos quedaron congelados frente a la contingencia.
Los ejes del proyecto
En el proyecto elaborado por el Ejecutivo propone un cambio de paradigma respecto de la actual normativa. En ese sentido, establece nuevas categorías de protección, entre ellas, el patrimonio mueble, inmueble, inmaterial, paisajes, monumentos públicos, sitios de memoria y memoriales, y zonas de interés cultural. En esta última figuran “poblaciones, barrios, centros históricos, sectores antiguos o modernos, conjuntos urbanos o rurales, así como también los lugares donde existieren materiales arqueológicos y/o paleontológicos”.
Asimismo, modifica la orgánica del Consejo de Monumentos Nacionales creando dos nuevas divisiones: el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural y el Consejo Regional del Patrimonio Cultural que, a su vez, contarían con secretarías técnicas.
“Una de las cosas que uno podría advertir como positiva es que ha cambiado la forma de concebir las cosas. Lo primero es transformar una ley muy decimonónica, centrada en lo monumental y en lo físico, en una idea de patrimonio basada en las dinámicas culturales. En ese sentido, una de las críticas importantes es el nivel de participación que involucra una normativa patrimonial sobre todo pensando en la diversidad de conciencias respecto de lo que es lo patrimonial y qué es lo valioso en términos culturales”, dice Mauricio Uribe, académico del departamento de Antropología de la Universidad de Chile.
“Por supuesto los pueblos indígenas se sienten bastante vinculados a estos problemas, entonces, ahí hay un punto que no es fácil de resolver, aún cuando uno tenga las mejores intenciones. Lo patrimonial también convoca a una heterogeneidad muy grande”, añade el también integrante del Consejo de Monumentos Nacionales.
Para el antropólogo es importante que esta discusión no quede archivada, sino que vuelva a retomarse una vez superada la crisis: “Ojalá sea llevada adelante, tratando de incorporar el máximo posible de opiniones, intereses, reflexiones y debates. Esta ley es muy necesaria y tiene un efecto enorme en la población, en proceso de desarrollo económicos y culturales, en relación a las poblaciones indígenas, los cultores. Tiene un efecto real en la vida del país. No podemos seguir dependiendo de una ley creada en 1925”.
“Bajar el debate”
A mediados de mayo, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció que presentará una indicación sustitutiva con el fin de reemplazar el proyecto de ley original. Del mismo modo, lanzó una encuesta para recoger las observaciones ciudadanas respecto de la iniciativa.
Sin embargo, para quienes han visto de cerca el proceso, la medida no puede ser sino una señal de “improvisación”: “Es un simulacro de participación”, comenta Óscar Peñafiel, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Anatrap) e integrante del Frente por una Ley de Patrimonio.
“Lo que hemos puesto sobre la mesa es que esta es una ley que no se puede hacer sin las comunidades, sin los trabajadores. Entonces, esta encuesta viene a ser más de lo mismo. Lo que lo que corresponde ahora es bajar el debate. Siempre hemos planteado la urgente necesidad de una nueva ley del patrimonio, pero hoy el proyecto debe bajar el ritmo, porque para que avance necesitamos espacios reales de participación que no se pueden desarrollar en este contexto”, advierte el dirigente.
“Se necesita una consulta indígena que, bien realizada, puede durar por lo menos un año. Se necesitan canales de diálogo con la sociedad civil. Incluso, ahora se podría empezar a trabajar en estas condiciones”, agrega.
En la imagen, el Frente por una ley de Patrimonio.
La discusión sobre la Ley del Patrimonio es un tema que, pese a su necesidad, apenas comienza. Por lo mismo, hay quienes señalan que, pese a las expectativas del Gobierno, éste será un debate que será heredado a la próxima administración. Las incertidumbres son muchas como para poder vislumbrar una nueva normativa en un corto plazo por lo que el patrimonio, pese a su conmemoración, continuará a la deriva.
En junio de 2019, el Ejecutivo puso en discusión uno de los proyecto que figuraba como uno de los puntos prioritarios de la agenda cultural: la modificación a la ley de Monumentos Nacionales que se originó en 1925 ycuya última actualización fue realizada en 1970.
Con suma urgencia y con un contenido que expandía la idea patrimonial respecto de la legislación vigente, abarcando temas como la dimensión inmaterial y la memoria, la normativa se instalaba en el Congreso como un tema apremiante: el debate no debía pasar de este Gobierno.
Sin embargo, la discusión se fue dilatando con el transcurso de las sesiones, lo que llevó a las autoridades a retroceder, quitando la urgencia establecida en un primer momento y pasando a una fase en la que surgieron observaciones que hablaban de un proyecto elaborado “de espaldas a la ciudadanía”.
Más tarde se sumaron cuestionamientos que indicaban que la iniciativa que no se hacía cargo, completamente, de la dimensión inmaterial y que incluso el proceso había eludido uno de los puntos claves del Convenio 169 de la OIT, es decir, la participación de los pueblos indígenas en la construcción del proyecto.
De esa manera, el debate llegó a enero de 2020 sin mayores avances. Luego, con la crisis sanitaria la discusión quedó en suspenso, transformándose en un tema secundario e instalando nuevas dudas respecto de cómo debería retomarse el proceso.
En la imagen, el Presidente Sebastián Piñera firma junto a la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural.
“Ha sido una discusión fuerte. Los principales puntos críticos que esperamos resolver son la composición del Consejo Nacional, Regional, la consulta indígena, el fortalecimiento del resguardo del patrimonio cultural inmaterial y las sanciones patrimoniales, entre otros. Han surgido varios inconvenientes desde el principio de la discusión del proyecto”, explica Amaro Labra, presidente de la comisión de cultura de la Cámara de Diputados.
“La queja siempre ha sido que la participación es poca o casi nula y eso es lo que hemos ido recogiendo. (…) Además, la consulta indígena es algo que tenemos que resolver, pero con la pandemia se vuelve mucho más complicado, porque no hay cómo físicamente consultarle a las comunidades”, comenta el parlamentario, indicando que previo a la crisis sanitaria, se dio la posibilidad de generar un acuerdo sobre una eventual modificación del proyecto. Aún así, sostiene que los esfuerzos quedaron congelados frente a la contingencia.
Los ejes del proyecto
En el proyecto elaborado por el Ejecutivo propone un cambio de paradigma respecto de la actual normativa. En ese sentido, establece nuevas categorías de protección, entre ellas, el patrimonio mueble, inmueble, inmaterial, paisajes, monumentos públicos, sitios de memoria y memoriales, y zonas de interés cultural. En esta última figuran “poblaciones, barrios, centros históricos, sectores antiguos o modernos, conjuntos urbanos o rurales, así como también los lugares donde existieren materiales arqueológicos y/o paleontológicos”.
Asimismo, modifica la orgánica del Consejo de Monumentos Nacionales creando dos nuevas divisiones: el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural y el Consejo Regional del Patrimonio Cultural que, a su vez, contarían con secretarías técnicas.
“Una de las cosas que uno podría advertir como positiva es que ha cambiado la forma de concebir las cosas. Lo primero es transformar una ley muy decimonónica, centrada en lo monumental y en lo físico, en una idea de patrimonio basada en las dinámicas culturales. En ese sentido, una de las críticas importantes es el nivel de participación que involucra una normativa patrimonial sobre todo pensando en la diversidad de conciencias respecto de lo que es lo patrimonial y qué es lo valioso en términos culturales”, dice Mauricio Uribe, académico del departamento de Antropología de la Universidad de Chile.
“Por supuesto los pueblos indígenas se sienten bastante vinculados a estos problemas, entonces, ahí hay un punto que no es fácil de resolver, aún cuando uno tenga las mejores intenciones. Lo patrimonial también convoca a una heterogeneidad muy grande”, añade el también integrante del Consejo de Monumentos Nacionales.
Para el antropólogo es importante que esta discusión no quede archivada, sino que vuelva a retomarse una vez superada la crisis: “Ojalá sea llevada adelante, tratando de incorporar el máximo posible de opiniones, intereses, reflexiones y debates. Esta ley es muy necesaria y tiene un efecto enorme en la población, en proceso de desarrollo económicos y culturales, en relación a las poblaciones indígenas, los cultores. Tiene un efecto real en la vida del país. No podemos seguir dependiendo de una ley creada en 1925”.
“Bajar el debate”
A mediados de mayo, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció que presentará una indicación sustitutiva con el fin de reemplazar el proyecto de ley original. Del mismo modo, lanzó una encuesta para recoger las observaciones ciudadanas respecto de la iniciativa.
Sin embargo, para quienes han visto de cerca el proceso, la medida no puede ser sino una señal de “improvisación”: “Es un simulacro de participación”, comenta Óscar Peñafiel, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Anatrap) e integrante del Frente por una Ley de Patrimonio.
“Lo que hemos puesto sobre la mesa es que esta es una ley que no se puede hacer sin las comunidades, sin los trabajadores. Entonces, esta encuesta viene a ser más de lo mismo. Lo que lo que corresponde ahora es bajar el debate. Siempre hemos planteado la urgente necesidad de una nueva ley del patrimonio, pero hoy el proyecto debe bajar el ritmo, porque para que avance necesitamos espacios reales de participación que no se pueden desarrollar en este contexto”, advierte el dirigente.
“Se necesita una consulta indígena que, bien realizada, puede durar por lo menos un año. Se necesitan canales de diálogo con la sociedad civil. Incluso, ahora se podría empezar a trabajar en estas condiciones”, agrega.
En la imagen, el Frente por una ley de Patrimonio.
La discusión sobre la Ley del Patrimonio es un tema que, pese a su necesidad, apenas comienza. Por lo mismo, hay quienes señalan que, pese a las expectativas del Gobierno, éste será un debate que será heredado a la próxima administración. Las incertidumbres son muchas como para poder vislumbrar una nueva normativa en un corto plazo por lo que el patrimonio, pese a su conmemoración, continuará a la deriva.
