Es obvio que entre los sectores más afectados a nivel mundial por la pandemia está el de transporte de pasajeros y, más en particular, el de las aerolíneas. Compañías que hasta hace tres meses trabajaban bullantes, al límite de sus capacidades y con ganancias millonarias, se han visto de pronto reducidas al mínimo de sus operaciones y, por lo tanto, están enfrentando una situación financiera delicada. Lufthansa, Virgin, Alitalia, Copa, Avianca y ahora Latam, han abierto el debate sobre cuál debe ser el rol de los Estados respecto a ellas, en una situación como ésta.

En el caso de Copa en Panamá y Avianca en Colombia, se abierto un interesante debate que ahora también se produce en Chile respecto a Latam, respecto a cuán nacionales son estas compañías y cuánto han contribuido a sus supuestos países. En este último caso, y según información de la Superintendencia de Valores y Seguros, el 20 por ciento le pertenece a Delta Airlines, el 10 por ciento a Qatar Airlines, el 3,89 a J.P. Morgan, el 2,76 al Banco Itaú y el 2,57 al Banco Santander. Es decir, casi el 40 por ciento pertenece a capitales extranjeros, junto a capitales nacionales que mayoritariamente pertenecen al Grupo Cueto y, en menor medida, al Grupo Luksic a través del Banco de Chile. Esta estructura de propiedad hace al menos válida la pregunta de qué se entiende por “chileno”.

Adicionalmente, todas las compañías latinoamericanas mencionadas en esta columna -Copa, Avianca y Latam- han recibido críticas por los precios, la calidad de los servicios, la sobreventa de pasajes, el mal funcionamiento del servicio de reclamos y otras consideraciones. A esto se deben sumar las ganancias: en el caso de Latam, tuvo resultados positivos por cuatro años consecutivos y en 2019 llegó a ganancias por 190 millones de dólares. Es razonable entonces también la pregunta sobre cuál es la espalda real que la compañía tiene para enfrentar esta situación y, por lo tanto, qué tan pertinente es la concurrencia del Estado chileno.

Para estos efectos se debe considerar, a propósito de la supuesta responsabilidad social de Latam, que la compañía ya recurrió al despido masivo de 2 mil trabajadores, de los cuales 1.400 eran puestos laborales en Chile. Según reclama el sindicato de la compañía, con menos de 1 millón de dólares podría asegurarse el sueldo de los funcionarios desvinculados, en contraste con los $1.100 millones de dólares que Latam procura conseguir, de los cuales parte importante debería venir desde el Estado y para pagar a los proveedores. Partiendo del supuesto de que es de interés de la autoridad la protección del empleo, una condición mínima para abrir siquiera el debate sería la exigencia de la reincorporación de los despedidos, el pago retroactivo de los sueldos y el compromiso de que no haya desvinculaciones.

El ministro Briones ha reconocido como un asunto de la pertinencia de su cartera la situación de Latam. Afirma que de las grandes empresas que operan en Chile, es la única que se encuentra en una situación como ésta. Que, por lo tanto, es legítimo el debate respecto a qué debe hacer el Estado con la compañía y que aquello se debe dar de manera transparente. Pues bien, cuando el Estado concurre con sus recursos uno debería exigir que en el más conservador de los escenarios, ellos contribuyan a un objetivo de bien público. En Europa no se pierden: entienden que cuando el Estado “salva” a una empresa es una obviedad que el monto del apoyo debe expresarse en el porcentaje correspondiente de la propiedad. Por eso, en el caso de Alemania y con un gobierno de derecha, el apoyo a Lufthansa está vinculado con que el Estado recibirá el 20 por ciento de la propiedad de la compañía. Algo equivalente ocurre en Italia con Alitalia.

Sólo una consideración de tipo ideológica, del todo legítima pero que habría que transparentar, podría oponerse a que el Estado reciba porcentajes de la propiedad de las empresas que apoya. Ya sabemos que durante décadas hemos asistido a un intento, que incluso se expresa en una circunstancia dramática como la pandemia, de que el Estado intervenga lo menos posible en la sociedad. Pero, claro, así como es legítimo, tal consideración debería ser consistente: no se puede arrinconar al Estado en época de vacas gordas e ir rogarle cuando viene la de las vacas flacas. Algo parecido ocurrió en la década del 80, cuando los mismos ideólogos que desmantelaron el Estado procuraron luego que éste salvara a la Banca, mientras el pueblo vivía circunstancias angustiosas.