Saludable-Mente es la iniciativa del Gobierno planteada como respuesta a las necesidades de la población respecto del cuidado de la salud mental en medio de la pandemia, y que ha sido valorada como un acierto desde distintas voces del mundo político y académico.

Esta opinión es compartida también por el Colegio de Psicólogos de Chile, incluso pese a no haber sido considerados en la mesa de trabajo que compone la iniciativa. No obstante, hay algunas dudas respecto del impacto que podría tener dicho programa, principalmente porque el problema de la salud mental no venía manejándose bien desde hace ya varios años.

Así lo manifestó, por ejemplo, el presidente del Colegio de Psicólogos, Pedro Acuña, quien en conversación con nuestro medio otorgó un balance de las políticas públicas en el ámbito de la salud mental, así como del bajo respaldo económico con el que cuentan.

“Las políticas de salud mental tienen una parte técnica que debiera estar presente siempre, pero también hay aspectos de orden gremial que deben ser considerados. Hablamos de las condiciones laborales de los psicólogos en la red de salud, de fortalecer esa misma red y de políticas de salud en temas de presupuesto que, desde hace 30 años, del total que se le entrega a salud -que es el 20 por ciento del PIB- a salud mental le llega el 1,9 por ciento”, señaló.

El bajo nivel presupuestario, para Acuña, repercute directamente en las condiciones laborales de las y los psicólogos del país, pero, además, en medio de la pandemia, ha complejizado la forma en la cual pueden atender de forma digna a sus pacientes.

“La mayoría de los psicólogos se encuentran en condiciones precarias de trabajo, con contratos a honorarios, sin estabilidad laboral requerida. Los psicólogos de los centros de salud de la familia y otros están en condiciones en las cuales pueden asistir a un paciente por un período de 30 minutos, siendo que la intervención psicológica que se recomienda es de 45 minutos de atenciones semanales. Aquí la siguiente hora de atención la van a obtener hasta dos o tres meses después”, indicó.

Sin embargo, pese a este tipo de condiciones laborales, Acuña fue enfático en recalcar que el personal que trabaja con la salud mental es hoy parte de la llamada primera línea, y que muchos de ellos han sido gestores de iniciativas de forma voluntaria, que deberían complementar a las políticas públicas.

“Psicólogos y psicólogas se organizan de forma voluntaria para enfrentar esta situación. Tenemos a lo menos un registro sobre 25 iniciativas de psicólogos y psicólogas que están abriendo teléfonos y recibiendo estas solicitudes de los pacientes, del público en general de forma gratuita, pero en una emergencia como la que estamos viviendo, y normalmente así lo ratifican los documentos científicos, tiene un espacio de 72 horas para eso”, subrayó.

Asimismo, el presidente del Colegio de Psicólogos advirtió del escenario de resquebrajamiento de la salud mental al que se enfrentará el país posterior a la pandemia, lo cual requiere del fortalecimiento de medidas o la sostenibilidad de las ya existentes.

“Lo necesario es reforzar la salud primaria, mayor contratación de psicólogos y horas de psicología disponibles sostenidas en el tiempo. Vale decir, un tratamiento para una persona no puede ser inferior a tres meses, y tienen que estar asegurados todos los recursos necesarios para ofrecer eso. En términos técnicos, después de cualquier evento disruptivo estimamos que los problemas de estrés postraumático podrían estar presentes en un 25 por ciento de la población, significa triplicar o cuadruplicar la oferta que en este momento la salud pública tiene en el país”, enfatizó.

Finalmente, Acuña recordó que hoy las y los psicólogos que atienden en los Cesfam alcanzan a una dotación de más o menos tres mil personas, cifra que podría aumentar posterior a la pandemia, dado que, según aseguro, la población más vulnerable al estrés mental ampliará sus márgenes. Esto. generado directamente por el aumento de los niveles de pobreza en el país.