Empezamos esta editorial lamentando el asesinato de Alejandro Treuquil, y reiterando nuestro llamado a que se investigue debidamente los hechos y se lleve a la justicia a los responsables.

Lamentablemente la violencia policial sigue siendo un tema de preocupación. Hemos recibido información de hechos que constituirían uso excesivo de la fuerza en distintos lugares de Chile. Solo un ejemplo es la represión brutal de una protesta de pescadores en caleta Queule, en que hubo manifestantes heridos por múltiples perdigones y disparos de bombas lacrimógenas directo al cuerpo, actuar policial que ha sido cuestionado desde hace años, y que se mostró como un patrón de conducta durante el estallido social.

También hemos estado dando seguimiento al plan de retorno de personas migrantes que están en Chile y buscan regresar a sus países. Se había anunciado un plan específico para personas colombianas, y hemos estado recibiendo información de que para incorporarse a este plan de retorno, se les obligaría a firmar un documento en el cual, entre otras cosas, aceptarían una prohibición de ingreso a Chile por 9 años más, tal como se hizo en su momento con los planes de retorno para personas haitianas. Esta semana algunos medios de prensa confirmaron esta información. De ser cierto, el gobierno se estaría aprovechando de una situación de enorme vulnerabilidad de estas personas, que difícilmente tendrán opción más que aceptar una condición abusiva y discriminatoria. Esperamos que esta información se aclare y corrija.

Continuamos monitoreando la situación de los presos mapuche que se encuentran en huelga de hambre, el machi Celestino Córdova en la cárcel de Temuco, y Sergio Levinao, Juan Calbucoy, Victor Llanquileo, Juan Queipul, Sinecio Huenchullán, Freddy Marileo, Danilo Nahuelpi, Reinaldo Penchulef y Antu Llanca en la cárcel de Angol. Hemos recibido información de que gendarmería estaría dificultando que estas personas puedan tener un chequeo médico por una persona de su confianza, así como negando la posibilidad de recibir visitas, por ejemplo, de sus autoridades tradicionales. Entendiendo las necesidades de cuidar el ingreso de terceros a los penales debido a la pandemia, ello no puede ser excusa para que, en la práctica, no sea posible acceder a conocer de manera independiente las condiciones en que estas personas se encuentran.

Finalmente, junio es el mes del orgullo, y la comunidad LGBTIQ+, que ha sido particularmente impactada por la pandemia, ha tenido recientemente noticias muy malas y muy buenas a nivel judicial. La mala es la sentencia del Tribunal Constitucional negando, con argumentos extremadamente débiles e incluso discriminatorios, la posibilidad de inscribir en Chile un matrimonio celebrado en el extranjero entre dos mujeres. La buena fue el fallo que ordenó al Registro Civil inscribir a dos mujeres como madres de un pequeño, por primera vez, en un éxito judicial de Fundación Iguales. 

*La autora es directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.