Hoy viernes es el plazo establecido para cerrar el acuerdo nacional entre el Gobierno y la oposición en materia económica, con el que se busca sellar un plan para enfrentar la crisis provocada por la pandemia, en el corto y mediano plazo.

Justamente el enfoque que tenga el gasto fiscal es lo que hoy impide que dicho acuerdo se cierre. Si bien inicialmente las disputas estuvieron en el monto total, dado que el Gobierno se había dispuesto a ofrecer solo un gasto de 10 mil millones de dólares, ante la presión no solo de la oposición, sino también de economistas de diferentes sectores el Ejecutivo se abrió a que fueran 12 mil millones, y así el acuerdo estaría ya fijado en ese marco fiscal.

Sin embargo, ahora el problema – que debe idealmente resolverse hoy según los plazos – es el enfoque de estos recursos, dado que, según lo propuesto por el Ejecutivo, representado por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, la mayor parte del monto está centrada en la reactivación durante el 2021 e inicios de 2022, y no en la ayuda social urgente que pide la oposición para apoyar a las familias más vulnerables del país que se han visto fuertemente afectadas por la crisis, la que se vería reflejada en un aumento en el Ingreso Familiar de Emergencia.

Al respecto, el diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve, quien es miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, comentó que es necesario que el Gobierno mejore su disposición en ayudar a chilenos y chilenas.

Según manifestó en conversación con nuestro medio, desde su partido se han mantenido distantes a lo ofrecido por el Ejecutivo por dos razones; la primera que no se ha manifestado disposición a ofrecer una ayuda a las familias que supere la línea de la extrema pobreza, y segundo, que se ha utilizado la instancia de diálogo para resolver problemas a los dueños de las empresas.

El encargado de mediar el acuerdo entre el Gobierno y la oposición es el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

“Ese acuerdo tiene sentido si es que resuelve los problemas de los chilenos. La emergencia que viven los chilenos hoy día tiene un carácter sanitario pero también económico, por lo tanto este acuerdo requiere que el Gobierno se abra a realizar trasferencias económicas. Nosotros hemos planteado una renta básica para las familias por sobre la línea de la pobreza durante a lo menos tres meses y nos parece que son requisitos básicos para llegar a un acuerdo. Hasta ahora lamentablemente el Gobierno no ha accedido a las propuestas de la oposición en este ámbito y eso tal vez es la dificultad que presenta finalmente llegar a un acuerdo en los plazos y tiempos que han planteado”, comentó Monsalve.

En cuanto a la opinión sobre el tema de la reactivación, el diputado señaló que en ningún caso los problemas refieren a oponerse a este punto, sino más bien a hacer entender al Gobierno que esa no es la emergencia de hoy.

“Estamos de acuerdo en que haya medidas para la reactivación económica, también estamos de acuerdo en un pacto fiscal de 12 mil millones de dólares, pero la pregunta es ¿cuál es la emergencia? ¿es la reactivación económica? No, la reactivación económica va ser necesaria en 3, 4 o 5 meses más, la emergencia hoy día es la salud, la vida de las familias chilenas, y las familias chilenas no pueden quedarse en la casa porque no tienen los ingresos para alimentar a sus familias, y sin que resolvamos eso no va a disminuir la movilidad de las personas, y si no disminuye la movilidad de las personas la enfermedad se va seguir propagando”, explicó el miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Asimismo, agregó que justamente sin una mayor ayuda a las familias la posibilidad del acuerdo se dispersa: “Sin esa condición yo por lo menos, y puedo hablar en mi condición de miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, no voy a concurrir a un acuerdo porque el Gobierno ha colocado un gran interés, una gran preocupación por resolver los problemas de patrimonio de los dueños de las grandes empresas”.

Añadió que “si esa disposición ( ayudar a las familias) se manifiesta durante el transcurso del día por supuesto que vamos a concurrir a un acuerdo, pero no vamos a concurrir a un acuerdo que salve a las personas de grandes patrimonios y que abandone a los trabajadores chilenos que están sin ingresos y sin trabajo”.

Respecto del porqué el Ejecutivo no ha cedido en este punto, el diputado Monsalve comentó que la afirmación de hace un par de semanas dada por el ministro de Salud Jaime Mañalich ayudó a entender parte de lo sucede en el Gobierno.

“Cuando dijo yo no sabía, yo no conocía las condiciones tan extremas en las que vivían los chilenos en Santiago, yo creo que eso es lo que marca el carácter de este Gobierno: sus ministros no conocen la realidad en la que viven los chilenos, porque sus ministros crecieron, estudiaron, y vivieron en Vitacura, en Las Condes, no conocen la realidad, no han estado en asambleas de juntas de vecinos, no han estado en una asamblea de un sindicato, no conocen esa realidad de Chile. Conocen la realidad de las empresas y, por lo tanto, las decisiones del Gobierno están marcadas por un carácter empresarial que lamentablemente en una crisis de esta naturaleza no da el ancho para tomar las decisiones que el país requiere”, concluyó el diputado socialista.

El gasto es posible

En la mesa que guía este acuerdo han participado también diferentes economistas, una de ellas Claudia Sanhueza. La directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor calificó de lamentable que este acuerdo se postergue tanto dado la emergencia que afecta al país.

“Necesitamos urgente movimientos en este ámbito, creo que dado que la crisis sanitaria está muy mal, el país está muy mal, necesitamos tener movimientos de apoyo para que las familias puedan estar tranquilas se puedan cuidar”, expresó.

Por otra parte, la experta comentó que si bien el tema de la reactivación es importante puesto que al igual que lo que hoy pasa no se sabe cuál será su extensión, lo que se haga hoy es aún más esencial.

“El problema es que si nosotros nos gastamos harto ahora en este período,  si no cuidamos que las familias puedan realmente tener ingresos para poder enfrentar la cuarentena total, eso va encarecer muchísimo después. Lo más eficiente en términos de gastos es gastar más ahora, porque si no gastamos más va pasar que se va alargar este período y eso es aún más costoso”, dijo.
“En mi opinión hay que gastar lo necesario hoy día, lo que se necesite par poder mantener a las familias tranquilas al menos en el ámbito básico de alimentación y después de salir de la emergencia entonces empezar con los temas de reactivación”, añadió la economista.

Por otra parte, Claudia Sanhueza comentó que  hoy es financiable un apoyo mayor a los 75 mil pesos propuestos por el Gobierno en el Ingreso Familiar de Emergencia, el que según señaló podría llegar a los 100 mil por persona. “Aún en ese escenario esto es financiable. Las estimaciones que nosotros tenemos indican que costaría 450 millones de dólares al mes, lo que bastante poco respecto a los 12 mil millones, entonces en financiable ese apoyo”.

Consultada sobre el por qué a pesar de ser un gasto posible el Gobierno se ha opuesto a aumentar estas cifras, la directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor dijo que no hay motivos técnicos para negarse a eso, sino más bien a temores de ciertos sectores.

“Un tema de los gobiernos de derecha en general es que ven que el mayor gasto podría comprometer a las finanzas públicas de manera más permanente, este temor de que vaya a transformarse en un subsidio permanente y no transitorio, ese yo creo que es uno de los temores y, en ese sentido, uno no está diseñando esto para siempre, uno está diseñando para enfrentar una emergencia y es un gasto transitorio”, dijo.

“Otra cosa es si vamos a tener un renta básica universal, como hay propuestas que surgen en el mundo, esa es otra discusión y no tiene que confundirse. Por eso es importante asegurarnos de que lo que vamos a gastar hoy día sea transitorio”, añadió Sanhueza.

La economista señaló que esta aprensión es solucionable con el hecho de que todas las fuerzas políticas comprometan que esto responde a gastos transitorios, y que las discusiones permanentes quedarán para más adelante, para otros escenarios como el proceso constituyente y las futuras elecciones.