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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Que la crisis sanitaria no se transforme en hambre: el plan de la Cepal y la FAO

Debido a la pandemia del COVID-19, la población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones de personas en 2020. Ello constituye un alza significativa en los niveles de hambre causada por la dificultad para acceder a los alimentos, según señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Claudia Carvajal G.

  Martes 16 de junio 2020 18:52 hrs. 
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Según el informe elaborado por Cepal,  América Latina y el Caribe podría ver la mayor caída del PIB regional en un siglo con una contracción del  -5,3%, lo que traerá en 2020 un aumento de la pobreza extrema de 16 millones de personas con respecto al año anterior. El impacto sobre el hambre será también muy significativo, tomando en cuenta que en 2016-2018 ya había 53,7 millones de personas en inseguridad alimentaria severa en América Latina.

Los efectos de la crisis ya se pueden palpar: la vulnerabilidad de los trabajadores ha crecido y los precios internos de los alimentos van al alza, según el Índice de precios al consumidor IPC. Por el aumento del desempleo y la caída en los ingresos, millones de personas no logran adquirir suficientes alimentos, y muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y de menor calidad nutricional.

“La gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria”, manifestó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, quien explicó los ejes del plan que hoy presentaron en conjunto con la FAO.

“El plan se basa en tres objetivos centrales. El primero es cómo apoyar a los hogares, garantizando acceso a los alimentos, sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Segundo a productores y empresas para dar continuidad a la producción y, finalmente, a las cadenas, para asegurar un funcionamiento fluido”.

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El plan de las organizaciones internacionales implica la implementación de un decálogo de acciones que ponen especial acento en la agricultura familiar y en que los Gobiernos entreguen cuanto antes transferencias monetarias que sirven para paliar las necesidades alimenticias inmediatas.

  • Bono contra el hambre
  • Reforzar los programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes.
  • Apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil.
  • Apoyo financiero (crédito y subsidios productivos) para las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar.
  • Ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción y el transporte de alimentos y en los mercados mayoristas y minoristas.
  • Expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo.
  • Asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y pescadores artesanales.
  • Establecer mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario.
  • Impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones.
  • Continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos.

Tabla 2

Los representantes de ambas organizaciones internacionales señalaron lo fundamental de que las personas puedan acceder, cuánto antes, a ingresos para proveerse de alimentos básicos

Bono contra el hambre: apremiante y fundamental

“La gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria. Para ello proponemos complementar el Ingreso Básico de Emergencia (IBE) con la entrega de un Bono Contra el Hambre (BCH)”, indicó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

En América Latina podemos tener un retroceso histórico en la lucha contra el hambre. Podemos perder lo que hemos logrado en quince años en tan sólo un par de meses. Millones de personas pueden caer en el hambre. Esa es la gravedad del problema actual”, explicó el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.

Según el informe, el Bono Contra el Hambre podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema por un período de seis meses, equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional (47 dólares de 2010). Su costo equivaldría al 0,06% del PIB regional, si se entrega únicamente a la población en pobreza extrema mayor de 65 años, o al 0,45% del PIB si se da cobertura a toda la población en pobreza extrema. La CEPAL y la FAO recomiendan la segunda opción, lo que tendría un costo estimado de 23.500 millones de dólares.

En tanto, también se propone que , para  los productores del sistema alimentario, se incremente en al menos un 20% la cartera promedio de créditos de los últimos tres años. El costo de ello llegaría aproximadamente a los 5.500 millones de dólares, materializados en préstamos en condiciones favorables financiados por una línea especial de la banca multilateral y de las bancas de desarrollo. Adicionalmente, para las unidades agrícolas familiares más rezagadas, FAO y Cepal proponen la entrega de un kit básico de inversión (250 dólares) con un costo de 1.700 millones de dólares en la escala regional.

El representante regional de FAO para América Latina y el Caribe, Julio Berdegué también hizo un especial llamado de atención a la calidad de la alimentación de los sectores más vulnerables durante esta crisis.

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Julio Berdegué

“Hay vulnerabilidades generales que afectan a todos los países por igual en menor o mayor grado, pero hay que resaltar dos: no solo las personas dejan de poder comer, o de comer lo suficiente, sino que también se mueven a dietas más baratas y por lo tanto menos nutritivas, lo que genera consecuencias muy serias en una región como América Latina que ya es líder mundial en sobrepeso, obesidad y malnutrición por mala alimentación. Creemos que la situación se agravará, no solo es comer más, o sea, garantizar la alimentación, sino garantizar la calidad de la alimentación de las personas en extrema pobreza e inseguridad alimentaria”, expuso.

Los representantes de Cepal y Fao relevaron el que América Latina tenga tan elevado nivel de dependencia de las exportaciones agrícolas lo  puede ser un factor atenuante frente a la debilidad del comercio internacional en otros sectores de la economía y aumentar la resiliencia de la seguridad alimentaria.

En ese sentido, la secretaria ejecutiva de la Cepal reflexionó cómo esta crisis sanitaria debe llevar a los distintos Estados a replantearse la matriz alimentaria y la forma de producir.

“Para ello necesitamos realmente que los motores de la transformación alimentaria hay que abordarlos de cara a hacer más resilientes nuestros sistemas y que se respete un poco mejor el ámbito de soluciones basadas en la naturaleza, movernos más hacia la ecología, hacia una pesquería sostenible, pues son de los recursos más rentables y sostenibles que tenemos en el planeta. Eso es lo que planteamos, que esto se convierta en una verdadera oportunidad para reconstruir mejor con base en la agenda 2030, pero que nos haga capaces de producir endógenamente nuestros alimentos y no seamos tan dependientes del exterior”, manifestó Bárcena.

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Alicia Bárcena

Finalmente, los representantes de las agencias internacionales también entregaron sugerencias a los gobiernos, llamando al  fomento de sinergias entre los programas ministeriales y los proyectos de desarrollo que ejecutan ONG, empresas privadas y organismos internacionales en los territorios rurales, y la promoción conjunta de estrategias y programas de apoyo a la agricultura familiar, a las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) del sistema alimentario y al empleo rural no agrícola (incluido el vinculado al turismo) y, particularmente para que desarrollen estrategias comunicacionales que dé seguridad a la población acerca del acceso y la disponibilidad de alimentos

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