En medio de la crisis sanitaria que afecta a nuestro país por COVID-19, una de las medidas decididas durante los últimos días es el aumento de las penas a quienes infringen la cuarentena o medidas sanitarias, con el objetivo de evitar el desplazamiento innecesario de personas en diferentes zonas del país.

El proyecto quedó listo para ser ley este miércoles, luego de que la Cámara de Diputados lo aprobara, quedando fijadas penas de presidio menor en su grado mínimo a medio y multas que podrían alcanzar hasta las 200 UTM, cerca de 10 millones de pesos, para quienes vulneren la norma.

Desde la bancada de Renovación Nacional celebraron esta aprobación: “Esta es una iniciativa que nace de RN y que atacará a esos irresponsables que no se toman en serio esta amenaza y se sienten con el derecho de hacer una fiesta en toque de queda, a salir sin permisos ni razón, aumentando el contagio y las víctimas.”, dijo el jefe de bancada Sebastián Torrealba, autor de la iniciativa.

En tanto, desde la oposición se ha cuestionado que este sea el camino para enfrentar la situación que se vive en el país.

“En un contexto de abandono económico de las familias chilenas, de manipulación de las cifras de contagiados y de fallecidos, plantear como gran solución llenar las cárceles de infractores es un despropósito y es un camino insensato, significa traspasarle la responsabilidad del descontrol de la pandemia al ciudadano de a pie, en circunstancias que el Estado, como todos sabemos, es quien debe garantizar la no propagación a través de herramientas adecuadas”, señaló la diputada comunista Carmen Hertz.

Si bien la necesidad de que la cuarentena se haga efectiva es real, la iniciativa ha causado aprensiones dado que, en muchos casos, las medidas son infringidas por personas en condiciones de vulnerabilidad que se desplazan por razones de necesidad como, por ejemplo, es el caso de vendedores informales o ambulantes.

Así, eventualmente, la iniciativa podría terminar sancionando mayoritariamente a personas de estratos socioeconómicos más bajos, sin que el debate de fondo que alude a la ayuda que el Estado debe brindar a las familias para quedarse en casa, se vuelva el centro de la discusión. Además, para muchos un aumento de penas no significa mayor respeto a una legislación.

En entrevista con nuestro programa Radioanálisis, el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, Leonardo Basso, comentó que son varios los factores que influyen en la movilidad que mantienen, a pesar de las cuarentenas, actualmente los ciudadanos y ciudadanas, y que uno de estos responde a la vulnerabilidad o precariedad en la que se vive.

“Una forma de visualizar que hay factores diferentes que influyen tiene que ver con lo que uno observa geográficamente respecto de la adhesión a la cuarentena. Hay una baja de movilidad o de desplazamiento de cerca del 50 por ciento en el sector oriente, y uno puede preguntarse por qué no más, y uno podrá preguntarse si eso es precariedad o no. Hay otros sectores que tienen una baja de movilidad de solo 30 por ciento, muy relacionados con estratos socioeconómicos, incluso otros que tienen solo una baja de movilidad de 20 por ciento y esas son las comunas que están más periféricas”, dijo.

Leonardo Basso, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería.

“Evidentemente hay un tema relacionado con estrato socioeconómico y eso apunta a varias causas distintas, la primera que uno cree es por supuesto precariedad, se trataría de gente que no puede cumplir la cuarentena porque necesita salir a abastecerse, a generar ingresos primero y abastecerse al día siguiente. Las comunas periféricas por otro lado tienen muy pocos servicios, muy poco acceso a servicios, seguido a lo de octubre eso tiene que haberse reducido aún más. entonces no les queda más que desplazarse, en el sector oriente uno encuentra una farmacia cada cinco cuadras, en La Pintana no”, comentó.

De esta forma, si bien efectivamente hay personas que no han respetado las medidas de restricción por irresponsabilidad e incluso para continuar actividades que de esencial tienen muy poco, como es la realización de fiestas masivas, hay una gran parte que sigue saliendo por necesidad, y que podría verse afectada ante mayores sanciones que incluso incluyen cárcel.

Una visión en contra a mayores penas ha manifestado el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, quien votó en contra cuando se revisó en la Sala del Senado.

“Este proyecto va en la línea del populismo penal, que termina castigando con más fuerza y desigualdad a los sectores empobrecidos y excluidos de nuestra sociedad. Los más ricos pagan la multa, pero no pisan la cárcel. En este contexto de pandemia, donde las cárceles están sobrepobladas y se deben descomprimir, incluso sacar a las personas que están con prisión preventiva, porque son un foco de contagio, es un contrasentido la posibilidad de enviar a personas a privarlas de libertad”, señaló el legislador del Frente Amplio.

Respecto de este proyecto, la socióloga y doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Lucía Dammert, comentó a nuestro medio que se está “poniendo el foco en el lugar equivocado”, dado que si se hubiera entregado ayuda social a tiempo probablemente hoy la situación sería otra.

“Me parece que si algunos creen que la pandemia ha aumentado y el descontrol respecto a los datos y en los contagios tienen que ver con el accionar ciudadano, y ese accionar es un accionar delictual, están equivocados. Creo que efectivamente hay gente que transgrede las leyes y para lo cual se pueden buscar mecanismos como los que hay de mayor vigilancia, mayor fiscalización pero también hay que hacerse cargo que hay mucha gente que está en la calle vendiendo cosas, trabajando en el mercado informal o directamente buscando espacios laborales porque tiene problemas de subsistencia, entonces creo que efectivamente necesitamos hacer la cuarentena más efectiva, necesitamos que la cuarentena sea completa pero no me parece que eso se resuelva vía el sistema de justicia criminal”.

Lucía Dammert, socióloga y doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden.

Además, la experta en seguridad comentó que, desde el regreso a la democracia, el mundo político ha tomado la costumbre de querer zanjar problemas sociales mediante la judicialización.

“Al mundo de la política le resulta bastante más sencillo resolver los problemas de seguridad con más cárceles, más leyes, más castigos porque siente que así le responden a la ciudadanía y en este caso esto es algo que ha sucedido en otros países también, por ende no termina de sorprender porque es algo que ante la crisis los gobiernos están respondiendo de forma similar”, explicó.

El riesgo de criminalizar la ayuda social

Una actividad que se ha vuelto de gran importancia durante esta crisis, y que hoy se mantiene en la ilegalidad dado que no existen permisos para movilizarse a ello, es la realización de ollas comunes. Ante el problema del hambre y la pobreza en diversos lugares del país, esta ha sido una alternativa para mitigar en algo la situación basándose en un trabajo colaborativo de los mismos vecinos y vecinas que ha reemplazado una ayuda que hasta ahora el gobierno no ha podido concretar al 100 por ciento.

Ante nuevas y mayores fiscalizaciones que tendrán como consecuencia también mayores penas, esta actividad podría verse afectada, dejando como sujetos de multas o cárcel a personas que decidieron desplazarse ya sea por ayudar, o por el simple hecho de buscar comida.

Al respecto, María Paz Rodríguez, parte del equipo directivo de Fundación Vértice, desde donde han levantado un mapa interactivo de campañas solidarias y ollas comunes, comentó que, al evaluar la existencia de estas iniciativas, lo primero que se debe hacer es reflexionar en torno a las razones de su reaparición.

“Es porque las políticas no dan abasto para la población que se tienen que empezar a desarrollar este tipo de cosas, y dada la situación en la que estamos ahora todas estas se desarrollan de manera ilegal porque no hay ningún salvoconducto ni nada, ningún tipo de permiso que uno pueda sacar para ir a dejar cosas a los lugares o para poder desarrollarlas y que la gente llegue a buscar cosas, eso está prácticamente prohibido desde hace meses”, comentó.

Respecto del aumento de las penas y las repercusiones que esto podría tener en las ayudas sociales que se dan en las comunidades producto de la crisis, Rodríguez lo calificó de contraproducente y lamentó que solo se penalice y no se complemente de la forma adecuada con otras medidas.

“Es algo que va ser sancionado, derechamente si se quisiera es super fácil ir a algunos lugares donde se desarrollan estas ollas comunes, la información incluso está mapeada, es información pública que corre por las redes sociales entonces es grave lo que se está haciendo porque no es una medida de la que el Gobierno se hará cargo poniendo otra propuesta para palear este tipo de necesidades que tiene la gente, se hace una ley que prohíbe pero no se hace un complemento que apoye estas campañas”, dijo.

“Como ciudadanos se nos atribuyen responsabilidades, hemos visto las campañas del gobierno que responsabilizan profundamente a la gente y su actuar como los que generan el aumento de contagiados, como si en gran medida fuera la población la que no está entendiendo el problema, y ese no es el tema, yo no tengo un dato estadístico pero me da la sensación de que la mayoría de la gente no sale porque quiere, sale porque tiene que salir”, concluyó.