Batalla por la probidad en Redes Asistenciales: Zúñiga desvincula funcionarios y pide a Fiscalía investigar irregularidades
Diario y Radio Universidad de Chile accedió a la denuncia criminal con la que el subsecretario da cuenta al Ministerio Público de un evidente conflicto de interés en el proceso de adquisición de una residencia sanitaria y por la cual tres altos funcionarios ya han perdido sus cargos. "No voy a permitir que actos que infrinjan la ley dificulten nuestro trabajo", advirtió Zúñiga a nuestro medio.
Tomás González F.
Viernes 19 de junio 2020 19:23 hrs.
Santiago, 25 de Mayo 2020
El Secretario de redes asistenciales, Arturo Zuniga, llega hasta el Palacio de La Moneda para participar en una nueva reunion del Comite de Emergencia por coronavirus.
Dragomir Yankovic/Aton Chile
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La recién pasada fue una semana cargada de cuestionamientos y tensiones al interior de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. En los últimos días el programa de residencias sanitarias, una de las iniciativas estrella del Ministerio de Salud en su estrategia de contención de la pandemia del COVID-19, se han visto en entredicho por una serie de antecedentes que han dado cuenta de dudosos procedimientos para la contratación de estos servicios y que apuntan a graves irregularidades dentro de la división encabezada por Arturo Zúñiga.
Fue una publicación del medio Interferencia la que llevó el tema a la opinión pública. En ésta, denunciaban los vínculos entre el jefe de la División de Atención Primaria del Minsal (Divap) y la empresa Hotel Clínico SpA, una de las tres contratadas directamente por Redes Asistenciales para el servicio de residencias sanitarias. Aquel lunes 15 de junio, consultado por la prensa en el reporte diario, el subsecretario Zúñiga admitió que el pasado 29 de mayo, siete días después de haber aprobado la contratación por $205 millones y cuatro después de haber despachado la orden de compra, él mismo instruyó un sumario “para poder aclararlo con la verdad”.
Sin más antecedentes que una coincidencia entre la dirección de la empresa y la de una funcionaria del Ministerio de Salud, de la que se percató el Comité de Compras que ambas subsecretarías del Minsal conformaron para estos efecto, se inició la investigación interna. Dos semanas después, el viernes 12 de junio, el fiscal asignado reculó y manifestó su inhabilidad para llevar a cabo la indagatoria. Ese mismo día, Zúñiga asignó un nuevo fiscal. Pero pronto el sumario interno perdería protagonismo.
Junto a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se han mantenido a la cabeza del Ministerio de Salud pese al cambio de ministro. Foto: Ministerio de Salud.
Y es que los antecedentes que se dieron a conocer el 15 de junio con la publicación de Interferencia eran, hasta ese entonces, desconocidos por Zúñiga. Tanto así, que fuentes cercanas al subsecretario aseguran que fue por esa razón que no se tomaron medidas más drásticas desde un inicio. Prueba de eso, dicen desde Redes Asistenciales, es que ese mismo día lunes Arturo Zúñiga presentó una denuncia criminal ante el fiscal Metropolitano Centro Norte, dando cuenta de los hechos revelados por los medios de comunicación y que involucraban a sus subalternos en posibles delitos de negociación incompatible.
Pero hasta ese momento, según Zúñiga, no había caído en cuenta de otros antecedentes, los que fueron agregados a la denuncia original en una ampliación presentada al día siguiente. En ésta, el subsecretario señala que Orlando Durán Ponce, en el desempeño de su labor como jefe de la DIVAP, intervino en la suscripción de varios contratos que serían utilizados como residencias sanitarias, y que en este contexto intervino como contraparte técnica en el contrato suscrito por la Subsecretaría de Redes Asistenciales con la sociedad Hotel Clínico SpA, cuyas direcciones y teléfonos de contacto coincidían con los del negocio hotelero de Durán Ponce.
En dicha operación intervino, como representante de Hotel Clínico SpA, Alexandra González Silva. Pero lo que Zúñiga supuestamente no sabía al momento de interponer la denuncia el 15 de junio, es que Alexandra González Silva, además de ser la representante de la empresa, se desempeña desde el 1 de abril de 2019 en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Así lo pudo comprobar este medio a través de Transparencia Activa, en donde ésta última figura como funcionaria del S.S. Metropolitano Occidente bajo la modalidad de contratación a honorarios, con un sueldo bruto que alcanza los $14.400.000 entre el período de enero y diciembre de 2020.
“Alexandra González jamás hizo presente dicha circunstancia, y dado el cargo que detenta en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, tiene un grado de vinculación con la sociedad interviniente que simplemente le impide gestionar de forma alguna cualquier contrato con el Estado, existiendo al efecto un manifiesto conflicto de interés, en términos análogos a lo referido en la denuncia primigenia”, sostiene Arturo Zúñiga en la denuncia criminal interpuesta ante el Ministerio Público. Según lo han confirmado diversas fuentes a nuestro medio, Alexandra González es, además, la actual pareja de Orlando Durán.
A través del fortalecimiento del programa de residencias sanitarias, el Gobierno ha intentado dar respuesta ante la pandemia en términos de aislamiento y prevención de los contagios. Foto: Presidencia.
Sumado a esto, el subsecretario de Redes Asistenciales adjuntó como un nuevo antecedente una cadena de correos electrónicos de la cual surgió un nuevo involucrado: Alexis Flores Ahumada. En estos mails, que también fueron dados a conocer por el medio Interferencia, Durán y Flores ejercen una presión evidente para obtener el pago por la residencia en cuestión, solicitando que se apliquen requisitos de verificación de entrega incluso menores a los que usualmente se utilizan para este tipo de operaciones.
“Después de leer… y siendo 10 de junio, PREGUNTO? CUANDO LE PAGAMOS A ESTA GENTE? Resulta impresentable, para el buen funcionamiento de las Residencias Sanitarias, que luego de 3 meses de operación sigamos dilatando, NO entregando información como corresponde o simplemente ignorando normas; para poder realizar el pago. Este tema, y cumplo con dejarlo por escrito, se ha transformado en una olla a presión que tarde o temprano puede golpear mediáticamente a la autoridad del Ministerio, al programa de Residencias Sanitarias y a todos en general. Un proyecto de impacto social para todos nuestros usuarios, está súper enredado por el no pago de los hoteles. Transmito mi molestia e inquietud ante esta situación”, dice el correo electrónico enviado por Alexis Flores, quien además de ser asesor de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en 2013 vio un dictamen de Contraloría en su contra por haber recibido más de 14 millones de pesos por trabajos que no se realizaron.
Todo esto, a juicio del subsecretario de Redes Asistenciales, da lugar al tipo penal de negociación incompatible, previsto y sancionado en el artículo 240 del Código Penal. De hecho, dicha norma establece penas de reclusión menor en sus grados medio a máximo; inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo; y multa de la mitad al tanto del valor del interés que hubiere tomado en el negocio. Todo esto para “el empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo”.
Para Arturo Zúñiga, la intervención de Alexandra González como representante de Hotel Clínico SpA estado vinculada directamente al S.S. Metropolitano Occidente, “sin siquiera haber representado dicha circunstancia”, constituye una hipótesis de negociación incompatible. “Asimismo, la presión vehemente de los señores Flores y Durán para el pago de dichas residencias en las circunstancias señaladas podría constituir el mismo ilícito tipificado en los párrafos anteriores”, agrega el subsecretario en la denuncia. Ante esto pide, además de tener por interpuesta la denuncia criminal, iniciar la investigación correspondiente y ordenar las diligencias que permitan dar con todos quienes resulten responsables de los delitos que denuncia. En ese contexto, solicitó que se ordene a la Policía de Investigaciones que tome las investigaciones.
Desde las Subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales han enfatizado en la estrategia de fortalecer y crear más residencias sanitarias con el fin de contener la propagación del COVID-19. Foto: Ministerio de Salud.
Desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte acusaron recibo y la denuncia se unió a la que presentaron los diputados de la bancada de la Democracia Cristiana el pasado martes. Con todo esto, se definió que la unidad de Alta Complejidad llevará las indagatorias, que serán lideradas por un fiscal que aún no se ha designado.
Dos funcionarios despedidos el lunes y un tercero al que el propio subsecretario le pidió la renuncia, además de la desvinculación de Alexandra González del S.S. Metropolitano Occidente, es el saldo que, hasta ahora, ha dejado en la Subsecretaría de Redes Asistenciales la contratación de Hotel Clínico SpA para la implementación de una residencia sanitaria. D’angelo Iasalvatore Silva y Orlando Durán Ponce fueron desvinculados de sus cargos el lunes 15 de junio y este miércoles el propio Zúñiga le pidió la renuncia a Alexis Flores Ahumada, quien la presentó al día siguiente. Pero ahora será el turno del Poder Judicial de indagar en las responsabilidades penales.
Consultado por Diario y Radio Universidad de Chile, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió a la acción que decidió emprender buscando, según él, asegurar los máximos estándares de transparencia dentro de su gestión. “Le he dicho a los funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a los de los Servicios de Salud y a todos quienes trabajan en los hospitales y consultorios que el Ministerio de Salud está comprometido en entregar todos los insumos, los recursos humanos y financieros que sean necesarios para responder a la ciudadanía en esta pandemia”, señaló Zúñiga a nuestro medio.
“Pero así mismo y con la misma fuerza, he dicho que el marco que nos otorga la alerta sanitaria y el compromiso del Gobierno no significan que deben alejarse del cuidado y buen uso de los recursos públicos. No voy a permitir que actos que infrinjan la ley, y la confianza que la ciudadanía ha puesto en nosotros, dificulten nuestro trabajo”, concluyó el subsecretario de Redes Asistenciales.
La recién pasada fue una semana cargada de cuestionamientos y tensiones al interior de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. En los últimos días el programa de residencias sanitarias, una de las iniciativas estrella del Ministerio de Salud en su estrategia de contención de la pandemia del COVID-19, se han visto en entredicho por una serie de antecedentes que han dado cuenta de dudosos procedimientos para la contratación de estos servicios y que apuntan a graves irregularidades dentro de la división encabezada por Arturo Zúñiga.
Fue una publicación del medio Interferencia la que llevó el tema a la opinión pública. En ésta, denunciaban los vínculos entre el jefe de la División de Atención Primaria del Minsal (Divap) y la empresa Hotel Clínico SpA, una de las tres contratadas directamente por Redes Asistenciales para el servicio de residencias sanitarias. Aquel lunes 15 de junio, consultado por la prensa en el reporte diario, el subsecretario Zúñiga admitió que el pasado 29 de mayo, siete días después de haber aprobado la contratación por $205 millones y cuatro después de haber despachado la orden de compra, él mismo instruyó un sumario “para poder aclararlo con la verdad”.
Sin más antecedentes que una coincidencia entre la dirección de la empresa y la de una funcionaria del Ministerio de Salud, de la que se percató el Comité de Compras que ambas subsecretarías del Minsal conformaron para estos efecto, se inició la investigación interna. Dos semanas después, el viernes 12 de junio, el fiscal asignado reculó y manifestó su inhabilidad para llevar a cabo la indagatoria. Ese mismo día, Zúñiga asignó un nuevo fiscal. Pero pronto el sumario interno perdería protagonismo.
Junto a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se han mantenido a la cabeza del Ministerio de Salud pese al cambio de ministro. Foto: Ministerio de Salud.
Y es que los antecedentes que se dieron a conocer el 15 de junio con la publicación de Interferencia eran, hasta ese entonces, desconocidos por Zúñiga. Tanto así, que fuentes cercanas al subsecretario aseguran que fue por esa razón que no se tomaron medidas más drásticas desde un inicio. Prueba de eso, dicen desde Redes Asistenciales, es que ese mismo día lunes Arturo Zúñiga presentó una denuncia criminal ante el fiscal Metropolitano Centro Norte, dando cuenta de los hechos revelados por los medios de comunicación y que involucraban a sus subalternos en posibles delitos de negociación incompatible.
Pero hasta ese momento, según Zúñiga, no había caído en cuenta de otros antecedentes, los que fueron agregados a la denuncia original en una ampliación presentada al día siguiente. En ésta, el subsecretario señala que Orlando Durán Ponce, en el desempeño de su labor como jefe de la DIVAP, intervino en la suscripción de varios contratos que serían utilizados como residencias sanitarias, y que en este contexto intervino como contraparte técnica en el contrato suscrito por la Subsecretaría de Redes Asistenciales con la sociedad Hotel Clínico SpA, cuyas direcciones y teléfonos de contacto coincidían con los del negocio hotelero de Durán Ponce.
En dicha operación intervino, como representante de Hotel Clínico SpA, Alexandra González Silva. Pero lo que Zúñiga supuestamente no sabía al momento de interponer la denuncia el 15 de junio, es que Alexandra González Silva, además de ser la representante de la empresa, se desempeña desde el 1 de abril de 2019 en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Así lo pudo comprobar este medio a través de Transparencia Activa, en donde ésta última figura como funcionaria del S.S. Metropolitano Occidente bajo la modalidad de contratación a honorarios, con un sueldo bruto que alcanza los $14.400.000 entre el período de enero y diciembre de 2020.
“Alexandra González jamás hizo presente dicha circunstancia, y dado el cargo que detenta en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, tiene un grado de vinculación con la sociedad interviniente que simplemente le impide gestionar de forma alguna cualquier contrato con el Estado, existiendo al efecto un manifiesto conflicto de interés, en términos análogos a lo referido en la denuncia primigenia”, sostiene Arturo Zúñiga en la denuncia criminal interpuesta ante el Ministerio Público. Según lo han confirmado diversas fuentes a nuestro medio, Alexandra González es, además, la actual pareja de Orlando Durán.
A través del fortalecimiento del programa de residencias sanitarias, el Gobierno ha intentado dar respuesta ante la pandemia en términos de aislamiento y prevención de los contagios. Foto: Presidencia.
Sumado a esto, el subsecretario de Redes Asistenciales adjuntó como un nuevo antecedente una cadena de correos electrónicos de la cual surgió un nuevo involucrado: Alexis Flores Ahumada. En estos mails, que también fueron dados a conocer por el medio Interferencia, Durán y Flores ejercen una presión evidente para obtener el pago por la residencia en cuestión, solicitando que se apliquen requisitos de verificación de entrega incluso menores a los que usualmente se utilizan para este tipo de operaciones.
“Después de leer… y siendo 10 de junio, PREGUNTO? CUANDO LE PAGAMOS A ESTA GENTE? Resulta impresentable, para el buen funcionamiento de las Residencias Sanitarias, que luego de 3 meses de operación sigamos dilatando, NO entregando información como corresponde o simplemente ignorando normas; para poder realizar el pago. Este tema, y cumplo con dejarlo por escrito, se ha transformado en una olla a presión que tarde o temprano puede golpear mediáticamente a la autoridad del Ministerio, al programa de Residencias Sanitarias y a todos en general. Un proyecto de impacto social para todos nuestros usuarios, está súper enredado por el no pago de los hoteles. Transmito mi molestia e inquietud ante esta situación”, dice el correo electrónico enviado por Alexis Flores, quien además de ser asesor de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en 2013 vio un dictamen de Contraloría en su contra por haber recibido más de 14 millones de pesos por trabajos que no se realizaron.
Todo esto, a juicio del subsecretario de Redes Asistenciales, da lugar al tipo penal de negociación incompatible, previsto y sancionado en el artículo 240 del Código Penal. De hecho, dicha norma establece penas de reclusión menor en sus grados medio a máximo; inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo; y multa de la mitad al tanto del valor del interés que hubiere tomado en el negocio. Todo esto para “el empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo”.
Para Arturo Zúñiga, la intervención de Alexandra González como representante de Hotel Clínico SpA estado vinculada directamente al S.S. Metropolitano Occidente, “sin siquiera haber representado dicha circunstancia”, constituye una hipótesis de negociación incompatible. “Asimismo, la presión vehemente de los señores Flores y Durán para el pago de dichas residencias en las circunstancias señaladas podría constituir el mismo ilícito tipificado en los párrafos anteriores”, agrega el subsecretario en la denuncia. Ante esto pide, además de tener por interpuesta la denuncia criminal, iniciar la investigación correspondiente y ordenar las diligencias que permitan dar con todos quienes resulten responsables de los delitos que denuncia. En ese contexto, solicitó que se ordene a la Policía de Investigaciones que tome las investigaciones.
Desde las Subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales han enfatizado en la estrategia de fortalecer y crear más residencias sanitarias con el fin de contener la propagación del COVID-19. Foto: Ministerio de Salud.
Desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte acusaron recibo y la denuncia se unió a la que presentaron los diputados de la bancada de la Democracia Cristiana el pasado martes. Con todo esto, se definió que la unidad de Alta Complejidad llevará las indagatorias, que serán lideradas por un fiscal que aún no se ha designado.
Dos funcionarios despedidos el lunes y un tercero al que el propio subsecretario le pidió la renuncia, además de la desvinculación de Alexandra González del S.S. Metropolitano Occidente, es el saldo que, hasta ahora, ha dejado en la Subsecretaría de Redes Asistenciales la contratación de Hotel Clínico SpA para la implementación de una residencia sanitaria. D’angelo Iasalvatore Silva y Orlando Durán Ponce fueron desvinculados de sus cargos el lunes 15 de junio y este miércoles el propio Zúñiga le pidió la renuncia a Alexis Flores Ahumada, quien la presentó al día siguiente. Pero ahora será el turno del Poder Judicial de indagar en las responsabilidades penales.
Consultado por Diario y Radio Universidad de Chile, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió a la acción que decidió emprender buscando, según él, asegurar los máximos estándares de transparencia dentro de su gestión. “Le he dicho a los funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a los de los Servicios de Salud y a todos quienes trabajan en los hospitales y consultorios que el Ministerio de Salud está comprometido en entregar todos los insumos, los recursos humanos y financieros que sean necesarios para responder a la ciudadanía en esta pandemia”, señaló Zúñiga a nuestro medio.
“Pero así mismo y con la misma fuerza, he dicho que el marco que nos otorga la alerta sanitaria y el compromiso del Gobierno no significan que deben alejarse del cuidado y buen uso de los recursos públicos. No voy a permitir que actos que infrinjan la ley, y la confianza que la ciudadanía ha puesto en nosotros, dificulten nuestro trabajo”, concluyó el subsecretario de Redes Asistenciales.
La recién pasada fue una semana cargada de cuestionamientos y tensiones al interior de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. En los últimos días el programa de residencias sanitarias, una de las iniciativas estrella del Ministerio de Salud en su estrategia de contención de la pandemia del COVID-19, se han visto en entredicho por una serie de antecedentes que han dado cuenta de dudosos procedimientos para la contratación de estos servicios y que apuntan a graves irregularidades dentro de la división encabezada por Arturo Zúñiga.
Fue una publicación del medio Interferencia la que llevó el tema a la opinión pública. En ésta, denunciaban los vínculos entre el jefe de la División de Atención Primaria del Minsal (Divap) y la empresa Hotel Clínico SpA, una de las tres contratadas directamente por Redes Asistenciales para el servicio de residencias sanitarias. Aquel lunes 15 de junio, consultado por la prensa en el reporte diario, el subsecretario Zúñiga admitió que el pasado 29 de mayo, siete días después de haber aprobado la contratación por $205 millones y cuatro después de haber despachado la orden de compra, él mismo instruyó un sumario “para poder aclararlo con la verdad”.
Sin más antecedentes que una coincidencia entre la dirección de la empresa y la de una funcionaria del Ministerio de Salud, de la que se percató el Comité de Compras que ambas subsecretarías del Minsal conformaron para estos efecto, se inició la investigación interna. Dos semanas después, el viernes 12 de junio, el fiscal asignado reculó y manifestó su inhabilidad para llevar a cabo la indagatoria. Ese mismo día, Zúñiga asignó un nuevo fiscal. Pero pronto el sumario interno perdería protagonismo.
Junto a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se han mantenido a la cabeza del Ministerio de Salud pese al cambio de ministro. Foto: Ministerio de Salud.
Y es que los antecedentes que se dieron a conocer el 15 de junio con la publicación de Interferencia eran, hasta ese entonces, desconocidos por Zúñiga. Tanto así, que fuentes cercanas al subsecretario aseguran que fue por esa razón que no se tomaron medidas más drásticas desde un inicio. Prueba de eso, dicen desde Redes Asistenciales, es que ese mismo día lunes Arturo Zúñiga presentó una denuncia criminal ante el fiscal Metropolitano Centro Norte, dando cuenta de los hechos revelados por los medios de comunicación y que involucraban a sus subalternos en posibles delitos de negociación incompatible.
Pero hasta ese momento, según Zúñiga, no había caído en cuenta de otros antecedentes, los que fueron agregados a la denuncia original en una ampliación presentada al día siguiente. En ésta, el subsecretario señala que Orlando Durán Ponce, en el desempeño de su labor como jefe de la DIVAP, intervino en la suscripción de varios contratos que serían utilizados como residencias sanitarias, y que en este contexto intervino como contraparte técnica en el contrato suscrito por la Subsecretaría de Redes Asistenciales con la sociedad Hotel Clínico SpA, cuyas direcciones y teléfonos de contacto coincidían con los del negocio hotelero de Durán Ponce.
En dicha operación intervino, como representante de Hotel Clínico SpA, Alexandra González Silva. Pero lo que Zúñiga supuestamente no sabía al momento de interponer la denuncia el 15 de junio, es que Alexandra González Silva, además de ser la representante de la empresa, se desempeña desde el 1 de abril de 2019 en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Así lo pudo comprobar este medio a través de Transparencia Activa, en donde ésta última figura como funcionaria del S.S. Metropolitano Occidente bajo la modalidad de contratación a honorarios, con un sueldo bruto que alcanza los $14.400.000 entre el período de enero y diciembre de 2020.
“Alexandra González jamás hizo presente dicha circunstancia, y dado el cargo que detenta en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, tiene un grado de vinculación con la sociedad interviniente que simplemente le impide gestionar de forma alguna cualquier contrato con el Estado, existiendo al efecto un manifiesto conflicto de interés, en términos análogos a lo referido en la denuncia primigenia”, sostiene Arturo Zúñiga en la denuncia criminal interpuesta ante el Ministerio Público. Según lo han confirmado diversas fuentes a nuestro medio, Alexandra González es, además, la actual pareja de Orlando Durán.
A través del fortalecimiento del programa de residencias sanitarias, el Gobierno ha intentado dar respuesta ante la pandemia en términos de aislamiento y prevención de los contagios. Foto: Presidencia.
Sumado a esto, el subsecretario de Redes Asistenciales adjuntó como un nuevo antecedente una cadena de correos electrónicos de la cual surgió un nuevo involucrado: Alexis Flores Ahumada. En estos mails, que también fueron dados a conocer por el medio Interferencia, Durán y Flores ejercen una presión evidente para obtener el pago por la residencia en cuestión, solicitando que se apliquen requisitos de verificación de entrega incluso menores a los que usualmente se utilizan para este tipo de operaciones.
“Después de leer… y siendo 10 de junio, PREGUNTO? CUANDO LE PAGAMOS A ESTA GENTE? Resulta impresentable, para el buen funcionamiento de las Residencias Sanitarias, que luego de 3 meses de operación sigamos dilatando, NO entregando información como corresponde o simplemente ignorando normas; para poder realizar el pago. Este tema, y cumplo con dejarlo por escrito, se ha transformado en una olla a presión que tarde o temprano puede golpear mediáticamente a la autoridad del Ministerio, al programa de Residencias Sanitarias y a todos en general. Un proyecto de impacto social para todos nuestros usuarios, está súper enredado por el no pago de los hoteles. Transmito mi molestia e inquietud ante esta situación”, dice el correo electrónico enviado por Alexis Flores, quien además de ser asesor de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en 2013 vio un dictamen de Contraloría en su contra por haber recibido más de 14 millones de pesos por trabajos que no se realizaron.
Todo esto, a juicio del subsecretario de Redes Asistenciales, da lugar al tipo penal de negociación incompatible, previsto y sancionado en el artículo 240 del Código Penal. De hecho, dicha norma establece penas de reclusión menor en sus grados medio a máximo; inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo; y multa de la mitad al tanto del valor del interés que hubiere tomado en el negocio. Todo esto para “el empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo”.
Para Arturo Zúñiga, la intervención de Alexandra González como representante de Hotel Clínico SpA estado vinculada directamente al S.S. Metropolitano Occidente, “sin siquiera haber representado dicha circunstancia”, constituye una hipótesis de negociación incompatible. “Asimismo, la presión vehemente de los señores Flores y Durán para el pago de dichas residencias en las circunstancias señaladas podría constituir el mismo ilícito tipificado en los párrafos anteriores”, agrega el subsecretario en la denuncia. Ante esto pide, además de tener por interpuesta la denuncia criminal, iniciar la investigación correspondiente y ordenar las diligencias que permitan dar con todos quienes resulten responsables de los delitos que denuncia. En ese contexto, solicitó que se ordene a la Policía de Investigaciones que tome las investigaciones.
Desde las Subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales han enfatizado en la estrategia de fortalecer y crear más residencias sanitarias con el fin de contener la propagación del COVID-19. Foto: Ministerio de Salud.
Desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte acusaron recibo y la denuncia se unió a la que presentaron los diputados de la bancada de la Democracia Cristiana el pasado martes. Con todo esto, se definió que la unidad de Alta Complejidad llevará las indagatorias, que serán lideradas por un fiscal que aún no se ha designado.
Dos funcionarios despedidos el lunes y un tercero al que el propio subsecretario le pidió la renuncia, además de la desvinculación de Alexandra González del S.S. Metropolitano Occidente, es el saldo que, hasta ahora, ha dejado en la Subsecretaría de Redes Asistenciales la contratación de Hotel Clínico SpA para la implementación de una residencia sanitaria. D’angelo Iasalvatore Silva y Orlando Durán Ponce fueron desvinculados de sus cargos el lunes 15 de junio y este miércoles el propio Zúñiga le pidió la renuncia a Alexis Flores Ahumada, quien la presentó al día siguiente. Pero ahora será el turno del Poder Judicial de indagar en las responsabilidades penales.
Consultado por Diario y Radio Universidad de Chile, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió a la acción que decidió emprender buscando, según él, asegurar los máximos estándares de transparencia dentro de su gestión. “Le he dicho a los funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a los de los Servicios de Salud y a todos quienes trabajan en los hospitales y consultorios que el Ministerio de Salud está comprometido en entregar todos los insumos, los recursos humanos y financieros que sean necesarios para responder a la ciudadanía en esta pandemia”, señaló Zúñiga a nuestro medio.
“Pero así mismo y con la misma fuerza, he dicho que el marco que nos otorga la alerta sanitaria y el compromiso del Gobierno no significan que deben alejarse del cuidado y buen uso de los recursos públicos. No voy a permitir que actos que infrinjan la ley, y la confianza que la ciudadanía ha puesto en nosotros, dificulten nuestro trabajo”, concluyó el subsecretario de Redes Asistenciales.
Santiago, 25 de Mayo 2020
El Secretario de redes asistenciales, Arturo Zuniga, llega hasta el Palacio de La Moneda para participar en una nueva reunion del Comite de Emergencia por coronavirus.
Dragomir Yankovic/Aton Chile 
