El día en el que se cumplieron exactamente ocho meses del estallido social por el que atravesó el país en octubre del año pasado -y que, finalmente, pareció quedar relegado tras la llegada del coronavirus- Amnistía Internacional lanzó una campaña exigiendo justicia para uno de los casos más emblemáticos de la revuelta.
Gustavo Gatica, en opinión de la presidenta de dicha organización en Chile, Sofía Lanyon, representa a todas las mutilaciones sufridas por centenares de personas durante el estallido social. “Lo que pasa es que, en otros casos, la pérdida de la vista fue parcial, temporal, o el balín llegó a otra parte del cuerpo”, comenta la abogada.
Para Lanyon, además, esto cobra relevancia desde el momento en que el sumario interno de Carabineros concluyó dos cosas bastante criticadas desde Amnistía Internacional. “Primero, que no es posible establecer la responsabilidad específica de quién habría disparado, y lo otro es que se sugiere de manera expresa que las heridas podrían haber sido causadas por otros manifestantes. Es casi una falta de respeto concluir así un informe de esta naturaleza”, subraya.
Aunque este viernes, Carabineros informó que se dará de baja a un funcionario implicado en las lesiones sufridas por Gatica y que no respetó los protocolos correspondientes al uso de la fuerza, en conversación con nuestro medio, Lanyon aseguró que no sería suficiente.
¿Qué otras dificultades han notado en el proceso de investigación del caso Gatica?
Las dificultades tienen que ver con la forma en que se llevó a cabo y la información que concluye Carabineros en su sumario interno. Ahora, sin prejuicio de ello, la Fiscalía -es decir, el Ministerio público- está siguiendo una investigación que avanza y nos da tranquilidad porque, entre los elementos en los que se basa, se destaca que existe evidencia inequívoca de que los dos balines de goma que se extrajeron de los ojos de Gustavo coinciden plenamente con las municiones utilizadas por Carabineros durante la represión a las manifestaciones. Ese tipo de municiones se usó indiscriminadamente y de forma desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas.
En ese sentido, ¿qué rol cumple la campaña levantada esta semana por Amnistía Internacional?
Lo que nosotros queremos es atraer la atención con la finalidad de que se investiguen los hechos en los que Gustavo quedó totalmente ciego. Queremos que, si así resulta, que se hagan efectivas las responsabilidades no solo de quienes perpetraron las heridas a Gustavo, sino también la responsabilidad que corresponde a los altos mandos que básicamente omitieron o fueron negligentes en el control de las fuerzas bajo su mando, propiciando así las violaciones a los Derechos Humanos de las que fue víctima Gustavo.
El caso de Gustavo Gatica también fue parte de los Informes de DD.HH. presentados a inicios de este año. ¿Cómo evalúa el rol del Gobierno respecto del esclarecimiento de lo mostrado allí?
Cuando se entregaron las conclusiones preliminares de esta investigación, el 21 de noviembre del 2019, se estaba considerando el caso de Gustavo. Creemos que la reacción del Gobierno, no solo a nuestras conclusiones sino también al informe de las otras tres instituciones de Derechos Humanos que se conocieron en el país, no ha sido muy positiva. Obviamente con algunos bemoles, porque la reacción que tuvieron frente a la información entregada por Amnistía fue mucho más categórica, hubo un rechazo mucho más expreso en relación a como se recibieron los informes de la CIDH o de Human Rights Watch.
Lo lamentamos, pero no nos arrepentimos de los términos en los que entregamos esa información. Fuimos la única organización que incluyó la necesidad de esclarecer la responsabilidad de los altos mandos de la institución de Carabineros. Luego, a principios de este año, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH. también complementó esto a través de algunas declaraciones, y creemos que por eso también se generó la reacción tan negativa del Gobierno.
Ahora, respecto de cuál ha sido la voluntad del Gobierno de esclarecer los hechos, no vemos mucho ímpetu en hacer que esto se esclarezca. Cabe hacer presente que, la investigación corresponde al Ministerio Público, que es una institución independiente del Poder Ejecutivo y que, frente a ello, lo que si debe hacer el Ejecutivo es poner a disposición del Ministerio Público a las autoridades de Carabineros para que entreguen la información más completa y oportuna.
Pero en medio de eso llegó la pandemia, ¿lo ve como una excusa del Gobierno para no esclarecer los hechos?
Lo que yo veo es que esto es un paréntesis. Dada la gravedad y las dimensiones de esta pandemia es difícil no concentrar la mayor atención sobre ella, no necesariamente dejando de lado la investigación a las violaciones a los Derechos Humanos, sino a lo mejor quitándole un poco de protagonismo. Ello, dado su momento, no va a eximir a las autoridades que corresponda a hacer efectiva sus responsabilidades.
¿Cómo evalúa allí cumplimiento de los Derechos Humanos, sobre todo en un contexto de límites tan frágiles como un estado de excepción?
Si bien ha sido en menor cantidad que en el caso del estallido social, aún perseveran algunas violaciones a los Derechos Humanos. Y no solo nos referimos, por ejemplo, al acceso a la salud, sino también a los controles que hacen las Fuerzas Armadas a la forma en la que se dirigen a las personas en relación a cómo les piden su documentación, a la forma en que son tratados en ese contexto; si finalmente la autoridad logra comprender las situaciones particulares o bien aplica un criterio a rajatabla que configura una vulneración o uso de fuerza inadecuado.
Estamos atentos también a todo lo que tiene que ver con el trato a los trabajadores de la salud, cómo la autoridad ha manejado situaciones en que esos trabajadores han sido discriminados en sus hogares por venir de un lugar contagiado con coronavirus. Todas esas acciones las hemos ido monitoreando puesto que si bien es cierto la autoridad tiene algún tipo de límite en el control, tiene el deber de tomar medidas para evitar que esa discriminación se produzca.