Empresas fuera de control: El factor “Permiso Único Colectivo” en la propagación de la pandemia
Algunas desarrollan actividades no esenciales aprovechando giros incluidos dentro del último instructivo para permisos de desplazamiento. Hay otras que obligan a sus trabajadores a ir e incluso hay empresas que piden salvoconductos colectivos invocando giros que no tienen.
Tomás González F.
Lunes 22 de junio 2020 19:12 hrs.
Según cifras que la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros (DIOSCAR) entregó a Diario y Radio Universidad de Chile, hasta las 5.00 horas de este martes 23 de junio, a través de la Comisaría Virtual se habían entregado 335.727 Permisos Únicos Colectivos a 180.540 empresas calificadas como "esenciales" en el instructivo de desplazamiento que publicó el Gobierno. En total, éstos cubren a 3.414.835 trabajadores y trabajadoras a lo largo del país. Foto: Archivo.
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Sindicada por diversos expertos y centros de estudios como una de las causas principales del descontrol de la pandemia del coronavirus en el país, la urgencia en torno al concepto de “movilidad laboral” se ha visto ausente en un discurso del Gobierno que últimamente ha tenido mucho de lo primero y poco de lo segundo. La incorporación por parte del Ejecutivo del exceso de movilización como uno de los motivos de la expansión del COVID-19, ha venido acompañada de medidas restrictivas e incluso punitivas para aquellas personas que incumplan las cuarentenas y toques de queda. Muchos de los cuales trabajan en “empresas esenciales”, que obligan a sus trabajadores a recurrir presencialmente a sus oficinas, amparados en un Permiso Único Colectivo (PUC) que en los últimos días ha evidenciado ser un instrumento flexible y proclive a irregularidades graves.
Según datos entregados por la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros al diario La Tercera, al 17 de junio eran 64.856 empresas las que habían solicitado el documento para 1.520.826 empleados. Esto, de un total de 9.061.000 habitantes en cuarentena a lo largo de todo el país. Es decir, el 16,6% de la población en cuarentena tendría un Permiso Único Colectivo.
Algunas desarrollan actividades no esenciales aprovechando giros incluidos dentro del último instructivo para permisos de desplazamiento, otras obligan a sus trabajadores a ir e incluso hay empresas que piden salvoconductos colectivos invocando giros que no tienen. Así lo expuso a través de redes sociales la periodista Alejandra Matus, quien hizo públicos una serie de antecedentes que dan cuenta de evidentes incumplimientos por parte de empresas y sociedades que han logrado burlar los controles de las autoridades.
Según una denuncia anónima, la empresa Growing, que se dedica a la gestión de contratos externalizados, ante la primera cuarentena dispuso teletrabajo pero cuando se renovó la medida habrían exigido a los empleados que concurrieran a las oficinas. El primer salvoconducto lo obtuvieron bajo la calificación de “empresa de seguridad” y los dos últimos como “farmacia”. Otra denuncia indica que, en Valparaíso, el Sporting Club transmite carreras internacionales y abre oficinas para recibir apuestas. Son entre 20 y 25 cajeras las que acuden diariamente a la oficina con un permiso obtenido con un Rut diferente al del empleador, bajo el rubro -no esencial- de “telecomunicaciones hípicas”. También se ha denunciado que tanto Enel como Acciona, dos empresas de energía, han aprovechado su giro esencial para continuar con la construcción de plantas de paneles solares que, como operarán en el futuro, hoy no son imprescindibles. Según otra denuncia anónima, Colgram S.A., sociedad que controla marcas de vestuario y calzado para niños como Colloky y Opaline, estaría operando con un salvoconducto para supermercados. Trabajadores subcontratados de WOM estarían acudiendo a las sucursales de distribución y venta de celulares, pese a que el instructivo, no habla de ventas al público.
Ante estos y otros antecedentes, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la situación este lunes en el reporte diario, señalando que se comenzará a fiscalizar especialmente estas irregularidades.
“Obviamente que estamos en contra de aquellas empresas que se disfrazan de empresas esenciales y que obtienen permisos inadecuados. Hoy día mismo se está iniciando una fuerte fiscalización en contra de todas las empresas o de algunas empresas que están incumpliendo estos instructivos. Estamos haciendo una correlación entre el rubro de la empresa y el Servicio de Impuestos Internos para tratar de ubicar las que están actuando en forma inadecuada“, sostuvo el secretario de Estado en el reporte diario.
A pesar de que la fiscalización por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros ha aumentado, los niveles de movilidad en la Región Metropolitana no han logrado disminuir al punto de evitar la propagación masiva de la pandemia del COVID-19. Foto: Agencia UNO.
“Autorizados por la autoridad”
Las irregularidades en el desarrollo de la actividad laboral en el contexto de la pandemia también han llegado a la Justicia, pero esta vez apuntando a las autoridades. Dos querellas por el delito de prevaricación ha presentado hasta el momento en el abogado Luis Mariano Rendón en el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago y ambas por haber autorizado actividades no esenciales. La primera, en contra del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y la segunda, presentada este lunes, en contra del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. A través de un decreto, este último autorizó obras de mejoramiento en diez colegios de la comuna y a través de las redes sociales ha circulado contenido audiovisual de personal municipal realizando tareas de jardinería en áreas verdes de Santiago.
“Resulta increíble la indolencia y el doble estándar del alcalde Alessandri. Al igual que el Gobierno, mientras por un lado amenazan a la ciudadanía con las penas del infierno por no respetar la cuarentena, por el otro ordenan la realización de trabajos no esenciales, exponiendo innecesariamente a los trabajadores y a sus familias a un contagio que puede ser mortal”, sostuvo el abogado a nuestro medio.
En la querella interpuesta este lunes el abogado argumenta que “evidentemente, obras de mejoramiento en ningún caso pueden calificar como esenciales en medio de la pandemia, al punto que ameriten exponer a un contagio que puede llegar a ser mortal a los trabajadores, a sus familias y a toda la comunidad con la que esos trabajadores deben tomar contacto en sus desplazamientos”.
“Es de esperar que Alessandri sea sancionado severamente por su prevaricato, pero que desde ya, Fiscalía y tribunales ordenen la paralización de los trabajos no esenciales denunciados. Así lo hemos pedido y creemos que es una medida imprescindible al encontrarnos en los momentos más duros de la pandemia”, agregó Rendón.
El abogado Luis Mariano Rendón ha presentado dos querellas ante el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago por prevaricación: una en contra del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y otra contra el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.
Comienzan fiscalizaciones
De todo esto se ha dado cuenta tanto a la Dirección del Trabajo, la Intendencia Metropolitana, el Ministerio de Salud e incluso a la Justicia; pero la que acaparó especial atención de las autoridades fue la situación que tuvo que ver con la empresa de vestuario Fashion’s Park. Diversas denuncias dieron cuenta de que se exigía la presencia de administrativos en reuniones de oficina, se sacaban permisos colectivos para más de 70 personas con giros como “empresa de seguridad”, obligando a los funcionarios a asistir. Esto motivó la fiscalización del lugar por parte de la Seremi de Salud Metropolitana y la Policía de Investigaciones este lunes. En ésta también estuvo la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien lanzó un duro llamado a los empresarios y anunció que se abrirá un canal anónimo de denuncias para estos fines.
“Aquellos empresarios que crean que pueden obligar buscando alguna artimaña, cuando no son rubros esenciales, enfrentan penas que pueden alcanzar tres años de privación de libertad, 12 millones de multa, sumarios sanitarios por 50 millones e, inclusive, la posibilidad de ser cerrados”, señaló Martorell. “No traten de engañar, porque los vamos a encontrar y sancionar“, insistió la subsecretaria.
“Empresa esencial son aquellas necesarias y suficientes para que aquellas personas que están realizando cuarentena puedan tener la calidad de vida que requieren. Agua, energía, luz, las patrullas de emergencia, Bomberos, la Onemi, los funcionarios públicos, la prensa, la salud”, agregó.
En ese sentido, la titular de Prevención del Delito anunció que desde este martes estará disponible como canal de denuncia el número 600 400 0101, a través del cual se pueden dar cuenta de irregularidades en los lugares de trabajo de forma anónima.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, acompañó al personal de la Seremi de Salud Metropolitana y la Policía de Investigaciones (PDI) a la fiscalización del local comercial Fashion’s Park.
Sindicada por diversos expertos y centros de estudios como una de las causas principales del descontrol de la pandemia del coronavirus en el país, la urgencia en torno al concepto de “movilidad laboral” se ha visto ausente en un discurso del Gobierno que últimamente ha tenido mucho de lo primero y poco de lo segundo. La incorporación por parte del Ejecutivo del exceso de movilización como uno de los motivos de la expansión del COVID-19, ha venido acompañada de medidas restrictivas e incluso punitivas para aquellas personas que incumplan las cuarentenas y toques de queda. Muchos de los cuales trabajan en “empresas esenciales”, que obligan a sus trabajadores a recurrir presencialmente a sus oficinas, amparados en un Permiso Único Colectivo (PUC) que en los últimos días ha evidenciado ser un instrumento flexible y proclive a irregularidades graves.
Según datos entregados por la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros al diario La Tercera, al 17 de junio eran 64.856 empresas las que habían solicitado el documento para 1.520.826 empleados. Esto, de un total de 9.061.000 habitantes en cuarentena a lo largo de todo el país. Es decir, el 16,6% de la población en cuarentena tendría un Permiso Único Colectivo.
Algunas desarrollan actividades no esenciales aprovechando giros incluidos dentro del último instructivo para permisos de desplazamiento, otras obligan a sus trabajadores a ir e incluso hay empresas que piden salvoconductos colectivos invocando giros que no tienen. Así lo expuso a través de redes sociales la periodista Alejandra Matus, quien hizo públicos una serie de antecedentes que dan cuenta de evidentes incumplimientos por parte de empresas y sociedades que han logrado burlar los controles de las autoridades.
Según una denuncia anónima, la empresa Growing, que se dedica a la gestión de contratos externalizados, ante la primera cuarentena dispuso teletrabajo pero cuando se renovó la medida habrían exigido a los empleados que concurrieran a las oficinas. El primer salvoconducto lo obtuvieron bajo la calificación de “empresa de seguridad” y los dos últimos como “farmacia”. Otra denuncia indica que, en Valparaíso, el Sporting Club transmite carreras internacionales y abre oficinas para recibir apuestas. Son entre 20 y 25 cajeras las que acuden diariamente a la oficina con un permiso obtenido con un Rut diferente al del empleador, bajo el rubro -no esencial- de “telecomunicaciones hípicas”. También se ha denunciado que tanto Enel como Acciona, dos empresas de energía, han aprovechado su giro esencial para continuar con la construcción de plantas de paneles solares que, como operarán en el futuro, hoy no son imprescindibles. Según otra denuncia anónima, Colgram S.A., sociedad que controla marcas de vestuario y calzado para niños como Colloky y Opaline, estaría operando con un salvoconducto para supermercados. Trabajadores subcontratados de WOM estarían acudiendo a las sucursales de distribución y venta de celulares, pese a que el instructivo, no habla de ventas al público.
Ante estos y otros antecedentes, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la situación este lunes en el reporte diario, señalando que se comenzará a fiscalizar especialmente estas irregularidades.
“Obviamente que estamos en contra de aquellas empresas que se disfrazan de empresas esenciales y que obtienen permisos inadecuados. Hoy día mismo se está iniciando una fuerte fiscalización en contra de todas las empresas o de algunas empresas que están incumpliendo estos instructivos. Estamos haciendo una correlación entre el rubro de la empresa y el Servicio de Impuestos Internos para tratar de ubicar las que están actuando en forma inadecuada“, sostuvo el secretario de Estado en el reporte diario.
A pesar de que la fiscalización por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros ha aumentado, los niveles de movilidad en la Región Metropolitana no han logrado disminuir al punto de evitar la propagación masiva de la pandemia del COVID-19. Foto: Agencia UNO.
“Autorizados por la autoridad”
Las irregularidades en el desarrollo de la actividad laboral en el contexto de la pandemia también han llegado a la Justicia, pero esta vez apuntando a las autoridades. Dos querellas por el delito de prevaricación ha presentado hasta el momento en el abogado Luis Mariano Rendón en el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago y ambas por haber autorizado actividades no esenciales. La primera, en contra del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y la segunda, presentada este lunes, en contra del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. A través de un decreto, este último autorizó obras de mejoramiento en diez colegios de la comuna y a través de las redes sociales ha circulado contenido audiovisual de personal municipal realizando tareas de jardinería en áreas verdes de Santiago.
“Resulta increíble la indolencia y el doble estándar del alcalde Alessandri. Al igual que el Gobierno, mientras por un lado amenazan a la ciudadanía con las penas del infierno por no respetar la cuarentena, por el otro ordenan la realización de trabajos no esenciales, exponiendo innecesariamente a los trabajadores y a sus familias a un contagio que puede ser mortal”, sostuvo el abogado a nuestro medio.
En la querella interpuesta este lunes el abogado argumenta que “evidentemente, obras de mejoramiento en ningún caso pueden calificar como esenciales en medio de la pandemia, al punto que ameriten exponer a un contagio que puede llegar a ser mortal a los trabajadores, a sus familias y a toda la comunidad con la que esos trabajadores deben tomar contacto en sus desplazamientos”.
“Es de esperar que Alessandri sea sancionado severamente por su prevaricato, pero que desde ya, Fiscalía y tribunales ordenen la paralización de los trabajos no esenciales denunciados. Así lo hemos pedido y creemos que es una medida imprescindible al encontrarnos en los momentos más duros de la pandemia”, agregó Rendón.
El abogado Luis Mariano Rendón ha presentado dos querellas ante el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago por prevaricación: una en contra del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y otra contra el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.
Comienzan fiscalizaciones
De todo esto se ha dado cuenta tanto a la Dirección del Trabajo, la Intendencia Metropolitana, el Ministerio de Salud e incluso a la Justicia; pero la que acaparó especial atención de las autoridades fue la situación que tuvo que ver con la empresa de vestuario Fashion’s Park. Diversas denuncias dieron cuenta de que se exigía la presencia de administrativos en reuniones de oficina, se sacaban permisos colectivos para más de 70 personas con giros como “empresa de seguridad”, obligando a los funcionarios a asistir. Esto motivó la fiscalización del lugar por parte de la Seremi de Salud Metropolitana y la Policía de Investigaciones este lunes. En ésta también estuvo la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien lanzó un duro llamado a los empresarios y anunció que se abrirá un canal anónimo de denuncias para estos fines.
“Aquellos empresarios que crean que pueden obligar buscando alguna artimaña, cuando no son rubros esenciales, enfrentan penas que pueden alcanzar tres años de privación de libertad, 12 millones de multa, sumarios sanitarios por 50 millones e, inclusive, la posibilidad de ser cerrados”, señaló Martorell. “No traten de engañar, porque los vamos a encontrar y sancionar“, insistió la subsecretaria.
“Empresa esencial son aquellas necesarias y suficientes para que aquellas personas que están realizando cuarentena puedan tener la calidad de vida que requieren. Agua, energía, luz, las patrullas de emergencia, Bomberos, la Onemi, los funcionarios públicos, la prensa, la salud”, agregó.
En ese sentido, la titular de Prevención del Delito anunció que desde este martes estará disponible como canal de denuncia el número 600 400 0101, a través del cual se pueden dar cuenta de irregularidades en los lugares de trabajo de forma anónima.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, acompañó al personal de la Seremi de Salud Metropolitana y la Policía de Investigaciones (PDI) a la fiscalización del local comercial Fashion’s Park.
Sindicada por diversos expertos y centros de estudios como una de las causas principales del descontrol de la pandemia del coronavirus en el país, la urgencia en torno al concepto de “movilidad laboral” se ha visto ausente en un discurso del Gobierno que últimamente ha tenido mucho de lo primero y poco de lo segundo. La incorporación por parte del Ejecutivo del exceso de movilización como uno de los motivos de la expansión del COVID-19, ha venido acompañada de medidas restrictivas e incluso punitivas para aquellas personas que incumplan las cuarentenas y toques de queda. Muchos de los cuales trabajan en “empresas esenciales”, que obligan a sus trabajadores a recurrir presencialmente a sus oficinas, amparados en un Permiso Único Colectivo (PUC) que en los últimos días ha evidenciado ser un instrumento flexible y proclive a irregularidades graves.
Según datos entregados por la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros al diario La Tercera, al 17 de junio eran 64.856 empresas las que habían solicitado el documento para 1.520.826 empleados. Esto, de un total de 9.061.000 habitantes en cuarentena a lo largo de todo el país. Es decir, el 16,6% de la población en cuarentena tendría un Permiso Único Colectivo.
Algunas desarrollan actividades no esenciales aprovechando giros incluidos dentro del último instructivo para permisos de desplazamiento, otras obligan a sus trabajadores a ir e incluso hay empresas que piden salvoconductos colectivos invocando giros que no tienen. Así lo expuso a través de redes sociales la periodista Alejandra Matus, quien hizo públicos una serie de antecedentes que dan cuenta de evidentes incumplimientos por parte de empresas y sociedades que han logrado burlar los controles de las autoridades.
Según una denuncia anónima, la empresa Growing, que se dedica a la gestión de contratos externalizados, ante la primera cuarentena dispuso teletrabajo pero cuando se renovó la medida habrían exigido a los empleados que concurrieran a las oficinas. El primer salvoconducto lo obtuvieron bajo la calificación de “empresa de seguridad” y los dos últimos como “farmacia”. Otra denuncia indica que, en Valparaíso, el Sporting Club transmite carreras internacionales y abre oficinas para recibir apuestas. Son entre 20 y 25 cajeras las que acuden diariamente a la oficina con un permiso obtenido con un Rut diferente al del empleador, bajo el rubro -no esencial- de “telecomunicaciones hípicas”. También se ha denunciado que tanto Enel como Acciona, dos empresas de energía, han aprovechado su giro esencial para continuar con la construcción de plantas de paneles solares que, como operarán en el futuro, hoy no son imprescindibles. Según otra denuncia anónima, Colgram S.A., sociedad que controla marcas de vestuario y calzado para niños como Colloky y Opaline, estaría operando con un salvoconducto para supermercados. Trabajadores subcontratados de WOM estarían acudiendo a las sucursales de distribución y venta de celulares, pese a que el instructivo, no habla de ventas al público.
Ante estos y otros antecedentes, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la situación este lunes en el reporte diario, señalando que se comenzará a fiscalizar especialmente estas irregularidades.
“Obviamente que estamos en contra de aquellas empresas que se disfrazan de empresas esenciales y que obtienen permisos inadecuados. Hoy día mismo se está iniciando una fuerte fiscalización en contra de todas las empresas o de algunas empresas que están incumpliendo estos instructivos. Estamos haciendo una correlación entre el rubro de la empresa y el Servicio de Impuestos Internos para tratar de ubicar las que están actuando en forma inadecuada“, sostuvo el secretario de Estado en el reporte diario.
A pesar de que la fiscalización por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros ha aumentado, los niveles de movilidad en la Región Metropolitana no han logrado disminuir al punto de evitar la propagación masiva de la pandemia del COVID-19. Foto: Agencia UNO.
“Autorizados por la autoridad”
Las irregularidades en el desarrollo de la actividad laboral en el contexto de la pandemia también han llegado a la Justicia, pero esta vez apuntando a las autoridades. Dos querellas por el delito de prevaricación ha presentado hasta el momento en el abogado Luis Mariano Rendón en el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago y ambas por haber autorizado actividades no esenciales. La primera, en contra del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y la segunda, presentada este lunes, en contra del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. A través de un decreto, este último autorizó obras de mejoramiento en diez colegios de la comuna y a través de las redes sociales ha circulado contenido audiovisual de personal municipal realizando tareas de jardinería en áreas verdes de Santiago.
“Resulta increíble la indolencia y el doble estándar del alcalde Alessandri. Al igual que el Gobierno, mientras por un lado amenazan a la ciudadanía con las penas del infierno por no respetar la cuarentena, por el otro ordenan la realización de trabajos no esenciales, exponiendo innecesariamente a los trabajadores y a sus familias a un contagio que puede ser mortal”, sostuvo el abogado a nuestro medio.
En la querella interpuesta este lunes el abogado argumenta que “evidentemente, obras de mejoramiento en ningún caso pueden calificar como esenciales en medio de la pandemia, al punto que ameriten exponer a un contagio que puede llegar a ser mortal a los trabajadores, a sus familias y a toda la comunidad con la que esos trabajadores deben tomar contacto en sus desplazamientos”.
“Es de esperar que Alessandri sea sancionado severamente por su prevaricato, pero que desde ya, Fiscalía y tribunales ordenen la paralización de los trabajos no esenciales denunciados. Así lo hemos pedido y creemos que es una medida imprescindible al encontrarnos en los momentos más duros de la pandemia”, agregó Rendón.
El abogado Luis Mariano Rendón ha presentado dos querellas ante el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago por prevaricación: una en contra del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y otra contra el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.
Comienzan fiscalizaciones
De todo esto se ha dado cuenta tanto a la Dirección del Trabajo, la Intendencia Metropolitana, el Ministerio de Salud e incluso a la Justicia; pero la que acaparó especial atención de las autoridades fue la situación que tuvo que ver con la empresa de vestuario Fashion’s Park. Diversas denuncias dieron cuenta de que se exigía la presencia de administrativos en reuniones de oficina, se sacaban permisos colectivos para más de 70 personas con giros como “empresa de seguridad”, obligando a los funcionarios a asistir. Esto motivó la fiscalización del lugar por parte de la Seremi de Salud Metropolitana y la Policía de Investigaciones este lunes. En ésta también estuvo la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien lanzó un duro llamado a los empresarios y anunció que se abrirá un canal anónimo de denuncias para estos fines.
“Aquellos empresarios que crean que pueden obligar buscando alguna artimaña, cuando no son rubros esenciales, enfrentan penas que pueden alcanzar tres años de privación de libertad, 12 millones de multa, sumarios sanitarios por 50 millones e, inclusive, la posibilidad de ser cerrados”, señaló Martorell. “No traten de engañar, porque los vamos a encontrar y sancionar“, insistió la subsecretaria.
“Empresa esencial son aquellas necesarias y suficientes para que aquellas personas que están realizando cuarentena puedan tener la calidad de vida que requieren. Agua, energía, luz, las patrullas de emergencia, Bomberos, la Onemi, los funcionarios públicos, la prensa, la salud”, agregó.
En ese sentido, la titular de Prevención del Delito anunció que desde este martes estará disponible como canal de denuncia el número 600 400 0101, a través del cual se pueden dar cuenta de irregularidades en los lugares de trabajo de forma anónima.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, acompañó al personal de la Seremi de Salud Metropolitana y la Policía de Investigaciones (PDI) a la fiscalización del local comercial Fashion’s Park.
Según cifras que la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros (DIOSCAR) entregó a Diario y Radio Universidad de Chile, hasta las 5.00 horas de este martes 23 de junio, a través de la Comisaría Virtual se habían entregado 335.727 Permisos Únicos Colectivos a 180.540 empresas calificadas como "esenciales" en el instructivo de desplazamiento que publicó el Gobierno. En total, éstos cubren a 3.414.835 trabajadores y trabajadoras a lo largo del país. Foto: Archivo. 
