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Año XII, 10 de agosto de 2020

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Doris González

Una empresa nacional de construcción que democratice la ciudad y levante a Chile

Doris González | Viernes 3 de julio 2020 15:39 hrs.


Según el FMI el PIB de Chile se contraerá en un 7,5% este 2020, cifra no vista desde crisis de 1982 (11%) y 1983 (5%). El Banco Central ha informado que el de mayo es el peor desde que se tiene registro (1986) con una caída de 15,3%, mientras que el INE comunicó que el desempleó del trimestre marzo-mayo se elevó a 11,2% (940.000 personas).

Debemos agregar que son 394.527 trabajadoras y trabajadores que se “acogieron” a la Ley de Protección al Empleo y que están pronto a quedar sin ingresos Si la proyección en la caída del PIB es correcta, la cantidad de cesantes debería superar los 2 millones de personas este año.

La alta concentración del ingreso ha dado origen a un régimen político oligárquico que no solo niega la democracia en lo formal, sino que la hace estéril en lo real. Esto ha engendrado un ejercicio arbitrario y abusivo del poder. La elite empresarial, política, eclesiástica, militar se acostumbró a ejercer el poder de manera abusiva y corrupta, afectando los intereses de la nación y la igualdad ante la ley.

El 18 de octubre de 2019 se rompió el Pacto Social. El ejercicio arbitrario y abusivo del poder encontró una respuesta de rechazo transversal en la sociedad. El intento por enfrentar la manifestación social con represión militar hizo que el estallido se transformara en un movimiento de protesta permanente y creciente.

La crisis sanitaria no es un paréntesis del “estallido social” ni menos su término, es un nuevo catalizador del proceso destituyente en curso. De esta forma, el problema de nuestra sociedad no es solo reactivar la economía que existía antes de la crisis, sino sobre todo redistribuir el poder económico y democratizar el poder político.

Actualmente existe aproximadamente un déficit habitacional de 1 millón de viviendas (entre unidades faltantes y aquellas definidas como no aptas), esto es, 4 millones de personas, aproximadamente, afectadas. Estas familias habitan de allegadas en viviendas de familiares, hacinadas o pagando arriendos abusivos por piezas pequeñas instaladas en conjuntos altamente hacinados o en campamentos que no ofrecen estándares adecuados de habitabilidad.

La crisis sanitaria del covid 19 ha dejado en evidencia que las viviendas e infraestructura urbana construidas para una parte importante de la sociedad son incapaces de permitir el distanciamiento físico o la cuarentena efectiva. El descontrol de la pandemia, que ha costado la vida de más de 10 mil personas (junio), se debe en parte por esta realidad que afecta al conjunto de la sociedad. La concepción neoliberal de la vivienda como un bien de consumo que cada persona debe comprar en el mercado no ofrece respuesta a este problema social fundamental.

 En este escenario, se hace urgente una política contra recesiva que incorpore el financiamiento público y privado para crear y sostener empresas nacionales, en áreas como las obras públicas, vivienda, alimentación y otras. Se deberá observar la experiencia chilena (CORVI, CORMU, Planes Habitacionales de los años 60) y los avances en estas materias fuera de nuestras fronteras buscando modelos económicos que pongan en su centro el interés nacional.

Los recursos para financiar este plan, deberán obtenerse de una reforma tributaria redistributiva, esto es, aumento de impuestos a los grandes capitales (de la construcción), al 1% más rico, para crear un fondo público desde el cual redistribuir.

Los cálculos de los propios empresarios ubican las cifras necesarias para reactivar, en un plazo de tres años, en 22.600 millones de dólares, divididos en US$ 10.290 millones de origen público y US$ 12.310 millones de procedencia privada. Esto permitiría construir 105.000 nuevas viviendas y crear 495.000 empleos (directos e indirectos) bajo el actual régimen.

Así se pueden comenzar a resolver enormes problemas que tenemos cómo país: en reactivar la economía, redistribuir el ingreso y democratizar el sistema político. El programa en su versión de Vivienda y Ciudad debe establecer estándares (altos) y plazos (breves) de edificación. El hacinamiento se ha transformado en un problema de salud pública que afecta al conjunto de la sociedad por lo que debe ser abordado con urgencia como un problema de interés nacional.  En este programa, la propiedad de las empresas podrá ser privadas, mixtas y públicas. Esto implica garantizar la iniciativa económica particular y estatal en el marco de un Plan Nacional de Reactivación.

La existencia de estas empresas públicas permitirá reacoplar el valor del suelo urbano y la vivienda que actualmente se encuentra desajustado (al alza) del resto de la economía (lo que genera el riesgo de otra crisis económica). De igual forma, el valor del trabajo se verá regulado (incrementado). De esta manera, se podrá mejorar los salarios y bajar el precio de la tierra urbana y las viviendas, esto es, enfrentar las causas fundamentales del actual déficit habitacional que afectan en particular aproximadamente a 4 millones de personas y en general al conjunto de la sociedad.

La crisis debe ser enfrentada en sus síntomas urgentes y causas estructurales, desplegando una política económica reactivadora, redistributiva y democratizadora. Una empresa nacional de construcción puede ser el primer paso.

 

La autora es la vocera nacional de Ukamau.