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Año XII, 4 de agosto de 2020

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“Una aberración”: Expertos y organizaciones de DD.HH. reprueban nominación de Raúl Mera a la Corte Suprema

El rol desempeñado por el cuestionado ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en causas de DDHH, tanto de hechos ocurridos durante la dictadura como más recientes, en materia ambiental, ha levantado voces de rechazo ante su nominación. "Precisamente donde hemos visto avances en la Suprema se propone a un juez que tiene visiones restrictivas", señaló Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de DD.HH de la Universidad de Chile

Claudia Carvajal G.

  Martes 7 de julio 2020 19:32 hrs. 
Raul Mera





La nominación de Raúl Mera como integrante de la Corte Suprema ocupando la plaza vacante dejada por el retiro de Hugo Dolmetsch no ha pasado desapercibida en los círculos judiciales y de las organizaciones de derechos humanos de nuestro país.

La quina presentada por el propio Tribunal Superior al Presidente Piñera incluyó también a los magistrados Sergio Mora, Mario Carroza, Jessica González y María Soledad Melo, pero el Ejecutivo optó por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso como su carta para enviar al Senado.

Pero, ¿por qué es tan cuestionado Raúl Mera?

Principalmente se trata del rol que jugó el juez en la absolución de cuatro carabineros: Julio Costa y Mauricio Bezmalinovic, oficiales y Juan Ernesto Rivera y Walter Soto suboficiales, acusados del crimen de los ex frentistas Raúl Pellegrin Friedmann y Cecilia Magni Camino, cuyos cuerpos aparecieron en el río Tinguiririca en octubre de 1988 con evidentes signos de tortura, en el caso conocido como “Los Queñes”.

Lorena Pizarro, dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos (AFDD) fue enfática al señalar que la nominación del ministro Mera es una muestra de la desigualdad e injusticia contra la que la inmensa mayoría de los chilenos se ha manifestado después de la revuelta del 18 de octubre.

“Si fuera la persona indicada no levantaría el revuelo que ha generado. Cuando las personas son las idóneas para desempeñar cargos de tanta responsabilidad, sus nominaciones reciben el aplauso mayoritario. En este caso hay críticas transversales respecto de su función como responsable de resoluciones judiciales, como por ejemplo en el caso ‘Los Queñes’, en el que ni siquiera tuvo la intención de acoger los recursos, simplemente rechazó toda posibilidad de investigación. No es la persona indicada y una vez más nos enfrentamos a lo fatal que ha sido el gobierno de extrema derecha de Sebastián Piñera, que ha profundizado la desigualdad y la injusticia en Chile. La presencia del ministro Mera en la Corte Suprema será un mayor aporte aquello contra la que la inmensa mayoría de los chilenos se ha manifestado, después de la revuelta del 18 de octubre. Es una aberración”.

Los Queñes

Raúl Pellegrin Friedmann y Cecilia Magni Camino

Pero los cuestionamientos a Mera no solo alcanzan a las causas de derechos humanos en dictadura, ya que también cumplió un rol muy criticado el año pasado durante los episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví, al rechazar los recursos de protección presentados por varios de los integrantes de la comunidad que reside en la llamada zona de sacrificio. A la visión restrictiva sobre los derechos humanos que ha evidenciado en sus fallos el ministro Mera, se refirió el profesor Claudio Nash, académico de la cátedra de DD.HH de la Universidad de Chile, al analizar esta posible nueva integración en la Corte Suprema.

“Raúl Mera tiene una visión que es restrictiva en temas centrales en materia de derechos humanos. A la Corte Suprema le ha tomado años de ir construyendo un avance sustantivo en materias del deber de justicia frente a violaciones graves de derechos humanos, en temas de carácter medioambiental, en materias de género. Es decir, precisamente donde hemos visto avances en la Suprema, se propone a un juez que tiene visiones restrictivas”.

Consultado sobre la carta enviada por la admnistración Piñera al Senado titulada “Cinco actuaciones y sentencias suyas en causas de Derechos Humanos” con la que se pretende fundamentar la nominación de Raúl Mera a la Suprema, el experto en Derechos Humanos señaló que es entendible que el Ejecutivo busque defender su postura, pero que este tipo de nombramientos deben ser analizados integralmente y no sobre la lógica de actuaciones aisladas.

Claudio Nash. Foto @Universidad de Chile.

“En ese sentido, uno de los elementos claves es preguntarse si esta propuesta contribuye o no a una mejor protección de los DD.HH, por lo tanto, es pertinente revisar cuál ha sido la historia de quien se propone como nuevo miembro de la Corte Suprema en cuanto a si va a aportar en aquellas materias en las que se ha avanzado en derechos humanos o, más bien, tiene una visión restrictiva sobre estos temas”.

“Lo que uno espera es que, en el debate que se genera, se ponderen los distintos elementos y lo que me hace sentido es una evaluación integral, ya que esto no se trata de episodios aislados, sino de si las posturas del ministro propuesto constituyen o no un aporte al fortalecimiento o una mejor y más amplia protección de derechos humanos desde el máximo Tribunal. Esto no se trata de compensar actos buenos con malos, sino de una mirada más integral, particularmente como ministro de Corte de Apelaciones. Y, en ese sentido, la evaluación no es buena”, agregó el académico de nuestra casa de estudios.

Es en razón de la importancia que tiene el ejercer la magistratura en el máximo tribunal y, aún más, considerando que el nuevo integrante debe conformar la sala de Constitución, que los posibles candidatos deben ser escrutinados según su desempeño al servir los cargos de jueces, particularmente porque la  Corte Suprema cumple un rol central en la institucionalidad democrática como poder de control de los otros poderes del Estado, pero también de protección de los derechos humanos.

Es esa revisión o escrutinio la que ha llevado adelante la Comisión  Chilena de Derechos Humanos. Y el resultado es que consideran que el juez Mera no es una persona idónea para ejercer el cargo, pero además ponen el acento en que si se llegara a concretar la aspiración del Gobierno, ello implicaría una grave contravención a los deberes contraídos por el Estado de Chile terminado el periodo dictatorial: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“De ser nominado finalmente como integrante de la Corte Suprema, sería un grave incumplimiento de parte de los tres poderes del Estado con una obligación internacional muy importante como es la necesidad de establecer garantías de no repetición, para que nunca más en Chile se cometan violaciones a los derechos humanos, tal como ocurrió durante la dictadura cívico militar”, manifestó Carlos Margotta, presidente de la organización.

Carlos Margotta UChile

Carlos Margotta. Foto@Universidad de Chile

“En 1991, el Informe Rettig estableció la necesidad de que los Tribunales de Justicia retomaran su tarea y obligación central: la administración de justicia. Y para eso se necesitan jueces comprometidos con su defensa y protección. Ese es el mandato que tienen los Tribunales hoy, atendida la obligación internacional de no repetición y si hoy se promueve de parte de los tres poderes del Estado el nombramiento de una persona de la que hay evidencia que ha desconocido los derechos humanos en su amplia acepción, a través de la dictación de sus fallos, los tres poderes del Estado están incumpliendo sus obligaciones con la comunidad internacional. Eso constituye un grave retroceso en el camino hacia una sociedad democrática que tenga, como uno de sus principales pilares, el respeto y garantía de los derechos humanos”, agregó el abogado.

La “suprema” brecha de género

Hay un punto importante a considerar en materia de integración del Máximo Tribunal: la falta de paridad. Un asunto que la Asociación de Magistradas hizo patente en su boletín de marzo.

Actualmente, la Corte Suprema está compuesta por 20 ministros, de los cuales 7 son mujeres, es decir, el 35%. Si con ocasión de este concurso llegare una nueva mujer a la Corte Suprema, alcanzaremos recién el 38% de presencia femenina. En caso contrario, bajaremos al 33%, profundizando la brecha de subrepresentación de las mujeres, que hoy superamos el 58% de la judicatura”, sostiene la presidenta de la Asociación, Francisca Zapata, jueza de Garantía de Santiago.

De hecho la quina propuesta incluía dos mujeres y según fuentes internas del Ejecutivo, el Gobierno efectivamente se planteó la opción de presentar como su candidata a la ministra María Soledad Melo, miembro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, desechó tal opción debido a que la magistrada está casada con Nelson Pozo, ministro del Tribunal Constitucional, lo que podría transformarse en un conflicto de carácter público.

El profesor Nash detalla la necesidad de que éste y los futuros gobiernos apuesten por avanzar hacia una paridad de género en los miembros de la Corte Suprema.

“Este no es un debate solo respecto de cómo los ministros han investigado causas de DD.HH, sino que la mirada debe ser mucho más completa y la paridad debe jugar un rol relevante. Por eso es que esta decisión es tan compleja, porque hay que evaluar una serie de factores que con la propuesta de Raúl Mera, no se satisfacen”.

Hasta ahora el asunto no se encuentra resuelto, pues es el Senado el encargado de dar o no luz verde a la nominación del magistrado Raúl Mera. Es a ellos a quienes interpela directamente Lorena Pizarro, pidiendo que se rechace al ministro de la Corte de Valparaíso como reemplazo de Hugo Dolmetsch.

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Lorena Pizarro. Foto @Universidad de Chile

“Hay una responsabilidad del Senado sobre si esta aberración se concretará o no. Ellos son quienes definen con su votación esta posibilidad y esperamos que tengan el criterio de proteger la vida de la población y no seguir cargando la composición de la Corte Suprema a una situación de injusticia como la que se vive”.

La oposición, en general, ha señalado que no entregará su aprobación para que Raúl Mera sea el nuevo supremo y el Gobierno necesita 29 votos para lograr su nombramiento. Hasta el momento, en la  bancada del PS el único voto en duda sería el del senador Juan Pablo Letelier, quien aseguró que se asesoraría con la Comisión Chilena de DD.HH. de la región de O’Higgins, antes de entregar su decisión.