Mientras que la pandemia en el mundo ya ha avanzado a tal nivel que ciertos países han empezado a controlar el nivel de contagios con altos índices de trazabilidad y la implementación exitosa de medidas de confinamiento y distanciamiento social, en Chile vivimos el punto más crítico de la crisis: la regionalización de los contagios, el colapso del sistema de salud y la inflexibilidad de una derecha indiferente a las desigualdades del país. A pesar de lo anterior, agentes del gobierno se han esforzado por instalar la idea que una supuesta “leve mejoría” en las cifras permitiría pensar en la posibilidad de relajar medidas, levantar cuarentenas y planificar el desconfinamiento del país. Esto es solo un placebo.

A diario las avenidas se encuentran repletas de autos y tanto metros como micros pobladas de personas que no pueden evitar ir a trabajar para alimentar a sus familias. No es solo la ausencia de medidas estatales de protección, sino anuncios confusos y regresivos. Así fue lo comunicado por Gloria Hutt, Ministra de Transporte y Raúl Figueroa de Ministra de Educación, que señalaron a medios que estaban trabajando en un plan de desconfinamiento gradual con el objetivo de reabrir establecimientos educacionales para el segundo semestre. En plena pandemia, en vez de desahogar inmediatamente el transporte público o pensar en mejorar las condiciones de estudio en contextos de hacinamiento y el desigual acceso a la conectividad digital de varios sectores de la población, el foco es la elaboración de un plan que involucraría a 63 comunas del país, implementando un sistema educativo semi presencial y una coordinación del transporte público con horarios intercalados y diferidos. ¿Es realmente la solución a la pandemia, el pensar en reabrir establecimientos educativos, para que niños y adolescentes se expongan a un virus que aún no se encuentra bajo control?

Iniciativas como esta representan una flagrante infracción en contra de recomendaciones objetivas y científicas de las mesas de expertos. Ha sido la propia presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, la que ha señalado que la disminución de los PCR positivos ha sido sumamente leve, y que aún encontrándose en un aproximado de 25%, debe alcanzar un margen inferior al 10% para pensar en acciones de esta índole. Acabar con la propagación del virus es un esfuerzo tanto individual como colectivo, y en ello, el rol del Estado sin duda que es la protección de los intereses comunes: la vida por sobre la economía.

Esta premura del gobierno de instalar su concepto de normalidad es una expresión del desconocimiento de la evidencia que indica la imperiosa necesidad de proteger la salud de las personas, previniendo cualquier situación de riesgo de contagios antes que reabrir establecimientos educacionales o comerciales La prioridad sigue siendo controlar lo máximo posible el COVID a lo largo y ancho del país, evitando que las comunicaciones oficiales sean confusas al nivel de inducir falsamente a ideas de superación del uso de mascarillas o al relajo de las distancias sociales obligatorias.

La experiencia internacional es prueba fehaciente que no hay que cantar victoria antes de tiempo. En efecto, la precipitación en el levantamiento de medidas de confinamiento o bien, la forma abrupta con que se anuncia la superación del COVID y el fin de las cuarentenas, ha llevado a constatar diversos episodios de reaparición del virus. Países como EEUU, China, Corea, Japón y Portugal han sido noticia por concentrar focos de rebrotes, nuevas muertes y la consecuente reinstalación de medidas de encierro para prevenir un virus que supuestamente se encontraba superado. Así, los índices pueden parecer favorables, pero en la realidad el fin del coronavirus es un fenómeno de índole global y mundial, y se requiere un esfuerzo solidario y coordinado pensar en su término definitivo.

No existe una vuelta a la normalidad que sea posible sin pensar desde una perspectiva complementaria e indivisible los temas sanitarios, económicos y laborales. Es importante que el Estado se haga cargo de proveer proactivamente recursos económicos que permitan prescindir de la movilidad forzada por motivos laborales. En ello, se han propuesto medidas como la Renta Básica Universal que proteja de la precariedad y de la pobreza a la clase trabajadora chilena, la extensión del Postnatal de emergencia como una protección a los derechos de madres trabajadoras y la creación de un Fondo Colectivo de Pensiones, que sea seguro, solidario y progresivo. La solidaridad ha sido la respuesta, pero persiste el cuestionamiento ¿hasta cuándo esperaremos que el Estado se haga cargo?

* El autor es investigador en Derechos Humanos e integrante del Comité Político de Convergencia Social.