En julio de 2019, la población de Osorno permaneció sin suministro de agua durante 11 días debido a la contaminación de la red de agua potable causada por un  incidente operativo de ESSAL, sociedad controlada por Suez, por el que se volcaron mil litros de hidrocarburo en la principal fuente de agua potable de la zona.

Este martes, el intendente Harry Jürgensen analizó los hechos y evaluó sus consecuencias en conversación con la Primera Edición de Radioanálisis. En su evaluación, la autoridad regional hizo énfasis en la necesidad de estar preparados y de contar con distintas fuentes de agua para abastecer a la población.

“Lo distinto que habría hecho es tener un plan exacto de cada una de las ciudades de la región sobre cuantos estanques necesitan frente a una emergencia de esa naturaleza, su capacidad, ubicación. Se comenzó a aplicar un plan de contingencia muy débil, que no permitía abastecer a la ciudad con aguaq potable, por eso creo que el plan de contingencia debe ser más robusto. Ahora tenemos 270 estanques de 5 mil litros cada uno y con 140 camiones aljibe atendiendo. Hemos recibido apoyo de la empresa privada, de ONGs, de voluntarios, de bomberos de las FF.AA. etc. Tuvimos 4 equipos sacando agua de los ríos y potabilizando el agua porque el otro problema que teníamos era que el agua fuera potable. Afortunadamente hay muchos pozos profundos en nuestra región y hubo que habilitarlos y eso es otra cosa que haría distinta: generar una unidad más potente entre las autoridades provinciales, regionales y comunales, porque cada uno actuó en su propia área, sin coordinación que permitiese un esfuerzo mancomunado”.

La máxima autoridad administrativa de Los Lagos explicó que en Osorno, el 70% del agua se obtiene de un solo lugar y ello implica que la posibilidad de contaminación y consecuente afectación a las personas es demasiado alta.

“Debería haber al menos cuatro sistemas de captación distinto, de tal forma que si uno deja de funcionar, hay otros tres que sí funcionan. Eso cambió porque se ha instalado un sistema de captación de agua diferente, pero lo lamentable es que la enseñanza que dejó esto no ha escalado, aunque sí se reforzó la fiscalización”, señaló el contador y militante RN..

Sin embargo, criticó la falta de avances en materia legal. “No hemos avanzado en las normas porque el ejercicio que tuvimos en Osorno debe servir para que la normativa sea mucho más rigurosa y le dé muchas más facultades a los fiscalizadores porque hay que asegurar que una situación como esta no se repita nunca más en el país”.

En relación a lo anterior y como la falta de regulación en el área puede provocar una nueva situación similar , el intendente aseveró que es mucho menos probable, dadas las medidas que la empresa debió tomar.

“Una contaminación de hidrocarburo puede evitarse. Lo estructural es cambiar el diseño de una bocatoma, de una planta productora de agua potable que fue lo que se hizo en Osorno. Es incomprensible que el petróleo esté encima de una bocatoma de agua para toda la ciudad o que no haya medidores y equipos de seguridad implementados para evitar cualquier rebase de un hidrocombustible que llegue al agua potable. Bastó que mil metros de petróleo cayeran y contaminaran todo el sistema, entonces el gran cambio pasa por generar diseños distintos y eso lo que se logró porque como se contaminó el agua potable en Osorno, no va a ocurrir nunca más porque esa experiencia sirvió. Lo que yo digo es que se revisen todos los sistemas de captación de agua potable para las ciudades en todo Chile para que no tengan errores similares a este que casi fue infantil”.

En cuanto a los conflictos con Essal que se mantienen y que han llevado a un proceso de caducidad de la concesión, Jürgensen señaló que se ha avanzado muy poco en asegurar el abastecimiento de agua potable a las ciudades. “Las empresas sanitarias que pueden generar contaminación a cauces, ríos y lagos cuando hay aguas lluvias que se mezclan con las servidas. Eso es algo que ocurre mucho en el lago Llanquihue en que se acepta el uso de aliviaderos que son descargas de aguas lluvia mezclada con la servida, situación aceptada por las normas, pero que claramente debería estar más regulada porque genera impactos negativos a la naturaleza”.

Consultado sobre la posibilidad que sea el Estado el que termine pagando una indemnización a la sanitaria por haber iniciado un proceso de caducidad de la concesión, la autoridad regional manifestó que es la empresa sanitaria la responsable de lo ocurrido en Osorno y, como tal, debe pagar las consecuencias de la catástrofe ocurrida.

“Espero que las normas chilenas y los contratos de concesión se lleven a cabo de tal manera que se rijan por las normas nacionales y se apliquen los castigos o incluso caducar la concesión si es la decisión presidencial que corresponde, pero los costos debe pagarlos la empresa sanitaria responsable de haber causado la situación”.

El intendente también se refirió a la confianza de la ciudadanía en la empresa sanitaria. “Al principio había dudas, pero las autoridades fuimos muy prolijos y rigurosos en aplicar todas las medidas que corresponden para asegurar la salud de la población. Frente a una emergencia de esa naturaleza, se repartieron 70 litros por persona cuando según las normas de catástrofe bastan con 50 litros. Luego, hay que tener presente que los hospitales y cesfam funcionaron sin ninguna emergencia y no tuvimos enfermedades infecciosas que impactaran la ciudad, pese al riesgo que implica trasladar agua. Las dudas y sospechas que se levantaron después, fueron todas rebatidas por los análisis del agua y el cumplimiento de las normas en la materia. Hubo una suerte de psicosis colectiva comprensible, pero la verdad es que como autoridad regional estoy absolutamente tranquilo que el agua repartida fue una que cumplía plenamente la norma”.

“Fueron once días inolvidables y ellos tiene que aplicarse en nuevas normas, en una forma distinta de entregar concesiones con más obligaciones de parte de las empresas sanitarias y con mayor fiscalización. Que el sufrimiento de los osorninos no sea en vano. Lo que echo de menos es que ha pasado un año y no se ven las normas modificadas”, concluyó la autoridad regional.