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Año XII, 19 de octubre de 2020

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Al Tribunal Supremo por apoyar retiro de fondos: Comisión Política UDI pide máxima sanción para diputados

Los parlamentarios Virginia Troncoso, Sandra Amar, Pedro Álvarez-Salamanca, Álvaro Carter y Christian Moreira serán llevados al TS del partido por "automarginarse" de los idearios gremialistas.

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  Jueves 16 de julio 2020 9:50 hrs. 
La senadora y presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline Van Ryssleberghe, junto al diputado y presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes. Foto: Agencia UNO.





Los tiempos políticos en el oficialismo no solo están complicados para el presidente Piñera y su círculo en La Moneda. La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto impulsado desde la bancada regionalista verde que busca posibilitar el retiro, por vez única, del 10 por ciento de los fondos alojados en las AFPs, para entregar dinero fresco a las y los cotizantes que se han visto afectados por las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19.

Desde la UDI anunciaron que pasarán al Tribunal Supremo, máxima instancia disciplinaria, a los cinco parlamentarios que, este miércoles, dieron su voto para la modificación transitoria constitucional pasara al Senado, y diera un paso más para convertirse en ley.

En el comité político de la tienda gremialista la molestia fue generalizada. Pese a todas las intervenciones del Ejecutivo y las conversaciones internas, Sandra Amar, Pedro Álvarez-Salamanca, Álvaro Carter, Christian Moreira y Virginia Troncoso, junto a ocho parlamentarios de Renovación Nacional, terminaron apoyando la medida, a riesgo de lo que sus votos podrían ocasional al interior de la colectividad y del propio Gobierno.

Por esta razón, se buscan “las máximas sanciones” a la conducta. A través de una declaración pública, la comisión política argumentó: Se estipuló que “la aprobación de esa iniciativa legal constituye una falta grave a los deberes militantes, toda vez que lesiona gravemente el proyecto político de la UDI, que tiene como pilar fundamental la irrestricta defensa de la clase media del país, que se ha visto gravemente afectada por la crisis económica derivada de la pandemia, pero que con este proyecto resultará muy perjudicada al disminuir sus fondos de pensiones”.

Agregando que se solicita la “máxima sanción” al haberse estos parlamentarios “automarginado del ideario y estilo” del partido. En el texto, se destaca, además, que “nuestros principios, como se ha explicitado acá, demanda consistencia con nuestro proyecto político, respeto a la institucionalidad, el rechazo al populismo y la demagogia en la elaboración de políticas públicas y la orientación de estas al bien común”.

Sobre el proyecto y su discusión parlamentaria, este viernes se revisará en particular en la Comisión de Constitución del Senado, para luego, durante la próxima semana, ser votada en general en el pleno de la Cámara Alta. Desde ahí, la mirada en particular que le den los senadores y senadoras. Por lo pronto, los 24 opositores se han cuadrado con la aprobación del texto, siendo necesarios 26 afirmaciones para ser visado también en esta cámara.

En este espacio, el gremialismo mira con preocupación la situación de Iván Moreira. El senador ha señalado no tener clara su postura, además, se mostró crítico ante el actuar de la UDI por pasar a sus compañeros de militancia al TS. Según cita Emol, Moreira estaría en “reflexión”, agregando que “Esta decisión (la de pasar al Tribunal Supremo) es una demostración que la UDI está en la UTI, aquí hay responsabilidades compartidas en esta derrota política, se corta el hilo por lo más delgado. Me gustaría saber qué pasaría si Joaquín Lavín, nuestro candidato presidencial, hiciera declaraciones que está a favor del retiro del 10%. ¿Lo pasarían al TS?”, aclarando que, a su juicio, lo hecho por la Comisión Política es una “presión indebida” que ayuda a que se apruebe el retiro del 10 por ciento.

Además de Moreira, los senadores Sandoval y Durana tampoco han definido su postura ante el texto. Por ello, los más optimistas dicen que se definirá “voto a voto” en la Cámara Alta.