El retiro del 10% del fondo de pensiones aliviará la vida de tantas mujeres, que además de los apremios de esta crisis del Covid-19, son flagrantemente discriminadas por el sistema de AFPs.

Desde el 8 de marzo de este año, cuando dos millones de mujeres salieron a las calles chilenas para marchar exigiendo el fin de los abusos y la violencia a que son sometidas, coreando consignas como “Nunca más sin nosotras” y “No más AFP”, la crisis derivada de la pandemia Covid-19 ha avanzado en nuestro país alarmante y descontroladamente por inadecuadas e inoportunas medidas de contención, tanto en el plano sanitario como en el social y económico. La ideologizada, insuficiente y tardía reacción del gobierno de Sebastián Piñera, ha traído graves consecuencias para las mujeres llegando a revertir muchos de los alcances en significativos logros de las luchas feministas. La más grave es sin duda el aumento ostensible de la violencia intrafamiliar y violencia de connotación sexual derivada del necesario confinamiento, pero esa no es la única consecuencia. Se han profundizado graves y sostenidas discriminaciones contra las mujeres en Chile, que están soportando la peor parte de la pandemia del coronavirus.

Sobre las mujeres recae la sobrecarga de duplicar o triplicar sus labores, tienen frecuentemente empleos no remuneradas o precarizados, asumen la educación escolar de sus hijas e hijos, son mayoritarias en el sector salud, educacional y en el cuidado de enfermos y adultos mayores y sustentan aproximadamente 2,15 millones de familias de las que son jefas de hogar (según el último CENSO).

Las mujeres trabajadoras en Chile constituyen casi la mitad de la fuerza de trabajo activa, pero este aporte que hacen a la economía chilena no es reconocido en su participación en el mercado de trabajo formal ni en las remuneraciones que obtienen por esta, y esta discriminación se agrava cuando son adultas mayores. En Chile, se mantiene la brecha salarial entre hombres y mujeres del 12%, y además, ahora muchas de ellas han perdido sus fuentes de ingreso pues los sectores de la economía más golpeados por la crisis son justamente los que concentran mayor participación formal e informal femenina. Según la reciente encuesta del INE, la participación laboral femenina retrocedió de 53% a 42,9%, a valores de hace más de una década.

A esa grave situación se agrega la discriminación contra las mujeres ejercida por las AFPs.

El sistema de “Administradoras de Fondo de Pensiones” es más bien una máquina de traspaso de parte de los salarios, por la vía del ahorro forzoso, hacia el sector financiero y empresarial: desde 1981 han desviado US$125MM a grandes empresarios, lo que equivale al 85% de los US$150MM recaudados en cotizaciones, mientras que han aportado solo 15% o US$23MM a pensiones, por lo que el fisco ha debido suplementar las pensiones con US$38MM. Si en Chile no se hubiera impuesto a la fuerza por la dictadura este nefasto y engañoso sistema de AFPs, desde 1981 el fisco podría haber recaudado las cotizaciones y duplicado todas las pensiones pagadas ahorrándose además los subsidios aportados. Si no hubieran existido las AFPs, las compañías de seguros y grandes empresarios no habrían abusado apropiándose del recortes de los salarios (Informe mensual IMACEI-CENDA).

Pero además de este escandaloso engaño de las AFPs que mantiene hasta hoy con pensiones miserables a jubilados y jubiladas mientras se van quedando a perpetuidad con el 85% de las cotizaciones de las y los trabajadores, y como si no fuera poco, debe agregarse que a las mujeres las castiga doblemente. A las mujeres las AFPs abiertamente, las maltrata.

Si las remuneraciones de los hombres son 12% mayores, la brecha de pensiones es del 40%. Las 691.905 mujeres jubiladas luego de haber trabajado toda su vida reciben una pensión promedio de 6,8 UF mensual, mientras que los 767.709 hombres pensionados reciben en promedio 9,5 UF (Fundación CENDA). Por este indigno monto de jubilación, las mujeres sufren adicionales vejaciones, peor alimentación, vulneración de su integridad física y emocional.

De la población de adultos mayores, dos tercios son mujeres y también dos tercios de las pensiones públicas son para las mujeres. Sin embargo, en el sistema de AFPs, los pensionados hombres son más de la mitad. En las AFP se jubilan menos mujeres porque las pensiones son tan bajas que ellas deben postergar 10 años su jubilación: si bien la edad legal de jubilación para las mujeres es a los 60 años, la edad real de jubilación es de 70 años. La discriminación más flagrante en las AFP, es que las mujeres son el único grupo en la sociedad al cual se discrimina sistemática e injustificadamente, calculando sus pensiones con una tabla diferente al resto de la población en razón de que tiene una sobrevida algo mayor al promedio sin considerar que hay otros grupos con sobrevida aún mayor al promedio y no por ello se les aplique un cálculo diferente. Por ejemplo, mientras la diferencia de sobrevida general entre hombres y mujeres es de 5 años, la de habitantes de la comuna de Las Condes es 9 años mayor que la de habitantes de la comuna de Lo Espejo.

Las mujeres trabajadoras, las mujeres jubiladas, las 2,15 millones de jefas de hogar, las mujeres que trabajan informal y precariamente, todas ellas son quienes están sosteniendo el control de esta pandemia, son las que cuidan, organizan ollas comunes, son solidarias y las que se están llevando la peor parte de la crisis. La violencia de género y violencia sexual ha aumentando. Las condiciones económicas empeoradas han afectado a las mujeres a tal punto que no logran satisfacer necesidades básicas.

El combate de la pandemia será efectivo si se hace de manera colectiva, y no solo contando camas críticas, con la incorporación de organizaciones sociales de mujeres en el diseño y aplicación de estrategias para buscar una respuesta eficaz. Es del todo incomprensible que el gobierno no lo entienda y no haya buscado su apoyo así como tampoco lo hizo oportunamente con los servicios de salud de atención primaria ni con los municipios para fortalecer una red social y territorial de contención.

Tanto la Ministra de la Mujer como el Ministro de Salud han soslayado ese apoyo recíproco imprescindible. A tal grado de miopía han llegado, que hasta el día de hoy no existe solución para las miles de madres de menores de un año que necesitaban con urgencia la extensión del postnatal de emergencia.
El retiro del 10% de los fondos mal llamados de pensiones será un alivio significativo a la crisis sanitaria y económica que se vive en Chile, para toda la ciudadanía pero especialmente para las mujeres y más aún para aquellas que son jefas de hogar y las que son jubiladas. Las permitirá salir de un agobio indigno que una sociedad decente no debiera aceptar.

La aprobación en la Cámara de diputadas y diputados del retiro del 10% del fondo previsional, abre la esperanza y la confianza en un sistema político que, resistiendo las enormes presiones ilegales ejercidas para defender los privilegios de un sistema abusivo, sintoniza con las legítimas y urgentes necesidades de la ciudadanía y abre el camino que en lo concreto será un alivio significativo para las mujeres en Chile, tanto en lo económico como en lo preventivo. El apoyo concitado por esta propuesta es transversal, y es de esperar que las senadoras y senadores la aprueben sin temor ni prejuicios, sin intentos dilatorios ni de “letra chica” buscando un control de daños que solo favorecería a los mismos de siempre, sino que con la apertura que estos tiempos excepcionales, la decencia y la ciudadanía exigen.

La autora es la Presidenta de Fundación CENDA y Coordinadora Cátedra Amanda Labarca, VEXCOM, Universidad de Chile