El número de personas que sufren hambre en el mundo llegó a 690 millones en 2019, unos diez millones más que en 2018. En América Latina y el Caribe, esa cifra alcanzó los 47,7 millones, hilvanando así cinco años consecutivos de aumento de ese lastre en la región.

La FAO publicó este mes la edición anual de su informe Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, en el que destaca el alto costo de las dietas saludables a nivel global y advierte que América Latina es la región donde la inseguridad alimentaria aumenta más rápidamente. La proyección es alarmante, sobre todo porque no incorpora todavía el impacto de la pandemia de COVID-19, que agravará el panorama.

El contraste entre estas cifras y los 1.300 millones de toneladas de comida que terminan en la basura cada año a nivel mundial nos lleva a preguntarnos por la capacidad del sistema hegemónico global -económico y político- para asegurar la satisfacción de las necesidades más básicas para la mantención de la vida humana y a cuestionar las implicancias del desarrollo capitalista y la modernización neoliberal.

La revuelta popular que vivenciamos en nuestro país desde octubre del 2019, y ahora la pandemia, con el desastroso manejo que ha tenido por parte de las “autoridades”, no hacen más que enrostrarnos la contradicción oculta entre las estadísticas macroeconómicas y la precarización de las condiciones vitales del 99% de la población. La privatización y sobreexplotación de los recursos naturales; la mercantilización de los servicios sociales; la precarización de las condiciones laborales; la expropiación de los recursos previsionales; el sobreendeudamiento para cubrir las necesidades básicas, son el sustrato sobre el cual se erige el mito del jaguar de Latinoamérica. Y el hambre que hoy amenaza nuevamente a nuestro pueblo es la muestra más clara de la irracionalidad del sistema político económico de nuestro país, de su inhumanidad.

El mismo informe de la FAO señala que en Chile, antes de la pandemia, un 15,6% del país (2,9 millones de personas) tiene algún tipo de inseguridad alimentaria (moderada o severa) y que un 3,8% de la población (700 mil personas) sufre inseguridad alimentaria severa. Se proyecta que esta cifra supere el millón de personas a causa de la actual crisis.

La situación en Chile aporta números a estas estadísticas, además constituye una de las tantas causas que incubaron la revuelta social iniciada el 18 de octubre. Estallido y revuelta social surgen como la digna respuesta del pueblo frente a las nefastas consecuencias para la vida que ha provocado la aplicación de la ideología neoliberal en la administración del país y en el funcionamiento económico.

El problema de la alimentación -la producción, distribución, comercialización y acceso a los alimentos- es un problema complejo donde se entrelazan los aspectos más estructurales de nuestro sistema político, jurídico y económico. En las últimas décadas, la avanzada del modelo extractivista, la privatización de los bienes comunes y la industrialización de la agricultura han puesto en jaque el autoabastecimiento alimentario, y con ello, tal como se ha hecho dolorosamente patente en el actual contexto de crisis mundial, el derecho a la alimentación de la población de menores recursos. Los alimentos son una mercancía más, limitada a la capacidad individual de pago y sujeta a los vaivenes del mercado internacional. Las comunidades, los pueblos y los Estados no tienen control alguno sobre los sistemas de producción de los alimentos. En Chile, esta situación es particularmente crítica, debido a la concentración de la tierra, la privatización de los derechos de agua, la apertura indiscriminada a los mercados internacionales frente a la total desprotección y falta de apoyo a la producción local, y la avanzada en la privatización de las semillas de la mano de la firma de diversos tratados de libre comercio. Asimismo, los pueblos y naciones originarias que habitan el territorio chileno han padecido la usurpación territorial, el silenciamiento, persecución y criminalización de sus demandas de autodeterminación y derechos colectivos, dando cuenta de un racismo estructural por parte del Estado.

La demanda por el derecho a una alimentación sana y suficiente, al igual que la demanda por salud, educación, pensiones dignas, y un ambiente sin contaminación, levantadas como banderas de lucha de la rebelión popular de octubre con masivas manifestaciones en calles y plazas, son exigencias que apuntan hacia la construcción de una soberanía popular que tiene por norte el buen vivir de las comunidades y el desarrollo integral de los territorios que habitan. En estos últimos meses, a pesar de la pandemia y el encierro, las demandas se han mantenido mediante el trabajo colectivo de asambleas territoriales, tomas, ollas comunes, cooperativas, organizaciones comprando junt@s y otras formas de articulación popular en las que se integra solidaridad con procesos de auto-formación y aprendizajes comunitarios.

El concepto de soberanía alimentaria (SA) ha sido desarrollado, promovido y defendido por y desde los movimientos sociales, en especial, los movimientos campesinos e indígenas de América Latina. La SA se entiende como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. En los últimos procesos constituyentes de países como Bolivia y Ecuador se ha integrado de forma explícita la SA. Aunque en la Constitución misma el concepto no tiene mayor desarrollo, su incorporación la asegura como una política de Estado que permite, por ejemplo, establecer la SA como principio rector en materia de tratados internacionales (Bolivia) o como objetivo estratégico de la Nación (Ecuador). Otros países, si bien no hacen referencia directa a la SA, establecen en sus constituciones el “Derecho a la alimentación”, comprometiendo al Estado a proteger a su población en contra del hambre. En la actual Constitución chilena no se encuentra ninguna referencia.

Desde el ámbito institucional, la revuelta de octubre impulsó la apertura de un proceso constituyente, el que plantea nuevos desafíos al movimiento social: construir alternativas para el aprendizaje y comprensión de este tipo de acciones con el fin de incorporar en ellas las propuestas populares. En este contexto, durante los últimos meses del 2019, reinventando formas de resistencia, se abre la Escuela Popular Constituyente – Universidad de Chile, Organizaciones Sociales y Asambleas Territoriales como un actor más del movimiento social que proclama recuperación de derechos para los pueblos.

Uno de los objetivos de la EPC es “Apoyar la democratización del proceso constituyente, mediante el desarrollo de instancias de autoformación ciudadana”. Aportar al avance de la construcción de la Soberanía Alimentaria es una respuesta urgente y necesaria para enfrentar la situación de precariedad y hambre que sufren amplios sectores de la población, clara demostración de la incapacidad de este modelo y sus administradores para entregar una respuesta eficaz en el resguardo de la vida.

*Elena Díaz Bastias y Rocio Núñez Verdejo son de la Escuela Popular Constituyente Universidad de Chile y de organizaciones sociales y territoriales.