Una vez más injusticia patriarcal: El caso de Sara y la criminalización de la legítima defensa
Durante los últimos días diversas organizaciones feministas se han unido para exigir la absolución de una mujer que se mantiene con arresto domiciliario e investigada por parricidio en la región de Aysén, luego de matar a su ex pareja cuando el hombre intentó asesinarla.
Andrea Bustos C.
Miércoles 29 de julio 2020 7:36 hrs.
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“Nuestros oficiales están en muy buen estado, obviamente de manera profesional pudieron repeler el ataque, reaccionaron de una muy buena manera”. Con esta frase, el pasado 21 de julio el prefecto inspector Iván Villanueva, jefe policial de la Región Metropolitana, se refería a los dos funcionarios de la Policía de Investigaciones que repelieron un asalto dando muerte a dos delincuentes y dejando a un tercero herido.
El motivo de la defensa realizada por los policías fue un asalto, ya que al menos 5 delincuentes intentaron robarles su automóvil en la Ruta 68 en la comuna de Pudahuel. En resumen, una amenaza que requirió defensa terminó con dos personas fallecidas.
Según información entregada por el Centro de Prensa de la Policía de Investigaciones, ambos oficiales – que continúan desarrollando sus funciones- están en calidad de víctimas de un delito en una investigación que se encuentra en manos de Carabineros. Asimismo, la institución instruyó una investigación interna de acuerdo a sus protocolos.
Este caso reciente es recordado por la abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo, al analizar el caso de Sara, una mujer de la Región de Aysén, específicamente de la localidad rural Raúl Marín Balmaceda, acusada de parricidio luego de matar a su ex pareja cuando el hombre – que mantenía una orden de alejamiento vigente – trató de asesinarla en su domicilio.
“Nos parece que quizás hay una mala interpretación de los hechos, una mala interpretación de lo que sucedió en el caso de Sara. La verdad es que es muy difícil explicárselo, cuando además vemos otro tipo de noticias, por ejemplo que dos oficiales de la PDI en la calle, les intentan robar un auto, solo robar un auto, ellos matan a las dos personas que intentan robarles un auto y después son felicitados por su experticia al defenderse. Cuesta mucho comprender entonces por qué la legislación que tenía que estar protegiendo a Sara hoy día la criminaliza, si estaba dentro de su casa y alguien va a amenazarla de muerte”, comentó la abogada.
La situación se remonta al 3 de junio, cuando Flavio Avilez, ex pareja de Sara, ingresó al domicilio de la mujer, recriminándole tener otra pareja, manifestando intenciones de asesinarla y haciendo caso omiso a la orden de alejamiento que tenía vigente por violencia intrafamiliar. Ante la situación y el peligro, Sara ejerció legítima defensa y dio muerte a su agresor.
Entonces, como en cientos de otros casos, la protección que la mujer había solicitado al Estado ante la violencia no se aplicó, el Estado una vez más quedó al debe y no impidió que Sara fuese atacada una vez más. Junto a esa desprotección, ante su defensa, hoy el mismo Estado la criminaliza y busca para ella una condena.
“Me parece a mí que cualquier persona que dentro de su casa se siente amenaza de muerte va a buscar la forma de defenderse, más aún, Sara se supone que estaba amparada por el Ministerio Público y por la legislación. Cuando se dicta una orden de protección, significa que hay que proteger a alguien que está corriendo peligro en su vida”, comentó la abogada Lorena Astudillo.
“Sara se defiende y la verdad que no encontramos ningún sentido para que el Ministerio Público hoy día la criminalice por parricidio y la esté acusando de haber asesinado a la pareja, cuando se supone que ella tenía que estar en su casa resguardada por la institucionalidad chilena para que no le pasara nada”, complementó la abogada.
Según explicó la defensora de Sara, Oriana Macias, hoy el proceso judicial se encuentra en investigación por parricidio con un plazo de 75 días, con la medida cautelar de arresto domiciliario total: “Nosotros solicitamos la semana pasada una revisión de la medida cautelar, puesto que creemos que Sara debiera estar con arresto domiciliario parcial y salir durante el día y poder trabajar”, explicó Macias.
“Dentro de mis expectativas, y que está dentro de mi teoría del caso, es que doña Sara sea absuelta y que los jueces valoren todos los antecedentes que tenemos, que dan cuenta de un historial de violencia intrafamiliar, que dan cuenta de una situación de riesgo inminente contra su vida el mismo día de los hechos y, por lo tanto, se constituya por el tribunal que existe una legítima defensa y sea absuelta. Esas son mis expectativas del caso porque encuentro que están todos los antecedentes para afirmar que es una legítima defensa”, comentó la Defensora Penal Pública de la comuna de Puerto Cisnes.
Sara no es un caso aislado
La situación vivida por Sara en la región de Aysén revela dos falencias graves que los aparatos del Estado tienen en materia de violencia de género. Por un lado, están las fallas en los sistemas de protección, como lo son las órdenes de alejamiento, cuyo objetivo es que las víctimas no se vean expuestas a sus agresores.
“El 45 por ciento de los femicidios tenía una denuncia o una medida cautelar, eso ya nos da cuenta de que las medidas cautelares que establece hoy día la legislación chilena y que están decretando los jueces no sirven, no ponen a salvo a las mujeres. Entonces éste es un llamado de alerta, un llamado de atención urgente para modificar y para extremar estas medidas de cuidado”, comentó al respecto la abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo.
Por su parte, la defensora de Sara apuntó a establecer no solo medidas sancionatorias, sino también previas de educación para evitar la violencia.
“Es cierto que el sistema judicial tiene falencias, como cualquier otro, y en este caso de doña Sara hubo antecedentes de violencia intrafamiliar y de denuncias que ella hizo. Yo creo que todavía no hemos podido crear un sistema para responder a estas necesidades sociales o establecer medidas distintas al sistema penal. Sabemos que con la sanción no se corrigen estas actitudes (…) Deberíamos como sociedad tal vez establecer otros mecanismos para dar respuesta a la necesidad y corregir, previo a un sistema penal, que las relaciones y la solución de conflictos debe ser de forma pacífica”, comentó.
Asimismo, el caso también revela una situación que se viene denunciando hace mucho tiempo por las organizaciones feministas, y que durante los últimos días, a partir del proceso por el suicidio femicida de Antonia Barra, ha resurgido con mayor fuerza: la falta de un enfoque de género y derechos humanos en el aparato judicial en su conjunto, tanto en las instituciones propias de este poder del Estado, como también en el Ministerio Público.
La abogada Lorena Astudillo comentó que “lo primero es que el Ministerio Público debiera estar mucho más informado acerca de cómo son las situaciones, lo que es la legislación internacional y nos parece que debiera pedirle perdón a Sara y a todas las demás mujeres a las cuales no insistió en sus denuncias, porque ella ya había hecho una, ésta es la segunda. Por lo tanto nos parece que debieran revisar sus prácticas cuando se denuncia por parte de las mujeres”.
Desde AML Defensa de Mujeres, la abogada Francisca Millán ratificó que esto solo es el reflejo de una situación macro en la que el Estado le falla a las mujeres. “Visibiliza lo que ya hemos venido denunciando hace muchísimo tiempo y es la falta, o muy evidente disminución de efectividad, de las medidas de protección que se les dan a las víctimas, en las cuales se declaran meramente en el papel, sin embargo, carecen de aplicación en el momento en que se les necesita”, dijo.
“Esto tiene que ver mucho con la falta de capacidad policial y de respuesta, de preparación respecto de la violencia de género. Finalmente este abandono estatal termina poniendo a las mujeres en una situación de indefensión de la que se tienen que hacer cargo ellas mismas, volviéndose las victimarias. Finalmente, no solo no damos protección, sino que se pone a las mujeres en este rol de victimarias, en el que ahora sí el Estado va absolutamente en su contra con total fuerza”, complementó Millán.
Asimismo la abogada explicó que cuando se habla de aplicar enfoque de derechos humanos y género en procesos judiciales, no solo se hace en el caso de que las mujeres sea víctimas, sino que “también cuando se les puede acusar de victimarias, como es en este caso. El enfoque de género permite reflexionar respecto de la situación de violencia en que ella se encontraba y la necesidad de defenderse. Estamos ante un caso en que ella era víctima permanente de violencia de género”.
Junto a ello la abogada reiteró la necesidad de que todas las instituciones del Estado respeten los tratados y convenciones que el país ha suscrito en la materia.
“La sanción, prevención y erradicación de la violencia es también una obligación del Poder Judicial, es también una obligación del Ministerio Público y, por tanto, la realización de su trabajo y su función estatal en respeto irrestricto a los derechos humanos y el género es una obligación. No es una elección ni es algo que debiera estar particularizado exclusivamente en ciertos fiscales o tribunales que tienen alguna visión de género como si los tratados internacionales fueran una declaración poética y no vinculante, a la que cada uno elige si ceñirse o no”, explicó.
Tal como ocurre en muchos casos en que las mujeres son violentadas, ya sea por otras personas o por el Estado, las mujeres se han organizado en apoyo y defensa de una compañera. Así ocurrió en la Región de Aysén, en la que diversas organizaciones y colectivas feministas se unieron no solo para visibilizar su causa y la situación de violencia en la región, sino también para apoyarla en estos momentos en que su libertad está restringida.
“Nuevamente la justicia no está de nuestra parte. En el caso de Sara, las medidas y cómo está siendo tratado ahora que está en fase investigativa, no se está haciendo de la forma que nosotras hubiésemos esperado, con un cuidado hacia la salud sicológica de la compañera”, comentó Danae Aravena, vocera de la Red Feminista de Aysén.
Junto a ello, la vocera indicó que es lamentable que aun cuando Sara tomó todas las medidas que debía para su protección ante la violencia, el Estado no la proteja. “Aun así la están enjuiciando por parricidio, entonces consideramos que a pesar de que existe una convención de Belém do Pará que dice que los juicios deben tener un enfoque de género, efectivamente acá en todo el proceso anterior no se ha tomado en cuenta”.
“Esperamos que salga absuelta, que se tomen todos los resguardos necesarios a nivel de una perspectiva de género porque no pueden seguir ocurriendo situaciones en este territorio en que nosotros nos encontramos trabajando, porque es muy violento, hay una ruralidad y un machismo exacerbado y eso se ve reflejado en las instituciones también”, añadió.
Por otra parte, desde la Red Feminista de Aysén han rechazado la postura que tomó la Seremi de Sernameg de Aysén, quien respecto de este caso dijo que no se le apoyará y que condena la violencia venga de donde venga. A juicio de las organizaciones feministas, dicha postura es por lo menos grave, dado que proviene desde la representante de la institucionalidad llamada a proteger a las mujeres.
Consultada por este caso, desde la seremi de Sernameg Aysén indicaron que no pueden referirse al tema, dado que hay una investigación en curso de la que no cuentan con los antecedentes suficientes, puesto que no participan del proceso, ya que éste lo lleva la Defensoría Regional.
Además, Danae Aravena comentó que el abandono hacia Sara ha continuado luego de su formalización, pues con su arresto domiciliario ha quedado impedida de trabajar y generar recursos. Junto a ello, tampoco ha recibido apoyo psicológico para enfrentar este proceso judicial. Para ello desde la Red Feminista de Aysén, en conjunto a la Red Chilena, han hecho autogestión para ayudar a Sara con todo lo que pueda requerir durante este período.
Respecto de lo que a partir de este caso se espera hagan las autoridades, la vocera de la Red Feminista de Aysén, Danae Aravena, afirmó que es esencial que se pongan en práctica realmente los enfoques de género. Para ello, la presencia de más mujeres con dicho enfoque en los tres poderes del Estado es clave, para así dar un punto de partida a la concientización de la violencia y desigualdad de género:
“Mientras eso no se logre vamos a seguir teniendo un Estado y un Gobierno que no nos está cuidando”, concluyó.
“Nuestros oficiales están en muy buen estado, obviamente de manera profesional pudieron repeler el ataque, reaccionaron de una muy buena manera”. Con esta frase, el pasado 21 de julio el prefecto inspector Iván Villanueva, jefe policial de la Región Metropolitana, se refería a los dos funcionarios de la Policía de Investigaciones que repelieron un asalto dando muerte a dos delincuentes y dejando a un tercero herido.
El motivo de la defensa realizada por los policías fue un asalto, ya que al menos 5 delincuentes intentaron robarles su automóvil en la Ruta 68 en la comuna de Pudahuel. En resumen, una amenaza que requirió defensa terminó con dos personas fallecidas.
Según información entregada por el Centro de Prensa de la Policía de Investigaciones, ambos oficiales – que continúan desarrollando sus funciones- están en calidad de víctimas de un delito en una investigación que se encuentra en manos de Carabineros. Asimismo, la institución instruyó una investigación interna de acuerdo a sus protocolos.
Este caso reciente es recordado por la abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo, al analizar el caso de Sara, una mujer de la Región de Aysén, específicamente de la localidad rural Raúl Marín Balmaceda, acusada de parricidio luego de matar a su ex pareja cuando el hombre – que mantenía una orden de alejamiento vigente – trató de asesinarla en su domicilio.
“Nos parece que quizás hay una mala interpretación de los hechos, una mala interpretación de lo que sucedió en el caso de Sara. La verdad es que es muy difícil explicárselo, cuando además vemos otro tipo de noticias, por ejemplo que dos oficiales de la PDI en la calle, les intentan robar un auto, solo robar un auto, ellos matan a las dos personas que intentan robarles un auto y después son felicitados por su experticia al defenderse. Cuesta mucho comprender entonces por qué la legislación que tenía que estar protegiendo a Sara hoy día la criminaliza, si estaba dentro de su casa y alguien va a amenazarla de muerte”, comentó la abogada.
La situación se remonta al 3 de junio, cuando Flavio Avilez, ex pareja de Sara, ingresó al domicilio de la mujer, recriminándole tener otra pareja, manifestando intenciones de asesinarla y haciendo caso omiso a la orden de alejamiento que tenía vigente por violencia intrafamiliar. Ante la situación y el peligro, Sara ejerció legítima defensa y dio muerte a su agresor.
Entonces, como en cientos de otros casos, la protección que la mujer había solicitado al Estado ante la violencia no se aplicó, el Estado una vez más quedó al debe y no impidió que Sara fuese atacada una vez más. Junto a esa desprotección, ante su defensa, hoy el mismo Estado la criminaliza y busca para ella una condena.
“Me parece a mí que cualquier persona que dentro de su casa se siente amenaza de muerte va a buscar la forma de defenderse, más aún, Sara se supone que estaba amparada por el Ministerio Público y por la legislación. Cuando se dicta una orden de protección, significa que hay que proteger a alguien que está corriendo peligro en su vida”, comentó la abogada Lorena Astudillo.
“Sara se defiende y la verdad que no encontramos ningún sentido para que el Ministerio Público hoy día la criminalice por parricidio y la esté acusando de haber asesinado a la pareja, cuando se supone que ella tenía que estar en su casa resguardada por la institucionalidad chilena para que no le pasara nada”, complementó la abogada.
Según explicó la defensora de Sara, Oriana Macias, hoy el proceso judicial se encuentra en investigación por parricidio con un plazo de 75 días, con la medida cautelar de arresto domiciliario total: “Nosotros solicitamos la semana pasada una revisión de la medida cautelar, puesto que creemos que Sara debiera estar con arresto domiciliario parcial y salir durante el día y poder trabajar”, explicó Macias.
“Dentro de mis expectativas, y que está dentro de mi teoría del caso, es que doña Sara sea absuelta y que los jueces valoren todos los antecedentes que tenemos, que dan cuenta de un historial de violencia intrafamiliar, que dan cuenta de una situación de riesgo inminente contra su vida el mismo día de los hechos y, por lo tanto, se constituya por el tribunal que existe una legítima defensa y sea absuelta. Esas son mis expectativas del caso porque encuentro que están todos los antecedentes para afirmar que es una legítima defensa”, comentó la Defensora Penal Pública de la comuna de Puerto Cisnes.
Sara no es un caso aislado
La situación vivida por Sara en la región de Aysén revela dos falencias graves que los aparatos del Estado tienen en materia de violencia de género. Por un lado, están las fallas en los sistemas de protección, como lo son las órdenes de alejamiento, cuyo objetivo es que las víctimas no se vean expuestas a sus agresores.
“El 45 por ciento de los femicidios tenía una denuncia o una medida cautelar, eso ya nos da cuenta de que las medidas cautelares que establece hoy día la legislación chilena y que están decretando los jueces no sirven, no ponen a salvo a las mujeres. Entonces éste es un llamado de alerta, un llamado de atención urgente para modificar y para extremar estas medidas de cuidado”, comentó al respecto la abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo.
Por su parte, la defensora de Sara apuntó a establecer no solo medidas sancionatorias, sino también previas de educación para evitar la violencia.
“Es cierto que el sistema judicial tiene falencias, como cualquier otro, y en este caso de doña Sara hubo antecedentes de violencia intrafamiliar y de denuncias que ella hizo. Yo creo que todavía no hemos podido crear un sistema para responder a estas necesidades sociales o establecer medidas distintas al sistema penal. Sabemos que con la sanción no se corrigen estas actitudes (…) Deberíamos como sociedad tal vez establecer otros mecanismos para dar respuesta a la necesidad y corregir, previo a un sistema penal, que las relaciones y la solución de conflictos debe ser de forma pacífica”, comentó.
Asimismo, el caso también revela una situación que se viene denunciando hace mucho tiempo por las organizaciones feministas, y que durante los últimos días, a partir del proceso por el suicidio femicida de Antonia Barra, ha resurgido con mayor fuerza: la falta de un enfoque de género y derechos humanos en el aparato judicial en su conjunto, tanto en las instituciones propias de este poder del Estado, como también en el Ministerio Público.
La abogada Lorena Astudillo comentó que “lo primero es que el Ministerio Público debiera estar mucho más informado acerca de cómo son las situaciones, lo que es la legislación internacional y nos parece que debiera pedirle perdón a Sara y a todas las demás mujeres a las cuales no insistió en sus denuncias, porque ella ya había hecho una, ésta es la segunda. Por lo tanto nos parece que debieran revisar sus prácticas cuando se denuncia por parte de las mujeres”.
Desde AML Defensa de Mujeres, la abogada Francisca Millán ratificó que esto solo es el reflejo de una situación macro en la que el Estado le falla a las mujeres. “Visibiliza lo que ya hemos venido denunciando hace muchísimo tiempo y es la falta, o muy evidente disminución de efectividad, de las medidas de protección que se les dan a las víctimas, en las cuales se declaran meramente en el papel, sin embargo, carecen de aplicación en el momento en que se les necesita”, dijo.
“Esto tiene que ver mucho con la falta de capacidad policial y de respuesta, de preparación respecto de la violencia de género. Finalmente este abandono estatal termina poniendo a las mujeres en una situación de indefensión de la que se tienen que hacer cargo ellas mismas, volviéndose las victimarias. Finalmente, no solo no damos protección, sino que se pone a las mujeres en este rol de victimarias, en el que ahora sí el Estado va absolutamente en su contra con total fuerza”, complementó Millán.
Asimismo la abogada explicó que cuando se habla de aplicar enfoque de derechos humanos y género en procesos judiciales, no solo se hace en el caso de que las mujeres sea víctimas, sino que “también cuando se les puede acusar de victimarias, como es en este caso. El enfoque de género permite reflexionar respecto de la situación de violencia en que ella se encontraba y la necesidad de defenderse. Estamos ante un caso en que ella era víctima permanente de violencia de género”.
Junto a ello la abogada reiteró la necesidad de que todas las instituciones del Estado respeten los tratados y convenciones que el país ha suscrito en la materia.
“La sanción, prevención y erradicación de la violencia es también una obligación del Poder Judicial, es también una obligación del Ministerio Público y, por tanto, la realización de su trabajo y su función estatal en respeto irrestricto a los derechos humanos y el género es una obligación. No es una elección ni es algo que debiera estar particularizado exclusivamente en ciertos fiscales o tribunales que tienen alguna visión de género como si los tratados internacionales fueran una declaración poética y no vinculante, a la que cada uno elige si ceñirse o no”, explicó.
Tal como ocurre en muchos casos en que las mujeres son violentadas, ya sea por otras personas o por el Estado, las mujeres se han organizado en apoyo y defensa de una compañera. Así ocurrió en la Región de Aysén, en la que diversas organizaciones y colectivas feministas se unieron no solo para visibilizar su causa y la situación de violencia en la región, sino también para apoyarla en estos momentos en que su libertad está restringida.
“Nuevamente la justicia no está de nuestra parte. En el caso de Sara, las medidas y cómo está siendo tratado ahora que está en fase investigativa, no se está haciendo de la forma que nosotras hubiésemos esperado, con un cuidado hacia la salud sicológica de la compañera”, comentó Danae Aravena, vocera de la Red Feminista de Aysén.
Junto a ello, la vocera indicó que es lamentable que aun cuando Sara tomó todas las medidas que debía para su protección ante la violencia, el Estado no la proteja. “Aun así la están enjuiciando por parricidio, entonces consideramos que a pesar de que existe una convención de Belém do Pará que dice que los juicios deben tener un enfoque de género, efectivamente acá en todo el proceso anterior no se ha tomado en cuenta”.
“Esperamos que salga absuelta, que se tomen todos los resguardos necesarios a nivel de una perspectiva de género porque no pueden seguir ocurriendo situaciones en este territorio en que nosotros nos encontramos trabajando, porque es muy violento, hay una ruralidad y un machismo exacerbado y eso se ve reflejado en las instituciones también”, añadió.
Por otra parte, desde la Red Feminista de Aysén han rechazado la postura que tomó la Seremi de Sernameg de Aysén, quien respecto de este caso dijo que no se le apoyará y que condena la violencia venga de donde venga. A juicio de las organizaciones feministas, dicha postura es por lo menos grave, dado que proviene desde la representante de la institucionalidad llamada a proteger a las mujeres.
Consultada por este caso, desde la seremi de Sernameg Aysén indicaron que no pueden referirse al tema, dado que hay una investigación en curso de la que no cuentan con los antecedentes suficientes, puesto que no participan del proceso, ya que éste lo lleva la Defensoría Regional.
Además, Danae Aravena comentó que el abandono hacia Sara ha continuado luego de su formalización, pues con su arresto domiciliario ha quedado impedida de trabajar y generar recursos. Junto a ello, tampoco ha recibido apoyo psicológico para enfrentar este proceso judicial. Para ello desde la Red Feminista de Aysén, en conjunto a la Red Chilena, han hecho autogestión para ayudar a Sara con todo lo que pueda requerir durante este período.
Respecto de lo que a partir de este caso se espera hagan las autoridades, la vocera de la Red Feminista de Aysén, Danae Aravena, afirmó que es esencial que se pongan en práctica realmente los enfoques de género. Para ello, la presencia de más mujeres con dicho enfoque en los tres poderes del Estado es clave, para así dar un punto de partida a la concientización de la violencia y desigualdad de género:
“Mientras eso no se logre vamos a seguir teniendo un Estado y un Gobierno que no nos está cuidando”, concluyó.
“Nuestros oficiales están en muy buen estado, obviamente de manera profesional pudieron repeler el ataque, reaccionaron de una muy buena manera”. Con esta frase, el pasado 21 de julio el prefecto inspector Iván Villanueva, jefe policial de la Región Metropolitana, se refería a los dos funcionarios de la Policía de Investigaciones que repelieron un asalto dando muerte a dos delincuentes y dejando a un tercero herido.
El motivo de la defensa realizada por los policías fue un asalto, ya que al menos 5 delincuentes intentaron robarles su automóvil en la Ruta 68 en la comuna de Pudahuel. En resumen, una amenaza que requirió defensa terminó con dos personas fallecidas.
Según información entregada por el Centro de Prensa de la Policía de Investigaciones, ambos oficiales – que continúan desarrollando sus funciones- están en calidad de víctimas de un delito en una investigación que se encuentra en manos de Carabineros. Asimismo, la institución instruyó una investigación interna de acuerdo a sus protocolos.
Este caso reciente es recordado por la abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo, al analizar el caso de Sara, una mujer de la Región de Aysén, específicamente de la localidad rural Raúl Marín Balmaceda, acusada de parricidio luego de matar a su ex pareja cuando el hombre – que mantenía una orden de alejamiento vigente – trató de asesinarla en su domicilio.
“Nos parece que quizás hay una mala interpretación de los hechos, una mala interpretación de lo que sucedió en el caso de Sara. La verdad es que es muy difícil explicárselo, cuando además vemos otro tipo de noticias, por ejemplo que dos oficiales de la PDI en la calle, les intentan robar un auto, solo robar un auto, ellos matan a las dos personas que intentan robarles un auto y después son felicitados por su experticia al defenderse. Cuesta mucho comprender entonces por qué la legislación que tenía que estar protegiendo a Sara hoy día la criminaliza, si estaba dentro de su casa y alguien va a amenazarla de muerte”, comentó la abogada.
La situación se remonta al 3 de junio, cuando Flavio Avilez, ex pareja de Sara, ingresó al domicilio de la mujer, recriminándole tener otra pareja, manifestando intenciones de asesinarla y haciendo caso omiso a la orden de alejamiento que tenía vigente por violencia intrafamiliar. Ante la situación y el peligro, Sara ejerció legítima defensa y dio muerte a su agresor.
Entonces, como en cientos de otros casos, la protección que la mujer había solicitado al Estado ante la violencia no se aplicó, el Estado una vez más quedó al debe y no impidió que Sara fuese atacada una vez más. Junto a esa desprotección, ante su defensa, hoy el mismo Estado la criminaliza y busca para ella una condena.
“Me parece a mí que cualquier persona que dentro de su casa se siente amenaza de muerte va a buscar la forma de defenderse, más aún, Sara se supone que estaba amparada por el Ministerio Público y por la legislación. Cuando se dicta una orden de protección, significa que hay que proteger a alguien que está corriendo peligro en su vida”, comentó la abogada Lorena Astudillo.
“Sara se defiende y la verdad que no encontramos ningún sentido para que el Ministerio Público hoy día la criminalice por parricidio y la esté acusando de haber asesinado a la pareja, cuando se supone que ella tenía que estar en su casa resguardada por la institucionalidad chilena para que no le pasara nada”, complementó la abogada.
Según explicó la defensora de Sara, Oriana Macias, hoy el proceso judicial se encuentra en investigación por parricidio con un plazo de 75 días, con la medida cautelar de arresto domiciliario total: “Nosotros solicitamos la semana pasada una revisión de la medida cautelar, puesto que creemos que Sara debiera estar con arresto domiciliario parcial y salir durante el día y poder trabajar”, explicó Macias.
“Dentro de mis expectativas, y que está dentro de mi teoría del caso, es que doña Sara sea absuelta y que los jueces valoren todos los antecedentes que tenemos, que dan cuenta de un historial de violencia intrafamiliar, que dan cuenta de una situación de riesgo inminente contra su vida el mismo día de los hechos y, por lo tanto, se constituya por el tribunal que existe una legítima defensa y sea absuelta. Esas son mis expectativas del caso porque encuentro que están todos los antecedentes para afirmar que es una legítima defensa”, comentó la Defensora Penal Pública de la comuna de Puerto Cisnes.
Sara no es un caso aislado
La situación vivida por Sara en la región de Aysén revela dos falencias graves que los aparatos del Estado tienen en materia de violencia de género. Por un lado, están las fallas en los sistemas de protección, como lo son las órdenes de alejamiento, cuyo objetivo es que las víctimas no se vean expuestas a sus agresores.
“El 45 por ciento de los femicidios tenía una denuncia o una medida cautelar, eso ya nos da cuenta de que las medidas cautelares que establece hoy día la legislación chilena y que están decretando los jueces no sirven, no ponen a salvo a las mujeres. Entonces éste es un llamado de alerta, un llamado de atención urgente para modificar y para extremar estas medidas de cuidado”, comentó al respecto la abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo.
Por su parte, la defensora de Sara apuntó a establecer no solo medidas sancionatorias, sino también previas de educación para evitar la violencia.
“Es cierto que el sistema judicial tiene falencias, como cualquier otro, y en este caso de doña Sara hubo antecedentes de violencia intrafamiliar y de denuncias que ella hizo. Yo creo que todavía no hemos podido crear un sistema para responder a estas necesidades sociales o establecer medidas distintas al sistema penal. Sabemos que con la sanción no se corrigen estas actitudes (…) Deberíamos como sociedad tal vez establecer otros mecanismos para dar respuesta a la necesidad y corregir, previo a un sistema penal, que las relaciones y la solución de conflictos debe ser de forma pacífica”, comentó.
Asimismo, el caso también revela una situación que se viene denunciando hace mucho tiempo por las organizaciones feministas, y que durante los últimos días, a partir del proceso por el suicidio femicida de Antonia Barra, ha resurgido con mayor fuerza: la falta de un enfoque de género y derechos humanos en el aparato judicial en su conjunto, tanto en las instituciones propias de este poder del Estado, como también en el Ministerio Público.
La abogada Lorena Astudillo comentó que “lo primero es que el Ministerio Público debiera estar mucho más informado acerca de cómo son las situaciones, lo que es la legislación internacional y nos parece que debiera pedirle perdón a Sara y a todas las demás mujeres a las cuales no insistió en sus denuncias, porque ella ya había hecho una, ésta es la segunda. Por lo tanto nos parece que debieran revisar sus prácticas cuando se denuncia por parte de las mujeres”.
Desde AML Defensa de Mujeres, la abogada Francisca Millán ratificó que esto solo es el reflejo de una situación macro en la que el Estado le falla a las mujeres. “Visibiliza lo que ya hemos venido denunciando hace muchísimo tiempo y es la falta, o muy evidente disminución de efectividad, de las medidas de protección que se les dan a las víctimas, en las cuales se declaran meramente en el papel, sin embargo, carecen de aplicación en el momento en que se les necesita”, dijo.
“Esto tiene que ver mucho con la falta de capacidad policial y de respuesta, de preparación respecto de la violencia de género. Finalmente este abandono estatal termina poniendo a las mujeres en una situación de indefensión de la que se tienen que hacer cargo ellas mismas, volviéndose las victimarias. Finalmente, no solo no damos protección, sino que se pone a las mujeres en este rol de victimarias, en el que ahora sí el Estado va absolutamente en su contra con total fuerza”, complementó Millán.
Asimismo la abogada explicó que cuando se habla de aplicar enfoque de derechos humanos y género en procesos judiciales, no solo se hace en el caso de que las mujeres sea víctimas, sino que “también cuando se les puede acusar de victimarias, como es en este caso. El enfoque de género permite reflexionar respecto de la situación de violencia en que ella se encontraba y la necesidad de defenderse. Estamos ante un caso en que ella era víctima permanente de violencia de género”.
Junto a ello la abogada reiteró la necesidad de que todas las instituciones del Estado respeten los tratados y convenciones que el país ha suscrito en la materia.
“La sanción, prevención y erradicación de la violencia es también una obligación del Poder Judicial, es también una obligación del Ministerio Público y, por tanto, la realización de su trabajo y su función estatal en respeto irrestricto a los derechos humanos y el género es una obligación. No es una elección ni es algo que debiera estar particularizado exclusivamente en ciertos fiscales o tribunales que tienen alguna visión de género como si los tratados internacionales fueran una declaración poética y no vinculante, a la que cada uno elige si ceñirse o no”, explicó.
Tal como ocurre en muchos casos en que las mujeres son violentadas, ya sea por otras personas o por el Estado, las mujeres se han organizado en apoyo y defensa de una compañera. Así ocurrió en la Región de Aysén, en la que diversas organizaciones y colectivas feministas se unieron no solo para visibilizar su causa y la situación de violencia en la región, sino también para apoyarla en estos momentos en que su libertad está restringida.
“Nuevamente la justicia no está de nuestra parte. En el caso de Sara, las medidas y cómo está siendo tratado ahora que está en fase investigativa, no se está haciendo de la forma que nosotras hubiésemos esperado, con un cuidado hacia la salud sicológica de la compañera”, comentó Danae Aravena, vocera de la Red Feminista de Aysén.
Junto a ello, la vocera indicó que es lamentable que aun cuando Sara tomó todas las medidas que debía para su protección ante la violencia, el Estado no la proteja. “Aun así la están enjuiciando por parricidio, entonces consideramos que a pesar de que existe una convención de Belém do Pará que dice que los juicios deben tener un enfoque de género, efectivamente acá en todo el proceso anterior no se ha tomado en cuenta”.
“Esperamos que salga absuelta, que se tomen todos los resguardos necesarios a nivel de una perspectiva de género porque no pueden seguir ocurriendo situaciones en este territorio en que nosotros nos encontramos trabajando, porque es muy violento, hay una ruralidad y un machismo exacerbado y eso se ve reflejado en las instituciones también”, añadió.
Por otra parte, desde la Red Feminista de Aysén han rechazado la postura que tomó la Seremi de Sernameg de Aysén, quien respecto de este caso dijo que no se le apoyará y que condena la violencia venga de donde venga. A juicio de las organizaciones feministas, dicha postura es por lo menos grave, dado que proviene desde la representante de la institucionalidad llamada a proteger a las mujeres.
Consultada por este caso, desde la seremi de Sernameg Aysén indicaron que no pueden referirse al tema, dado que hay una investigación en curso de la que no cuentan con los antecedentes suficientes, puesto que no participan del proceso, ya que éste lo lleva la Defensoría Regional.
Además, Danae Aravena comentó que el abandono hacia Sara ha continuado luego de su formalización, pues con su arresto domiciliario ha quedado impedida de trabajar y generar recursos. Junto a ello, tampoco ha recibido apoyo psicológico para enfrentar este proceso judicial. Para ello desde la Red Feminista de Aysén, en conjunto a la Red Chilena, han hecho autogestión para ayudar a Sara con todo lo que pueda requerir durante este período.
Respecto de lo que a partir de este caso se espera hagan las autoridades, la vocera de la Red Feminista de Aysén, Danae Aravena, afirmó que es esencial que se pongan en práctica realmente los enfoques de género. Para ello, la presencia de más mujeres con dicho enfoque en los tres poderes del Estado es clave, para así dar un punto de partida a la concientización de la violencia y desigualdad de género:
“Mientras eso no se logre vamos a seguir teniendo un Estado y un Gobierno que no nos está cuidando”, concluyó.
