Adelantar el cierre de las termoeléctricas: ¿otra oportunidad perdida por el Gobierno?
Este lunes, la comisión de medioambiente de la Cámara de Diputados aprobó adelantar dicho proceso para el 2025. Ante la advertencia del Ejecutivo sobre algunos impactos de la moción en la economía nacional, la coordinadora de campañas de Greenpeace Chile, Estefanía González, precisó que dicha postura “es contraria a un país que internacionalmente dice ser un líder climático”.
Eduardo Andrade
Martes 4 de agosto 2020 20:51 hrs.
Compartir en
Fue en el marco de la COP25 de Madrid cuando el Gobierno, a través del ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, anunció por todo lo alto un cronograma para el fin de las termoeléctricas en nuestro país que, si bien contemplaba la salida de 8 de ellas para el año 2024, dejaba funcionando a 20 hasta el año 2040.
Toda esta apuesta, sin embargo, quedó atrás, frente a una iniciativa que venía siendo debatida en la comisión de medioambiente de la Cámara de Diputados, y en la que se propone adelantar el cierre de las termoeléctricas para el año 2025.
Este lunes, la moción fue aprobada en particular en dicha instancia y avanzó a su discusión en la Cámara de Diputados. Ante esto, el parlamentario de Convergencia Social y autor de la iniciativa, Diego Ibáñez, entregó su balance respecto del impacto que tendría la misma en la vida de las comunidades en zona de sacrificio, y su relevancia en el proceso de reactivación de la economía.
Diego Ibáñez
“Refleja la necesidad de una reactivación económica verde después de la pandemia, de reparar ambientalmente las zonas de sacrificio, y de escuchar el malestar de la niñez, de las comunidades, y tomarnos en serio la crisis climática. La desigualdad social y la injusticia ambiental en Chile, son razones suficientes para que el Estado decida prohibir las termoeléctricas a carbón, comenzando a gestionar, a invertir mucho más para transformar nuestra matriz energética”, señaló.
La respuesta del Gobierno
Sobre el significado que se emite con este avance legislativo, para la coordinadora de campañas de Greenpeace Chile, Estefanía González, se trata de una medida a la que una vez más el Ejecutivo llega tarde, dado que “debió haber sido anunciado durante la COP 25 si se pretendía convertir a Chile en un verdadero líder climático”.
No obstante, una vez aprobado el proyecto en la comisión mencionada, las reacciones no tardaron de parte del Gobierno. Por ejemplo, pese a estar de acuerdo con los objetivos que busca este cierre adelantado, para el ministro Juan Carlos Jobet, lo mismo significaría la pérdida de 13 mil puestos de trabajo e incluso advirtió de posibles alzas en las cuentas de la luz.
Sobre esto último, González también se refirió asegurando que se trata de una “campaña del terror”.
“Creemos que no es el foco que debiese estarse teniendo. Tratar de asustar a la gente con aumentos de cobros, pérdidas de empleo, va completamente en la dirección contraria de hacia dónde debiese avanzar un país que dice ser a nivel internacional un líder climático. Hoy día las energías renovables tienen un menor costo en el mercado, generar energía en base a energías renovables es más barato que el carbón, además de los terribles impactos que tiene el carbón en la salud de las personas”, sostuvo la representante de Greenpeace.
Riesgo de nuevos proyectos
Asimismo, pese a valorar el avance de la moción de Ibáñez, la organización Mujeres en Zonas de Sacrificio ha mostrado su preocupación respecto de la intención de AES Gener de suministrar agua desalada desde su planta termoeléctrica en Ventanas hacia la zona central, lo cual vuelve a poner en riesgo a la zona con un nuevo problema medioambiental.
Marta Aravena.
Así, para la dirigente de dicha organización, Marta Aravena, es necesario puntualizar la utilidad de la energía generada por las termoeléctricas u otros proyectos, y lo prescindibles que serían éstos para el desarrollo del país.
“El país puede vivir perfectamente sin las termoeléctricas, hoy día hay tanto excedente de energía en el país, que las empresas le están vendiendo a Argentina y Bolivia, y el anuncio del presidente fue eso, que una de los negocios iba a ser vender energía, pero energía a qué costo. La necesitamos primero para el consumo humano y las cosas básicas, pero ya tenemos energía suficiente y hasta estamos exportando, por lo cual no se hace necesario más proyectos, no se justifican”, subrayó.
En los próximos días, se discutirá este proyecto en la Cámara de Diputados y de aprobarse pasaría al Senado. Además de la postura planteada por el Ejecutivo respecto de este tema, desde allí mismo se ha criticado al proyecto apelando también a su inconstitucionalidad, en el sentido de que podría afectar el derecho a la propiedad privada; algo, hay que recordar, también ha sido la tónica mostrada en otros debates legislativos.
Fue en el marco de la COP25 de Madrid cuando el Gobierno, a través del ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, anunció por todo lo alto un cronograma para el fin de las termoeléctricas en nuestro país que, si bien contemplaba la salida de 8 de ellas para el año 2024, dejaba funcionando a 20 hasta el año 2040.
Toda esta apuesta, sin embargo, quedó atrás, frente a una iniciativa que venía siendo debatida en la comisión de medioambiente de la Cámara de Diputados, y en la que se propone adelantar el cierre de las termoeléctricas para el año 2025.
Este lunes, la moción fue aprobada en particular en dicha instancia y avanzó a su discusión en la Cámara de Diputados. Ante esto, el parlamentario de Convergencia Social y autor de la iniciativa, Diego Ibáñez, entregó su balance respecto del impacto que tendría la misma en la vida de las comunidades en zona de sacrificio, y su relevancia en el proceso de reactivación de la economía.
Diego Ibáñez
“Refleja la necesidad de una reactivación económica verde después de la pandemia, de reparar ambientalmente las zonas de sacrificio, y de escuchar el malestar de la niñez, de las comunidades, y tomarnos en serio la crisis climática. La desigualdad social y la injusticia ambiental en Chile, son razones suficientes para que el Estado decida prohibir las termoeléctricas a carbón, comenzando a gestionar, a invertir mucho más para transformar nuestra matriz energética”, señaló.
La respuesta del Gobierno
Sobre el significado que se emite con este avance legislativo, para la coordinadora de campañas de Greenpeace Chile, Estefanía González, se trata de una medida a la que una vez más el Ejecutivo llega tarde, dado que “debió haber sido anunciado durante la COP 25 si se pretendía convertir a Chile en un verdadero líder climático”.
No obstante, una vez aprobado el proyecto en la comisión mencionada, las reacciones no tardaron de parte del Gobierno. Por ejemplo, pese a estar de acuerdo con los objetivos que busca este cierre adelantado, para el ministro Juan Carlos Jobet, lo mismo significaría la pérdida de 13 mil puestos de trabajo e incluso advirtió de posibles alzas en las cuentas de la luz.
Sobre esto último, González también se refirió asegurando que se trata de una “campaña del terror”.
“Creemos que no es el foco que debiese estarse teniendo. Tratar de asustar a la gente con aumentos de cobros, pérdidas de empleo, va completamente en la dirección contraria de hacia dónde debiese avanzar un país que dice ser a nivel internacional un líder climático. Hoy día las energías renovables tienen un menor costo en el mercado, generar energía en base a energías renovables es más barato que el carbón, además de los terribles impactos que tiene el carbón en la salud de las personas”, sostuvo la representante de Greenpeace.
Riesgo de nuevos proyectos
Asimismo, pese a valorar el avance de la moción de Ibáñez, la organización Mujeres en Zonas de Sacrificio ha mostrado su preocupación respecto de la intención de AES Gener de suministrar agua desalada desde su planta termoeléctrica en Ventanas hacia la zona central, lo cual vuelve a poner en riesgo a la zona con un nuevo problema medioambiental.
Marta Aravena.
Así, para la dirigente de dicha organización, Marta Aravena, es necesario puntualizar la utilidad de la energía generada por las termoeléctricas u otros proyectos, y lo prescindibles que serían éstos para el desarrollo del país.
“El país puede vivir perfectamente sin las termoeléctricas, hoy día hay tanto excedente de energía en el país, que las empresas le están vendiendo a Argentina y Bolivia, y el anuncio del presidente fue eso, que una de los negocios iba a ser vender energía, pero energía a qué costo. La necesitamos primero para el consumo humano y las cosas básicas, pero ya tenemos energía suficiente y hasta estamos exportando, por lo cual no se hace necesario más proyectos, no se justifican”, subrayó.
En los próximos días, se discutirá este proyecto en la Cámara de Diputados y de aprobarse pasaría al Senado. Además de la postura planteada por el Ejecutivo respecto de este tema, desde allí mismo se ha criticado al proyecto apelando también a su inconstitucionalidad, en el sentido de que podría afectar el derecho a la propiedad privada; algo, hay que recordar, también ha sido la tónica mostrada en otros debates legislativos.
Fue en el marco de la COP25 de Madrid cuando el Gobierno, a través del ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, anunció por todo lo alto un cronograma para el fin de las termoeléctricas en nuestro país que, si bien contemplaba la salida de 8 de ellas para el año 2024, dejaba funcionando a 20 hasta el año 2040.
Toda esta apuesta, sin embargo, quedó atrás, frente a una iniciativa que venía siendo debatida en la comisión de medioambiente de la Cámara de Diputados, y en la que se propone adelantar el cierre de las termoeléctricas para el año 2025.
Este lunes, la moción fue aprobada en particular en dicha instancia y avanzó a su discusión en la Cámara de Diputados. Ante esto, el parlamentario de Convergencia Social y autor de la iniciativa, Diego Ibáñez, entregó su balance respecto del impacto que tendría la misma en la vida de las comunidades en zona de sacrificio, y su relevancia en el proceso de reactivación de la economía.
Diego Ibáñez
“Refleja la necesidad de una reactivación económica verde después de la pandemia, de reparar ambientalmente las zonas de sacrificio, y de escuchar el malestar de la niñez, de las comunidades, y tomarnos en serio la crisis climática. La desigualdad social y la injusticia ambiental en Chile, son razones suficientes para que el Estado decida prohibir las termoeléctricas a carbón, comenzando a gestionar, a invertir mucho más para transformar nuestra matriz energética”, señaló.
La respuesta del Gobierno
Sobre el significado que se emite con este avance legislativo, para la coordinadora de campañas de Greenpeace Chile, Estefanía González, se trata de una medida a la que una vez más el Ejecutivo llega tarde, dado que “debió haber sido anunciado durante la COP 25 si se pretendía convertir a Chile en un verdadero líder climático”.
No obstante, una vez aprobado el proyecto en la comisión mencionada, las reacciones no tardaron de parte del Gobierno. Por ejemplo, pese a estar de acuerdo con los objetivos que busca este cierre adelantado, para el ministro Juan Carlos Jobet, lo mismo significaría la pérdida de 13 mil puestos de trabajo e incluso advirtió de posibles alzas en las cuentas de la luz.
Sobre esto último, González también se refirió asegurando que se trata de una “campaña del terror”.
“Creemos que no es el foco que debiese estarse teniendo. Tratar de asustar a la gente con aumentos de cobros, pérdidas de empleo, va completamente en la dirección contraria de hacia dónde debiese avanzar un país que dice ser a nivel internacional un líder climático. Hoy día las energías renovables tienen un menor costo en el mercado, generar energía en base a energías renovables es más barato que el carbón, además de los terribles impactos que tiene el carbón en la salud de las personas”, sostuvo la representante de Greenpeace.
Riesgo de nuevos proyectos
Asimismo, pese a valorar el avance de la moción de Ibáñez, la organización Mujeres en Zonas de Sacrificio ha mostrado su preocupación respecto de la intención de AES Gener de suministrar agua desalada desde su planta termoeléctrica en Ventanas hacia la zona central, lo cual vuelve a poner en riesgo a la zona con un nuevo problema medioambiental.
Marta Aravena.
Así, para la dirigente de dicha organización, Marta Aravena, es necesario puntualizar la utilidad de la energía generada por las termoeléctricas u otros proyectos, y lo prescindibles que serían éstos para el desarrollo del país.
“El país puede vivir perfectamente sin las termoeléctricas, hoy día hay tanto excedente de energía en el país, que las empresas le están vendiendo a Argentina y Bolivia, y el anuncio del presidente fue eso, que una de los negocios iba a ser vender energía, pero energía a qué costo. La necesitamos primero para el consumo humano y las cosas básicas, pero ya tenemos energía suficiente y hasta estamos exportando, por lo cual no se hace necesario más proyectos, no se justifican”, subrayó.
En los próximos días, se discutirá este proyecto en la Cámara de Diputados y de aprobarse pasaría al Senado. Además de la postura planteada por el Ejecutivo respecto de este tema, desde allí mismo se ha criticado al proyecto apelando también a su inconstitucionalidad, en el sentido de que podría afectar el derecho a la propiedad privada; algo, hay que recordar, también ha sido la tónica mostrada en otros debates legislativos.
