Durante las últimas semanas hemos observado cómo el gobierno ha realizado un verdadero despliegue comunicacional en contra de una indicación presentada por dos senadores que permitiría que trabajadores/as migrantes puedan cambiar su categoría migratoria dentro de Chile. Tan sólo días después de su presentación, autoridades como el Subsecretario del Interior Juan Esteban Galli expresó su profundo descontento, con frases como que la disposición validaría la irregularidad como norma general, e incluso cuestionando si lo que se busca es que “siga llegando gente de otros países para tratar de ocupar esos pocos empleos que van  existir”.

Las anteriores afirmaciones han sido desmentidas en múltiples oportunidades por expertos en migración. La posibilidad de que migrantes cambien su categoría migratoria dentro del país no conlleva la pérdida del control de los flujos migratorios, ni mucho menos “importa pobreza y desempleo”, sino que, por el contrario, busca regularizar la situación de muchas personas que se encuentran dentro de Chile. Ello es sumamente positivo, puesto que no sólo fomenta la regularización (lo cual es una obligación que nuestro Estado ha contraído, según establece la Convención Internacional de Trabajadores Migratorios en su artículo 69.1), sino que además permite proteger a personas migrantes, que muchas veces se ven inmersas en situaciones de extrema vulnerabilidad al verse excluidas del sistema precisamente por encontrarse en condición de irregularidad.

Pero además de las desacertadas declaraciones de las autoridades, resulta desconcertante la excesiva rapidez con la cual el ejecutivo pretende que se dé tramitación al proyecto de ley. En efecto, desde hace meses se le ha asignado una urgencia de discusión inmediata, y se han negado nuevas intervenciones de organizaciones de la sociedad civil, puesto que “ya se las habría escuchado muchas veces a lo largo de la tramitación”. No pareciera ser este el caso. Es cierto que organizaciones migrantes y pro migrantes han expuesto en el Congreso, entre ellas, Amnistía Internacional, haciendo ver los problemas que el proyecto de ley contiene en su actual redacción, pero lamentablemente, las autoridades de gobierno no parecen haberlas escuchado. Si lo hubieran hecho, no nos encontraríamos ante su férrea negativa a introducir mecanismos de regularización, la consagración expresa del principio de no devolución, el brindar una especial protección a niños, niñas y adolescentes, y mujeres víctimas de violencia de género, y, en resumidas cuentas, la adopción de una verdadera lógica de derechos humanos en la ley.

Surge entonces la interrogante, ¿por qué el gobierno desea que se apruebe esta ley sin el profundo debate que la misma merece? ¿Pasaremos de un decreto ley promulgado en dictadura a una ley promulgada en estado de excepción constitucional? Hoy resulta evidente que Chile se encuentra al debe en el respeto de los derechos humanos, y ciertamente existen muchísimas falencias en nuestra normativa migratoria al respecto. La legislación que nuestro país necesita es una que responda a los fenómenos migratorios contemporáneos, deje atrás la lógica de seguridad interior del Estado, y tenga como foco el respeto de los derechos de las personas migrantes.

*La autora es coordinadora de equipo Migración y Refugio de Amnistía Internacional