Comando Que Chile Decida repudia violencia del Gobierno hacia el pueblo Mapuche
La carta fue enviada a organizaciones del área de derechos humanos como Amnistía Internacional Chile, Amnistía Internacional Secretaría General, Human Rights Watch para LA, Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA), Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Comisión Interamericana de DDHH, Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Sábado 8 de agosto 2020 15:30 hrs.
A través de una carta enviada a múltiples organismos internacionales de derechos humanos, el Comando Que Chile Decida organizado en el Extranjero manifestó su extrema preocupación frente a los acontecimientos de violencia racial ocurridos en La Región de La Araucanía y a la actitud provocadora que el gobierno de Sebastián Piñera ha sostenido frente al conflicto.
En el llamado acusan el aumento de la violencia política por parte de grupos de derecha contra la población mapuche y responsabilizan al nuevo Ministro de Interior, Víctor Pérez, por los hechos ocurridos la noche del sábado en Curacautín, cuando una turba violenta se saltó la cuarentena y, asistida con protección policial, atacó las dependencias de la municipalidad para desalojar a los comuneros mapuche que solidarizaban con la huelga de hambre del machi Celestino Córdova. La carta señala que “la protección de Carabineros a civiles armados convierte al Ministro de Interior Víctor Pérez y al Presidente Sebastián Piñera en responsables políticos de estos hechos. En efecto, la visita de Pérez solo azuzó la violencia al promover la militarización e ignorar a los huelguistas”.
Además, se denuncia “la negativa del Estado de Chile a garantizar la protección de los presos políticos mapuche y el abuso de la prisión preventiva para privación de libertad”; y pone especial acento en la vulneración de derechos del machi Celestino Córdova, autoridad espiritual indígena, a quien se le ha denegado el cumplimiento de su condena en su comunidad, contraviniendo los compromisos adquiridos en el Convenio 169 – OIT, vigente desde 2009.
El Comando Que Chile Decida Extranjero, además, realizó un llamado a cuestionar la mirada hegemónica sobre el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche, que trata los problemas en La Araucanía sólo como un asunto de pobreza o seguridad pública, que se materializa en un sistemático desdén y abandono hacia la región de Wallmapu y que ha conducido a un aumento de la violencia política, a la criminalización de las demandas mapuche y el uso excesivo de la Ley Antiterrorista. “Abogamos por una comprensión compleja de los problemas de desarrollo y convivencia entre las distintas comunidades en esta región, que de cuenta de sus raíces históricas ancladas en el colonialismo y la usurpación territorial”, sostiene la carta.
Por último, el Comando sostuvo la necesidad de derogar la Constitución de 1980 y reemplazarla por una nueva, a través de una Convención Constitucional, que reconozca el carácter plurinacional del país. “Esto solo es posible garantizando la participación plena de sus representantes como miembros en la Convención, fortaleciendo los compromisos adquiridos por el Estado con todos sus habitantes”, asegura el documento.
La carta fue enviada a organizaciones del área de derechos humanos como Amnistía Internacional Chile, Amnistía Internacional Secretaría General, Human Rights Watch para LA, Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA), Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Comisión Interamericana de DDHH, Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
A través de una carta enviada a múltiples organismos internacionales de derechos humanos, el Comando Que Chile Decida organizado en el Extranjero manifestó su extrema preocupación frente a los acontecimientos de violencia racial ocurridos en La Región de La Araucanía y a la actitud provocadora que el gobierno de Sebastián Piñera ha sostenido frente al conflicto.
En el llamado acusan el aumento de la violencia política por parte de grupos de derecha contra la población mapuche y responsabilizan al nuevo Ministro de Interior, Víctor Pérez, por los hechos ocurridos la noche del sábado en Curacautín, cuando una turba violenta se saltó la cuarentena y, asistida con protección policial, atacó las dependencias de la municipalidad para desalojar a los comuneros mapuche que solidarizaban con la huelga de hambre del machi Celestino Córdova. La carta señala que “la protección de Carabineros a civiles armados convierte al Ministro de Interior Víctor Pérez y al Presidente Sebastián Piñera en responsables políticos de estos hechos. En efecto, la visita de Pérez solo azuzó la violencia al promover la militarización e ignorar a los huelguistas”.
Además, se denuncia “la negativa del Estado de Chile a garantizar la protección de los presos políticos mapuche y el abuso de la prisión preventiva para privación de libertad”; y pone especial acento en la vulneración de derechos del machi Celestino Córdova, autoridad espiritual indígena, a quien se le ha denegado el cumplimiento de su condena en su comunidad, contraviniendo los compromisos adquiridos en el Convenio 169 – OIT, vigente desde 2009.
El Comando Que Chile Decida Extranjero, además, realizó un llamado a cuestionar la mirada hegemónica sobre el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche, que trata los problemas en La Araucanía sólo como un asunto de pobreza o seguridad pública, que se materializa en un sistemático desdén y abandono hacia la región de Wallmapu y que ha conducido a un aumento de la violencia política, a la criminalización de las demandas mapuche y el uso excesivo de la Ley Antiterrorista. “Abogamos por una comprensión compleja de los problemas de desarrollo y convivencia entre las distintas comunidades en esta región, que de cuenta de sus raíces históricas ancladas en el colonialismo y la usurpación territorial”, sostiene la carta.
Por último, el Comando sostuvo la necesidad de derogar la Constitución de 1980 y reemplazarla por una nueva, a través de una Convención Constitucional, que reconozca el carácter plurinacional del país. “Esto solo es posible garantizando la participación plena de sus representantes como miembros en la Convención, fortaleciendo los compromisos adquiridos por el Estado con todos sus habitantes”, asegura el documento.
La carta fue enviada a organizaciones del área de derechos humanos como Amnistía Internacional Chile, Amnistía Internacional Secretaría General, Human Rights Watch para LA, Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA), Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Comisión Interamericana de DDHH, Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
A través de una carta enviada a múltiples organismos internacionales de derechos humanos, el Comando Que Chile Decida organizado en el Extranjero manifestó su extrema preocupación frente a los acontecimientos de violencia racial ocurridos en La Región de La Araucanía y a la actitud provocadora que el gobierno de Sebastián Piñera ha sostenido frente al conflicto.
En el llamado acusan el aumento de la violencia política por parte de grupos de derecha contra la población mapuche y responsabilizan al nuevo Ministro de Interior, Víctor Pérez, por los hechos ocurridos la noche del sábado en Curacautín, cuando una turba violenta se saltó la cuarentena y, asistida con protección policial, atacó las dependencias de la municipalidad para desalojar a los comuneros mapuche que solidarizaban con la huelga de hambre del machi Celestino Córdova. La carta señala que “la protección de Carabineros a civiles armados convierte al Ministro de Interior Víctor Pérez y al Presidente Sebastián Piñera en responsables políticos de estos hechos. En efecto, la visita de Pérez solo azuzó la violencia al promover la militarización e ignorar a los huelguistas”.
Además, se denuncia “la negativa del Estado de Chile a garantizar la protección de los presos políticos mapuche y el abuso de la prisión preventiva para privación de libertad”; y pone especial acento en la vulneración de derechos del machi Celestino Córdova, autoridad espiritual indígena, a quien se le ha denegado el cumplimiento de su condena en su comunidad, contraviniendo los compromisos adquiridos en el Convenio 169 – OIT, vigente desde 2009.
El Comando Que Chile Decida Extranjero, además, realizó un llamado a cuestionar la mirada hegemónica sobre el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche, que trata los problemas en La Araucanía sólo como un asunto de pobreza o seguridad pública, que se materializa en un sistemático desdén y abandono hacia la región de Wallmapu y que ha conducido a un aumento de la violencia política, a la criminalización de las demandas mapuche y el uso excesivo de la Ley Antiterrorista. “Abogamos por una comprensión compleja de los problemas de desarrollo y convivencia entre las distintas comunidades en esta región, que de cuenta de sus raíces históricas ancladas en el colonialismo y la usurpación territorial”, sostiene la carta.
Por último, el Comando sostuvo la necesidad de derogar la Constitución de 1980 y reemplazarla por una nueva, a través de una Convención Constitucional, que reconozca el carácter plurinacional del país. “Esto solo es posible garantizando la participación plena de sus representantes como miembros en la Convención, fortaleciendo los compromisos adquiridos por el Estado con todos sus habitantes”, asegura el documento.
La carta fue enviada a organizaciones del área de derechos humanos como Amnistía Internacional Chile, Amnistía Internacional Secretaría General, Human Rights Watch para LA, Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA), Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Comisión Interamericana de DDHH, Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
