La CIDH, preocupada por el proyecto de reinstauración de la Ley de Caducidad en Uruguay
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, instó a Uruguay a abstenerse de aprobar un proyecto de ley que pretende revivir la Ley de Caducidad. RFI habló con Antonia Urrejola, comisionada relatora para Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH.
Sábado 8 de agosto 2020 13:25 hrs.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con “preocupación” el proyecto de ley que pretende reinstaurar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, presentado esta semana por el partido Cabildo Abierto, cuyo líder es el general retirado Guido Manini Ríos y que forma parte de la coalición gobernante.
“Nos preocupa este proyecto de ley porque lo que propone es limitar el procesamiento y sanción de los presuntos responsables por gravísimas violaciones a los Derechos Humanos que fueron cometidas en Uruguay durante la dictadura cívico-militar [1973-1985]. Nos preocupa porque Uruguay fue condenado precisamente por esta ley en el caso Gelman, que es una sentencia emblemática”, indica a RFI Antonia Urrejola, comisionada relatora para Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH.
El organismo internacional consideró que, de ser aprobado dicho proyecto, representaría el incumplimiento de su sentencia en el caso Gelman sobre la obligación de investigar los hechos y juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.
Este proyecto “establece que el proceso penal y la función que cumple el derecho penal en materia de investigación, sanción y verdad ya se cumplió. Establece que los delitos han prescrito. Establece que la única fuente del derecho penal es la ley uruguaya, y eso no es así: Uruguay aceptó la Convención Americana sobre Derechos Humanas y aceptó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y desde ese momento, al suscribir estos tratados y reconocer la competencia de la Corte, se está obligando soberanamente a las disposiciones de estos tratados, y se está obligando soberanamente a cumplir con las sentencias de la CIDH”, señala asimismo la comisionada.
¿Pero a qué punto Uruguay ha avanzado en la investigación de los crímenes ocurridos durante la dictadura? “El año pasado era relatora para Uruguay y me tocó hacer una visita de trabajo, y uno de los temas que vimos fue un avance muy importante en materia de institucionalidad de Derechos Humanos, como con la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, pero en ese momento señalamos nuestra suma preocupación por las interpretaciones judiciales que existían en los procesos penales, que negaban la imprescriptibilidad de estos delitos”, apunta Urrejola.
Y concluye: “Este proyecto de ley nos preocupa, porque los avances que hubo, por insuficientes y lentos que puedan ser, de alguna manera van a quedar en letra muerta”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con “preocupación” el proyecto de ley que pretende reinstaurar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, presentado esta semana por el partido Cabildo Abierto, cuyo líder es el general retirado Guido Manini Ríos y que forma parte de la coalición gobernante.
“Nos preocupa este proyecto de ley porque lo que propone es limitar el procesamiento y sanción de los presuntos responsables por gravísimas violaciones a los Derechos Humanos que fueron cometidas en Uruguay durante la dictadura cívico-militar [1973-1985]. Nos preocupa porque Uruguay fue condenado precisamente por esta ley en el caso Gelman, que es una sentencia emblemática”, indica a RFI Antonia Urrejola, comisionada relatora para Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH.
El organismo internacional consideró que, de ser aprobado dicho proyecto, representaría el incumplimiento de su sentencia en el caso Gelman sobre la obligación de investigar los hechos y juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.
Este proyecto “establece que el proceso penal y la función que cumple el derecho penal en materia de investigación, sanción y verdad ya se cumplió. Establece que los delitos han prescrito. Establece que la única fuente del derecho penal es la ley uruguaya, y eso no es así: Uruguay aceptó la Convención Americana sobre Derechos Humanas y aceptó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y desde ese momento, al suscribir estos tratados y reconocer la competencia de la Corte, se está obligando soberanamente a las disposiciones de estos tratados, y se está obligando soberanamente a cumplir con las sentencias de la CIDH”, señala asimismo la comisionada.
¿Pero a qué punto Uruguay ha avanzado en la investigación de los crímenes ocurridos durante la dictadura? “El año pasado era relatora para Uruguay y me tocó hacer una visita de trabajo, y uno de los temas que vimos fue un avance muy importante en materia de institucionalidad de Derechos Humanos, como con la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, pero en ese momento señalamos nuestra suma preocupación por las interpretaciones judiciales que existían en los procesos penales, que negaban la imprescriptibilidad de estos delitos”, apunta Urrejola.
Y concluye: “Este proyecto de ley nos preocupa, porque los avances que hubo, por insuficientes y lentos que puedan ser, de alguna manera van a quedar en letra muerta”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con “preocupación” el proyecto de ley que pretende reinstaurar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, presentado esta semana por el partido Cabildo Abierto, cuyo líder es el general retirado Guido Manini Ríos y que forma parte de la coalición gobernante.
“Nos preocupa este proyecto de ley porque lo que propone es limitar el procesamiento y sanción de los presuntos responsables por gravísimas violaciones a los Derechos Humanos que fueron cometidas en Uruguay durante la dictadura cívico-militar [1973-1985]. Nos preocupa porque Uruguay fue condenado precisamente por esta ley en el caso Gelman, que es una sentencia emblemática”, indica a RFI Antonia Urrejola, comisionada relatora para Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH.
El organismo internacional consideró que, de ser aprobado dicho proyecto, representaría el incumplimiento de su sentencia en el caso Gelman sobre la obligación de investigar los hechos y juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.
Este proyecto “establece que el proceso penal y la función que cumple el derecho penal en materia de investigación, sanción y verdad ya se cumplió. Establece que los delitos han prescrito. Establece que la única fuente del derecho penal es la ley uruguaya, y eso no es así: Uruguay aceptó la Convención Americana sobre Derechos Humanas y aceptó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y desde ese momento, al suscribir estos tratados y reconocer la competencia de la Corte, se está obligando soberanamente a las disposiciones de estos tratados, y se está obligando soberanamente a cumplir con las sentencias de la CIDH”, señala asimismo la comisionada.
¿Pero a qué punto Uruguay ha avanzado en la investigación de los crímenes ocurridos durante la dictadura? “El año pasado era relatora para Uruguay y me tocó hacer una visita de trabajo, y uno de los temas que vimos fue un avance muy importante en materia de institucionalidad de Derechos Humanos, como con la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, pero en ese momento señalamos nuestra suma preocupación por las interpretaciones judiciales que existían en los procesos penales, que negaban la imprescriptibilidad de estos delitos”, apunta Urrejola.
Y concluye: “Este proyecto de ley nos preocupa, porque los avances que hubo, por insuficientes y lentos que puedan ser, de alguna manera van a quedar en letra muerta”.
