La renuncia del gobierno de Líbano abrió una fase de negociaciones y debates para encontrar quien tome las riendas en un país donde la ira resuena a una semana de la trágica explosión que devastó el puerto de Beirut.
La tragedia del 4 de agosto alimentó el enojo de la opinión pública, todavía en shock por la explosión que mató a 160 personas y dejó 6 mil heridos en una ciudad en la cual barrios enteros son apenas campos de ruinas tambaleantes.
Desde el otoño de 2019, el país es escenario de un levantamiento popular inédito, en el que miles de libaneses salen a las calles para denunciar las dificultades económicas que no hacen más que empeorar y a una clase política sin cambios desde decenas de años, acusada de corrupción e incompetencia.
Para apaciguar las calles tras la explosión, el gobierno de Hassan Diab presentó su renuncia el lunes. Pero a una semana exacta de la tragedia del puerto, los libaneses exigen ver a los responsables ante la Justicia y piden que se les rindan cuentas por la negligencia del Estado.
Nombrado a fines de enero, el gobierno de Diab estaba formado por un solo campo político, el del movimiento chiita de Hezbolá y sus aliados.
Diab había sido criticado durante varios meses por su incapacidad para responder a la crisis económica, la depreciación histórica de la libra libanesa, la escasez de combustible y la hiperinflación.
Ahora bien, la gran pregunta sigue siendo quién lo sucederá, en un país acostumbrado a interminables debates entre fuerzas políticas que pasan varios meses negociando carteras antes de nombrar un gobierno. Queda por ver si esta vez la magnitud del cataclismo los impulsará a mostrar rapidez. También está la participación de la comunidad internacional.
Citando fuentes políticas, el diario Al-Akhbar, cercano a Hezbolá, asegura que Washington, Riad y París están presionando para el nombramiento del ex embajador Nawaf Salam al frente de un “gobierno neutral”. Este diplomático representó a su país en la ONU y fue juez en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En tanto, los libaneses permanecen casi indiferentes a los debates políticos. Todavía están en los devastados distritos de Beirut, limpiando ellos mismos los escombros, mientras critican la inercia de las autoridades.
Pan para dos semanas
Lo que provocó la catástrofe fue un incendio en un depósito donde estaban almacenadas 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio desde hacía seis años sin “medidas de precaución”, según reconoció el primer ministro Hassan Diab.
El puerto fue arrasado. En un país en medio de un naufragio económico, la tragedia generó inseguridad alimentaria.
Casi un “85 por ciento de los alimento de Líbano son importados y pasan por este puerto”, dijo el lunes el director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) David Beasley.
Habló desde el puerto, donde un avión descargaba generadores, grúas y elementos para fabricar almacenes temporales. El objetivo es restaurar determinados servicios “en dos semanas” para asegurar de esta manera el suministro de alimentos del país. “En este estado, los libaneses no tendrán más pan dentro de dos semanas, por lo que es esencial lanzar estas operaciones”, aseguró Beasley.
La renuncia del gobierno de Líbano abrió una fase de negociaciones y debates para encontrar quien tome las riendas en un país donde la ira resuena a una semana de la trágica explosión que devastó el puerto de Beirut.
La tragedia del 4 de agosto alimentó el enojo de la opinión pública, todavía en shock por la explosión que mató a 160 personas y dejó 6 mil heridos en una ciudad en la cual barrios enteros son apenas campos de ruinas tambaleantes.
Desde el otoño de 2019, el país es escenario de un levantamiento popular inédito, en el que miles de libaneses salen a las calles para denunciar las dificultades económicas que no hacen más que empeorar y a una clase política sin cambios desde decenas de años, acusada de corrupción e incompetencia.
Para apaciguar las calles tras la explosión, el gobierno de Hassan Diab presentó su renuncia el lunes. Pero a una semana exacta de la tragedia del puerto, los libaneses exigen ver a los responsables ante la Justicia y piden que se les rindan cuentas por la negligencia del Estado.
Nombrado a fines de enero, el gobierno de Diab estaba formado por un solo campo político, el del movimiento chiita de Hezbolá y sus aliados.
Diab había sido criticado durante varios meses por su incapacidad para responder a la crisis económica, la depreciación histórica de la libra libanesa, la escasez de combustible y la hiperinflación.
Ahora bien, la gran pregunta sigue siendo quién lo sucederá, en un país acostumbrado a interminables debates entre fuerzas políticas que pasan varios meses negociando carteras antes de nombrar un gobierno. Queda por ver si esta vez la magnitud del cataclismo los impulsará a mostrar rapidez. También está la participación de la comunidad internacional.
Citando fuentes políticas, el diario Al-Akhbar, cercano a Hezbolá, asegura que Washington, Riad y París están presionando para el nombramiento del ex embajador Nawaf Salam al frente de un “gobierno neutral”. Este diplomático representó a su país en la ONU y fue juez en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En tanto, los libaneses permanecen casi indiferentes a los debates políticos. Todavía están en los devastados distritos de Beirut, limpiando ellos mismos los escombros, mientras critican la inercia de las autoridades.
Pan para dos semanas
Lo que provocó la catástrofe fue un incendio en un depósito donde estaban almacenadas 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio desde hacía seis años sin “medidas de precaución”, según reconoció el primer ministro Hassan Diab.
El puerto fue arrasado. En un país en medio de un naufragio económico, la tragedia generó inseguridad alimentaria.
Casi un “85 por ciento de los alimento de Líbano son importados y pasan por este puerto”, dijo el lunes el director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) David Beasley.
Habló desde el puerto, donde un avión descargaba generadores, grúas y elementos para fabricar almacenes temporales. El objetivo es restaurar determinados servicios “en dos semanas” para asegurar de esta manera el suministro de alimentos del país. “En este estado, los libaneses no tendrán más pan dentro de dos semanas, por lo que es esencial lanzar estas operaciones”, aseguró Beasley.
La renuncia del gobierno de Líbano abrió una fase de negociaciones y debates para encontrar quien tome las riendas en un país donde la ira resuena a una semana de la trágica explosión que devastó el puerto de Beirut.
La tragedia del 4 de agosto alimentó el enojo de la opinión pública, todavía en shock por la explosión que mató a 160 personas y dejó 6 mil heridos en una ciudad en la cual barrios enteros son apenas campos de ruinas tambaleantes.
Desde el otoño de 2019, el país es escenario de un levantamiento popular inédito, en el que miles de libaneses salen a las calles para denunciar las dificultades económicas que no hacen más que empeorar y a una clase política sin cambios desde decenas de años, acusada de corrupción e incompetencia.
Para apaciguar las calles tras la explosión, el gobierno de Hassan Diab presentó su renuncia el lunes. Pero a una semana exacta de la tragedia del puerto, los libaneses exigen ver a los responsables ante la Justicia y piden que se les rindan cuentas por la negligencia del Estado.
Nombrado a fines de enero, el gobierno de Diab estaba formado por un solo campo político, el del movimiento chiita de Hezbolá y sus aliados.
Diab había sido criticado durante varios meses por su incapacidad para responder a la crisis económica, la depreciación histórica de la libra libanesa, la escasez de combustible y la hiperinflación.
Ahora bien, la gran pregunta sigue siendo quién lo sucederá, en un país acostumbrado a interminables debates entre fuerzas políticas que pasan varios meses negociando carteras antes de nombrar un gobierno. Queda por ver si esta vez la magnitud del cataclismo los impulsará a mostrar rapidez. También está la participación de la comunidad internacional.
Citando fuentes políticas, el diario Al-Akhbar, cercano a Hezbolá, asegura que Washington, Riad y París están presionando para el nombramiento del ex embajador Nawaf Salam al frente de un “gobierno neutral”. Este diplomático representó a su país en la ONU y fue juez en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En tanto, los libaneses permanecen casi indiferentes a los debates políticos. Todavía están en los devastados distritos de Beirut, limpiando ellos mismos los escombros, mientras critican la inercia de las autoridades.
Pan para dos semanas
Lo que provocó la catástrofe fue un incendio en un depósito donde estaban almacenadas 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio desde hacía seis años sin “medidas de precaución”, según reconoció el primer ministro Hassan Diab.
El puerto fue arrasado. En un país en medio de un naufragio económico, la tragedia generó inseguridad alimentaria.
Casi un “85 por ciento de los alimento de Líbano son importados y pasan por este puerto”, dijo el lunes el director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) David Beasley.
Habló desde el puerto, donde un avión descargaba generadores, grúas y elementos para fabricar almacenes temporales. El objetivo es restaurar determinados servicios “en dos semanas” para asegurar de esta manera el suministro de alimentos del país. “En este estado, los libaneses no tendrán más pan dentro de dos semanas, por lo que es esencial lanzar estas operaciones”, aseguró Beasley.
