La realización de una Convención Constitucional será, sin lugar a dudas, uno de los procesos históricos de mayor alcance. Además de un origen ilegítimo, la Constitución actual ha demostrado ser insuficiente para encarar los enormes desafíos que tenemos por delante, tanto en lo concerniente a la protección de nuestros derechos como en el aseguramiento de las condiciones que el país requiere para transitar hacia una etapa que supere el desarrollo concebido como acumulación y explotación irracional de los recursos naturales y de las fuerzas vitales de trabajadores y trabajadoras en todo el planeta y sobre todo en países que han sido tradicionalmente exportadores de materias primas, como es el caso de Chile.

El proceso constituyente es una tarea que nos involucra a todos/as y nadie debe restarse de participar activamente en la construcción de la comunidad en la que viviremos.

Junto con definir los elementos básicos de nuestra convivencia común, la Constitución resultante será el marco a través del cual nos insertemos en el mundo que viene corriendo muy rápido. De algún modo, puede decirse que la carta magna actual ha quedado estrecha para resolver nuestros asuntos vitales y para enfrentar el futuro. Ya estamos siendo testigos y actores en un mundo en el cual el conocimiento será fundamental. A diferencia de la sociedad industrial en la que crecieron nuestros abuelos, el principal capital del futuro serán nuestros cerebros; la capacidad que tengamos como sociedad de generar ideas innovadoras, pero las ideas innovadoras no nacen por milagro ni por generación espontánea.

Para nadie es novedad que Chile debe invertir más en ciencia e innovación si quiere avanzar al desarrollo. A nivel OCDE, Chile invierte solo 0,36% del PIB en I+D,  el gasto en el gasto en I+D lo lideran las instituciones de educación superior sin fines de lucro con un 45,8%, mientras que las empresas contribuyen en un 34,2%  muy por debajo del 69,2% promedio exhibido por las empresas entre los países miembros de la OCDE. Además de bajas, estas cifras mostraron una nueva caída por cuarto año consecutivo, explicado principalmente por la caída en 2017 de 12 puntos porcentuales en la ya baja inversión en I+D por parte de las empresas.

No es menor cuando asistimos a una crisis sistémica del neoliberalismo, relevar que cerca de la mitad del financiamiento histórico de la I+D en Chile ha provenido del sector público (45%). Sin duda el Estado puede y debe hacer más.

Toda misión de largo aliento, esta requiere también un mayor impulso a la educación, no hay país innovador sin promoción de sus talentos. Según diversos estudios, el 80% de la población de nuestro país no logra comprender lo que lee ni consigue realizar operaciones aritméticas básicas. De acuerdo al ranking PISA, nos situamos en la posición 44° del capital humano y  otros tantos nos ubican muy por debajo de los promedios OCDE, ponen de relevancia la vital urgencia de un nuevo modelo educacional como lo ha pedido el Movimiento Estudiantil desde los albores del siglo XXI. La educación, sin lugar a dudas, requiere más recursos y mejores políticas públicas, el futuro no se puede hipotecar con créditos usureros.

Seamos claros, no hay sociedad que pueda demostrar haber dado un salto hacia la transformación productiva por mera acción de sus empresarios y sin un papel decisivo del Estado. Se requiere de ambos, pero sobre todo de la iniciativa del Estado, pensando este más que como aparato de control y seguridad, se transforme en un núcleo de políticas públicas que transformen vidas. Por las características del gran empresariado local, el liderazgo en el proceso de innovación debe venir de la extensa red de Ciencia Pública  que el sector público ha construido en estos más de 50 años de institucionalización.

La formación y capacitación de los trabajadores asociados a las labores del conocimiento,  también es fundamental, así como la justa retribución a su trabajo a través de un salario ético. El gran empresariado debe asumir que el futuro de Chile se cancela si insistimos en una renovada versión del modelo rentista y primario exportadora, la receta de los 40 años de neoliberalismo, demostró ser obsoleta e insuficiente. Está claro que exportando recursos minerales y alimentos solo miraremos desde la galería  como el conocimiento y la información, transforman el mundo que nos rodean, mientras seguimos explotando cobre. Desgraciadamente, muchos políticos actuales no parecen querer advertirlo, a la vez que muchos empresarios, acostumbrados a hacer siempre lo mismo, viven cómodos siendo cabeza de ratón en un país con matriz productiva de país subdesarrollado.

Debemos cambiar esta actitud, asumir el liderazgo y el compromiso con el futuro; el sector público es central y su tarea es urgente.

Los desafíos del mundo que viene nos invitan a establecer un nuevo pacto productivo, de cara a la tarea de la innovación para el desarrollo.

El modelo del pacto público-privado como retórica privatizadora no solo resultó ser un engaño, sino que demostró su agotamiento para abordar nuevos futuros posibles. Los esfuerzos para avanzar hacia la libre circulación del conocimiento, la revalorización de lo público, el desarrollo de las ciencias en todas sus dimensiones, requiere de mayores esfuerzos que no se resuelven por la vía de hacer siempre lo mismo y de la misma forma.

Pensar en las Ciencias en el siglo XXI es una cuestión de orden estratégico y vital para esos futuros posibles donde no caben nuestros dogmas. Es hora de poner la voluntad en consolidar la base científica que Chile ha desarrollado a muy alto nivel a pesar de la evidente precarización de los trabajos asociados al conocimiento, pero quienes sin duda tienen como horizonte la dignidad y un futuro diferente, basada en la incansable y esperanzadora misión en la  búsqueda de más y más preguntas que tendremos que responder.

El autor es Administrador Público / Mg. Políticas Públicas.