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Año XII, 26 de noviembre de 2020

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Derechos Humanos
David Soto

La política gubernamental que incendia Wallmapu

David Soto | Viernes 14 de agosto 2020 16:36 hrs.


Sabido es que el Estado chileno a lo largo de la historia ha llevado violencia hacia los Pueblo Indígenas sobre cuyos territorios se instaló. En cierto período esta violencia abarcó desde la reducción territorial hasta el exterminio[1]. Sobre Wallmapu no han cesado de descargarse violencias. Presentar estas violencias a la opinión pública como acción del mapuche contra el desarrollo y la democracia, ha sido una de las violencias más perversas y antiguas de los distintos gobiernos, a fin de legitimar su propia violencia hacia el Pueblo Mapuche en nombre del desarrollo y la paz. El mote “terroristas” no es más que la última versión de una larga evolución que inicio con “bárbaro”[2].

En este artículo planteo que el actual ciclo de violencia que se descarga en Wallmapu es responsabilidad principalmente del gobierno. Es su cerilla la que incendia estas tierras.  Optaron por profundizar la lamentable política indígena llevada adelante por Bachelet II, presionando sin reparos y constantemente al Pueblo Mapuche en su territorio. En este sentido, los repertorios desplegados por el Movimiento Mapuche no pueden sino comprenderse como contra-violencia o violencia derivada.

Básicamente, la política indígena de este gobierno se ha desarrollado mediante el Ministerio de Desarrollo Social, elaborador de planes e inversiones; y el Ministerio del Interior, que organiza y despliega a las fuerzas policiacas represivas sobre Wallmapu, para desarrollar los planes y las inversiones.

Un caso ilustrativo del modo de presión

El actual trámite del proyecto de ley que busca endurecer las penas sobre el robo de madera[3] expresa la violencia de apropiación y despojo que han llevado adelante las industrias extractivas amparadas en una legislación favorable, y en la cerrazón gubernamental a un abordaje de las demandas políticas, corazón del conflicto.

La tipificación especial del robo da madera pareciera responder al alto número de robo de éstos, y por tanto a la necesidad de mejorar la legislación actual al respecto. Sin embargo, tal comprensión descontextualizada evade lo medular. En primer lugar, que esta ley especial favorece a un gremio determinado: el forestal. Industria dominada por dos conglomerados económicos nacionales, ambos dentro de los cuatro conglomerados que más financian a los políticos en Chile[4]. Entre ellos, el mismo presidente de la comisión, Felipe Kast[5], quien impulsa el proyecto. A su vez, esta industria desde su nacimiento en Wallmapu ha estado en conflicto con las comunidades mapuche, debido a que parte de su instalación fue a través del despojo de las tierras obtenidas por las comunidades bajo la reforma agraria, o bien, mediante procesos ilegítimos y fraudulentos[6], obteniendo tierras a precios irrisorios[7].

Así, un primer punto necesario de considerar es que la industria forestal es un actor conflictivo, con una agenda clara en Wallmapu y con nexos extendidos en la clase política. Quizás por ello han podido expandirse presionando los territorios, como en la provincia de Arauco[8], generando erosión y desertificación del suelo, disminución cuantitativa y cualitativa de los recursos naturales, principalmente el agua[9], además favorecer catástrofes como los grandes incendios[10].

Otro punto necesario de considerar es que eminentemente el conflicto forestal con las comunidades mapuche es territorial, y está contenido en las demandas políticas mapuche que, a su vez, son abaladas por los convenios internacionales suscritos por Chile[11]. Conciencia política de esto existe sin lugar a dudas. Así lo demuestran los informes oficiales que alcanzaron a ver la luz[12], como los que no[13], pero que eran conocidos.

Así, dicho proyecto de ley no es más que una manera de disfrazar un tema político como si fuese de seguridad, blindando una industria conflictiva y dejando como interlocutor directo de las demandas territoriales mapuche a las fuerzas policiales represivas a cargo del Ministro del Interior. Se manda a cumplir una ley como si fuera en favor de todos, en circunstancias que esta va en favor de un gremio en particular, que con buenos y cruzados nexos, logró promoverla para su beneficio.

La vía del desarrollo para Wallmapu de la política indígena  

El actual Presidente de la República en su campaña fue tan claro como pobre respecto a su propuesta para Wallmapu. Según su punto de vista, había que sacar de la pobreza a la región y para ello era primordial acabar con el “terrorismo”.

El gran problema de los gremios empresariales que desean instalarse o continuar expandiéndose en Wallmapu es que la poca tierra que le quedó a las comunidades mapuche no se la pueden apropiar debido a la legislación, tanto nacional como internacional, que la protege. La presión sobre la tierra mapuche ha ido aumentando debido a las proyecciones de desplazamiento hacia el sur de ciertos rubros productivos, como el frutícola[14], debido al cambio climático. Así mismo, las costas de Wallmapu son presionadas por las salmoneras y los proyectos inmobiliarios.

El gobierno al iniciar su período prometió un plan de desarrollo para Wallmapu, para lo cual debía solucionar algunos “problemas” que planteaban sus gremios empresariales y políticos afines. Esto lo hizo ver en febrero del 2018 el presidente de la Multigremial de La Araucanía, quién afirmaba la incompatibilidad del Convenio 169 de la OIT con el desarrollo para la región; mismo discurso del entonces diputado Evopoli por la región y ex Intendente de La Araucanía, Andrés Molina[15]. Comenzaba a instalarse la premisa de que “las leyes indígenas atentan contra el desarrollo”.

Desde sus inicios, los nombramientos del nuevo gobierno daban señales claras a Wallampu. El ministerio de desarrollo social estaría comandado por el conocido empresario Alfredo Moreno, el gobernador de Malleco sería el actual Intendente de La Araucanía Víctor Manolí, quién pertenece al mundo del transporte y provee servicios al rubro forestal[16]. El intendente de La Araucanía sería Luis Mayol[17], ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricola, con vínculos con la Multigremial de La Araucanía, ambas organizaciones en abierto conflicto con el Movimiento Mapuche.

En este escenario, la SOFOFA elaboró un estudio que indicaba, en nombre del desarrollo por supuesto, la necesidad de modificar la Ley Lavkenche[18], privando a los pueblos originarios de sus garantías de uso costero. Las señales del gobierno habían ya animado a los sectores empresariales a iniciar un cuestionamiento a las leyes indígenas que protegían tierras y mar, y en Wallmapu las comunidades entendieron muy rápido los mensajes.

A la claridad de las señales que enviaba el gobierno al mundo empresarial, desde junio del 2018 hay que sumar el despliegue del Comando Jungla, que reforzaba las ya numerosas fuerzas especiales y GOPE en Wallmapu. Quizás fueron estas señales las que convencieron en julio del 2018 al directorio de Celulosa Arauco y Constitución S.A. para aprobar el proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (M.A.P.A.), que la convertía en una de las más grandes de Latinoamérica[19]. Todo esto a pesar de 20 años de conflicto territorial de las forestales con comunidades mapuche. La pregunta obvia era de dónde sacarían más superficie para plantar y abastecer tamaña instalación, teniendo en cuenta las reivindicaciones territoriales mapuche. Y evidentemente ¿cuál fue el análisis que hicieron para encontrar favorable la inversión en un territorio en que, tanto de gobierno, como de su propio sector empresarial, dicen que es presa del terrorismo?

El avance no se detuvo y en septiembre del 2018 se presenta un nuevo plan Araucanía, desvergonzadamente llamado “Acuerdo Nacional…”[20]. Este básicamente consistía en una serie de concesiones periféricas y planes de inversión[21], además del manoseado reconocimiento constitucional. Sin embargo, lo verdaderamente importante era lo referente a reformar la Ley Indígena para flexibilizar la propiedad de la tierra[22]. Se materializaba el anhelo de los gremios empresariales, y bajo el mañoso argumento de ser una contribución al mejoramiento del bienestar del Pueblo Mapuche. Sin diálogos, sin debates, ni discusión de los temas políticos reclamados. Todo en una sala. Nuevamente, un modo soterrado de violentar a un Pueblo, a un Movimiento que lleva décadas luchando por sus derechos, entre ellos el del territorio.

Pese al absoluto y transversal rechazo de los pueblos indígenas a reformar dicha ley, que debía ser vía Consulta indígena, el gobierno obcecadamente insistió en su plan e inició el proceso en mayo del 2019[23]. Como era absolutamente previsible la consulta fracasó[24] por múltiples motivos[25], pero principalmente por el rechazo de las comunidades mapuche que una vez más veían como se intentaba legitimar el avance de la industria forestal sobre Wallmapu, mediante creación de leyes favorables a dicho sector[26]. Obviamente, esta legítima oposición le costó a los y las mapuche una fuerte represión por las fuerzas policiales y el mote de violentistas anti-diálogo.

El Estallido del 18 de octubre y luego la pandemia por Covid-19, puso fin a esta primera envestida gubernamental en términos de planes y desarrollo. Escandalosamente, los derechos relativos a la plurinacionalidad, territorio y autonomía demandados por 17.000 indígenas y expresados en los resultados de la Consulta indígena constituyente[27] del gobierno anterior fueron ignorados. Así mismo, al proyecto de creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y Consejo de los Pueblo Indígenas, ingresados en 2016, se les dejo durmiendo en el Senado. Esto muestra que no solo no ha existido voluntad política de avanzar en los temas de fondo por parte de este gobierno, sino que se ha seguido una agenda a la medida de los gremios empresariales en Wallmapu. ¿Verdaderamente alguien se sorprende que las comunidades deban defender por su cuenta su cultura y territorio?

Es difícil pensar que el gobierno no comprendiera lo que sucedería y que no planificara sus acciones anticipándose a lo que provocaría su plan de desarrollo. Es por ello que se hacía necesaria la otra parte de la política indígena: la policiaco represiva, encargada de garantizar el orden y la seguridad para el desarrollo económico, y por supuesto, para reprimir a todos aquello que no comulguen con los intereses disfrazados tras la consigna “Acuerdo Nacional”, generando así aquello que llaman “violencia rural”.

La vía represiva de la política indígena.

Veamos el contexto de la llegada de este gobierno. En la última década, cada año, ya sea UNICEF, la Corte Interamericana DD.HH., la ONU, Amnistía internacional y el INDH, además de otras organizaciones nacionales defensoras de los DD.HH., habían interpelado al Estado chileno por la violencia desmedida de las fuerzas policiales sobre niños, mujeres y comuneros mapuche; por seguimientos a abogadas de causa mapuche y por la aplicación de la ley antiterrorista que no cumple estándares de DD.HH.[28]. En lo inmediato, en enero del 2018 se conoce el escándalo de la Operación Huracán, dejando en evidencia que desde carabineros se crearon pruebas para inculpar a líderes mapuche[29], lo que involucraba a la cadena de mando. Finalmente, en marzo del mismo año, luego de la actuación de la CIDH, el Estado chileno se ve en la obligación de reconocer responsabilidad en el asesinato de Alex Lemún a manos de un policía en 2002[30]. Así, al inicio de este gobierno era ya evidente la necesidad de reformar el proceder policial (y no las leyes indígenas) y disminuir su presencia en Wallmapu hasta que no den garantías mínimas de respetar los DD.HH.

Sin embargo, el nuevo Presidente de la República inició, nuevamente, con señales claras. Su primer viaje a Wallmapu fue para liderar el primer encuentro del Consejo de Seguridad Macro Zona Sur, en que participaron las principales autoridades políticas, policiales y judiciales. Segundo acto, en el mismo viaje anunció modificaciones a la ley antiterrorista, contraviniendo las indicaciones de los organismos de DD.HH., volviendo a figuras tales como la de testigos protegidos o la creativa tipificación de delito terrorista individual. Todo esto, en medio de reuniones con las víctimas de la “violencia rural”, término mañoso surgido de los gremios de La Araucanía, para señalar al pueblo mapuche como violento, evitando discutir los asuntos de fondo.

En junio de 2018 el Presidente, ahondando la militarización en Wallmapu, da el vamos al Comando Jungla. Nuevamente contra todas las recomendaciones de organismos de promoción y defensa de los DD.HH., nacionales e internacionales. Sin contar el gasto que significó la inversión en armamento y personal para una de las regiones más pobres del país. Sabemos cómo termino esto. En noviembre del mismo año el Comando Jungla asesina a Camilo Catrillanca, borran las cámaras, falsean los acontecimientos, maltratan al menor de edad que lo acompañaba, entre otra serie de graves irregularidades[31]. Conviene decir que es parte de meses de hostigamiento policial en diversas comunidades, algo que para los mapuche es algo cotidiano, y no un acontecimiento aislado.

Es tremendamente llamativo, escandaloso y violento, las reacciones políticas luego de este asesinato. Siguieron exactamente el mismo guion que las declaraciones de las autoridades a cargo cuando fuerzas policiales asesinaron a Matías Catrileo, 10 años antes. Se intentó culpar de violento al mapuche (violencia rural) mediante la simulación de un enfrentamiento. Luego, se depositó ciegamente toda la confianza en las fuerzas policiales y toda la desconfianza en el mapuche. Así fue que vimos al encargado de la parte represiva frente a las demandas indígena, el entonces ministro del interior Chadwick, dando todo su respaldo a carabineros[32] aduciendo un enfrentamiento; otros personajes, como el ex intendente de La Araucanía Luis Mayol y el mismo senador que actualmente promueve el proyecto de tipificación especial al robo de madera, Felipe Kast, salieron en respaldo de carabineros a partir de fotos que habrían recibido[33], y que resultaron ser falsas, sin contrastar información con contraparte mapuche.

El asesinato de Camilo Catrillanca, como el actuar doloso de las fuerzas policiales, era absolutamente previsible en vista de los antecedentes que existían. Esto también fue y es muy violento. Llevar adelante este tipo de política que se supo, se sabe y se sabrá, que cobrará víctimas inocentes. Y no por ser historia conocida es menos violenta.

Consecuencia del asesinato de Camilo Catrillanca fue el término del Comando Jungla, promocionado mediáticamente como un nuevo trato, un “bajar la presión” sobre Wallmapu. Pero lo cierto es que en el total aumentó la militarización del territorio, mediante Fuerzas Especiales[34], a la antigua usanza, y nada de reformas ni reestructuraciones en la operatividad cotidiana. Si hasta han reprimido a las hortaliceras mapuche fuertemente armadas con lechugas y tomates en el centro de Temuco.

La pandemia de Covid-19 parecía ofrecer un alto, sin embargo, no fue así. Los allanamientos y provocaciones en las comunidades siguieron de igual modo, ahora ayudados por el estado de excepción. En junio de este año, el Ministro del Interior (el que estaba en función al 18 de octubre), decidió el envío de militares a Wallmapu[35], con el objetivo de cuidar infraestructura crítica. Desde entonces, se sumaron los militares con sus armamentos y aviones que sobrevuelan el territorio a baja altura, a las ya conocidas tanquetas, anfibios y drones que merodean día y noche las comunidades de Wallmapu.

¿Es posible esperar que el Movimiento Mapuche no reacciones ante esta represión? Si luego del Estallido Social del 18 de octubre, con todos los ojos puestos encima y cuatro contundentes informes de destacados organismos de promoción y defensa de los DD.HH. que fueron categóricos sobre la violación contra los DD.HH. por parte de las fuerzas policiaca represivas, el gobierno no solo fue capaz de mirar para el lado, sino de sacar la ley anti capucha ¿Qué cabe esperar en Wallmapu? Los repertorios de contraviolencia surgidos desde distintas vertientes del Movimiento Mapuche están lejos, muy lejos de ser el foco de la violencia en Wallmapu. Si el estado no inicia un diálogo político serio, donde escuche y responda a las legítimas demandas del Pueblo Mapuche, el conflicto solo puede agravarse.

Conclusión  

Dos hebras ha trenzado el gobierno en su política indígena sobre Wallmapu, una en beneficio de los gremios empresariales que avanzan sobre el territorio y otra contra los mapuche que se revelan a ese tipo de desarrollo que los excluye y vuelve a despojar de su territorio. Así, los mapuche ven amenazada cultura y territorio, mientras los proyectos de reconocimiento político e institucionalidad que les garantizan su subsistencia son de hecho negados por el estado que debía protegerlos. ¿Acaso esto no es prender fuego en Wallmapu?

Epílogo

Actualmente, después de más de 100 días de huelga de hambre de Presos Políticos Mapuche, los ojos del país vuelven a miran al sur. Durante más de dos meses el vocero de una de las huelgas, el werken Rodrigo Curipán, ha llamado abiertamente al Ministro de Justicia al diálogo. Lo convoca para dialogar sobre las condiciones carcelarias que por derecho les corresponden a las personas pertenecientes a pueblos indígenas, contenidas en el artículo 10, del Convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile. El ministro se ha negado al diálogo, no quiere hablar, no quiere conversar. Esta es la política indígena. Y lo que sigue.

Se comienzan a movilizar varias comunidades del Meli Witran Mapu. Pero a falta de ministro de Justicia, actúa el ministro del Interior y comienza el ritual de las fuerzas policiales represivas. Así pasan las semanas, se repiten las invitaciones al diálogo, las negativas del gobierno, las movilizaciones y la respuesta represiva. Al tiempo se suman los gremios empresariales para pedir más represión.  Esta vez termina la historia en Curacautin, tras la visita del nuevo Ministro del Interior a La Araucanía, donde no dialogó con los mapuche y se dedicó a instar el desalojo de las Municipalidades, bajo el falseado discurso de cumplir el estado de derecho.

Termina todo en una manifestación del racismo chileno, con intervención de liderazgos que abiertamente llaman al enfrentamiento contra el mapuche, con resguardo policial para la turba, más encima en horario de toque de queda. Entre las violencias desplegadas, el racismo llego a cada rincón de Wallmapu.

Finalmente, así como iniciamos este artículo revisando la ley especial agenciada por el conflictivo gremio maderero para eludir el corazón del conflicto; podemos cerrar con la puesta en escena, a lo comando jungla, para anunciar otro proyecto de ley especial, ahora para el gremio de los camioneros, que va en la misma línea del anterior. Mientras tanto, pasan los días de huelga, el machi anuncia huelga seca y siguen los llamados al diálogo desde el mundo mapuche.

En un par de días, cuando estemos lamentando los efectos de la huelga en los comuneros, cuando se haya desplegado aún más el personal policial en Wallmapu y con dos proyectos de tipificación especial en favor de los gremios que hacen parte del conflicto, veremos aparecer a algún ministro de gobierno hablando con tono republicano invitando a al diálogo y señalando la necesidad de abordar los temas políticos. Esta provocadora rutina es casi más repetida que la promesa de reconocimiento constitucional.

¿Le creerán? ¿Usted le creerá?

[1] Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, p. 42 (http://www.memoriachilena.gob.cl/602/articles-122901_recurso_2.pdf)

[2]  “Mito 7: Los mapuche son violentos, intolerantes de la cultura chilena y antidemocráticos”, en: Besciani y eds. Mitos Chilenos sobre el Pueblo Mapuche, 2018.  

[3] https://www.senado.cl/inician-debate-de-proyecto-que-tipifica-el-delito-de-robo-o-hurto-de/senado/2020-06-25/121440.html

[4] Matamala, D. Poderoso caballero. Santiago: Catalonia.

[5] Interferencia. “El senador forestal: las sociedades y aportes de campaña que comprometen a Felipe Kast con el negocio maderero”.

[6] “Mito 4: Las forestales que están allá son la tercera industria productiva del país ¿y todavía les molesta?” En: Bresciani y eds. Mitos chilenos sobre el Pueblo Mapuche, Ed. Revista Mensaje: 2018.

[7] El Mostrador. “Colusión papelera, desfalco forestal y despojo territorial”. 

[8] Interferencia. “El mapa que muestra cómo la expansión forestal presiona a los mapuche en la provincia de Arauco”.

[9] “¿Agua para quién? Escasez hídrica y plantaciones forestales en la Provincia de Arauco”. En: Gónzalez-Hidalgo, M. Agua que has de beber, ONG Forestales por el Bosque nativo: 2015.

[10] El Mostrador. “Incendios y modelo forestal: una estrecha relación”.

[11] Convenio 169 de la OIT, art. 14,2.

[12] Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo trato con los Pueblos Indígenas y Sistematización del proceso participativo constituyente indígena” (2017), entre otros.

[13] Propuesta al gobierno respecto de la situación de la región de La Araucanía: Chile debe ser un país plurinacional (2015). Francisco Huenchumilla relevado de su cargo de Intendente de La Araucanía antes de presentar esta propuesta.

[14] Fundación Terram. “Agricultura, sacudida por el cambio climático”.

[15] La Tercera. “OIT: Chile sólo podrá renunciar al convenio 169 a partir de 2021

[16] Interferencia. “Victor Manoli: el nuevo “Sheriff” de La Araucanía

[17] El Mostrador. “Cayó Mayol: la trastienda de la planeada salida del intendente de La Araucanía por el caso Catrillanca”.

[18] La Tercera. “Informe reservado de Sofofa critica “pasajes oscuros” de la Ley Lafkenche y será presentado al gobierno

[19] Radio Universidad de Chile. “La fiebre del oro verde en medio del conflicto mapuche”.

[20] Territorio en Conflicto. “¿Acuerdo Nacional?

[21] El Mostrador. “Plan Impulso Araucanía: lo que el dinero no puede comprar”.

[22] Observatorio Ciudadano. “El “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía”: Análisis crítico desde la perspectiva de derechos humanos”.

[23] El Mostrador. “La reforma a la Ley Indígena: un Gobierno que no respeta ni escucha

[24] Observatorio Ciudadano. “Crónica de un rechazo anunciado: el intento de modificación de la ley indígena”.

[25] Ciper. “Los errores que liquidaron la consulta indígena: “Es una instrumentalización de la pobreza”

[26] Interferencia. “Detrás de la Consulta Indígena están las inmobiliarias, frutícolas y mineras”.

[27] Territorio en Conflicto. “Consulta constituyente indígena: resultados para digerir

[28] Territorio en Conflicto. “Cambia, nada cambia: nueva muerte mapuche

[29] Ciper. “Especial Ciper: Oprearción Huracán”.

[30] Radio Universidad de Chile. “Estado chileno admite responsabilidad en muerte de joven mapuche Alex Lemún

[31] Ciper. “Las mentiras del caso Catrillanca”.

[32] Radio UChile. “Chadwick se cuadra con Carabineros por muerte de mapuche: “Cuentan con el respaldo del Gobierno”

[33] La Tercera. “Caso Catrillanca: Imágenes que recibieron Felipe Kast y Luis Mayol del supuesto enfrentamiento fueron entregadas por ex general de Carabineros

[34] La Tercera. “Presidente Piñera confirmó retiro del “Comando Jungla” de La Araucanía

[35] Ciper. “La nueva conquista de La Araucanía”.