Gobierno en disyuntiva: propuesta de Chile Vamos de participación mínima pone en jaque la prescindencia del Ejecutivo
Tres analistas electorales desglosan la propuesta de un piso de votación para dar legitimidad al plebiscito de octubre y concuerdan en que el momento no es el apropiado, pero además aseguran que el Gobierno debe asumir pronto una posición política sobre el tema.
Claudia Carvajal G.
Lunes 17 de agosto 2020 21:00 hrs.
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A 68 días de la realización del Plebiscito para que la ciudadanía decida si aprueba o rechaza la idea de que se redacte una nueva Constitución, un grupo de parlamentarios remeció el tablero político al plantear un piso de participación como prueba de legitimidad del proceso. La propuesta de los senadores Chahuan, Aravena y Prohens señala que de no votar al menos la mitad del padrón electoral el próximo 25 de octubre, el Presidente deberá convocar a un segundo Plebiscito de entrada.
La propuesta generó rechazo en la oposición y también en los expertos electorales ya que hay consenso al señalar que los términos para llevar adelante el plebiscito estaban zanjados en el acuerdo político transversal del pasado 15 de noviembre.
Para Marco Moreno, Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, esta proposición es un contrasentido pues parece más bien una suerte de sabotaje al acto eleccionario y pone, además, al Gobierno en una situación muy incómoda.
“En política cada vez más las cosas no son lo que son, sino lo que parecen y lo que parecen estas iniciativas de Chile Vamos, especialmente la del senador Chahuán, es un intento por dificultar y, en el fondo, hacer fracasar el plebiscito habida cuenta de la posible baja participación en el marco de la pandemia. Lo que vemos es una maniobra distractora frente a la opinión pública y ante la que el Gobierno ha guardado un silencio preocupante porque el argumento de no involucrarse en el proceso electoral también puede llevar a que el Gobierno sea visto como parte de esa maniobra”.
Marco Moreno.
“El riesgo es que el plebiscito termine convirtiéndose en uno sobre el Gobierno y la figura del Presidente, y eso no le hace bien al Gobierno, por eso creo que esta estrategia del oficialismo de intentar establecer una métrica de participación es una maniobra que busca dilatar u obstruir el desarrollo normal del plebiscito. En la última elección presidencial votó menos del 50% del padrón electoral y, de ese universo, un 26% votó por el presidente Piñera. Esa fue una elección completamente legítima, entonces no creo que ahora puedan levantar estos argumentos de métricas y medidas para intentar establecer la voluntad ciudadana”, afirmó el experto.
Otro de los aspectos que consideraron los analistas es la época en que se presentan estas modificaciones. Así, para la cientista política de la Universidad Católica de Chile, Gloria de la Fuente, considerando la fecha y las condiciones sanitarias cualquier forma de tratar de innovar en lo acordado en noviembre pasado implica simplemente un intento de cambiar las reglas del juego. Para la doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, el Gobierno ahora solo debe preocuparse de generar condiciones adecuadas para el plebiscito.
“Había un acuerdo previo y transversal que se dio en noviembre respecto de cuál sería el mecanismo y órganos redactores de una nueva Constitución, entonces, agregar más cosas al debate solo enreda la discusión. Más bien el Ejecutivo debe ocuparse de dos cosas: observar la experiencia comparada ver cómo funciona para el reglamento del Servel sobre el Plebiscito, y las normas que tienen que ver con el límite en los gastos para evitar que la contienda sea desigual. Esas normas son más relevantes que estar pensando en cambiar las reglas del juego”.
Gloria de la Fuente.
“Dada la magnitud de lo que ocurrió para llegar hasta acá respecto del cambio constitucional y el procedimiento, creo que lo obvio es estar detrás de garantizar las condiciones para que el plebiscito se realice de manera adecuada y el Gobierno ahí tiene un rol fundamental”, agregó la Presidenta de Chile 21 quien también señaló que, de acuerdo a las encuestas, más allá del temor a la enfermedad, la gente quiere ir a votar, pero tomando los resguardos necesarios. Además anticipó una participación cercana al 60 por ciento del padrón electoral.
Por su parte el analista político e historiador Tomás Duval, manifestó que fijar un piso de participación en un sistema con voto voluntario es una discusión interminable, pero afirmó que si el proceso convoca a toda la ciudadanía, entonces tiene la legitimidad de los que votaron y eso aplica para todo el sistema político. Para el académico, el problema del Gobierno va por otro lado y es eminentemente político.
“Hay que darle fortaleza al Servicio Electoral para este plebiscito, pero me parece que el Ejecutivo tiene un problema más político y es que hoy no es viable un gobierno que no tome posición en un acto plebiscitario de esta naturaleza. Es imposible que un Gobierno pueda ser ausente respecto del plebiscito, toda vez que en el último cambio de Gabinete incluyó de lleno a la coalición al interior del gobierno, entonces tiene que tomar una decisión y esa es la dificultad política que enfrenta: debe optar por una alternativa o dejar en libertad de acción a sus personeros. Y eso no ha ocurrido”.
Tomás Duval.
“La decisión del Gobierno frente al Plebiscito lo va a marcar en el escenario y, en paralelo, debe enfrentar la pandemia y una crisis económica y eso es suficiente para terminar su periodo”, concluyó el académico.
El Gobierno ha señalado que las reglas para llevar adelante el Plebiscito ya están claras y que el momento de hacer modificaciones ya pasó. La semana recién pasada el Congreso aprobó la reforma constitucional que amplía las facultades del Servel para llevar a cabo el proceso plebiscitario y debe entregar el reglamento respectivo para su aprobación antes del 10 de septiembre.
A 68 días de la realización del Plebiscito para que la ciudadanía decida si aprueba o rechaza la idea de que se redacte una nueva Constitución, un grupo de parlamentarios remeció el tablero político al plantear un piso de participación como prueba de legitimidad del proceso. La propuesta de los senadores Chahuan, Aravena y Prohens señala que de no votar al menos la mitad del padrón electoral el próximo 25 de octubre, el Presidente deberá convocar a un segundo Plebiscito de entrada.
La propuesta generó rechazo en la oposición y también en los expertos electorales ya que hay consenso al señalar que los términos para llevar adelante el plebiscito estaban zanjados en el acuerdo político transversal del pasado 15 de noviembre.
Para Marco Moreno, Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, esta proposición es un contrasentido pues parece más bien una suerte de sabotaje al acto eleccionario y pone, además, al Gobierno en una situación muy incómoda.
“En política cada vez más las cosas no son lo que son, sino lo que parecen y lo que parecen estas iniciativas de Chile Vamos, especialmente la del senador Chahuán, es un intento por dificultar y, en el fondo, hacer fracasar el plebiscito habida cuenta de la posible baja participación en el marco de la pandemia. Lo que vemos es una maniobra distractora frente a la opinión pública y ante la que el Gobierno ha guardado un silencio preocupante porque el argumento de no involucrarse en el proceso electoral también puede llevar a que el Gobierno sea visto como parte de esa maniobra”.
Marco Moreno.
“El riesgo es que el plebiscito termine convirtiéndose en uno sobre el Gobierno y la figura del Presidente, y eso no le hace bien al Gobierno, por eso creo que esta estrategia del oficialismo de intentar establecer una métrica de participación es una maniobra que busca dilatar u obstruir el desarrollo normal del plebiscito. En la última elección presidencial votó menos del 50% del padrón electoral y, de ese universo, un 26% votó por el presidente Piñera. Esa fue una elección completamente legítima, entonces no creo que ahora puedan levantar estos argumentos de métricas y medidas para intentar establecer la voluntad ciudadana”, afirmó el experto.
Otro de los aspectos que consideraron los analistas es la época en que se presentan estas modificaciones. Así, para la cientista política de la Universidad Católica de Chile, Gloria de la Fuente, considerando la fecha y las condiciones sanitarias cualquier forma de tratar de innovar en lo acordado en noviembre pasado implica simplemente un intento de cambiar las reglas del juego. Para la doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, el Gobierno ahora solo debe preocuparse de generar condiciones adecuadas para el plebiscito.
“Había un acuerdo previo y transversal que se dio en noviembre respecto de cuál sería el mecanismo y órganos redactores de una nueva Constitución, entonces, agregar más cosas al debate solo enreda la discusión. Más bien el Ejecutivo debe ocuparse de dos cosas: observar la experiencia comparada ver cómo funciona para el reglamento del Servel sobre el Plebiscito, y las normas que tienen que ver con el límite en los gastos para evitar que la contienda sea desigual. Esas normas son más relevantes que estar pensando en cambiar las reglas del juego”.
Gloria de la Fuente.
“Dada la magnitud de lo que ocurrió para llegar hasta acá respecto del cambio constitucional y el procedimiento, creo que lo obvio es estar detrás de garantizar las condiciones para que el plebiscito se realice de manera adecuada y el Gobierno ahí tiene un rol fundamental”, agregó la Presidenta de Chile 21 quien también señaló que, de acuerdo a las encuestas, más allá del temor a la enfermedad, la gente quiere ir a votar, pero tomando los resguardos necesarios. Además anticipó una participación cercana al 60 por ciento del padrón electoral.
Por su parte el analista político e historiador Tomás Duval, manifestó que fijar un piso de participación en un sistema con voto voluntario es una discusión interminable, pero afirmó que si el proceso convoca a toda la ciudadanía, entonces tiene la legitimidad de los que votaron y eso aplica para todo el sistema político. Para el académico, el problema del Gobierno va por otro lado y es eminentemente político.
“Hay que darle fortaleza al Servicio Electoral para este plebiscito, pero me parece que el Ejecutivo tiene un problema más político y es que hoy no es viable un gobierno que no tome posición en un acto plebiscitario de esta naturaleza. Es imposible que un Gobierno pueda ser ausente respecto del plebiscito, toda vez que en el último cambio de Gabinete incluyó de lleno a la coalición al interior del gobierno, entonces tiene que tomar una decisión y esa es la dificultad política que enfrenta: debe optar por una alternativa o dejar en libertad de acción a sus personeros. Y eso no ha ocurrido”.
Tomás Duval.
“La decisión del Gobierno frente al Plebiscito lo va a marcar en el escenario y, en paralelo, debe enfrentar la pandemia y una crisis económica y eso es suficiente para terminar su periodo”, concluyó el académico.
El Gobierno ha señalado que las reglas para llevar adelante el Plebiscito ya están claras y que el momento de hacer modificaciones ya pasó. La semana recién pasada el Congreso aprobó la reforma constitucional que amplía las facultades del Servel para llevar a cabo el proceso plebiscitario y debe entregar el reglamento respectivo para su aprobación antes del 10 de septiembre.
A 68 días de la realización del Plebiscito para que la ciudadanía decida si aprueba o rechaza la idea de que se redacte una nueva Constitución, un grupo de parlamentarios remeció el tablero político al plantear un piso de participación como prueba de legitimidad del proceso. La propuesta de los senadores Chahuan, Aravena y Prohens señala que de no votar al menos la mitad del padrón electoral el próximo 25 de octubre, el Presidente deberá convocar a un segundo Plebiscito de entrada.
La propuesta generó rechazo en la oposición y también en los expertos electorales ya que hay consenso al señalar que los términos para llevar adelante el plebiscito estaban zanjados en el acuerdo político transversal del pasado 15 de noviembre.
Para Marco Moreno, Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, esta proposición es un contrasentido pues parece más bien una suerte de sabotaje al acto eleccionario y pone, además, al Gobierno en una situación muy incómoda.
“En política cada vez más las cosas no son lo que son, sino lo que parecen y lo que parecen estas iniciativas de Chile Vamos, especialmente la del senador Chahuán, es un intento por dificultar y, en el fondo, hacer fracasar el plebiscito habida cuenta de la posible baja participación en el marco de la pandemia. Lo que vemos es una maniobra distractora frente a la opinión pública y ante la que el Gobierno ha guardado un silencio preocupante porque el argumento de no involucrarse en el proceso electoral también puede llevar a que el Gobierno sea visto como parte de esa maniobra”.
Marco Moreno.
“El riesgo es que el plebiscito termine convirtiéndose en uno sobre el Gobierno y la figura del Presidente, y eso no le hace bien al Gobierno, por eso creo que esta estrategia del oficialismo de intentar establecer una métrica de participación es una maniobra que busca dilatar u obstruir el desarrollo normal del plebiscito. En la última elección presidencial votó menos del 50% del padrón electoral y, de ese universo, un 26% votó por el presidente Piñera. Esa fue una elección completamente legítima, entonces no creo que ahora puedan levantar estos argumentos de métricas y medidas para intentar establecer la voluntad ciudadana”, afirmó el experto.
Otro de los aspectos que consideraron los analistas es la época en que se presentan estas modificaciones. Así, para la cientista política de la Universidad Católica de Chile, Gloria de la Fuente, considerando la fecha y las condiciones sanitarias cualquier forma de tratar de innovar en lo acordado en noviembre pasado implica simplemente un intento de cambiar las reglas del juego. Para la doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, el Gobierno ahora solo debe preocuparse de generar condiciones adecuadas para el plebiscito.
“Había un acuerdo previo y transversal que se dio en noviembre respecto de cuál sería el mecanismo y órganos redactores de una nueva Constitución, entonces, agregar más cosas al debate solo enreda la discusión. Más bien el Ejecutivo debe ocuparse de dos cosas: observar la experiencia comparada ver cómo funciona para el reglamento del Servel sobre el Plebiscito, y las normas que tienen que ver con el límite en los gastos para evitar que la contienda sea desigual. Esas normas son más relevantes que estar pensando en cambiar las reglas del juego”.
Gloria de la Fuente.
“Dada la magnitud de lo que ocurrió para llegar hasta acá respecto del cambio constitucional y el procedimiento, creo que lo obvio es estar detrás de garantizar las condiciones para que el plebiscito se realice de manera adecuada y el Gobierno ahí tiene un rol fundamental”, agregó la Presidenta de Chile 21 quien también señaló que, de acuerdo a las encuestas, más allá del temor a la enfermedad, la gente quiere ir a votar, pero tomando los resguardos necesarios. Además anticipó una participación cercana al 60 por ciento del padrón electoral.
Por su parte el analista político e historiador Tomás Duval, manifestó que fijar un piso de participación en un sistema con voto voluntario es una discusión interminable, pero afirmó que si el proceso convoca a toda la ciudadanía, entonces tiene la legitimidad de los que votaron y eso aplica para todo el sistema político. Para el académico, el problema del Gobierno va por otro lado y es eminentemente político.
“Hay que darle fortaleza al Servicio Electoral para este plebiscito, pero me parece que el Ejecutivo tiene un problema más político y es que hoy no es viable un gobierno que no tome posición en un acto plebiscitario de esta naturaleza. Es imposible que un Gobierno pueda ser ausente respecto del plebiscito, toda vez que en el último cambio de Gabinete incluyó de lleno a la coalición al interior del gobierno, entonces tiene que tomar una decisión y esa es la dificultad política que enfrenta: debe optar por una alternativa o dejar en libertad de acción a sus personeros. Y eso no ha ocurrido”.
Tomás Duval.
“La decisión del Gobierno frente al Plebiscito lo va a marcar en el escenario y, en paralelo, debe enfrentar la pandemia y una crisis económica y eso es suficiente para terminar su periodo”, concluyó el académico.
El Gobierno ha señalado que las reglas para llevar adelante el Plebiscito ya están claras y que el momento de hacer modificaciones ya pasó. La semana recién pasada el Congreso aprobó la reforma constitucional que amplía las facultades del Servel para llevar a cabo el proceso plebiscitario y debe entregar el reglamento respectivo para su aprobación antes del 10 de septiembre.
