La pandemia, en el mundo, ha dejado en evidencia las precariedades estructurales en las que viven niños, niñas y adolescentes en distintas latitudes. Estos meses de confinamiento, muchas de ellas se han visto profundizadas, levantando alarmas de los sistemas internos de los países, pero, sobre todo, de los organismos internacionales tendientes a resguardar los derechos de los NNA.

En ese contexto, el representante de Unicef para Chile, Paolo Mefalopulos, conversó con Radio Universidad de Chile, relevando que en nuestro país se lleva muchos años de discusión y lucha para poder poner en el corazón de las políticas públicas el cumplimiento de los derechos de todo niño, niña y adolescente. Sin embargo, explicó, “el caso de Ámbar da muestra de la falla del sistema, de estos vacíos. El camino que ha hecho Ámbar en el Sename, una institución que falla en este caso puntual, pero también ha fallado en otros”.

Haciendo un recorrido por esta historia, dijo el representante de Unicef “Ámbar entró en el sistema a los 4 años. Ella tuvo diagnostico ambulatorio en cinco oportunidades. Entró a la Oficina de Protección de Derechos y fue evaluada en tres circunstancia. Estuvo en el Programa de Reparación del Maltrato y fue evaluada en dos oportunidades. Estuvo en un Centro de Cuidado Alternativo y estuvo ahí en un Programa de Intervención Especializada, donde se supone que estaba todavía, y a pesar de todos esos pasos ella no estaba monitoreada. No hubo seguimiento del caso. No hablo solo de la última parte, el sistema no fue capaz de alertar, de dar seguimiento y de prevenir que sucediera algo así. El sistema no está funcionando, no está previniendo, no está haciendo condición de alertar lo que pasa con otro centenar de niños que están en el Sename”.

“Siempre decimos que como Unicef la cosa más importante es la Ley de Protección Integral, algo que tienen todos los países de la región y que permitiría actuar de manera más práctica en temas de n¡monitoreo, de alerta y prevención. Acá en Chile el sistema se enfoca en la respuesta, pero hay que enfocarse en prevención, apoyar las familias, prevenir que los NNA vayan a un centro residencial”, describe, pues el problema es que al llegar a ese centro “ya es una derrota para el niño y para el Estado”.

El problema, insiste, es la carencia de esta garantía legal, donde la explicación que se ha dado desde la clase política es de las diferencias entre colores y posiciones. “El cómo actuarla y ponerla tiene diferencias. Yo he dicho muchas veces: el tema de la ley de garantía no puede ser político partitario, es de derecho de los niños y se necesita de esta ley y ser abiertos, conocer los derechos y hacer esta ley ayer, no mañana. Porque es imposible que Chile sea el único país de toda la región que no lo tenga”.

Al respecto, señaló que “nadie quiere quitar la patria potestad de las familias, pero el Estado debe ponerse donde hay vulneración de derechos, allá es donde hay que intervenir o, también, intervenciones económicas y sociales con apoyo, pero de ninguna parte en contraposición de la familia. Eso es un mito que partes pequeñas ponen como excusa. Otra de las cosas es la autonomía progresiva, pero es un hecho que los adolescentes van teniendo derecho a participar en las decisiones de su vida, que nosotros padres no podemos decidir todo. Nuestro papel es preparar a los niños a la vida y ahí se refiere a la autonomía regresiva. La Convención quiere el bien de los niños y yo no le veo ningún tipo de oposición”.

Paolo Mefalopulos planteó que existen experiencias internacionales que se pueden invocar en nuestro país. “Hemos colaborado de cerca con el Sename y hace un par de años iniciamos una colaboración con Uruguay que tiene un sistema parecido al chileno, pero que ha ido mejorando con el tiempo. También, hemos presentado el caso de Rumania, donde se logró bajar el número de niños en residencias. Acá hay que fortalecer el papel de la Subsecretaría de la Niñez que como órgano rector debe asegurar que todos los actores necesarios y sectoriales (Educación, Salud, Justicia) actué a tiempo y de forma integrada a nivel local, además, del apoyo a las familias”

Para el representante de Unicef “está súper claro que el mejor lugar es la familia, acá se tiende a pensar que la Convención Internacional de los Derechos de los NNA a veces se opone a las familias. ¡Absolutamente No!El interés superior de los derechos del niño y de la niña exactamente están debajo de una familia, como sujetos de derecho y no objetos del mismo. Entonces, el papel es complementar a los padres y los niños y resguardar el cumplimiento de estos derechos para una crianza responsable”, agregó.

¿Cómo salir del actual sistema?: “Una reforma del sistema y tener bien presente que el momento que un niño llega a un centro asistencial ya es medio una derrota porque el sistema perfecto sería uno que no tiene niños en centros residenciales, donde están con sus familias y, en el caso que la familia tenga alguna dificultad, se busca una familia extendida, acogedora, algo alternativo, pero hay evidencia que demuestra que para un desarrollo constructivo, fisiológico y emocional debe estar en una familia. Entonces, si no se llega a este punto, debemos ver cómo hacemos estos centros espacios acogedores. Para eso hemos trabajado con las autoridades, para el cierre de los CREAD, pero ahora con Covid eso se detuvo un poco. Ahora, hay residenciales más pequeños. Hay que admitir que a veces hay resistencia de los vecinos a poner estos centros, pero ahí se necesita la parte comunicacional que explique que estos NNA no tienen nada de malo, que han tenido vidas difíciles no por su culpa y que deberían estar involucrado e incorporado en la comunidad, entonces trabajo con la comunidad es fundamental, sin estigmas de niños que solo quieren jugar”.

“Una sociedad que expone a los niños y niñas a la violencia, no hay que extrañarse que después se expresen de forma violenta”, dice Mafalopulos para abordar la gravedad del asunto en Chile, donde el 70 por ciento de los niños, niñas y adolescentes vive algún tipo de vulneración de derechos.