En los últimos días y en el contexto de la discusión sobre la nueva ley de migraciones, han aparecido discursos racistas en nuestros medios de comunicación. En ellos, el foco de la atención se concentra en lo que identifican como ilegalidad de la migración y, en particular, de la población haitiana. Para entrar en un diálogo constructivo sobre migración y legislación, proponemos, se requieren dos ejercicios: primero, superar la visión de ilegalidad asociada a la migración ya que no existen migrantes ilegales, sino personas en búsqueda de regularización y de una vida digna, derecho de todos los seres humanos; segundo, una mayor vigilancia social sobre los medios de comunicación y los discursos de odio que en ellos se pueden llegar a expresar. Sobre todo porque estos últimos se agencian una forma de asumir la realidad migratoria desde un espacio punitivo y construido bajo los supuestos de un dogma de seguridad nacional.

El gobierno de Chile está muy atrás de los países que consideran que la migración debe asumirse desde una perspectiva humanitaria de “orden, seguridad y regularidad”. Esto pese a que utiliza estos mismos conceptos para levantar un proyecto de ley que, si bien reemplazaría al decreto ley de 1975, no hace otra cosa que presionar por instalar por vía democrática la imagen del migrante como la imagen del “otro” abyecto cuando se trata del migrante “no deseable”. Así se da la paradoja entre el/la migrante que inicia su viaje migratorio hacia Chile ilusionado/a por una imagen-país y se encuentra con un país que está lejos de garantizar los derechos básicos.

Esa imagen, dada por la discusión política de sectores reaccionarios y por la propia doctrina gubernamental, se promueve desde discursos mediáticos que no ven en el relato intercultural una posibilidad para el buen vivir, el desarrollo humano y la madurez democrática. Ese “otro”, ese abyecto, es también para ciertos discursos mediáticos articulados con políticas públicas, el sujeto en que se instalan las marcas del racismo debido a la matriz eurocéntrica y los mitos constitutivos de un país golpeado por el blanqueamiento constante de su latinoamericanidad. En este mismo sentido, los pueblos originarios son también ese “otro” abyecto en el que se depositan los miedos ante una supuesta barbarie. Ambos discursos buscan construir un “buen salvaje” y un “buen migrante” que encajen con los valores que impulsan el crecimiento económico por sobre la justicia social. Todo esto desde una idea de orden y jerarquías sociales que defiende el discurso oficial, al mismo tiempo que no soporta ser increpado.

Así es como funcionan estos relatos de agenciamiento mediático-político-gubernamental, donde el discurso oficial prima ante el discurso de organizaciones migrantes y promigrantes. La oficialidad funciona articulando la conveniencia de los datos, sobre todo hoy, cuando en el Congreso se vota el Proyecto de Ley de Migración y Extranjería. Un proyecto que, a juicio de decenas de organizaciones internacionales, contraviene convenios internacionales: “Hoy, el paradigma de derechos de las políticas migratorias en América del Sur está en tensión con la creciente securitización y criminalización de la migración. El proyecto de ley en cuestión – tal como está – representa una profundización de este retroceso. Así, los altos estándares regionales deben ser considerados como puntos mínimos para la futura ley chilena”, han sostenido en una carta pública que ha recorrido varias regiones del mundo, enfatizando que “Ecuador, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay establecieron el derecho humano a migrar en su normativa y han reconocido a la regularización migratoria como un instrumento central para la protección e inclusión de la población migrante a la sociedad. Son también pilares de estas políticas el debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho a la defensa de la población migrante en todos los procedimientos migratorios, así como la igualdad de derechos entre migrantes y nacionales, especialmente en relación al acceso a las políticas sociales”.

El Proyecto que hoy se vota es una máquina de irregularidad a la vez que denigra al migrante, ubicándolo en ese lugar sin lugar que lo despoja de su humanidad. Se trata de un despojo articulado por discurso y acción, donde existen dispositivos mediáticos que movilizan opiniones que responsabilizan de su destino a cada persona que migra hacia Chile. Como también lo hace el dogma neoliberal y la doctrina de seguridad nacional. Ambos no se detienen a reflexionar en las condiciones estructurales que determinan ese destino; un destino trágico y mortal que aceleradamente se ha traducido en racismo institucional.

Hoy, esperemos, que esos medios y esos políticos reaccionarios, destinen un minuto a pensar en que la migración es un derecho, es circular, genera riqueza de todo tipo, densifica la democracia, la mirada respecto del mundo y sus horizontes de sentido, así como también promueve y multiplica el trabajo. Hoy, esperamos, que recuerden que el 30 de agosto de 2017 fue detenida arbitrariamente Joan Florvil, muriendo treinta días después; el racismo le arrebató su hijo y su vida, le arrebató todo. Hoy, esperamos, que recuerden nuestro lugar periférico en el mundo, ya que Chile no ha firmado aún el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (diciembre de 2018, Marrakech, promovido por la ONU y suscrito en ese momento por 164 países y es un compromiso políticamente vinculante).

Desde la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, el llamado es a cubrir lo que hoy suceda en el Congreso extendiendo un mapa de derechos sobre la mesa, mirando cada continente y observando críticamente el papel que hoy juega Chile, país latinoamericano, diverso, construido entre retazos de mundo. El llamado es para dotar de una ética a políticos y medios con el fin de articular discursos que se pregunten por qué grandes poblaciones -donde se incluyen chilenos y chilenas- se desplazan por el mundo, migran y/o buscan refugio. Las preguntas seguirán resonando en los diálogos constituyentes y, seguro, que más allá de este anhelado y necesario proceso democrático. Hoy, por cierto, se define una parte fundamental de esa hoja de ruta que deberá -sin la presencia de condenables discursos de odio de por medio- ser dibujada entre quienes habitan este territorio al sur del sur.

* Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.