Esta semana trascendió que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se negó a firmar la renovación de Paulo Abrao como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dicha renovación, había sido acordada de forma unánime por el Directorio de la Comisión, fundado en el reconocido trabajo realizado por Abrao en el posicionamiento estratégico de la CIDH como un actor con un rol relevante en la protección de los derechos humanos en nuestro continente.

La acción tomada por Almagro desconoce la resolución del directorio de la CIDH, y por lo tanto, constituye una intervención de facto sobre esta institución, lo que a todas luces resulta inaceptable. La justificación esgrimida por Almagro para sustentar su negativa, remite a una serie de denuncias contenidas en informes de carácter “confidencial”, lo que atenta claramente contra la transparencia de un proceso de resolución de controversias, pues el organismo tiene mecanismos administrativos internos para la resolución de estas, a los cuales el Secretario General no acudió.

Cabe señalar que durante la gestión de Paulo Abrao, la CIDH alcanzó un plan estratégico inédito fijándose objetivos de crecimiento; dirigió la recuperación de una dura crisis financiera del organismo por falta de aportes de los países miembros, e incorporó temáticas largamente esperadas por las organizaciones de derechos humanos en su gestión, por ejemplo, en materias de Justicia Transicional, sitios de memoria, recuperación y acceso a los archivos, entre otros.

Además, la CIDH realizó misiones de observación en diversos países que atravesaron (o atraviesan) crisis de derechos humanos, como la realizada en Chile a principios de este año en el contexto del estallido social, pero también en Brasil, Ecuador, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Venezuela, entre otras, dando cuenta además de la imparcialidad política con la que realizó su trabajo, sin mermar sus informes según la tendencia del gobierno de los países que se observaron en cada misión.

La fortaleza de los sistemas de protección internacionales de derechos humanos reside precisamente en su autonomía y su capacidad de actuar sin presiones de los Estados, es por ello que esta acción resulta tan grave, pues su rol es justamente fiscalizar cuando incumplen sus propios compromisos en materia de derechos humanos. ¿Cómo recibiría la opinión pública, por ejemplo, si un Presidente de la República removiera arbitrariamente al Director del INDH o al Contralor General de la República esgrimiendo razones administrativas? Estas comparaciones -sin duda guardando proporciones- ilustran la gravedad de lo que hoy está ocurriendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De materializarse una intervención arbitraria de este tipo, constituirá un precedente gravísimo para la credibilidad, legitimidad, y transparencia de la CIDH y la OEA no sólo ante las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a quienes se les da una señal extremadamente preocupante de que sus denuncias están expuestas a interrupciones arbitrarias, sino también ante los propios Estados parte, siendo la República Argentina uno de los primeros países que, a través de su Cancillería, ya presentó un comunicado oficial expresando que no comparte esta decisión de la OEA.

La Comisión Interamericana es la puerta de entrada al Sistema interamericano de protección de derechos humanos. Cuando un país vulnera los derechos humanos de las personas y deniega (por acción u omisión) el acceso a la justicia y la verdad, las víctimas pueden acudir a la Comisión para presentar sus denuncias y solicitar, en primera instancia, la mediación de la Comisión en el conflicto, o bien, de no prosperar esta, que el caso sea enviado a la Corte Interamericana para resolver, por una vía de Justicia Internacional, una resolución definitiva a la que los países que firmaron el pacto de San José de Costa Rica se han comprometido a respetar.

Por ello es que una intervención de facto a la gestión del trabajo que realiza la CIDH no puede ser ignorada o reducida a una controversia administrativa. Las organizaciones, instituciones y países que tienen un compromiso efectivo con la protección de los derechos humanos en la región, deben rechazar enérgicamente este tipo de intervenciones, y promover el fortalecimiento de los organismos internacionales de derechos humanos a fin de que este tipo de actos que agravan su autonomía y legitimidad puedan evitarse a futuro.

Para los Estados y los gobiernos, siempre resultará más cómodo un ente fiscalizador debilitado que no perturbe su accionar aún cuando este pueda socavar los derechos de las personas; es por ello que este tipo de escenarios evidencian si las autoridades realmente tienen el compromiso ético y político de anteponer el interés en la protección de la dignidad humana, a cualquier otro interés político, económico, o ideológico que relegue a un segundo plano lo que resulta fundamental proteger siempre: los derechos de todas las personas que habitamos en este continente y en el mundo. La opinión que expresen las autoridades de nuestro país dará luces también sobre su real compromiso con esta área.