El lugar de la educación en una Ley de Protección Integral de Derechos de la Infancia
En un comunicado, la red se hace presente para exigir una Ley de garantía de derechos a niños, niños y adolescentes.
Jueves 3 de septiembre 2020 11:29 hrs.
La Red Chilena de Pedagogía en contextos de encierro se hace presente para exigir una Ley de garantía de derechos a niños, niños y adolescentes. El trabajo que realiza la Red en contextos de protección y encierros, impulsa a presentar esta declaración como un imperativo ético en la construcción de un país, en que el Estado garantiza el derecho a una educación humanizadora y trastornadora para las personas.
A través de un comunicado de prensa, la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro (Red PECE) expresa que se considera la educación como un derecho inalienable, la que no ha sido garantizada históricamente por el Estado chileno a niños, niñas y jóvenes derivados a centros de protección y de justicia juvenil.
“Nos parece insólito que el poder legislativo haya demorado tanto tiempo en despachar un proyecto de ley que, posteriormente, fue objeto de un veto presidencial, de manera que a la fecha nuestro país es el único de América Latina que no cuenta con una Ley de Protección Integral de Derechos de la Infancia, a pesar de que la Convención de los Derechos del Niño fue ratificada por el país hace 30 años y que ha sido una recomendación del Comité de los Derechos del Niño en reiteradas ocasiones. Es sumamente necesario que Chile cuente lo antes posible con esta Ley que pueda garantizar de forma integral, no sólo la protección de de los derechos, sino la promoción de éstos. Así mismo, asegurar que los servicios, programas y proyectos dirigidos a la niñez y adolescencia efectivamente garanticen el enfoque de derecho en su diseño e implementación.
Consideramos que el nuevo Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia recién aprobado sin una Ley de protección integral que le respalde, no permite garantizar mecanismos efectivos de fiscalización, determinación de responsabilidades y, por sobre todo, la prevención de las graves vulneraciones que hasta la fecha sufren NNA en nuestro país.
Este nuevo Servicio se ha presentado a la opinión pública como la solución a la sistemáticas vulneraciones y muertes de las que han sido víctimas niños, niñas y jóvenes internos en el actual Servicio Nacional de Menores (SENAME), no obstante, su puesta en funcionamiento sin la Ley de Protección Integral de Derechos de la Infancia no logrará los cambios efectivos y urgentes que se requieren.
A su vez, no se ha contemplado en la discusión las necesarias transformaciones al sistema de justicia juvenil, el que seguirá funcionando como hasta hoy, invisibilizando que dicho sistema también requiere de una Ley de Protección Integral de Derechos de NNA, pues en el caso de las y los adolescentes en conflicto con la justicia, en su mayoría varones, no logran ampliar su ámbito de posibilidades de integración y participación social en su paso por los centros de encierro, los que tampoco garantizan sus derechos inalienables. Adolescentes que desde niños han estado en contacto con distintos programas o centros de protección, los que no logran efectividad ni integralidad en sus intervenciones debido a la escasa coordinación de los sistemas y servicios que atienden a NNA, debido a la falta de un marco legal para el trabajo intersectorial, así como para el seguimiento, fiscalización y determinación de claras responsabilidades.
En materia educativa ponemos en alerta a la comunidad que el actual proyecto de Ley de Protección Integral de Derechos de NNA no contempla en su articulado garantizar la educación de los NNA afectos a los programas de protección o internos en centros para infractores de ley, sino que sólo se limita a su promoción. Por tanto, los actuales nudos críticos que impiden a NNA el acceso a una educación de calidad se mantendrían de aprobarse el proyecto de Ley en las actuales condiciones. Entre estos:
1. Precariedad en la Infraestructura: Las condiciones de infraestructura de algunos centros son poco adecuadas para un desarrollo de aprendizajes de los jóvenes y el desempeño de profesionales. No siempre existen los espacios mínimos que garanticen el proceso educativo tanto de las escuelas como de los programas socieducativos.
2. Escasez de Recursos Pedagógicos. Es imprescindible contar con material pedagógico-didáctico que permita abordar procesos de alfabetización, desarrollo de pensamiento lógico, matemático y científico dirigido a NNA con años de desface escolar, así como apoyo pedagógico emocional al aprendizaje bajo procesos de prisionización.
3. Sistema de Licitaciones de los Programas: La durabilidad de las licitaciones por lo general se realizan por un plazo de un año lo que impide una planificación a largo plazo e incide negativamente en la retención de profesionales. Tampoco toma en cuenta la experiencia de las instituciones lo que se traduce en poco espacio para hacer propuestas más situadas a la realidad de los jóvenes. En este mismo sentido, las licitaciones se orientan a propuestas de formación no sólo en corto plazo sino con contenidos limitados, sin permitir una apertura al desarrollo de otras habilidades. Asimismo, las subvenciones establecidas por el estado son insuficientes por lo que son escasos los recursos que posibiliten el despliegue de diferentes estrategias potenciadoras y motivadoras con las/os NNA. Asimismo, se profundiza en la precarización laboral, la rotación de personal, perjudicando la creación de vínculos que permanezcan.
4. Sistema Subvención escolar: En el caso de los centros privativos de libertad, las escuelas y liceos deben contar con un sistema de financiamiento único y mensual, no por joven atendido para asegurar un equipo de profesionales. Lo mismo debe implementarse para los Programas ASE (Apoyo Socioeducativo) de SENAME. Es sustancial pensar la educación desde su perspectiva integral, no sólo desde el ámbito escolar, ya que dado el rezago escolar que presentan las y los NNA, los intereses y ocupaciones son un factor central en la motivación escolar y permanencia.
5. Inversión en formación y capacitación: Es preciso establecer capacitaciones pertinentes, Interculturales, con perspectiva de género, con enfoque de derechos a docentes y a quienes participan en programas socioeducativos y de reinserción social.
6. Educación integral: La educación que se implementa en los centros privativos de libertad, no sólo debiera abordar las necesidades educativas de los estudiantes (en lo cognitivo e instrumental) sino también, desarrollar el aprendizaje social, colaborativo, artístico, cultural con la misma relevancia. De esta manera, las actividades socioeducativas deberían estar integradas en un plan de desarrollo formativo y no desarticuladas como ocurre en este momento, en que los colegios, talleres impartidos directamente por SENAME, Programas socioeducativos (ASE) y talleres de instituciones externas desarrollan su trabajo aisladamente, lo que perjudica a los NNA.
7. Inexistencia de conectividad. La alfabetización digital es urgente de las y los jóvenes privados de libertad. Debieran tener acceso óptimo a la tecnología de calidad para facilitar y ampliar sus oportunidades de aprendizaje y así no seguir profundizando su rezago escolar.
8. Falta de garantía a la educación de NNA en centros de protección y/o residencias. Si bien los y las jóvenes en estos centros pueden acceder a las escuelas o liceos cercanos, en la práctica les es difícil mantenerse escolarizados, esto porque presentan rezago escolar y en muchos de los casos necesitan atención pedagógica más especializada. Por esta situación, es que los centros de protección cuenten con escuelas especializadas que atiendan las exigencias de los NNA.
Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro y Equipos colaboradores
La Red Chilena de Pedagogía en contextos de encierro se hace presente para exigir una Ley de garantía de derechos a niños, niños y adolescentes. El trabajo que realiza la Red en contextos de protección y encierros, impulsa a presentar esta declaración como un imperativo ético en la construcción de un país, en que el Estado garantiza el derecho a una educación humanizadora y trastornadora para las personas.
A través de un comunicado de prensa, la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro (Red PECE) expresa que se considera la educación como un derecho inalienable, la que no ha sido garantizada históricamente por el Estado chileno a niños, niñas y jóvenes derivados a centros de protección y de justicia juvenil.
“Nos parece insólito que el poder legislativo haya demorado tanto tiempo en despachar un proyecto de ley que, posteriormente, fue objeto de un veto presidencial, de manera que a la fecha nuestro país es el único de América Latina que no cuenta con una Ley de Protección Integral de Derechos de la Infancia, a pesar de que la Convención de los Derechos del Niño fue ratificada por el país hace 30 años y que ha sido una recomendación del Comité de los Derechos del Niño en reiteradas ocasiones. Es sumamente necesario que Chile cuente lo antes posible con esta Ley que pueda garantizar de forma integral, no sólo la protección de de los derechos, sino la promoción de éstos. Así mismo, asegurar que los servicios, programas y proyectos dirigidos a la niñez y adolescencia efectivamente garanticen el enfoque de derecho en su diseño e implementación.
Consideramos que el nuevo Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia recién aprobado sin una Ley de protección integral que le respalde, no permite garantizar mecanismos efectivos de fiscalización, determinación de responsabilidades y, por sobre todo, la prevención de las graves vulneraciones que hasta la fecha sufren NNA en nuestro país.
Este nuevo Servicio se ha presentado a la opinión pública como la solución a la sistemáticas vulneraciones y muertes de las que han sido víctimas niños, niñas y jóvenes internos en el actual Servicio Nacional de Menores (SENAME), no obstante, su puesta en funcionamiento sin la Ley de Protección Integral de Derechos de la Infancia no logrará los cambios efectivos y urgentes que se requieren.
A su vez, no se ha contemplado en la discusión las necesarias transformaciones al sistema de justicia juvenil, el que seguirá funcionando como hasta hoy, invisibilizando que dicho sistema también requiere de una Ley de Protección Integral de Derechos de NNA, pues en el caso de las y los adolescentes en conflicto con la justicia, en su mayoría varones, no logran ampliar su ámbito de posibilidades de integración y participación social en su paso por los centros de encierro, los que tampoco garantizan sus derechos inalienables. Adolescentes que desde niños han estado en contacto con distintos programas o centros de protección, los que no logran efectividad ni integralidad en sus intervenciones debido a la escasa coordinación de los sistemas y servicios que atienden a NNA, debido a la falta de un marco legal para el trabajo intersectorial, así como para el seguimiento, fiscalización y determinación de claras responsabilidades.
En materia educativa ponemos en alerta a la comunidad que el actual proyecto de Ley de Protección Integral de Derechos de NNA no contempla en su articulado garantizar la educación de los NNA afectos a los programas de protección o internos en centros para infractores de ley, sino que sólo se limita a su promoción. Por tanto, los actuales nudos críticos que impiden a NNA el acceso a una educación de calidad se mantendrían de aprobarse el proyecto de Ley en las actuales condiciones. Entre estos:
1. Precariedad en la Infraestructura: Las condiciones de infraestructura de algunos centros son poco adecuadas para un desarrollo de aprendizajes de los jóvenes y el desempeño de profesionales. No siempre existen los espacios mínimos que garanticen el proceso educativo tanto de las escuelas como de los programas socieducativos.
2. Escasez de Recursos Pedagógicos. Es imprescindible contar con material pedagógico-didáctico que permita abordar procesos de alfabetización, desarrollo de pensamiento lógico, matemático y científico dirigido a NNA con años de desface escolar, así como apoyo pedagógico emocional al aprendizaje bajo procesos de prisionización.
3. Sistema de Licitaciones de los Programas: La durabilidad de las licitaciones por lo general se realizan por un plazo de un año lo que impide una planificación a largo plazo e incide negativamente en la retención de profesionales. Tampoco toma en cuenta la experiencia de las instituciones lo que se traduce en poco espacio para hacer propuestas más situadas a la realidad de los jóvenes. En este mismo sentido, las licitaciones se orientan a propuestas de formación no sólo en corto plazo sino con contenidos limitados, sin permitir una apertura al desarrollo de otras habilidades. Asimismo, las subvenciones establecidas por el estado son insuficientes por lo que son escasos los recursos que posibiliten el despliegue de diferentes estrategias potenciadoras y motivadoras con las/os NNA. Asimismo, se profundiza en la precarización laboral, la rotación de personal, perjudicando la creación de vínculos que permanezcan.
4. Sistema Subvención escolar: En el caso de los centros privativos de libertad, las escuelas y liceos deben contar con un sistema de financiamiento único y mensual, no por joven atendido para asegurar un equipo de profesionales. Lo mismo debe implementarse para los Programas ASE (Apoyo Socioeducativo) de SENAME. Es sustancial pensar la educación desde su perspectiva integral, no sólo desde el ámbito escolar, ya que dado el rezago escolar que presentan las y los NNA, los intereses y ocupaciones son un factor central en la motivación escolar y permanencia.
5. Inversión en formación y capacitación: Es preciso establecer capacitaciones pertinentes, Interculturales, con perspectiva de género, con enfoque de derechos a docentes y a quienes participan en programas socioeducativos y de reinserción social.
6. Educación integral: La educación que se implementa en los centros privativos de libertad, no sólo debiera abordar las necesidades educativas de los estudiantes (en lo cognitivo e instrumental) sino también, desarrollar el aprendizaje social, colaborativo, artístico, cultural con la misma relevancia. De esta manera, las actividades socioeducativas deberían estar integradas en un plan de desarrollo formativo y no desarticuladas como ocurre en este momento, en que los colegios, talleres impartidos directamente por SENAME, Programas socioeducativos (ASE) y talleres de instituciones externas desarrollan su trabajo aisladamente, lo que perjudica a los NNA.
7. Inexistencia de conectividad. La alfabetización digital es urgente de las y los jóvenes privados de libertad. Debieran tener acceso óptimo a la tecnología de calidad para facilitar y ampliar sus oportunidades de aprendizaje y así no seguir profundizando su rezago escolar.
8. Falta de garantía a la educación de NNA en centros de protección y/o residencias. Si bien los y las jóvenes en estos centros pueden acceder a las escuelas o liceos cercanos, en la práctica les es difícil mantenerse escolarizados, esto porque presentan rezago escolar y en muchos de los casos necesitan atención pedagógica más especializada. Por esta situación, es que los centros de protección cuenten con escuelas especializadas que atiendan las exigencias de los NNA.
Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro y Equipos colaboradores
La Red Chilena de Pedagogía en contextos de encierro se hace presente para exigir una Ley de garantía de derechos a niños, niños y adolescentes. El trabajo que realiza la Red en contextos de protección y encierros, impulsa a presentar esta declaración como un imperativo ético en la construcción de un país, en que el Estado garantiza el derecho a una educación humanizadora y trastornadora para las personas.
A través de un comunicado de prensa, la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro (Red PECE) expresa que se considera la educación como un derecho inalienable, la que no ha sido garantizada históricamente por el Estado chileno a niños, niñas y jóvenes derivados a centros de protección y de justicia juvenil.
“Nos parece insólito que el poder legislativo haya demorado tanto tiempo en despachar un proyecto de ley que, posteriormente, fue objeto de un veto presidencial, de manera que a la fecha nuestro país es el único de América Latina que no cuenta con una Ley de Protección Integral de Derechos de la Infancia, a pesar de que la Convención de los Derechos del Niño fue ratificada por el país hace 30 años y que ha sido una recomendación del Comité de los Derechos del Niño en reiteradas ocasiones. Es sumamente necesario que Chile cuente lo antes posible con esta Ley que pueda garantizar de forma integral, no sólo la protección de de los derechos, sino la promoción de éstos. Así mismo, asegurar que los servicios, programas y proyectos dirigidos a la niñez y adolescencia efectivamente garanticen el enfoque de derecho en su diseño e implementación.
Consideramos que el nuevo Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia recién aprobado sin una Ley de protección integral que le respalde, no permite garantizar mecanismos efectivos de fiscalización, determinación de responsabilidades y, por sobre todo, la prevención de las graves vulneraciones que hasta la fecha sufren NNA en nuestro país.
Este nuevo Servicio se ha presentado a la opinión pública como la solución a la sistemáticas vulneraciones y muertes de las que han sido víctimas niños, niñas y jóvenes internos en el actual Servicio Nacional de Menores (SENAME), no obstante, su puesta en funcionamiento sin la Ley de Protección Integral de Derechos de la Infancia no logrará los cambios efectivos y urgentes que se requieren.
A su vez, no se ha contemplado en la discusión las necesarias transformaciones al sistema de justicia juvenil, el que seguirá funcionando como hasta hoy, invisibilizando que dicho sistema también requiere de una Ley de Protección Integral de Derechos de NNA, pues en el caso de las y los adolescentes en conflicto con la justicia, en su mayoría varones, no logran ampliar su ámbito de posibilidades de integración y participación social en su paso por los centros de encierro, los que tampoco garantizan sus derechos inalienables. Adolescentes que desde niños han estado en contacto con distintos programas o centros de protección, los que no logran efectividad ni integralidad en sus intervenciones debido a la escasa coordinación de los sistemas y servicios que atienden a NNA, debido a la falta de un marco legal para el trabajo intersectorial, así como para el seguimiento, fiscalización y determinación de claras responsabilidades.
En materia educativa ponemos en alerta a la comunidad que el actual proyecto de Ley de Protección Integral de Derechos de NNA no contempla en su articulado garantizar la educación de los NNA afectos a los programas de protección o internos en centros para infractores de ley, sino que sólo se limita a su promoción. Por tanto, los actuales nudos críticos que impiden a NNA el acceso a una educación de calidad se mantendrían de aprobarse el proyecto de Ley en las actuales condiciones. Entre estos:
1. Precariedad en la Infraestructura: Las condiciones de infraestructura de algunos centros son poco adecuadas para un desarrollo de aprendizajes de los jóvenes y el desempeño de profesionales. No siempre existen los espacios mínimos que garanticen el proceso educativo tanto de las escuelas como de los programas socieducativos.
2. Escasez de Recursos Pedagógicos. Es imprescindible contar con material pedagógico-didáctico que permita abordar procesos de alfabetización, desarrollo de pensamiento lógico, matemático y científico dirigido a NNA con años de desface escolar, así como apoyo pedagógico emocional al aprendizaje bajo procesos de prisionización.
3. Sistema de Licitaciones de los Programas: La durabilidad de las licitaciones por lo general se realizan por un plazo de un año lo que impide una planificación a largo plazo e incide negativamente en la retención de profesionales. Tampoco toma en cuenta la experiencia de las instituciones lo que se traduce en poco espacio para hacer propuestas más situadas a la realidad de los jóvenes. En este mismo sentido, las licitaciones se orientan a propuestas de formación no sólo en corto plazo sino con contenidos limitados, sin permitir una apertura al desarrollo de otras habilidades. Asimismo, las subvenciones establecidas por el estado son insuficientes por lo que son escasos los recursos que posibiliten el despliegue de diferentes estrategias potenciadoras y motivadoras con las/os NNA. Asimismo, se profundiza en la precarización laboral, la rotación de personal, perjudicando la creación de vínculos que permanezcan.
4. Sistema Subvención escolar: En el caso de los centros privativos de libertad, las escuelas y liceos deben contar con un sistema de financiamiento único y mensual, no por joven atendido para asegurar un equipo de profesionales. Lo mismo debe implementarse para los Programas ASE (Apoyo Socioeducativo) de SENAME. Es sustancial pensar la educación desde su perspectiva integral, no sólo desde el ámbito escolar, ya que dado el rezago escolar que presentan las y los NNA, los intereses y ocupaciones son un factor central en la motivación escolar y permanencia.
5. Inversión en formación y capacitación: Es preciso establecer capacitaciones pertinentes, Interculturales, con perspectiva de género, con enfoque de derechos a docentes y a quienes participan en programas socioeducativos y de reinserción social.
6. Educación integral: La educación que se implementa en los centros privativos de libertad, no sólo debiera abordar las necesidades educativas de los estudiantes (en lo cognitivo e instrumental) sino también, desarrollar el aprendizaje social, colaborativo, artístico, cultural con la misma relevancia. De esta manera, las actividades socioeducativas deberían estar integradas en un plan de desarrollo formativo y no desarticuladas como ocurre en este momento, en que los colegios, talleres impartidos directamente por SENAME, Programas socioeducativos (ASE) y talleres de instituciones externas desarrollan su trabajo aisladamente, lo que perjudica a los NNA.
7. Inexistencia de conectividad. La alfabetización digital es urgente de las y los jóvenes privados de libertad. Debieran tener acceso óptimo a la tecnología de calidad para facilitar y ampliar sus oportunidades de aprendizaje y así no seguir profundizando su rezago escolar.
8. Falta de garantía a la educación de NNA en centros de protección y/o residencias. Si bien los y las jóvenes en estos centros pueden acceder a las escuelas o liceos cercanos, en la práctica les es difícil mantenerse escolarizados, esto porque presentan rezago escolar y en muchos de los casos necesitan atención pedagógica más especializada. Por esta situación, es que los centros de protección cuenten con escuelas especializadas que atiendan las exigencias de los NNA.
Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro y Equipos colaboradores
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