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Año XII, 30 de septiembre de 2020

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Descontaminar para vender inmuebles: el proyecto en Las Salinas que da la espalda a la comunidad viñamarina

Aunque 43 personas se opusieron al proyecto ante la Comisión de Evaluación Ambiental, Copec ya tiene luz verde para iniciar la etapa de saneamiento. El abogado Gabriel Muñoz y otros miembros de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio acusan al Gobierno de pre aprobar la idea usando solo criterios de índole económica.

Eduardo Andrade

  Domingo 6 de septiembre 2020 15:50 hrs. 
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El proyecto de saneamiento del paño de Las Salinas, en Viña del Mar, ya cuenta con el visto bueno de la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso. Sin embargo, este hecho es solo el último capítulo de una historia que se remonta al año 2006, cuando el Grupo Copec se comprometió a la descontaminación de las 16 hectáreas que componen una zona ocupada por hidrocarburos y otros gases tóxicos para la salud humana.

De allí hasta la actualidad, el proyecto tuvo varios reveses, que dan cuenta de una disputa entre la empresa y diversas organizaciones medioambientales que pretenden evitar, como plantea Copec, un complejo inmobiliario en la zona, antecedido de un proceso de biorremediación el cual despierta algunas dudas.

Después de que, en 2017, los concejales de Viña del Mar se opusieran a la idea de Copec de realizar el saneamiento a través de la remoción de tierras, en 2018, la empresa presentó un plan mixto que consideraba posible acelerar los plazos de descontaminación gracias un proceso en el que se utilizaría bacterias genéticamente modificadas. No obstante, esta prisa, según señaló a nuestro medio el abogado de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio, Gabriel Muñoz, tenía que ver con el objetivo de la empresa: la construcción inmobiliaria.

TERRENOS DE LAS PETROLERAS EN SECTOR DE LAS SALINAS EN VINA DEL MAR.

“La Copec por 80 años contaminó el terreno, lo que corresponde no solamente es que descontamine, sino que entregue ese terreno a Viña del Mar. Lo que hace Texaco en los casos terribles de derrame de petróleo, descontaminan, tienen un pasivo ambiental y se lo entregan desde el punto de vista de la contaminación a quienes sufrieron esa contaminación. Lo que hace Copec es no entregar ese pasivo ambiental, descontamina para vender inmuebles”, criticó.

La resolución de la CEA

A mediados del mes de agosto, como se menciona al inicio del artículo, la CEA aprobó el inicio del plan de saneamiento, no sin antes escuchar la opinión de 43 personas de la sociedad civil de Viña del Mar, que no estaban a favor del proyecto tal cual lo plantea Copec. En dicha oportunidad, Muñoz también entregó su punto de vista, pero aclara que sabía, según lo publicado días antes en la prensa, que la decisión ya estaba tomada.

“Ese estudio de impacto ambiental fue aprobado no aquí en la Quinta Región, fue aprobado desde Santiago, porque hay un artículo en Economía y Negocios del Mercurio, del 13 de agosto, en que con claridad se establecía que estaba priorizado el proyecto Las Salinas, por lo tanto, el ministro de Economía y el gobierno central ordenaron al gobierno regional aprobarlo”, denunció.

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Además de la prioridad que Muñoz acusa tenía el proyecto de parte del Gobierno, diversos medios consignan también el respaldo de académicos de la Universidad de Playa Ancha y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quienes aseguran que el proyecto de saneamiento es “robusto y efectivo”, y que significan un importante desafío para la ciencia en el país.

Esto, sin embargo, no ha terminado por convencer a los miembros de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio, quienes insisten en que, en el proyecto, se sopesan más los intereses económicos que el impacto que pueda tener en la ciudadanía. Así lo manifestó, por ejemplo, uno de los voceros, Hernán Madariaga, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile.

“Estamos viendo como en un proyecto con tantas complejidades, viene el Gobierno y desde un criterio estrictamente de reactivación económica decide poner en prioridad y ahí es donde uno se pregunta qué posibilidad tenían los funcionarios de la CEA de Valparaíso de recomendar algo distinto a su aprobación en el informe consolidado a la comisión. Ninguna, porque esa instrucción venía desde el Ejecutivo, era una decisión política”, manifestó.

El parque versus el proyecto inmobiliario

El proyecto inmobiliario defendido por Copec considera la construcción de 440 mil metros cuadrados de torres para viviendas y plantas comerciales, algo que, en opinión de Madariaga, significará necesariamente una serie de inversiones de infraestructura pública, tales como, la prolongación de la vía de Sello Oriente, lo cual a su vez implicará la relocalización de decenas de vecinos de la población Gratry Santa Inés y sectores aledaños, así como la expansión del metro hasta Reñaca.

Por tal motivo, Madariaga criticó el avance de los proyectos inmobiliarios, facilitados por la infraestructura ofrecida por el Estado.

Hernán Madariaga.

Hernán Madariaga.

La inversión pública tiene que ir en torno al interés público, al bienestar y a la necesidad que la comunidad demande. Para nosotros, sobre todo en este sector de la ciudad, la vocación que debe tener debe ser turística, pero de un turismo innovador. Imagínate la experiencia de mezclar la playa con un parque urbano a pocos metros, donde puede haber un centro de eventos y espacios para otras expresiones artísticas. Sería una experiencia única en Chile y poco replicable incluso en Sudamérica”, expresó.

Esta propuesta es defendida bajo la iniciativa Un parque para Las Salinas, de la cual su vocero, Gonzalo Pávez, se refirió a su viabilidad, muy contraria a la biorremediación previa que sugiere Copec.

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“La propuesta de saneamiento de biorremediación de la empresa solamente se fundamenta en el uso residencial final que le está dando la inmobiliaria al terreno. Si el terreno se utilizara para un parque, hay una RCA del 2004 que permite construir un parque. Al final, es una decisión política, de cómo se pone en riesgo a la población viñamarina turista y de comunas aledañas. Esa es la decisión que debe tomar la autoridad, y sino la toma la autoridad, a través de un plebiscito podemos hacer el cambio de uso de suelo del terreno”, precisó.

Según lo informado por el Comité Pro Defensa del Patrimonio, la siguiente etapa de reclamación por el proyecto en cuestión será el Comité de Ministros, una instancia en la que, por las mismas circunstancias que propiciaron la decisión de la CEA, la agrupación vaticina un resultado desfavorable para su causa. Así, como en casos medioambientales anteriores, las opciones cada vez se van acortando para los demandantes, por lo que acudir a la Corte Suprema cada vez toma más peso.