Ocho detenidos y decenas de personas afectadas por el chorro del carro lanzaguas, dejó una manifestación de los técnicos en enfermería en las inmediaciones de Plaza Baquedano. Las funcionarias y funcionarios de salud exigían su inclusión en el Código Sanitario.
Pese a que los manifestantes reclaman que “no se lanzó ninguna piedra”, la represión policial se hizo sentir con fuerza en esta ocasión, lo que ha generado diversas criticas por el trato diferenciado de la institución uniformada hacia distintas manifestaciones.
Ejemplo de ello fue la actuación que tuvo Carabineros frente al paro de camioneros, en que se cortaron carreteras y se interrumpió la cadena de abastecimiento. A ellos no se les detuvo, ni siquiera se le aplicaron leyes como la Anti Barricadas pese al evidente bloqueo de caminos.
Al respecto, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con Lucía Dammert, socióloga y experta en seguridad, quien responsabilizó a las autoridades del Gobierno por el actuar de una institución que, al menos en teoría, no es autónoma.
“Las decisiones de Carabineros respecto del orden público tienen una responsabilidad política clara, que en el caso de la Región Metropolitana es el Intendente, luego el subsecretario del Interior y el ministro del Interior. Cuando hay una persecución por un hecho criminal o algo relacionado con la prevención del delito, efectivamente, podría haber mayores niveles de autonomía, pero, en este caso, me parece que hay mucha más responsabilidad política que policial”.
La académica de la Universidad de Santiago puntualizó en que el Gobierno no entrega las señales correctas con respecto del criterio para reprimir manifestaciones, a lo que se hace necesario salir a dar explicaciones.
“Como hemos visto desde hace muchos años, la ley no es igual para todos, y esto es muy claro en términos del orden público, pues parece que los camioneros no lo subvierten, para ello no hay leyes antibarricadas, no tienen expresiones antidemocráticas, no son perseguidos, sin embargo, otros manifestantes sí. Este es un súper mal antecedente que está dejando el Gobierno, el cual me imagino tendrá que salir a explicar”.
Por otra parte, Dammert no ocultó sus sospechas de que el actual Ejecutivo decide el nivel de represión de las manifestaciones basado en su afinidad ideológica para con las demandas, lo que conlleva una evidente discriminación y genera frustración en la ciudadanía.
“Quisiera creer que no, pero pareciera que aquellos que tienen una cercanía política, estratégica, ideológica con el Gobierno, tienen más permiso para saltarse el toque de queda, para saltarse las medidas sanitarias, para bloquear carreteras, y aquellos que reclaman por cosas que el Gobierno no considera que son de su cercanía, tienen de respuesta guanacos, agua con químicos, gases lacrimógenos. Esto es un pésimo antecedente, pues aumenta los niveles de frustración de la gente. La ley dura pareja es aceptada por la ciudadanía, pero cuando uno se da cuenta que la ley es A pero para otros es Z, se aumentan los niveles de frustración y ansiedad en la población”.
El tema no ha pasado desapercibido. De hecho, la Democracia Cristiana confirmó su intención de acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez, por el actuar diferenciado de Carabineros.
Para la experta, la eventual acusación sería una señal política importante, ya que los espacios de diálogo y debate con el Gobierno están gastados y, pese a que no cree que dicha acción promovida por la DC llegue a cumplir su objetivo, al menos permitiría que estas situaciones no pasen desapercibidas.
Ocho detenidos y decenas de personas afectadas por el chorro del carro lanzaguas, dejó una manifestación de los técnicos en enfermería en las inmediaciones de Plaza Baquedano. Las funcionarias y funcionarios de salud exigían su inclusión en el Código Sanitario.
Pese a que los manifestantes reclaman que “no se lanzó ninguna piedra”, la represión policial se hizo sentir con fuerza en esta ocasión, lo que ha generado diversas criticas por el trato diferenciado de la institución uniformada hacia distintas manifestaciones.
Ejemplo de ello fue la actuación que tuvo Carabineros frente al paro de camioneros, en que se cortaron carreteras y se interrumpió la cadena de abastecimiento. A ellos no se les detuvo, ni siquiera se le aplicaron leyes como la Anti Barricadas pese al evidente bloqueo de caminos.
Al respecto, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con Lucía Dammert, socióloga y experta en seguridad, quien responsabilizó a las autoridades del Gobierno por el actuar de una institución que, al menos en teoría, no es autónoma.
“Las decisiones de Carabineros respecto del orden público tienen una responsabilidad política clara, que en el caso de la Región Metropolitana es el Intendente, luego el subsecretario del Interior y el ministro del Interior. Cuando hay una persecución por un hecho criminal o algo relacionado con la prevención del delito, efectivamente, podría haber mayores niveles de autonomía, pero, en este caso, me parece que hay mucha más responsabilidad política que policial”.
La académica de la Universidad de Santiago puntualizó en que el Gobierno no entrega las señales correctas con respecto del criterio para reprimir manifestaciones, a lo que se hace necesario salir a dar explicaciones.
“Como hemos visto desde hace muchos años, la ley no es igual para todos, y esto es muy claro en términos del orden público, pues parece que los camioneros no lo subvierten, para ello no hay leyes antibarricadas, no tienen expresiones antidemocráticas, no son perseguidos, sin embargo, otros manifestantes sí. Este es un súper mal antecedente que está dejando el Gobierno, el cual me imagino tendrá que salir a explicar”.
Por otra parte, Dammert no ocultó sus sospechas de que el actual Ejecutivo decide el nivel de represión de las manifestaciones basado en su afinidad ideológica para con las demandas, lo que conlleva una evidente discriminación y genera frustración en la ciudadanía.
“Quisiera creer que no, pero pareciera que aquellos que tienen una cercanía política, estratégica, ideológica con el Gobierno, tienen más permiso para saltarse el toque de queda, para saltarse las medidas sanitarias, para bloquear carreteras, y aquellos que reclaman por cosas que el Gobierno no considera que son de su cercanía, tienen de respuesta guanacos, agua con químicos, gases lacrimógenos. Esto es un pésimo antecedente, pues aumenta los niveles de frustración de la gente. La ley dura pareja es aceptada por la ciudadanía, pero cuando uno se da cuenta que la ley es A pero para otros es Z, se aumentan los niveles de frustración y ansiedad en la población”.
El tema no ha pasado desapercibido. De hecho, la Democracia Cristiana confirmó su intención de acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez, por el actuar diferenciado de Carabineros.
Para la experta, la eventual acusación sería una señal política importante, ya que los espacios de diálogo y debate con el Gobierno están gastados y, pese a que no cree que dicha acción promovida por la DC llegue a cumplir su objetivo, al menos permitiría que estas situaciones no pasen desapercibidas.
Ocho detenidos y decenas de personas afectadas por el chorro del carro lanzaguas, dejó una manifestación de los técnicos en enfermería en las inmediaciones de Plaza Baquedano. Las funcionarias y funcionarios de salud exigían su inclusión en el Código Sanitario.
Pese a que los manifestantes reclaman que “no se lanzó ninguna piedra”, la represión policial se hizo sentir con fuerza en esta ocasión, lo que ha generado diversas criticas por el trato diferenciado de la institución uniformada hacia distintas manifestaciones.
Ejemplo de ello fue la actuación que tuvo Carabineros frente al paro de camioneros, en que se cortaron carreteras y se interrumpió la cadena de abastecimiento. A ellos no se les detuvo, ni siquiera se le aplicaron leyes como la Anti Barricadas pese al evidente bloqueo de caminos.
Al respecto, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con Lucía Dammert, socióloga y experta en seguridad, quien responsabilizó a las autoridades del Gobierno por el actuar de una institución que, al menos en teoría, no es autónoma.
“Las decisiones de Carabineros respecto del orden público tienen una responsabilidad política clara, que en el caso de la Región Metropolitana es el Intendente, luego el subsecretario del Interior y el ministro del Interior. Cuando hay una persecución por un hecho criminal o algo relacionado con la prevención del delito, efectivamente, podría haber mayores niveles de autonomía, pero, en este caso, me parece que hay mucha más responsabilidad política que policial”.
La académica de la Universidad de Santiago puntualizó en que el Gobierno no entrega las señales correctas con respecto del criterio para reprimir manifestaciones, a lo que se hace necesario salir a dar explicaciones.
“Como hemos visto desde hace muchos años, la ley no es igual para todos, y esto es muy claro en términos del orden público, pues parece que los camioneros no lo subvierten, para ello no hay leyes antibarricadas, no tienen expresiones antidemocráticas, no son perseguidos, sin embargo, otros manifestantes sí. Este es un súper mal antecedente que está dejando el Gobierno, el cual me imagino tendrá que salir a explicar”.
Por otra parte, Dammert no ocultó sus sospechas de que el actual Ejecutivo decide el nivel de represión de las manifestaciones basado en su afinidad ideológica para con las demandas, lo que conlleva una evidente discriminación y genera frustración en la ciudadanía.
“Quisiera creer que no, pero pareciera que aquellos que tienen una cercanía política, estratégica, ideológica con el Gobierno, tienen más permiso para saltarse el toque de queda, para saltarse las medidas sanitarias, para bloquear carreteras, y aquellos que reclaman por cosas que el Gobierno no considera que son de su cercanía, tienen de respuesta guanacos, agua con químicos, gases lacrimógenos. Esto es un pésimo antecedente, pues aumenta los niveles de frustración de la gente. La ley dura pareja es aceptada por la ciudadanía, pero cuando uno se da cuenta que la ley es A pero para otros es Z, se aumentan los niveles de frustración y ansiedad en la población”.
El tema no ha pasado desapercibido. De hecho, la Democracia Cristiana confirmó su intención de acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez, por el actuar diferenciado de Carabineros.
Para la experta, la eventual acusación sería una señal política importante, ya que los espacios de diálogo y debate con el Gobierno están gastados y, pese a que no cree que dicha acción promovida por la DC llegue a cumplir su objetivo, al menos permitiría que estas situaciones no pasen desapercibidas.
