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Año XII, 30 de septiembre de 2020

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Marcelo Mena por Acuerdo de Escazú “El Gobierno demuestra que no tiene un compromiso con la participación ciudadana”

El ex secretario de Estado, quien encabezó las negociaciones por este tratado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, calificó de decepcionante la postura que ha tomado el Ejecutivo en este tema y señaló que los argumentos que se entregan respecto al peligro para la soberanía "son realmente inverosímiles".

Andrea Bustos C.

  Miércoles 9 de septiembre 2020 19:32 hrs. 
Marcelo Mena





“Es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la que hasta ahora no se ha suscrito”. Con esa frase, este martes, el canciller Andrés Allamand confirmó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que el Gobierno no tiene intención de firmar el Acuerdo de Escazú, que entrará en vigencia el próximo 26 de septiembre.

El tratado tiene como objetivo ser el primer pacto de la región que garantizará acceso a la información, participación y justicia en materia medioambiental.

Durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet y con Marcelo Mena encabezando el Ministerio de Medio Ambiente, nuestro país fue uno de los impulsores del tratado. Sin embargo, aquel compromiso decayó en la administración de Sebastián Piñera y hoy la idea de adherir parece estar prácticamente sepultada.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el ex ministro Marcelo Mena comentó que la situación es decepcionante y evidencia que no hay un compromiso del Ejecutivo con la participación ciudadana que garantizaría el Acuerdo de Escazú.

“Estar dos años esperando y buscando excusas sin que haya ningún antecedente o informe que diga por lo que se rechaza el acuerdo es decepcionante, porque hoy día tenemos un argumento que dice que es inconveniente para Chile sin aducir causa y por la misma razón, para no abrir las críticas, que son legítimas, de quienes impulsamos este acuerdo”, comentó.

Además, Marcelo Mena señaló que la postura del Gobierno también demuestra una descoordinación del Presidente con respecto a la Cancillería y el trabajo previo que se realizó en torno a este tratado.

“Es una falta de respeto hacia la Cancillería misma que impulsó este acuerdo porque tiene que explicar cosas que vienen, no de la Cancillería, no del Ministerio de Medio Ambiente, sino que del Presidente de la República, que cree que entiende de derecho internacional más que su propia Cancillería. En una medida muy parecida a lo del presidente Trump, decide una política en contra de lo que son las recomendaciones propias de su misma Cancillería”, explicó.

MENA MARCELO

En tanto, el hoy director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se refirió también a la posibilidad de que el tratado sea “inconveniente para Chile”. Sobre este punto, el ex ministro dijo no concordar con las razones que se excusan a grandes rasgos, puesto que no son al 100 por ciento oficializadas por la autoridad a la hora de justificar por qué no se quiere adherir a Escazú.

“Las razones que se piensan, que tienen que ver con que se entrega soberanía, con que esto puede llevar a tribunales internacionales, son realmente inverosímiles y que luego de dos años de análisis no se entreguen antecedentes adicionales por los cuales uno, antojadizamente, se sale de un acuerdo que fue impulsado, realmente muestra la poca seriedad con la cual se ha abordado el tema”, expresó.

Junto a ello, respecto a la eventualidad de que el tratado genere problemas con Bolivia y el tema del acceso marítimo dado que establece cláusulas de tratos especiales para países insulares o sin salida al mar, el ex secretario de Estado explicó que la firma del Tratado de Escazú no significará ninguna entrega de la soberanía y que incluso Chile ya ha suscrito previamente pactos internacionales que apuntan en líneas similares sin tener ningún tipo de problemas.

En esa línea, Marcelo Mena señaló que los aspectos contenidos en el tratado son valores que Chile ha impulsado con anterioridad, por lo tanto, la postura actual no se corresponde con acciones previas.

Sin embargo, ante la postura actual del Ejecutivo, Marcelo Mena dijo que ahora queda esperar a que más adelante otro Gobierno decida adherir al Acuerdo de Escazú, ya que con Sebastián Piñera ese camino se ve difícil.

“No hay que pedirle peras al olmo. Este Gobierno ha demostrado que no tiene un compromiso con la participación ciudadana, le tiene terror”, expresó y añadió que esto va en la línea de lo que muchas veces se cree desde el sector empresarial, que es que con menos participación se resuelven los problemas de legitimidad de los proyectos del territorio, una visión que fue calificada por el ex secretario de Estado como “muy errada”.

Ante tal panorama explicó que hoy Chile, además de perder una gran oportunidad de mejorar su política medioambiental, queda al nivel de países con poca transparencia y participación como Cuba y Venezuela, y con una mala imagen al exterior luego de haber negociado un acuerdo del que finalmente decide restarse.

“Si nosotros tenemos estándares más elevados de transparencia y participación sería bueno que nuestros vecinos también lo tuvieran y colaboráramos con eso. Si nosotros queremos competir en igualdad de condiciones es importante que el estándar ambiental que tenga el continente sea el mejor posible y, por lo tanto, desaprovechar esta instancia de haber liderado algo, realmente nos deja en un pésimo pie en las relaciones multilaterales”, señaló.

ESCAZU FIMA

Créditos: ONG FIMA.

“Qué confianza va a tener Costa Rica de negociar con Chile hacia el futuro en un tratado de esta naturaleza si es que lo vamos a dejar abandonado como el capitán Araya, embarcando a todos y quedándose en la playa. Realmente es una pena lo que ocurrió, desaprovechamos el liderazgo que Chile tomó”.

Por ello, el ex titular de la cartera de Medio Ambiente expresó que el proceso constituyente será una gran oportunidad para “dotar a nuestros ciudadanos de mejores elementos para la justicia ambiental”. También destacó que es importante que la siguiente administración se comprometa en esta materia y con el principio de no regresión medioambiental, puesto que el avance en protección no puede quedar sujeto a la disposición de uno u otro sector político.

“Necesitamos pasarnos la batuta de Gobierno a Gobierno. Lo hemos hecho en política energética, lo hemos hecho en política climática, no lo hemos hecho en la democracia ambiental donde realmente se reflejan los valores de lo países”, finalizó Marcelo Mena.

Una decisión decepcionante

Desde organizaciones medioambientales y también desde el mundo político han sido enfáticos en la necesidad de que nuestro país adhiera a este tratado. Diversas campañas se han levantado durante los últimos meses con el objetivo de visibilizar este problema y llamar al Gobierno a que rectifique su postura.

Así, con esta nueva declaración, una vez más las organizaciones han reaccionado y cuestionado esta decisión. Desde Greenpeace, su director nacional Matías Asun, comentó que están sorprendidos y a la vez decepcionados ante estas declaraciones.

“Es una contradicción enorme para un Gobierno que iba ser sede de la COP25 y que hoy sigue presidiendo la instancia internacional más importante en materia medioambiental del planeta. Con este anuncio el Gobierno no hace más que confirmar que los temas medioambientales nunca han sido su prioridad y que la transparencia, el acceso a la información y el cuidado de derechos del medio ambiente siguen debajo de la prioridad en los negocios”, manifestó.

En tanto, Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos de ONG FIMA, dijo al respecto que si bien las declaraciones del ministro Allamand son decepcionantes, no le parecen tan sorprendentes dado que van en la línea de lo que ha manifestado desde un inicio la administración de Sebastián Piñera.

Junto a ello añadió que la pregunta que se hacen quienes esperan con esperanza la firma de este acuerdo es por qué y para quién es inconveniente este tratado.

“Esas razones no las conocemos, no hemos recibido ninguna razón que nos convenza de por qué un tratado que defiende y avanza en la democracia ambiental, en los derechos de acceso, en la transparencia, en más participación en nuestro país y en la región es inconveniente, eso no lo tenemos claro. Tampoco en para quién es inconveniente, porque el ministro habla de que sería inconveniente para Chile y la verdad no se entiende por qué un tratado de estas características que avanza en derechos humanos sería contrario a los intereses de los chilenos y chilenas ,entonces cabe preguntarse desde qué ángulo el ministro y el Gobierno están analizando”, comentó.

Asimismo, Gabriela Burdiles dijo no comprender que el Gobierno todavía exprese estar analizando el texto cuando al haber sido uno de sus impulsores conoce el trabajo realizado y, además, la ministra Schmidt ha reconocido que el acuerdo cumple con las disposiciones de nuestra legislación.

Por otra parte, durante esta jornada el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a las declaraciones de Andrés Allamand y ratificó la visión del Ejecutivo sobre que el tratado sería incoveniente. A la vez, el ministro destacó que el Ejecutivo continúa el análisis del acuerdo y destacó que aunque el 26 de septiembre entrará en vigencia, nuestro país de todas formas podría sumarse después de esa fecha.

Créditos fotografía referencial: Aton