La crisis de salud mental, que es cada año más crítica en el mundo y en nuestro país, da cuenta de una realidad compleja que no ha recibido la atención necesaria por la sociedad ni por las instituciones del Estado.

Con esto en consideración no es casualidad que desde hace años estudiantes universitarios vienen denunciando el malestar generalizado que existe a causa de la sobrecarga académica, la que se ha normalizado y camuflado en los principios económicos de la productividad, pues nuestro bienestar solo es de interés si no pasa a llevar el bolsillo de nadie, y las universidades requieren sacar al mercado a estudiantes que puedan desempeñarse bajo estas reglas. Esta situación se agudizó a mediados del año pasado, cuando estudiantes se manifestaron fuera de sus casas de estudio producto del daño que provocaba en su salud, que incluso había llevado a jóvenes universitarios al intento de suicidio, lo que no es menor ni un caso aislado, recordemos que Chile ocupa el lugar número 13 en las mayores tasas de suicidio del mundo (OCDE 2013).

Sin duda el contexto de pandemia ha profundizado esta problemática a nivel transversal en la sociedad, arrojando cifras dramáticas de violencia al interior de los hogares y de un malestar agudo en la salud mental de las personas, duplicándose el riesgo de suicidio en personas con diagnósticos de salud mental. Con esto, queda establecido que no estamos viviendo una pandemia sino al menos dos.

Así, los altos porcentajes de consumo de alcohol producto de la ansiedad, el estrés y la depresión; el consumo de ansiolíticos sin prescripción médica; las alzas en la tasa de depresión sin distinción de género; el alza en las tasas de violencia doméstica, femicidios y el aumento en violencia psicológica, física y verbal a personas parte de la comunidad LGTBIQ+ son la tónica de la segunda pandemia que sufre Chile, una pandemia ignorada, la pandemia de salud mental.

Con un gasto estatal que alcanza cerca del 2.1% del total en esta área, y considerando los efectos que traerá la pandemia en la agudización de esta situación, urge instalar esta problemática en todos los espacios de discusión. Las políticas públicas que se han llevado a cabo en el contexto son insuficientes, la salud mental requiere de tratamientos preventivos en los espacios de desenvolvimiento de la vida humana, lo que debe considerar desde las escuelas y universidades hasta los trabajos y las familias, lo que por supuesto, requiere que se impulsen políticas desde los espacios de decisión del poder estatal, que es desde donde se consagra el deber de velar por el bien común.
Como ya sabemos, la Constitución actual no garantiza una gran cantidad de derechos, incluida aquí la salud mental, que ha sido olvidada en nuestra legislación, supeditada siempre a los intereses económicos, que parece ser la única y gran preocupación de nuestra normativa y nuestras autoridades. Esto no se nos puede olvidar a la hora de votar en el plebiscito ni a la hora de elegir a quienes tendrán el poder de escribir el nuevo destino de Chile.

La pandemia que estamos viviendo lleva casi 900 mil personas fallecidas en el mundo, una cifra alarmante que nos mantiene pendientes de las medidas que toman los gobiernos del mundo, produciendo diversos debates que ven con malos ojos que nuevamente el foco del gobierno sea la producción y la economía a del bienestar de las personas, e incluso de sus vidas. ¿Por qué no existe esta preocupación social ni este despliegue por parte de los estados ante la pandemia que aqueja nuestra salud mental? Según lo estimado por la OPS & OMS (2014) alrededor de 800 mil personas se suicidan cada año, esto sin considerar los efectos que pueda tener sobre esta cifra el contexto de crisis social y sanitaria en que nos encontramos. Lo dramático no es solo la cifra, sino que además es un número que se repite año a año sin causar mayores alarmas ni despliegues, sin realizar cambios importantes que se hagan cargo de los efectos de las promesas incumplidas de éxito individual con que se comprometió el neoliberalismo, éxito que solo alcanzó a llegar a las mismas familias de siempre; promesas que abarcaban desde el auto y la casa propia hasta pensiones que alcanzarían el 100% del sueldo, lo que hoy se traduce en hacinamiento, guetos verticales, deudas y pensiones que mantienen bajo el umbral de la pobreza a gran parte de nuestra población.

Todo esto se da mientras las máximas autoridades y legislaciones del país ponen su foco en una economía que se sostiene a costa de la precarización y explotación laboral, de la sobrecarga académica, de vivir en base a deudas para comprar la comida del mes y un montón de falencias que han sido el caldo de cultivo de una crisis que se agudiza con la incertidumbre en que nos deja un gobierno incapaz desde el primer día de ponerse de acuerdo consigo mismo respecto a las medidas que tomará para el resguardo de la población, de generar políticas insuficientes que han reafirmado su nulo compromiso con las demandas sociales que bastante más que su gobierno podrían hacer por nuestro bienestar.