El día 20 de agosto fui invitada a comentar un informe sombra enviado al Alto Comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la violencia hacia las mujeres y la acción del Estado en la pandemia. Destaqué en aquella oportunidad la importancia de estos informes, en tanto quienes lo elaboran son organizaciones de mujeres que suelen ser el primer contacto de las mujeres que están viviendo violencia o son sobrevivientes de aquella y buscan acompañamiento u otro tipo de apoyo.  Este informe arrojó que  8 de cada 10 organizaciones consultadas tenía la percepción que la violencia hacia las mujeres se había agudizado en pandemia.

Para el 27F, fuimos muchas organizaciones de mujeres y feministas que hicimos un llamado al Estado de Chile a transversalizar la igualdad de género en la política de gestión de riesgos de desastres.  Fundamentalmete en la respuesta al desastre, así como también a la política de reconstrucción post terremoto y tsunami.  Fuimos tajantes en decir que la reconstrucción se hacía con la voz de las mujeres.  Desde el Observatorio de Género y Equidad tuvimos un rol importante a propósito de fortalecer las capacidades de las organizaciones de mujeres en todos los territorios afectados.  Nuestro interés fue que la voz de las mujeres organizadas estuviera en el diseño e implementación al menos de las políticas locales y nacionales en materia de reconstrucción.  Los indicadores que más nos preocupaban era la pérdida de empleos en las mujeres a propósito de no contar con una política pública y comunitaria en torno a los cuidados, y  por otro lado la agudización de la violencia hacia las mujeres en el contexto de desastre por parte de sus parejas o ex parejas y otros agresores en los albergues.

Por eso, desde el primer día en que nos confinamos a propósito de la pandemia, distintas organizaciones de mujeres y feministas alertamos del riesgo que corrían las mujeres que habitan este país a proposito de las medidas de prevención anunciadas por el gobierno para evitar los contagios masivos de COVID-19.

Quienes sabemos del impacto que tienen las desiguales relaciones de poder, que cruzan todas las relaciones sociales que existen entre hombres y mujeres, levantamos la voz para decir que la institucionalidad que fallaba a las mujeres o estaba simplemente ausente en parte del país, se quedaría corta (por decir lo menos) para enfrentar la agudización de la violencia hacia las mujeres en todos los espacios, pero fundamentalmente en el privado y en el contexto de las relaciones de pareja.

Según la ENVIF 2020, cuyo trabajo de campo se realizó entre estallido social y principios del confinamiento a propósito de la pandemia, indica que 4 de cada 10 mujeres ha vivido violencia intrafamiliar, aumentando significativamente -especialmente en regiones-respecto de la última encuesta ENVIF 2017.  Bendita la acción de LasTesis y las organizaciones de mujeres y feministas que replicaron en todo Chile la performance “Un violador en tu camino”, lo que permitió a miles de mujeres develar las historias de violencia a las que habían resistido y sobrevivido, fue un gran momento donde las mujeres nos encontramos, decidimos acompañarnos y no soltarnos más.

Tanto la ENVIF 2017 como la del 2020, muestran un importante porcentaje de mujeres que no confía en la institucionalidad, por ende la denuncia, acción que activa gran parte de la respuesta del estado en violencia de género hacia las mujeres, no la veían como un recurso a tomar, como una alternativa o un escenario de justicia.  Es importante constatar que son muchas las mujeres que perciben la denuncia como un elemento que aumenta el riesgo a vivir violencia más grave y amenazante para su vida.

El primer mes de confinamiento la autoridad del MMyEG (Subsecretaria que estaba de Ministra subrogante) explicó la baja en las denuncias de las mujeres como parte del comportamiento “errático” que tenían las mujeres sobrevivientes de violencia.  Esta afirmación daba cuenta de la brutal ignorancia que tenía la autoridad para tratar este problema.  Quienes trabajamos en estos temas sabemos que lo errático está del lado de la institucionalidad a propósito de estrechos marcos cognitivos para analizar el problema.  Las profesionales expertas que trabajan tanto en SERNAMEG como el MMyEG, así como también aquellas que han levantado estructuras institucionales de género en Fiscalía, en el Poder Judicial sin duda saben de lo que hablo, y de lo difícil que es, muchas veces, sensibilizar a las autoridades que poco comprenden -la gran mayoría- el delito que están enfrentando.

Las primeras semanas de la pandemia en América Latina y el Caribe, el Mecanismo de seguimiento de la Convención Belem do Pará (MESECVI), así como también ONU Mujeres y otras agencias de Naciones Unidas, alertaron a los Estados del riesgo que corrían las mujeres confinadas con los agresores, o con ex parejas agresores que sentían que habían perdido el control sobre las mujeres a propósito del confinamiento.

Todos estos actores llamaron a los Estados a tomar medidas para prevenir el riesgo.  Fundamentalmente que se materializara el riesgo.  El riesgo era previsible y por ende el no actuar correctamente (de manera eficaz y eficiente) no tiene justificación alguna.

La institucionalidad de género, levantó campañas algunas revictimizantes, otras alarmantes a propósito de lavar la imagen de los agresores.  A mi juicio la mejor campaña fue en redes sociales, donde con una animación se llamaba a la comunidad (amigas, compañeros de trabajo, vecinas, entre otros) a hacernos responsables de prestar apoyo y acompañamiento a las mujeres que están viviendo violencia.  Ahora lo digo yo, alguien que tiene un smartphone con señal, sistema de datos, internet y manejo de redes sociales.  No se si esta evaluación positiva la podría hacer una mujer que vive en Tirúa, situada geográtficamente en una zona donde no llega señal, que tiene un celular donde no puede descargar ninguna aplicación, no tiene internet y no sabe ocupar un computador.  Ellas probablemente vieron las campañas que yo critico.

Lo aterior me sirve para afirmar que mucha de la respuesta estatal, que si bien se ajusta a lo que el MESECVI y ONU Mujeres han sugerido, sigue sin mirar a todas las mujeres.  Es un Estado eclipsado por la idea que la violencia ocurre en una casa tipo, en un territorio tipo, con un agresor tipo y una víctima tipo.  Es una respuesta que sigue desconociendo que hay condiciones de vulnerabilidad que hacen que la violencia afecte de manera diferenciada a las mujeres y por ende el riesgo sea distinto y ojo también previsible si aquello se observara.

Preocupa que el Estado sea incapaz de ver los distintos escenarios de violencia en los que las mujeres están viviendo violencia patriarcal.  Veamos lo que ocurre en Wallmapu con la violencia empresarial, territorial, racista, pero sobre todo institucional.  ¿Ustedes creen que una mujer que vive violencia patriarcal de pareja, y que vive en una comunidad cercada constantemente por la policía militarizada o las FFAA, va a denunciar a carabineros? ¿Qué hace el Estado ahí?

Pensemos en una población tomada por el narco ¿ustedes creen que las mujeres van a denunciar la violencia de pareja que están viviendo a carabineros? No es fácil tomar una decisión donde sabemos que el narco va a percibir a una mujer como amenaza.

Por otro lado, la respuesta estatal sigue operando con el mismo sostén institucional que ha fallado a las mujeres.  Mientras las mujeres no vean la respuesta estatal como un escenario de justicia, seguirán bajando las denuncias, seguirán empinándose los llamados para buscar contención en crisis, seguiremos con la sensación de impunidad y pensando que hay un Estado que en su discurso dice no tolerar la violencia, pero que en su práctica lamentablemente demuestra lo contrario. Semana a semana nos enteramos de femicidios frustrados y consumados, siguen matando a las mujeres y las feministas no estamos dispuestas a normalizar que hay una cifra tolerable.  No aceptamos y nos rebelamos a esta idea y seguiremos gritando #NiUnaMenos.

¿Cuál es la salida entonces? Sin duda que fortalecer la institucionalidad, tal como ha repetido encarecidamente el MESECVI, mejorar el acceso a la justicia, hacer campañas permanentes para prevenir la violencia.  Para aquello se requiere de presupuestos robustos, y por ende que el Ministro de Hacienda comprenda la problemática que estamos abordando.

Es importante recalcar que este no es un problema como dijo el Fiscal Nacional frente al congreso, “de mujeres poco empoderadas”.  Podemos estar lo suficientemente empoderadas, pero mientras siga persistiendo la ideología del macho de la que habla Rita Segato, donde la masculinidad se construye en la sospecha permanente de los hombres sobre otros hombres, y donde estos deben dar señales que siguen siendo viriles y potentes a pesar de no poder cumplir con el mandato de la masculinidad dominante, los hombres seguirán ajustando la potencia ejerciendo violencia hacia las mujeres.  Algo profundamente preocupante si pensamos la cantidad de hombres desempleados y que la situación laboral no va a cambiar considerablemente por mucho tiempo.  Otras vez las feministas lo hemos dicho hasta el cansancio: no sólo el desempleo femenino favorece a la dinámica de la violencia patriarcal en la relación de pareja, el desempleo masculino es un factor de riesgo para la vida de las mujeres.  Preocupa que las políticas públicas en prevención de la violencia no sean lo suficientemente masivas para cambiar el sentido común, las verdades absolutas en la conformación de la masculinidad.  En la cultura de discriminación hacia las mujeres, el perfil de un agresor sigue teniendo sólo una característica: que sea hombre.  Todo lo demás son factores de riesgo.

Somos un país afectado permanentemente por desastres, y la violencia hacia las mujeres seguirá siendo uno de los principales problemas que nos afectará a las mujeres si el Estado no actúa preventivamente  Existe tanta conciencia en las mujeres de aquello, que el 99% de las mujeres que fueron consultadas en la Encuesta  “Ciudadanía activa, participación política y proceso constituyente: Mujeres 2020”, está de acuerdo o muy de acuerdo en que el derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres sea un derecho consagrado en la nueva constitución.  Es urgente levantar una respuesta comunitaria donde las mujeres tengamos la fuerza y la certeza que sentimos con #LasTesis: de aquí en adelante no nos soltamos más.  Se requiere con urgencia fortalecer las capacidades y las estructuras institucionales de los gobiernos locales que les permita responder a la violencia patriarcal eficiente y efectivamente.  El Estado no puede seguir esperando que las mujeres acudan por apoyo, la pandemia nos ha demostrado que es el Estado el que debe ir a los territorios y generar acciones que nos permita a las mujeres confiar y dejar de percibirlo un cómplice poderoso de la violencia patriarcal.

La autora es socióloga e investigadora del Observatorio de Género y Equidad.