Es una medida cuestionada. Por eso este martes, el ministro de Salud, Enrique Paris, recalcó que el procedimiento de fiscalización en hogares se efectuará en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, esto en el caso de existir alguna denuncia que dé cuenta del rompimiento de las reglas indicadas por la autoridad sanitaria.

No obstante, son justamente estas mismas reglas las que no hace mucho despertaban suspicacias en diversos especialistas, principalmente por la poca claridad en la emisión de los mensajes, sumando con este plan de fiscalización más dudas respecto de la viabilidad de lo propuesto.

Así lo manifestó en conversación con nuestro medio el secretario nacional del Colegio Médico, doctor José Miguel Bernucci, quien enfatizó su crítica en el déficit de personal que se dejó notar en anteriores estrategias del Ministerio.

José Miguel Bernucci.

“Cualquier instancia de fiscalización es adecuada: sin embargo, lo que está en duda es si realmente existe esa capacidad de fiscalización. Vimos con otras políticas como las cuarentenas dinámicas o los mismos desconfinamientos, que la capacidad de fiscalización en realidad era casi nula y por lo tanto nos queda la duda de si el Gobierno va a ser capaz de generar una fiscalización que tiene que recorrer domicilio por domicilio en un par de días”, comentó.

En detalle, el proceso de fiscalización, según lo explicó el intendente de la RM, Felipe Guevara, consistirá en un allanamiento al domicilio, posterior a una denuncia correspondiente a fiestas que concentren aglomeraciones.

Esto mismo, a su vez, genera controversias en materia de Derechos Humanos, puesto que implicaría la vulneración de la privacidad de las personas, con riesgos tanto para los fiscalizadores como para las personas denunciadas.

Claudio Nash.

Por tal motivo, en conversación con nuestro medio, el doctor en Derecho y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, aclaró que dicho procedimiento debe darse con una orden de allanamiento que al menos contenga la firma de la seremi de Salud. Además, el académico también entregó algunas recomendaciones para las personas que puedan verse afectadas.

“No puede haber una orden genérica de allanamiento a toda la Región Metropolitana, por ejemplo, y en ese sentido, parece una medida muy compleja de implementar. En caso de que haya una afectación o abuso por parte de las autoridades, éstas se hacen responsables, pero por eso es importante que las personas que sufran este allanamiento exijan la documentación legal y graben los procedimientos asociados”, explicó.

La confirmación de que el allanamiento sería sin una orden judicial, pero sí con la firma de la autoridad regional, fue aclarada recién este martes por la seremi regional de Salud, Paula Labra, quien además recalcó que las personas encargadas de la fiscalización podrán ser acompañadas por efectivos policiales al momento de la intervención.

Nathalie Castillo.

Además, en ocasiones anteriores se ha constatado que este tipo de medidas, de poco acreditada capacidad general, son sin embargo utilizadas para construir prejuicios, en especial a través de ciertos medios de comunicación. Esta tardanza y poca claridad en los mensajes entregados por el Ministerio de Salud también es criticada desde el Colegio de Periodistas, entidad que, a través de su presidenta, Nathalie Castillo, aseguró que se trata de una seguidilla de errores comunicaciones que vienen desde las cifras -escondidas según afirmó- que determinaron la salida de Jaime Mañalich de la cartera de Salud, hasta la poca claridad en los planes de desconfinamiento.

Sin embargo, para Castillo, hay un aspecto que también debería analizarse con sumo cuidado y que dice relación con el riesgo de exponer a las personas fiscalizadas a una suerte de espectáculo y, por qué no, racismo mediático, como sucedió anteriormente con ciudadanos extranjeros o con los comerciantes aglutinados en los malls chinos.

Por tal motivo, la presidenta del Colegio de Periodistas dijo esperar que “las coberturas de los medios de comunicación se hagan con la más alta responsabilidad ética, sin caer en ningún tipo de segregación o discriminación respecto de quienes vayan a ser fiscalizados por la autoridad. El llamado que hacemos como Colegio de Periodistas es a mantener nuestros estándares y responsabilidad ética en todo contexto durante el ejercicio de nuestra profesión”.

Sobre esto último es importante resaltar que en el transcurrir de la pandemia, las situaciones que han implicado riesgos para la salud de la ciudadanía han sucedido en diversos estratos socioeconómicos; sin embargo, la exposición fue claramente de los sectores más pobres, casi culpándoles directamente por la propagación del virus.

Finalmente, hay que recordar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos aseguró durante esta jornada que enviará un oficio a las autoridades sanitarias correspondientes, con el fin de verificar la legalidad del procedimiento de fiscalización. Aunque el Código Sanitario otorga algunas facultades a dicha autoridad, desde el INDH insisten en que la Constitución defiende claramente el derecho a la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada.