Invermar, AquaChile, Acuimag, Aguas Claras y Exportadora Los Fiordos fueron las salmoneras que presentaron reclamos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, buscando dejar sin efecto una inédita resolución del Consejo para la Transparencia (CPLT) de agosto de este año.
En ésta, hay que recordar, se ordenó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) entregar la totalidad de la información a Oceana sobre uso de antibióticos y producción correspondiente a 2018 por tratarse de información de interés público.
Posteriormente, algunas empresas acataron la sentencia y permitieron a Sernapesca enviar los datos a Oceana; no obstante, los reclamos presentados por las empresas mencionadas aún deberán ser resueltos por la justicia.
Al respecto se pronunció la directora ejecutiva de Oceana en Chile, Liesbeth van der Meer, quien enfatizó sobre las suspicacias que genera esta arremetida por parte de las salmoneras.
“Existe un doble estándar en la industria porque la mayoría de estas empresas hablan de sustentabilidad y transparencia en sus reportes, y luego reclaman judicialmente para impedir la entrega de la información. En múltiples ocasiones hemos demostrado que la información no tiene un valor comercial, por lo que creemos que las empresas que se oponen buscan encubrir un excesivo uso de antibióticos”, precisó.
Senado abre debate por mayor transparencia en salmonicultura
Actualmente, se encuentra en tramitación en el Senado el proyecto de ley que regula, entre otras materias, la obligatoriedad para todas las salmoneras de publicar mensualmente el uso de antibióticos y producción, además de las mortalidades.
Sobre esta iniciativa y su implicancia en la salud de la población se refirió la directora de la Campaña de Contaminación Marina de Oceana Chile, Javiera Calisto, señalando que “es de suma relevancia la pronta aprobación de este proyecto de ley porque hoy la ley de transparencia permite a las empresas dilatar la entrega de la información hasta por cuatro años, impidiendo acceder a la información de interés público”.
“Las personas tienen derecho a conocer la información que puede afectar el medioambiente y su salud, sin tener que pasar por largos procesos judiciales para acceder a ella”, agregó la abogada.
Por supuesto, no se trata de la primera vez que Oceana solicita este tipo de información. Ya en 2014, vía Ley de Transparencia, pudieron acceder a datos correspondientes al uso de antibióticos y producción, encontrando siempre la oposición de la mayoría de las empresas. Algunas de ellas, además, también han presentado reclamos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones y otras, incluso, han acudido al Tribunal Constitucional, instancia que siempre ha fallado a favor de las salmoneras
Frente a solicitudes de información anteriores, han sido las Cortes de Apelaciones y Suprema las que han ordenado la entrega de los datos, resoluciones que han llegado tras largos procesos judiciales que han demorado hasta cuatro años y que han establecido claramente que no afecta la competitividad comercial de las empresas y que se trata de información que compromete el interés público.