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Año XIII, 20 de septiembre de 2021

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Acceso a la vivienda digna: el debate de un derecho postergado pero esencial para el bien público

La actual Carta Fundamental no incluye este derecho, por lo que su garantía es la esperanza de muchos que hoy no tienen acceso a condiciones mínimas de habitabilidad.

Andrea Bustos C.

  Domingo 20 de septiembre 2020 12:08 hrs. 
VIVIENDA


La pandemia reafirmó una serie de carencias y derechos no respetados que enfrentan día a día chilenos y chilenas, entre ellos está el derecho a la vivienda digna. El confinamiento obligatorio al que se sometió a millones de personas en el país, junto a las exigencias de distancia social, el teletrabajo y la tele educación reafirmaron una realidad que muchos han denunciado desde hace décadas: en Chile tener una vivienda digna parece una utopía para miles.

Más de 800 campamentos a nivel nacional, un déficit de vivienda cercano a los 500 mil y más de 18 mil personas en situación de calle son parte de las cifras que dan cuenta del problema de vivienda que enfrenta nuestro país.

Así en medio de un proceso constituyente que podría garantizar una nueva Constitución el debate sobre cómo y por qué este derecho debería ser garantizado en Chile va tomando fuerza.

Actualmente, si bien este derecho ha sido incorporado en otros países y es parte de algunos tratados internacionales, en Chile no existe garantía constitucional de él.

“Se ha normalizado muchísimo una determinada forma de provisión de la vivienda que la entiende como un bien de consumo y no como un derecho humano. Esa ausencia en la comprensión cultural de la vivienda como un derecho fundamental ha generado una cierta barrera que ha impedido que el derecho a la vivienda sea reconocido como tal. Más allá de lo que diga la Constitución, o de lo que digan las normas internacionales, hay una cierta cultura asociada a la provisión de la vivienda que ha impedido que permeé su condición de derecho fundamental”, comentó al respecto el abogado constitucionalista Jaime Bassa.

En esa línea, el profesional del derecho explicó que uno de los principales desafíos del proceso constituyente será entender y procesar que muchos derechos fundamentales no solo tienen una dimensión individual, sino también una colectiva, lo que ocurre en este caso.

“La vivienda se ha normalizado a través del funcionamiento de tres mercados distintos pero que funcionan de manera complementaria: el mercado sobre la tierra, el mercado sobre la construcción y el mercado sobre el acceso al crédito. Son tres modos de lógicas mercantiles, de racionalidades mercantiles que se imponen en la protección del derecho a la vivienda (…) Esa lógica no entiende que detrás de la vivienda hay no solamente la necesidad de una persona o de una familia de acceder a un bien determinado, sino que hay una determinada forma de construir una sociedad, de construir la convivencia en la ciudad. Lo más importante de esa discusión es primero sacudirse esa idea un poco restrictiva de entender que los derechos solo protegen dimensiones individuales”, explicó Bassa.

Jaime Bassa

Abogado Jaime Bassa.

Asimismo, el académico de la Universidad de Valparaíso añadió que esos dos enunciados normativos son los que deberían discutirse en el proceso: cómo reconocer el derecho individual y cómo establecer las obligaciones del Estado en la provisión de un bien público, que más a futuro derivarían en la instalación de políticas públicas afines.

“Hoy como no tenemos una definición constitucional que entiende la vivienda como un bien público no hay políticas públicas destinadas a superar la situación de precariedad en la que viven, por ejemplo, miles de familias en los campamentos sino es a través del acceso al mercado del crédito y al mercado de la vivienda social que es también un mercado, entonces ¿cómo se baja esto a la práctica? es primero teniendo claridad respecto de cuáles son los deberes que el Estado tiene que cumplir y luego cómo esas definiciones constitucionales se irradian a la implementación de las políticas públicas”, explicó el doctor en Derecho.

“Las políticas públicas conciben la vivienda social como respuesta a una determinada emergencia, como lo es una toma, pero no hay una perspectiva estructural que incorpore la importancia de la vivienda en la construcción de ciudadanía y en la integración social”, agregó Jaime Bassa sobre la concepción actual de este derecho.

No es solo techo y muros, es calidad de vida

Desde el urbanismo, la visión sobre este derecho es muy similar. Incorporarlo, o al menos debatirlo y repensar la forma de ciudad aparece como una gran oportunidad de cara al proceso que está enfrentando nuestro país y que tendrá uno de sus hitos más importantes el próximo 25 de octubre.

Al respecto, la arquitecta y secretaria del Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectas y Arquitectos, Ana Sugranyes, comentó que el proceso constituyente es efectivamente una gran ocasión para comenzar a comprender este derecho.

“Creo que lo tenemos que ver no solo desde mi interés, mi familia, que tenga su techo, no. Pensémoslo desde la ciudad, desde lo colectivo, desde lo que vendría a ser el derecho a la ciudad que es más complejo, pero es absolutamente posible en un momento como este que entendamos que podemos, poco a poco, con algunos acuerdos básicos abordar los temas del territorio y de la ciudad desde el bien común y no desde el interés individual”, expresó.

Ana Sungranyes

Arquitecta Ana Sugranyes.

“No es necesario de por sí que el derecho a la vivienda esté en la Constitución, lo que sí tiene que estar muy preciso en la Constitución es otra visión del Estado. Debemos pensar en un Estado que sea garante de los derechos humanos y que no sea solo garante de las condiciones de mercado como lo estamos viviendo desde hace 40 años con la Constitución vigente, entonces tenemos que pensar en un Estado que sea capaz de regular las actividades económicas, de regular las condiciones ambientales que afectan la calidad de vida de la gente, tenemos que pensar en muchos elementos que tienen que ver con la forma de habitar”, explicó.

“No podemos seguir basando los modelos en la desigualdad y la injusticia, tenemos que buscar otras formas de acuerdo que den pistas mínimas que permitan en los próximos 20 años repensar la ciudad y corregir la segregación, revertir la segregación e incluir a los pobres en la ciudad”, agregó la también integrante de la Corporación Ciudad Común.

Por otra parte, Pía Palacios, directora del centro de estudios de TECHO Chile y Fundación Vivienda, comentó que es central avanzar en el reconocimiento de un derecho como este, dado que es fundamental en la vida de las personas y en la conformación de una sociedad.

“Más allá de que se requiere tomar medidas legislativas y administrativas, debemos ocupar todas las herramientas que estén disponibles, sobre todo porque el derecho consagrado a la vivienda también nos ayuda para combatir la desigualdad en las ciudades que actualmente está expresada en una fuerte segregación. No podemos escatimar ningún tipo de esfuerzo con respecto a esto”, comentó.

Además, Palacios agregó que en la eventual garantía de un derecho de este tipo se debe considerar que esto no es solo un techo, sino también un lugar habitable, que proteja a quienes se encuentran en él, y que más allá de la propiedad personal de una vivienda, se entregue elementos de acceso a esta. Se suma el no olvidar que esto debe venir acompañado de bienes y equipamientos públicos urbanos para garantizar desarrollo, planificación y ciudades más integradas, accesibles y con menos exclusión.

“El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales destaca ciertos elementos que se deben  tener para bajar esto y concretar el derecho a la vivienda como tal (…) Uno de ellos es la seguridad jurídica en la tenencia, esta parte es muy importante porque no significa que el Estado deba otorgarle una casa en propiedad a cada uno de los miembros de la población, incluso a los miembros más marginados, no es sinónimo de vivienda en propiedad pero sí es necesario garantizarla a través de distintos arreglos institucionales como, por ejemplo, el arrendamiento, las viviendas en cooperativa, alojamientos de emergencia, propiedad colectiva, títulos de propiedad pero también evitando los desalojos forzosos”, explicó.

VIVIENDA 2

En esa misma línea, Pia Palacios complementó que también se debe considerar la disponibilidad de servicios materiales e infraestructura para entregar diversas accesibilidades a partir de la vivienda, como a salud, agua potable, alumbrado, etc. y junto a esto considerar los gastos que representa el acceso a este derecho.

“Es super importante que la vivienda en sí, los gastos, no comprometan la satisfacción de otras necesidades de los individuos. Actualmente la vivienda tiene unos precios muchísimos más altos comparado con lo que ha aumentado el sueldo mínimo, en este caso lo ideal,  un estándar del que se habla en varios países es que el costo de la vivienda no debería representar mas allá del 30 por ciento de los gastos del hogar y actualmente eso se supera por muchísimo”, indicó.

Desde los territorios, la visión es similar. Doris González, vocera de la organización de pobladores y pobladoras Ukamau, reafirmó que este derecho debe ir de la mano con el derecho a la ciudad: “Para nosotros en particular no es que solamente se tenga que escribir y que en la Constitución diga que se tiene que garantizar el derecho a la vivienda, sino que también tiene que haber un marco que lo permita. Chile como esta funcionado, la institución hoy día, particularmente la de vivienda, no podría dar garantías de aquello, entonces también tiene que haber una transformación de las instituciones y en ese sentido vincular directamente a las comunidades, a los habitantes en los procesos de garantía para el derecho a la ciudad y no solo vivienda”.

Junto a ello destacó que la idea no se encasilla en solo avanzar en la entrega de bienes materiales, sino enfocarse en las condiciones y calidad de vida que se proporcionan y los diferentes mecanismos que se aplican para aquello.

“Es importante también la construcción de ciudad, el derecho a la ciudad, que lo que se construye y que los servicios, la infraestructura sea adecuada para todos y que todos podamos acceder a ella y participar del desarrollo de lo que significa este Chile del siglo XXI, con trabajo, con salud, con educación, y con vivienda, porque cuando pensamos en la ciudad estamos pensando en todo esto, no es solo la vivienda en particular, el techo y los muros”, explicó la dirigenta social.

Ukamau

Créditos fotografía: Facebook Ukamau.

Un debate complejo que vale la pena defender

En lo que refiere a la proyección de este debate, dado lo postergado que ha estado el tema vivienda en el país, para las expertas en el tema el proceso podría ser difícil.

La arquitecta Ana Sugranyes comentó que, aunque es complicado, tal como ocurrió con el proceso constituyente o más recientemente con el retiro del 10 por ciento, la presión social será clave para que se abra el debate. A juicio de Sugranyes hoy existen varios y diversos grupos sociales como organizaciones de pobladores o de defensa de los barrios que pondrán estos temas sobre la mesa para conversar a fondo, cambiar objetivos y llevar al derecho a la vivienda.

“Cuando uno mira en detalle todos los antecedentes constitucionales o legales normativos y de políticas habitacionales en Chile parece que siempre lo principal es el bien que uno adquiere y puede vender, entonces lo que no hemos hecho es pensar la vivienda, el barrio y la ciudad desde sus habitantes y esto es un cambio que sí se puede perfectamente e implica que Chile tiene que abordar la necesidad de una política de suelo para realmente repensar cómo revertir la segregación de la ciudad”, señaló.

En tanto, Doris González, vocera de Ukamau expresó que el debate en torno a este tema es complejo, esto dado que no ha existido voluntad política hasta ahora para abordar esta situación, puesto que si así fuese hoy ya se estaría trabajando en ello: “Se ha tratado de mantener debajo de la alfombra durante mucho tiempo”, afirmó.

Por ello, la dirigenta social destacó la importancia de que en el órgano constituyente que se elija, en caso de ganar el apruebo, exista representación de los sectores populares que históricamente han levantado desde los territorios la importancia de este debate.

“Es importante que puedan existir personas que vayan a buscar, a debatir en ese espacio la instalación de una problemática que es tan importante para la sociedad. Hoy solo se está abordando este déficit habitacional de manera cuantitativa, se sigue pensando solo en construir casas, en números, sin pensar en la calidad. Se le sigue entregando al privado, en este caso a las inmobiliarias que ya lo han hecho muy mal, entonces ahora para poder garantizar el derecho a la vivienda digna con el derecho a la ciudad, y con el concepto de democratizar la ciudad tiene que estar la participación de la gente en esos procesos y va a ser importante que esa discusión en la constituyente tenga representación de esos espacios”, explicó González.

En tanto, Pia Palacios de TECHO Chile agregó sobre el debate futuro que, si bien trabajarán para que no existan mayores reticencias, es probable que estas se den por la forma en que este derecho se conecta con otros.

“El derecho de la vivienda adecuada no puede entenderse sin la existencia de otros límites y vínculos de derechos patrimoniales, por lo tanto esto no se agota solamente en la función social de la propiedad sino que también se relaciona con el sometimiento de la libertad de empresa, por ejemplo, a las exigencias de planificación y ordenación del territorio y además de eso a la actividad económica para poder atender las necesidades colectivas y sociales, ese debate va ser sumamente importante y es un debate que tenemos que dar también”, señaló.

CASA

Hay ciudades posibles

En el marco de la discusión sobre ciudad y proceso constituyente, diversos autores y autoras vinculadas a este tema presentaron el libro “Ciudades Posibles. Apuntes para el debate sobre la Nueva Constitución de Chile”.

El texto reúne artículos publicados en la revista Crítica Urbana y busca acercar los temas urbanos a la sociedad, demostrar que estos son también temas constitucionales y por último visibilizar  que otra forma de ciudad es posible, una donde los derechos humanos y el respeto a la naturaleza y su conservación sean ideas fundamentales.

“Es un libro que mirando desde diversos ángulos nos la posibilidad de pensar que hay ciudades posibles, que podemos llegar a una calidad de vida mucho mejor que el desastre de la segregación, de la desigualdad y de las injusticias que vivimos”, comentó la arquitecta Ana Sugranyes.

El libro “Ciudades Posibles. Apuntes para el debate sobre la Nueva Constitución en Chile” está disponible de forma digital en el sitio de Crítica Urbana.

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