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Año XII, 24 de octubre de 2020

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La soberanía en el debate: Gobierno no ratifica Escazú pero insiste con el TPP-11

"Si a este Gobierno, efectivamente, le interesara la soberanía del país, no estaría promoviendo el TPP-11, con el que sí perdemos soberanía, y ni siquiera seríamos demandados por otro país, sino que por una empresa transnacional", sostuvo el diputado Félix González.

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  Martes 22 de septiembre 2020 19:40 hrs. 
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Ya está decidido: el Gobierno no firmará el Acuerdo de Escazú. El pacto que fuera propuesto por el propio Estado de Chile bajo el primer mandato de Sebastián Piñera y que busca democratizar la información y la participación de la sociedad civil en temas medioambientales, no será ratificado por uno de sus países impulsores.

Desde el Ejecutivo defienden su decisión aludiendo a que sería “inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna”, esto, según un documento emitido desde La Moneda.

Sin embargo, dicha argumentación no logra convencer a todos, por lo mismo, la tarde de este martes el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, y su par de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, debieron dar explicaciones ante las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente de la Cámara Baja.

Primeramente, fue el Canciller quien tomó la palabra, afirmando que la actual administración de Sebastián Piñera ha evaluado el texto del Acuerdo y la decisión de no firmarlo obedece a los efectos negativos que traería para el país.

“Obviamente que los Estados y los Gobiernos tienen la obligación de revisar el texto final para los efectos de ver si, en definitiva, se está adoptando o no un texto correcto o, a la inversa, es está adoptando o suscribiendo un tratado que puede tener efectos negativos para el país, eso es precisamente lo que estamos haciendo, y eso es la responsabilidad de un Gobierno. El Gobierno, si tiene dudas respecto de ello, tiene que expresarlas, y nosotros las hemos expresado de manera argumentada y razonable”.

En ese sentido, Allamand aludió a la supuesta pérdida de soberanía que conllevaría firmar el Tratado: “De aprobarse Escazú, Chile puede ser arrastrado a tribunales internacionales y, por ende, verse afectada su soberanía por supuestos incumplimientos de obligaciones ambientales muy imprecisas”.

Siguiendo la misma línea, uno de los grandes problemas que ve La Moneda es la ambigüedad del texto del pacto, lo que permitiría interpretaciones que podrían burlar la legislación de los países firmantes. Así lo expresó la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt: “El problema no es ceder soberanía, como muy bien se ha señalado por todos los tratados ceden soberanía, el problema es la incertidumbre en que quedamos al ser este tratado redactado, en muchos de sus artículos, de una forma amplia, ambigua e indefinida, y ser supra legislativo, es decir, se aplica por sobre la legislación nacional, y eso es el problema que tiene: la incertidumbre, la ambigüedad en la interpretación”.

Y si bien la pérdida de soberanía fue un argumento recurrente entre autoridades gubernamentales y parlamentarios oficialistas, el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, respondió a aquello afirmando que al actual Ejecutivo lo tiene sin cuidado la pérdida de soberanía, pues ha promovido el TPP-11 que, efectivamente, resta poder a las legislaciones nacionales.

“Al Gobierno yo creo que no le preocupa que venga Bolivia a un tribunal internacional, porque eso no es lo que va a pasar si se firma el Tratado de Escazú, lo que va a pasar es que las comunidades que viven en zona de sacrificio van a acudir a los tribunales internacionales, porque si a este Gobierno, efectivamente, le interesara la soberanía del país, no estaría promoviendo el TPP-11, con el que sí perdemos soberanía, y ni siquiera seríamos demandados por otro país, sino que por una empresa transnacional, y ni siquiera en un tribunal internacional, sino que en un arbitraje privado”.

Fuera de su defensa en el Congreso, el Gobierno presentó un documento de 12 páginas en el que justifica la decisión de no ratificar el Tratado de Escazú. Dicho documento sostiene cuatro grandes razones.

El acuerdo introduciría una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental; implicaría cambios en nuestra legislación generando incertidumbre jurídica; introduciría obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento; y expondría a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas.