México conmemora este sábado un doloroso aniversario. Seis años de la desaparición de 43 normalistas en el estado de Guerrero. Ha sido un tiempo de búsqueda en el que se han desenterrado miles de cadáveres no identificados, y con ellos, se ha corrido el velo de la realidad de la violencia y de las desapariciones en el país.
“Se ha sufrido mucho, se ha venido caminando y hasta el momento no hemos recibido la respuesta que tanto anhelamos” dijo a Radio Francia Internacional Mario González Contreras, padre de César Manuel, uno de los 43 desparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Infatigables, los padres y madres de los estudiantes han resistido desde el agravio que supuso la verdad histórica del gobierno de Peña Nieto hasta graves irregularidades en la investigación oficial como detenciones arbitrarias, manipulación de evidencias y montajes judiciales.
“Los funcionarios públicos del sexenio pasado hicieron una porquería con la investigación y ocultaron información. Varios funcionarios de alto nivel estaban involucrados… y esa es la razón por la que desparecieron la evidencia” explica González.
Esta semana, las familias de los 43 emprendieron una marcha desde Iguala hasta la ciudad de México y en diferentes instituciones del Estado para exigir que se entreguen las pruebas ocultas y se enjuicie a los responsables.
“En el Congreso de Guerrero exigimos unos videos que se desparecieron. En el Palacio de Justicia buscamos las grabaciones de seis cámaras cuyas imágenes fueron destruidas. Son seis cámaras importantísimas porque grabaron a un quinto camión atacado por policías municipales, federales y ministeriales. Y aquí (Ciudad de México) en la Corte Suprema, los jueces no han querido aceptar las órdenes de aprehensión de funcionarios y policías. Y en la Fiscalía, exigimos que se ejecuten las ordenes que están pendientes”, detalló el representante de los padres.
La verdad del GIEI derrumba la “verdad histórica”
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su voluntad de avanzar hacia la verdad. “No nos detendremos hasta dar con el paradero de los estudiantes” ha dicho el mandatario mexicano. Y uno de los primeros pasos en esa dirección fue el regreso, en mayo pasado y por decreto presidencial, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Uno de los mayores aportes de la investigación del GIEI ha sido echar abajo la llamada “verdad histórica” del Gobierno de entonces sobre lo ocurrido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 y según la cual los estudiantes fueron quemados en un basurero en Guerrero.
Pero con el hallazgo en julio pasado de trastos de uno de los 43 normalistas en una barranca de Cocula, lejos del basurero, la verdad histórica quedó sepultada.
Los expertos internacionales mostraron que la desaparición de los jóvenes se dio en un operativo coordinado por más de ocho horas, con recursos materiales y estrategia en distintas regiones de Iguala. Y que sólo fue posible mediante una estructura criminal que amalgamaba al crimen organizado con los distintos niveles de gobierno.
En ese sentido, María Luisa Aguilar, abogada del centro Prodh e integrante del grupo de querellantes que representa a las familias de los normalistas desaparecidos, insiste en la importancia de que las investigaciones se adentren en la participación de las fuerzas de seguridad en todos sus niveles.
“La historia que nos contaron con la ‘verdad histórica’ es que el destino final de los estudiantes fue en un lugar que no tiene sustento científico. También se dijo que se trataba de un grupo pequeño de una policía local, la de Iguala, que actuaba con otro grupo del crimen organizado de la zona. Pero, en realidad, lo que Ayotzinapa revela es lo que se ve en muchos lugares de México y es que la colusión no era a nivel local sino que había permeado niveles estatales y federales, incluso a policías federales y elementos del ejército”, afirma la abogada.
Al dejar al descubierto la corrupción en torno al caso, la investigación del GIEI ha llevado a funcionarios de alto nivel a prisión mientras que otros son buscados para su detención. A ese propósito, la abogada de los familiares de las víctimas resalta la apertura de procesos en contra del entonces titular de la policía federal por la tortura infligida contra los estudiantes detenidos, así como la orden de aprehensión a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quien se encuentra prófugo en Israel y al que se le acusa en México del delito de ocultamiento y manipulación de información en investigaciones de desaparición.
Texto: Angélica Pérez
Foto: @marianajassom
México conmemora este sábado un doloroso aniversario. Seis años de la desaparición de 43 normalistas en el estado de Guerrero. Ha sido un tiempo de búsqueda en el que se han desenterrado miles de cadáveres no identificados, y con ellos, se ha corrido el velo de la realidad de la violencia y de las desapariciones en el país.
“Se ha sufrido mucho, se ha venido caminando y hasta el momento no hemos recibido la respuesta que tanto anhelamos” dijo a Radio Francia Internacional Mario González Contreras, padre de César Manuel, uno de los 43 desparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Infatigables, los padres y madres de los estudiantes han resistido desde el agravio que supuso la verdad histórica del gobierno de Peña Nieto hasta graves irregularidades en la investigación oficial como detenciones arbitrarias, manipulación de evidencias y montajes judiciales.
“Los funcionarios públicos del sexenio pasado hicieron una porquería con la investigación y ocultaron información. Varios funcionarios de alto nivel estaban involucrados… y esa es la razón por la que desparecieron la evidencia” explica González.
Esta semana, las familias de los 43 emprendieron una marcha desde Iguala hasta la ciudad de México y en diferentes instituciones del Estado para exigir que se entreguen las pruebas ocultas y se enjuicie a los responsables.
“En el Congreso de Guerrero exigimos unos videos que se desparecieron. En el Palacio de Justicia buscamos las grabaciones de seis cámaras cuyas imágenes fueron destruidas. Son seis cámaras importantísimas porque grabaron a un quinto camión atacado por policías municipales, federales y ministeriales. Y aquí (Ciudad de México) en la Corte Suprema, los jueces no han querido aceptar las órdenes de aprehensión de funcionarios y policías. Y en la Fiscalía, exigimos que se ejecuten las ordenes que están pendientes”, detalló el representante de los padres.
La verdad del GIEI derrumba la “verdad histórica”
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su voluntad de avanzar hacia la verdad. “No nos detendremos hasta dar con el paradero de los estudiantes” ha dicho el mandatario mexicano. Y uno de los primeros pasos en esa dirección fue el regreso, en mayo pasado y por decreto presidencial, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Uno de los mayores aportes de la investigación del GIEI ha sido echar abajo la llamada “verdad histórica” del Gobierno de entonces sobre lo ocurrido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 y según la cual los estudiantes fueron quemados en un basurero en Guerrero.
Pero con el hallazgo en julio pasado de trastos de uno de los 43 normalistas en una barranca de Cocula, lejos del basurero, la verdad histórica quedó sepultada.
Los expertos internacionales mostraron que la desaparición de los jóvenes se dio en un operativo coordinado por más de ocho horas, con recursos materiales y estrategia en distintas regiones de Iguala. Y que sólo fue posible mediante una estructura criminal que amalgamaba al crimen organizado con los distintos niveles de gobierno.
En ese sentido, María Luisa Aguilar, abogada del centro Prodh e integrante del grupo de querellantes que representa a las familias de los normalistas desaparecidos, insiste en la importancia de que las investigaciones se adentren en la participación de las fuerzas de seguridad en todos sus niveles.
“La historia que nos contaron con la ‘verdad histórica’ es que el destino final de los estudiantes fue en un lugar que no tiene sustento científico. También se dijo que se trataba de un grupo pequeño de una policía local, la de Iguala, que actuaba con otro grupo del crimen organizado de la zona. Pero, en realidad, lo que Ayotzinapa revela es lo que se ve en muchos lugares de México y es que la colusión no era a nivel local sino que había permeado niveles estatales y federales, incluso a policías federales y elementos del ejército”, afirma la abogada.
Al dejar al descubierto la corrupción en torno al caso, la investigación del GIEI ha llevado a funcionarios de alto nivel a prisión mientras que otros son buscados para su detención. A ese propósito, la abogada de los familiares de las víctimas resalta la apertura de procesos en contra del entonces titular de la policía federal por la tortura infligida contra los estudiantes detenidos, así como la orden de aprehensión a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quien se encuentra prófugo en Israel y al que se le acusa en México del delito de ocultamiento y manipulación de información en investigaciones de desaparición.
Texto: Angélica Pérez
Foto: @marianajassom
México conmemora este sábado un doloroso aniversario. Seis años de la desaparición de 43 normalistas en el estado de Guerrero. Ha sido un tiempo de búsqueda en el que se han desenterrado miles de cadáveres no identificados, y con ellos, se ha corrido el velo de la realidad de la violencia y de las desapariciones en el país.
“Se ha sufrido mucho, se ha venido caminando y hasta el momento no hemos recibido la respuesta que tanto anhelamos” dijo a Radio Francia Internacional Mario González Contreras, padre de César Manuel, uno de los 43 desparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Infatigables, los padres y madres de los estudiantes han resistido desde el agravio que supuso la verdad histórica del gobierno de Peña Nieto hasta graves irregularidades en la investigación oficial como detenciones arbitrarias, manipulación de evidencias y montajes judiciales.
“Los funcionarios públicos del sexenio pasado hicieron una porquería con la investigación y ocultaron información. Varios funcionarios de alto nivel estaban involucrados… y esa es la razón por la que desparecieron la evidencia” explica González.
Esta semana, las familias de los 43 emprendieron una marcha desde Iguala hasta la ciudad de México y en diferentes instituciones del Estado para exigir que se entreguen las pruebas ocultas y se enjuicie a los responsables.
“En el Congreso de Guerrero exigimos unos videos que se desparecieron. En el Palacio de Justicia buscamos las grabaciones de seis cámaras cuyas imágenes fueron destruidas. Son seis cámaras importantísimas porque grabaron a un quinto camión atacado por policías municipales, federales y ministeriales. Y aquí (Ciudad de México) en la Corte Suprema, los jueces no han querido aceptar las órdenes de aprehensión de funcionarios y policías. Y en la Fiscalía, exigimos que se ejecuten las ordenes que están pendientes”, detalló el representante de los padres.
La verdad del GIEI derrumba la “verdad histórica”
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su voluntad de avanzar hacia la verdad. “No nos detendremos hasta dar con el paradero de los estudiantes” ha dicho el mandatario mexicano. Y uno de los primeros pasos en esa dirección fue el regreso, en mayo pasado y por decreto presidencial, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Uno de los mayores aportes de la investigación del GIEI ha sido echar abajo la llamada “verdad histórica” del Gobierno de entonces sobre lo ocurrido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 y según la cual los estudiantes fueron quemados en un basurero en Guerrero.
Pero con el hallazgo en julio pasado de trastos de uno de los 43 normalistas en una barranca de Cocula, lejos del basurero, la verdad histórica quedó sepultada.
Los expertos internacionales mostraron que la desaparición de los jóvenes se dio en un operativo coordinado por más de ocho horas, con recursos materiales y estrategia en distintas regiones de Iguala. Y que sólo fue posible mediante una estructura criminal que amalgamaba al crimen organizado con los distintos niveles de gobierno.
En ese sentido, María Luisa Aguilar, abogada del centro Prodh e integrante del grupo de querellantes que representa a las familias de los normalistas desaparecidos, insiste en la importancia de que las investigaciones se adentren en la participación de las fuerzas de seguridad en todos sus niveles.
“La historia que nos contaron con la ‘verdad histórica’ es que el destino final de los estudiantes fue en un lugar que no tiene sustento científico. También se dijo que se trataba de un grupo pequeño de una policía local, la de Iguala, que actuaba con otro grupo del crimen organizado de la zona. Pero, en realidad, lo que Ayotzinapa revela es lo que se ve en muchos lugares de México y es que la colusión no era a nivel local sino que había permeado niveles estatales y federales, incluso a policías federales y elementos del ejército”, afirma la abogada.
Al dejar al descubierto la corrupción en torno al caso, la investigación del GIEI ha llevado a funcionarios de alto nivel a prisión mientras que otros son buscados para su detención. A ese propósito, la abogada de los familiares de las víctimas resalta la apertura de procesos en contra del entonces titular de la policía federal por la tortura infligida contra los estudiantes detenidos, así como la orden de aprehensión a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quien se encuentra prófugo en Israel y al que se le acusa en México del delito de ocultamiento y manipulación de información en investigaciones de desaparición.
Texto: Angélica Pérez
Foto: @marianajassom
