A un mes que Chile decida la escritura de una nueva Carta Fundamental, la discusión pública comienza a enarbolar algunas banderas de temas insoslayables. El propio presidente Piñera llegó a proponer un “decálogo” de materias que necesariamente deberían reconocerse en ella y, según el Mandatario, hay que tener en consideración que “la Constitución no resuelve todos los problemas de la sociedad, pero sí debe ser el marco institucional dentro del cual se desenvuelven la política, las leyes y la vida en sociedad”.

El punto final tocado por el Presidente dice relación con los territorios a los que alude a través de la muy discutida descentralización. De acuerdo al documento del Ejecutivo, “los órganos del Estado deben promover el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas”.

La descentralización ha sido un proyecto largamente anunciado por los distintos gobiernos. La longitud y variedad territorial de nuestro país hace propicio ese tipo de administración y entender que lo que afecta a los territorios redunda necesariamente en las personas que los habitan, lleva a la conclusión que los derechos territoriales son derechos humanos, por tanto, si lo que se busca promover es mayor igualdad para las personas, entonces, el entender nuestro país en su diversidad geográfica es fundamental a la hora de planear un nuevo pacto social.

“Que el territorio donde uno nace o vive no sea un impedimento para optar a desarrollar una vida plena”, dice Ignacia Fernández,  especialista en política social, descentralización y desarrollo territorial y Directora Ejecutiva de Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Rimisp.

Ignacia Fernández Foto @rimisp

Para la también académica del Magister en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile un asunto fundamental que debe reconocer una eventual nueva carta fundamental es el tema ambiental en relación a los territorios,  pero no solo desde la perspectiva de la contaminación, sino del derecho de las personas al acceso y uso de los recursos como la tierra, el aire y el agua.

“Otro asunto fundamental es la creación de oportunidades equivalentes para niños y jóvenes de zonas rurales, mejores condiciones de acceso de los pequeños productores, campesinos o agricultores a dinámicas agrícolas que hoy en Chile son exitosas en términos de agroexportación, pero que dejan totalmente fuera de juego y de acceso a condiciones de vida digna a todos los pequeños productores y a los habitantes de las ciudades de acceder a productos de buena calidad a precios justos y accesibles, porque el grueso de la producción es para exportar y lo que queda aquí es lo que no puede exportar” explica en entrevista con nuestro medio.

A la vez, la experta señala que es relevante el lograr una mejor  distribución de los recursos entre el gobierno central y las regiones, pero también entre las mismas regiones sobre la base de una mejor valoración de los derechos ambientales y no solo basado en las cifras de pobreza y crecimiento.

“Es crítico reevaluar el rol del sector privado desde la perspectiva de su responsabilidad en acciones de actividad económica en distintos territorios, como sucede en las zonas de sacrificio, pero no solo ahí, sino que en todo el país, porque las empresas tributan en Santiago, contribuyen al debate político en Santiago, generan acciones de desarrollo en Santiago pero toda su acción productiva está en las regiones con reglas de juego desiguales tanto para los propios territorios como para otros potenciales empresarios de menor escala”.

La consideración de la ruralidad como factor esencial para el desarrollo sustentable de Chile implica también la protección de los recursos naturales, de modo que se puedan preservar para los chilenos del futuro y, para lograrlo, es imprescindible el entender los territorios en sus propias características, concluye la especialista.

Ruralidad versus urbanidad: un antagonismo cada vez más difuso

Pero la diversidad de nuestro territorio no se agota en la diferencia entre lo rural y lo urbano, especialmente porque en una época como la actual esos límites se han difuminado sea por el crecimiento de las ciudades o por la destinación de los territorios por causa humana.

“La ciudad tiene que ver con la sectorialidad que interviene en ella y ésta no es independiente de los territorios rurales. Cuando se intenta segmentar el conocimiento y la calidad de vida, uno se da cuenta que la estructura urbano rural es un constructo que en su origen pudo haber tenido mucho fundamento, pero con la evolución científico tecnológica esta distinción se hace cada vez más inoperante. Son muy pocos los territorios que merecen un tratamiento exclusivo de rural o urbano” señala Yolanda Acevedo, magíster en Desarrollo Urbano y Planificación Urbana.

De acuerdo a lo prescrito en la Constitución, para el gobierno y la administración interior del Estado, el territorio de la República de Chile se divide actualmente en 16 regiones, que a su vez se subdividen en 56 provincias; para los efectos de la administración local, las provincias se subdividen en 346 comunas.

En esa definición no se incluye el concepto ciudad, como analiza la experta.

“La ciudad como concepto no pertenece a la estructura político administrativa del territorio nacional, no hay nada que se resuelva a través del concepto de ciudad. Los problemas del territorio, tanto urbanos como rurales y muy en particularmente los urbanos, se resuelven a través del concepto de comunas o municipios. Ese es el ente a través del cual se definen las inversiones públicas, por ejemplo. La participación ciudadana no tiene ningún canal a través del concepto de ciudad, este solo es posible a través de la estructura municipal que es absolutamente deficiente en esos términos porque no es vinculante con la participación”.

Para Genaro Cuadros, profesor de Urbanismo de la Universidad Diego Portales, sin embargo, sí se puede intentar una definición de ciudad en orden a proyectar el derecho de las personas a la misma.

“Es un espacio donde se congrega un gran número de población que es interdependiente entre sí y que necesita de todos para el éxito individual de cada uno. Ésa es la gran complejidad que tiene, porque si bien estar juntos es la condición básica para el éxito de la ciudad, la mayor cantidad de problemas que tenemos es porque estamos juntos. Sin embargo, las dimensiones espaciales que se utilizan en las leyes o la Constitución no reconocen la ciudad como espacio de convivencia, de toma de decisiones o como un espacio administrativo”.

Para Yolanda Acevedo uno de los asuntos imprescindibles que debe contener una nueva Carta Fundamental es el entendimiento de las comunidades que habitan los distintos territorios, independientemente de si tales espacios son considerados rurales o urbanos.

“Escuchar a las comunidades organizadas es esencial. En nuestro territorio hay una crisis de representatividad que es social, política y económica, hay una pugna de poder que se debe reconocer para poder conversar. Así en cada territorio, en cada región va a permitir una aproximación a la solución de los problemas. Un paso esencial a ello es el plebiscito y otro se dará en abril con la elección de los gobernadores y no vale el que no haya un reglamento para que estas autoridades puedan comenzar a ejercer”, reflexiona

Conflictos ambientales como hoja de ruta

Como mencionamos anteriormente, la descentralización ha sido un tema clave para los expertos quienes señalan que Chile solo podrá alcanzar realmente el desarrollo si entiende la potencialidades de cada territorio y se ocupa en potenciarlas de manera sustentable.

“Es uno de los temas que está en debate porque al discutir sobre la descentralización se llega a la conclusión que se debe transferir poderes de gobierno, de gobernanza, no solo recursos, sino capacidades, atribuciones para ser capaz de enfrentar los fenómenos que se viven en las distintas escalas territoriales. Esto se vive a diario en los municipios, que administran a diario una serie de funciones, pero no necesariamente gobiernan en total plenitud los fenómenos, porque sus atribuciones son reducidas a un ámbito local y al hecho que en Chile, por la Constitución, están altamente concentradas las funciones de gobierno a nivel central” explica Genaro Cuadros.

Para Yolanda Acevedo, además, hay un asunto de fondo que analizar a la hora de empezar a pensar en una hoja de ruta de soluciones para los territorios: los conflictos ambientales.

“La base de análisis de sustentabilidad en una nueva Constitución es el mapa de los conflictos ambientales, pues son esos conflictos los que determinan la calidad de vida de todas nuestras ciudades. Cada comuna debería tener claro sus derechos y deberes y, al establecer un plan regulador comunal debería existir claridad de la base geográfica, topográfica de ese territorio. Sin la conciencia plena del suelo, del clima, del sustrato y, esencialmente, de la comunidad que la habita, no podemos establecer las mejores intenciones para ese territorio”.

Genaro Cuadros. Foto @uchile.cl

Para el docente de la Universidad Diego Portales el llamado derecho a la ciudad que se ha discutido públicamente tiene que ver con que los habitantes de las urbes somos parte integrante de ella y aportamos de distintas formas a su construcción.

“No hay nada en la ciudad que haya sido producido por un actor o por un interés, sino que por la combinación de intereses y dinámicas relacionales y, por ende, como todos aportamos a la construcción de la ciudad y somos parte de ella, todos debiéramos beneficiarnos de sus éxitos, funcionamiento y atributos. Pero eso se da en forma inequitativa, pues mientras todos colaboramos en la creación de esos atributos, no todos nos beneficiamos de su uso y goce. Así, todos los santiaguinos pagamos los parques de la ciudad, pero no todos podemos acceder a ellos porque no están equitativamente distribuidos, ni porque todos tenemos el tiempo para poder usarlos, ni porque todos tienen la misma calidad para ser usados. El derecho a la ciudad implica poder acceder a los atributos de la ciudad que yo mismo estoy ayudando a crear ya sea con mi trabajo, mis impuestos o mi simple interacción con los demás”.

Es por eso que para el arquitecto y miembro de la plataforma “Derecho y Territorio”, el Estado debe ser capaz de enfrentar el rol de equilibrar las decisiones y resguardar el bien común en orden a generar condiciones de igualdad para los ciudadanos.

“Lo importante del debate constitucional es que se restablezca el centro de las personas y del medio ambiente en el corazón de los mecanismos tanto orgánicos como dogmáticos de la Constitución y que se resitúe en el rol de la ciudad y el territorio, los bienes comunes de los que el suelo forma parte. Que se restablezca la función social de ellos y que su rol social sea superior a los roles de intercambio comercial o económico. La ciudad es reflejo de la sociedad que se constituye, por lo que una sociedad que no es capaz de pactar y darse un mínimo de convivencia respecto de este tipo de cosas no puede ser exitosas, no permanece en el tiempo y de ahí vienen todos los problemas ambientales y los problemas económicos y sociales que conocemos”.

Los expertos  concuerdan en que en una eventual nueva Constitución, el Estado debe garantizar el derecho al medio ambiente y los recursos naturales, es decir, debe resguardar los territorios donde se emplaza la vida de nuestras comunidades.  Además señalan que debe existir una nueva organización para gobernar los distintos fenómenos entendiendo que la ciudadanía se ejerce mayoritariamente en el ámbito urbano y, por tanto es importante que las personas participen en las decisiones que les afectan.

Todo ello llevará finalmente a que  se reconozcan como tales los derechos mínimos a una vivienda digna, a consagrar los saberes ancestrales y a respetar los distintos ámbitos territoriales de existencia, tanto el rural como el urbano.

Foto @diversidadbioculturalyterritorios.org