Matías Asun: “La voltereta del Gobierno en el Tratado de Escazú muestra una posición regresiva en materia medioambiental”
El director nacional de Greenpeace comentó que la decisión del Ejecutivo de no adherir al acuerdo internacional demuestra que el Gobierno busca "una reactivación económica que no cambie en nada la contaminación y el abuso del medio ambiente".
Andrea Bustos C.
Domingo 27 de septiembre 2020 15:21 hrs.
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Este sábado 26 de septiembre se cerró el plazo para firmar el Acuerdo de Escazú, del que finalmente Chile – a pesar de haber sido uno de sus impulsores- decidió restarse. Si bien desde ahora de todas formas los países podrán adherir al texto, ya no serán parte de los estados originarios.
La decisión tomada por el Gobierno de Sebastián Piñera se vincula, según se ha explicado desde el Ejecutivo, con la generación de incertidumbre jurídica y obligaciones para el Estado indefinidas, amplias y ambiguas. Sin embargo, aunque las autoridades han intentado explicar y justificarse en varias ocasiones, la disposición de Chile ha sido noticia en otros países de la región y ampliamente rechazada por organizaciones medioambientales, dirigentes sociales y parlamentarios.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el director nacional de Greenpeace, Matías Asun, abordó este rechazo y señaló que “la voltereta del Gobierno en el Tratado de Escazú, tratado que insistió a otros países en firmar y que el Presidente de la República públicamente en julio de 2018 comentó que iba a apoyar, muestra claramente una posición regresiva del Gobierno en materia medioambiental”.
“Un país que se planteaba como un líder medioambiental hoy está siendo señalado por Naciones Unidas como un país donde los negocios valen más que los derechos humanos, donde finalmente las industrias contaminantes tienen más privilegios legales y más apoyo de las instituciones de gobierno que los tratados de derechos humanos y que la protección del medio ambiente. Con eso finalmente se termina de develar que Chile, a través de su Gobierno, hoy lo que está buscando es justamente una reactivación económica que no cambie en nada la contaminación y el abuso del medio ambiente que nos llevó a vivir situaciones extremadamente graves durante esta pandemia”, expresó.
Por otra parte, el director nacional de Greenpeace comentó que esta muestra de que Chile no cuida su medio ambiente lo sigue dejando como un país permisivo para empresas que no aportan al cuidado del planeta.
“De alguna u otra manera esto es como si en un partido de fútbol el entrenador le da instrucciones al arquero de que se retire del arco, es la posibilidad muy clara de que nos sigan metiendo goles, y el mundo entero sabe que Chile tiene el agua privatizada, sabe que en Chile no hay una ley de glaciares, sabe que en Chile uno puede ser dueño de ríos completos. Situaciones como esas evidentemente atraen inversiones que no tienen que ver con la sustentabilidad, tienen que ver con el abuso del medio ambiente y la certeza jurídica es que finalmente no hay nadie que les impida a esas empresas afectar el medio ambiente de manera irremediable”.
Matías Asun, director nacional de Greenpeace.
A esto agregó que “el Tratado de Escazú no iba a resolver todos esos problemas, pero sin duda nos habría dado herramientas importantes para impedir la desigualdad, la asimetría que hoy permite que proyectos como esos operen de manera inmune, que situaciones como las de Quintero y Puchuncaví sigan existiendo y que sigamos recibiendo notificaciones de los Comisionados de Derechos Humanos señalando que en Chile los negocios son lo único que le importa a nuestro Gobierno”.
Respecto de las proyecciones de una futura adherencia al tratado, Matías Asun indicó que la esperanza siempre es que los gobiernos se comporten de forma seria y por lo tanto puedan actuar en esa línea.
“La chambonada que ha hecho el Gobierno de Chile destruyendo su reputación internacional cambiando inexplicablemente, todos sabemos la verdadera razón, pero cambiando inexplicablemente de posición se puede revertir si se reconoce el error y se firma el tratado, que sabemos está para firmar desde hoy en la mañana en Nueva York. Por lo tanto, en términos prácticos cada día que pasa es un día más que le pesa a este Gobierno con no firmar un tratado de derechos humanos que tan bien le haría a su reputación internacional, además de al medio ambiente”, afirmó.
El proceso constituyente como una oportunidad
Ante el descuido actual por parte del Ejecutivo con el medio ambiente dado este rechazo a Escazú, una posible nueva Constitución se vislumbra como una esperanza para mejorar las condiciones en esa materia en Chile. Tal como pueblos originarios, género, salud o educación, el medio ambiente se proyecta como uno de los temas claves y más importantes del proceso que el país podría vivir a partir del 26 de octubre si gana el apruebo.
Sobre este punto, Matías Asun comentó que la protección del medio ambiente “es uno de los corazones de la ciudadanía en materia del proceso constituyente”.
“Todos hemos visto la falta de agua en Chile, que es en buena medida afectada por el déficit de precipitaciones pero que tienen fundamentalmente una razón en el sobreotorgamiento, en una gestión hídrica del agua que esta privatizada, donde literalmente drenamos el agua de las napas subterráneas, vemos que el 40 por ciento de la energía se produce en función de generación por carbón. Situaciones como esas han colocado al medio ambiente como una de las demandas fundamentales de este proceso constituyente”.
En esa línea, añadió que una nueva Constitución es de las pocas cosas esperanzadoras que hay en el actual contexto, y que ya que lo que viene será un proceso complejo, hay que mantener una causa común en temas que son urgentes de resolver en materia medioambiental.
“Una Constitución ecológica, que suelte el agua, que declare que el agua es un derecho para las personas y el medio ambiente y lo proteja, sin duda que es hoy día una urgencia y un paso muy necesario para recuperar nuestros bienes comunes y derechos”, concluyó el director nacional de Greenpeace.
Fotografía referencial: EFE
Este sábado 26 de septiembre se cerró el plazo para firmar el Acuerdo de Escazú, del que finalmente Chile – a pesar de haber sido uno de sus impulsores- decidió restarse. Si bien desde ahora de todas formas los países podrán adherir al texto, ya no serán parte de los estados originarios.
La decisión tomada por el Gobierno de Sebastián Piñera se vincula, según se ha explicado desde el Ejecutivo, con la generación de incertidumbre jurídica y obligaciones para el Estado indefinidas, amplias y ambiguas. Sin embargo, aunque las autoridades han intentado explicar y justificarse en varias ocasiones, la disposición de Chile ha sido noticia en otros países de la región y ampliamente rechazada por organizaciones medioambientales, dirigentes sociales y parlamentarios.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el director nacional de Greenpeace, Matías Asun, abordó este rechazo y señaló que “la voltereta del Gobierno en el Tratado de Escazú, tratado que insistió a otros países en firmar y que el Presidente de la República públicamente en julio de 2018 comentó que iba a apoyar, muestra claramente una posición regresiva del Gobierno en materia medioambiental”.
“Un país que se planteaba como un líder medioambiental hoy está siendo señalado por Naciones Unidas como un país donde los negocios valen más que los derechos humanos, donde finalmente las industrias contaminantes tienen más privilegios legales y más apoyo de las instituciones de gobierno que los tratados de derechos humanos y que la protección del medio ambiente. Con eso finalmente se termina de develar que Chile, a través de su Gobierno, hoy lo que está buscando es justamente una reactivación económica que no cambie en nada la contaminación y el abuso del medio ambiente que nos llevó a vivir situaciones extremadamente graves durante esta pandemia”, expresó.
Por otra parte, el director nacional de Greenpeace comentó que esta muestra de que Chile no cuida su medio ambiente lo sigue dejando como un país permisivo para empresas que no aportan al cuidado del planeta.
“De alguna u otra manera esto es como si en un partido de fútbol el entrenador le da instrucciones al arquero de que se retire del arco, es la posibilidad muy clara de que nos sigan metiendo goles, y el mundo entero sabe que Chile tiene el agua privatizada, sabe que en Chile no hay una ley de glaciares, sabe que en Chile uno puede ser dueño de ríos completos. Situaciones como esas evidentemente atraen inversiones que no tienen que ver con la sustentabilidad, tienen que ver con el abuso del medio ambiente y la certeza jurídica es que finalmente no hay nadie que les impida a esas empresas afectar el medio ambiente de manera irremediable”.
Matías Asun, director nacional de Greenpeace.
A esto agregó que “el Tratado de Escazú no iba a resolver todos esos problemas, pero sin duda nos habría dado herramientas importantes para impedir la desigualdad, la asimetría que hoy permite que proyectos como esos operen de manera inmune, que situaciones como las de Quintero y Puchuncaví sigan existiendo y que sigamos recibiendo notificaciones de los Comisionados de Derechos Humanos señalando que en Chile los negocios son lo único que le importa a nuestro Gobierno”.
Respecto de las proyecciones de una futura adherencia al tratado, Matías Asun indicó que la esperanza siempre es que los gobiernos se comporten de forma seria y por lo tanto puedan actuar en esa línea.
“La chambonada que ha hecho el Gobierno de Chile destruyendo su reputación internacional cambiando inexplicablemente, todos sabemos la verdadera razón, pero cambiando inexplicablemente de posición se puede revertir si se reconoce el error y se firma el tratado, que sabemos está para firmar desde hoy en la mañana en Nueva York. Por lo tanto, en términos prácticos cada día que pasa es un día más que le pesa a este Gobierno con no firmar un tratado de derechos humanos que tan bien le haría a su reputación internacional, además de al medio ambiente”, afirmó.
El proceso constituyente como una oportunidad
Ante el descuido actual por parte del Ejecutivo con el medio ambiente dado este rechazo a Escazú, una posible nueva Constitución se vislumbra como una esperanza para mejorar las condiciones en esa materia en Chile. Tal como pueblos originarios, género, salud o educación, el medio ambiente se proyecta como uno de los temas claves y más importantes del proceso que el país podría vivir a partir del 26 de octubre si gana el apruebo.
Sobre este punto, Matías Asun comentó que la protección del medio ambiente “es uno de los corazones de la ciudadanía en materia del proceso constituyente”.
“Todos hemos visto la falta de agua en Chile, que es en buena medida afectada por el déficit de precipitaciones pero que tienen fundamentalmente una razón en el sobreotorgamiento, en una gestión hídrica del agua que esta privatizada, donde literalmente drenamos el agua de las napas subterráneas, vemos que el 40 por ciento de la energía se produce en función de generación por carbón. Situaciones como esas han colocado al medio ambiente como una de las demandas fundamentales de este proceso constituyente”.
En esa línea, añadió que una nueva Constitución es de las pocas cosas esperanzadoras que hay en el actual contexto, y que ya que lo que viene será un proceso complejo, hay que mantener una causa común en temas que son urgentes de resolver en materia medioambiental.
“Una Constitución ecológica, que suelte el agua, que declare que el agua es un derecho para las personas y el medio ambiente y lo proteja, sin duda que es hoy día una urgencia y un paso muy necesario para recuperar nuestros bienes comunes y derechos”, concluyó el director nacional de Greenpeace.
Fotografía referencial: EFE
Este sábado 26 de septiembre se cerró el plazo para firmar el Acuerdo de Escazú, del que finalmente Chile – a pesar de haber sido uno de sus impulsores- decidió restarse. Si bien desde ahora de todas formas los países podrán adherir al texto, ya no serán parte de los estados originarios.
La decisión tomada por el Gobierno de Sebastián Piñera se vincula, según se ha explicado desde el Ejecutivo, con la generación de incertidumbre jurídica y obligaciones para el Estado indefinidas, amplias y ambiguas. Sin embargo, aunque las autoridades han intentado explicar y justificarse en varias ocasiones, la disposición de Chile ha sido noticia en otros países de la región y ampliamente rechazada por organizaciones medioambientales, dirigentes sociales y parlamentarios.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el director nacional de Greenpeace, Matías Asun, abordó este rechazo y señaló que “la voltereta del Gobierno en el Tratado de Escazú, tratado que insistió a otros países en firmar y que el Presidente de la República públicamente en julio de 2018 comentó que iba a apoyar, muestra claramente una posición regresiva del Gobierno en materia medioambiental”.
“Un país que se planteaba como un líder medioambiental hoy está siendo señalado por Naciones Unidas como un país donde los negocios valen más que los derechos humanos, donde finalmente las industrias contaminantes tienen más privilegios legales y más apoyo de las instituciones de gobierno que los tratados de derechos humanos y que la protección del medio ambiente. Con eso finalmente se termina de develar que Chile, a través de su Gobierno, hoy lo que está buscando es justamente una reactivación económica que no cambie en nada la contaminación y el abuso del medio ambiente que nos llevó a vivir situaciones extremadamente graves durante esta pandemia”, expresó.
Por otra parte, el director nacional de Greenpeace comentó que esta muestra de que Chile no cuida su medio ambiente lo sigue dejando como un país permisivo para empresas que no aportan al cuidado del planeta.
“De alguna u otra manera esto es como si en un partido de fútbol el entrenador le da instrucciones al arquero de que se retire del arco, es la posibilidad muy clara de que nos sigan metiendo goles, y el mundo entero sabe que Chile tiene el agua privatizada, sabe que en Chile no hay una ley de glaciares, sabe que en Chile uno puede ser dueño de ríos completos. Situaciones como esas evidentemente atraen inversiones que no tienen que ver con la sustentabilidad, tienen que ver con el abuso del medio ambiente y la certeza jurídica es que finalmente no hay nadie que les impida a esas empresas afectar el medio ambiente de manera irremediable”.
Matías Asun, director nacional de Greenpeace.
A esto agregó que “el Tratado de Escazú no iba a resolver todos esos problemas, pero sin duda nos habría dado herramientas importantes para impedir la desigualdad, la asimetría que hoy permite que proyectos como esos operen de manera inmune, que situaciones como las de Quintero y Puchuncaví sigan existiendo y que sigamos recibiendo notificaciones de los Comisionados de Derechos Humanos señalando que en Chile los negocios son lo único que le importa a nuestro Gobierno”.
Respecto de las proyecciones de una futura adherencia al tratado, Matías Asun indicó que la esperanza siempre es que los gobiernos se comporten de forma seria y por lo tanto puedan actuar en esa línea.
“La chambonada que ha hecho el Gobierno de Chile destruyendo su reputación internacional cambiando inexplicablemente, todos sabemos la verdadera razón, pero cambiando inexplicablemente de posición se puede revertir si se reconoce el error y se firma el tratado, que sabemos está para firmar desde hoy en la mañana en Nueva York. Por lo tanto, en términos prácticos cada día que pasa es un día más que le pesa a este Gobierno con no firmar un tratado de derechos humanos que tan bien le haría a su reputación internacional, además de al medio ambiente”, afirmó.
El proceso constituyente como una oportunidad
Ante el descuido actual por parte del Ejecutivo con el medio ambiente dado este rechazo a Escazú, una posible nueva Constitución se vislumbra como una esperanza para mejorar las condiciones en esa materia en Chile. Tal como pueblos originarios, género, salud o educación, el medio ambiente se proyecta como uno de los temas claves y más importantes del proceso que el país podría vivir a partir del 26 de octubre si gana el apruebo.
Sobre este punto, Matías Asun comentó que la protección del medio ambiente “es uno de los corazones de la ciudadanía en materia del proceso constituyente”.
“Todos hemos visto la falta de agua en Chile, que es en buena medida afectada por el déficit de precipitaciones pero que tienen fundamentalmente una razón en el sobreotorgamiento, en una gestión hídrica del agua que esta privatizada, donde literalmente drenamos el agua de las napas subterráneas, vemos que el 40 por ciento de la energía se produce en función de generación por carbón. Situaciones como esas han colocado al medio ambiente como una de las demandas fundamentales de este proceso constituyente”.
En esa línea, añadió que una nueva Constitución es de las pocas cosas esperanzadoras que hay en el actual contexto, y que ya que lo que viene será un proceso complejo, hay que mantener una causa común en temas que son urgentes de resolver en materia medioambiental.
“Una Constitución ecológica, que suelte el agua, que declare que el agua es un derecho para las personas y el medio ambiente y lo proteja, sin duda que es hoy día una urgencia y un paso muy necesario para recuperar nuestros bienes comunes y derechos”, concluyó el director nacional de Greenpeace.
